Autor: Mendoza Oliván, Víctor. 
   Algunas reflexiones sobre los gobernadores generales     
 
 El País.    12/11/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

EL PAÍS, miércoles 12 de noviembre de 1980

POLÍTICA

TRIBUNA LIBRE

Algunas reflexiones sobre los gobernadores generales

La ruidosa polémica, todavía no zanjada, sobre el reciente decreto de 10 de octubre, por el que se regulan

los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, se ha polarizado, como tantas veces sucede,

en torno a dos puntos no esenciales del problema, con olvido de sus aspectos sustanciales.

Se ha discutido, en efecto, fundamentalmente, la denominación que el decreto da a dichos delegados, así

como la precedencia que les corresponde en los aclos oficiales que se celebran en los respectivos

territorios. Ambas cuestiones son, en mi opinión, triviales.

Que los delegados del Gobierno previstos por la Constitución en las comunidades autónomas se llamen

asi o se denominen gobernadores generales resulta intrascendente, ya que lo importante de una institución

no es su nombre, sino su régimen, los poderes que ejerce, las funciones que cumple, los fines a que sirve.

Dicho esto, hay que afirmar que la denominación no es del lodo afortunada, aunque tenga una cierta

tradición en la organización de nuestra administración periférica. El propio Gobierno ha venido

implícitamente a reconocerlo al corregir (¡por dos veces!) las erratas padecidas al publicar en el Boletín

Oficial del Estado el texto del decreto, que en su primera versión llamaba por derivación gobiernos

generales en las comunidades autónomas a los órganos de apoyo de los gobernadores generales. Lo cual

resultaba no sólo desafortunado, sino también de dudosa constitucionalidad, pues en las comunidades

autónomas el gobierno corresponde, según la Constitución, a un consejo dependiente de la respectiva

asamblea legislativa, por ¡o que la mención de otro gobierno general, como hacía el decreto antes de su

corrección, era de todo punto improcedente.

El problema de la precedencia es también menor y se ha creado innecesariamente. El decreto atribuye al

presidente del consejo de gobierno de la comunidad autónoma precedencia sobre el gobernador general,

que a su vez la tiene sobre cualquier otra autoridad con jurisdicción en el ámbito de la comunidad. Sin

embargo, al hacerlo subraya que ello es así en cuanto que a dicho presidente le corresponde la

representación ordinaria del Estado, omitiendo que, de acuerdo con la Constitución, ostenta también, y

antes que la anterior, ta suprema representación de la respectiva comunidad. Con esta aclaración, que el

texto del propio decreto facilita al remitirse a la Constitución, el problema protocolario surgido entre el

gobernador general de Cataluña y el presidente de la asamblea legislativa de la Generalidad no se hubiera,

probablemente, planteado.

En contraste con el interés mostrado respecto de ambas cuestiones, ha pasado, sin embargo,

completamente inadvertida la significación que el decreto atribuye a la figura del gobernador general,

situado en el mismo centro de las relaciones entre el poder central y las autonomías territoriales.

Separación de poderes y responsabilidades

Sabido es que nuestra Constitución primero, y a su imagen y semejanza los estatutos vasco y catalán

después, sancionan formalmente el principio de separación de poderes y de responsabilidades del Estado

y de las comunidades autónomas como mecanismo de ordenación de dichas relaciones. A ello responde la

técnica de atribuir competencias exclusivas a uno y a otras sobre determinadas materias, como

instrumento de reserva de poderes plenos respecto de las mismas. Sirvan de ejemplo de esta técnica el

artículo 149 de la Constitución («el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias...»)

y los artículos 9 y 10, respectivamente, de los estatutos catalán y vasco, que atribuyen a estas

comunidades autonómicas competencias también calificadas de exclusivas en relación con las materias

que enumeran.

Sin embargo, corno recientemente se ha puesto de relieve, ni los sistemas federales y regionales hoy

vigentes en el mundo occidental siguen esa corriente, sino precisamente la contraria, la que sustituye la

separación y la independencia por la cooperación y la interdependencia, ni faltan en nuestra Constitución,

si se supera la interpretación simplemente gramatical de sus disposiciones, argumentos concluyentes en

favor de la segunda orientación. Son varios, en efecto, los preceptos constitucionales que establecen zonas

competenciales comunes, cuyo ejercicio por el Estado y las comunidades autónomas sólo es posible en

base a un principio de mutua colaboración. El propio artículo 149 de la Constitución reconoce que el

Estado comparte con dichas comunidades la competencia sobre materias tan importantes como la

legislación civil y procesal, la ordenación de crédito, la banca y los seguros, la planificación de la

actividad económica, la sanidad, la seguridad social, el régimen jurídico de las Administraciones públicas

y de los funcionarios, el procedimiento administrativo, la pesca marítima, las comunicaciones, el régimen

y concesión de los aprovechamientos hidráulicos y la autorización de instalaciones eléctricas, la

protección del medio ambiente, la legislación sobre montes, el régimen de las obras públicas, el minero y

el energético, el de la Prensa, radio, televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social,

la seguridad pública y, en fin, la regulación del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza. Y lo

mismo cabe decir de los artículos 9 y 10 de los estatutos catalán y vasco, que al enumerar las materias de

su (aparente) exclusiva competencia lo hacen dejando siempre a salvo las facultades que al Estado

correspondan, lo que evidencia el carácter conjunto o compartido que realmente tiene el ejercicio de

dichas competencias.

Pues bien, el decreto de 10 de octubre, después de conferir a los gobernadores generales autoridad sobre

todos los órganos de la Administración civil del Estado en et territorio de la comunidad, les convierte en

el instrumento fundamental para hacer posible esa concepción cooperativa del Estado autonómico,

atribuyéndoles la función de «mantener tas necesarias relaciones de cooperación entre la Administración

del Estado y la de la comunidad autónoma, especialmente en los supuestos de competencias conjuntas o

compartidas».

Unidad de acción

En cuanto superior autoridad de la Administración civil del Estado en el territorio autonómico, los

gobernadores generales dirigen, impulsan, coordinan e inspeccionan los servicios y organismos

autónomos correspondientes. El decreto pone especial énfasis en esta función con el fin de lograr la

unidad de acción y la máxima eficacia posible en el desarrollo de la actividad administrativa, evitando así

las contradicciones, superposiciones y disfuncionalidades, que son defectos endémicos de nuestra vieja

Administración.

Por otra parte, como responsables de las relaciones de cooperación entre la Administración del Estado y

la de las comunidades autónomas, el decreto encomienda a los gobernadores generales el cometido de

coordinar las acciones respectivas en los términos previstos en la Constitución y en los estatutos de

autonomía. Ello significa, ante todo, reconocer que la articulación entre el poder central y las autonomías

no puede hacerse separando rígidamente los ámbitos respectivos, concebidos como reductos exentos de

toda otra participación, sino por la vía de su recíproca integración. La circunstancia de que el decreto, al

igual que el articulo 154 de la Constitución, utilice un término ciertamente equívoco, como

•coordinación», para describir esa acción de cooperación que los gobernadores generales han de cumplir

respecto de las comunidades autónomas en las materias de competencia compartida, es una cuestión que

carece en sí misma de trascendencia y que, desde luego, en nada puede afectar a la constitucvonaltdad de

la norma.

Por lo demás, las técnicas de colaboración son especialmente necesarias en el orden económico, cuya

unidad debe mantenerse por imperativo constitucional y como exigencia derivada de su propia naturaleza.

No debe extrañar, por ello, que el decreto reitere la necesidad especial de cooperación en las materias que

atañen a la ordenación general de la economía, cuya fragmentación en tantas partes estancas cuantas

comunidades autónomas puedan constituirse es una tentación tan irresponsable como suicida. En este

campo sólo quedan expresamente exceptuadas de la órbita de los gobernadores generales las materias

relacionadas con la financiación de tas comunidades autónomas, en las que la coordinación de estas

últimas con la Hacienda pública estatal se realizará de conformidad con la Ley Orgánica de 22 de

septiembre.

Por último, el decreto otorga a los gobernadores generales el papel de garantes de la unidad del Estado,

sin la que ningún tipo de federalismos o autonomismos puede tener sentido.

A este importantísimo objetivo responden, por un lado, las funciones que el decreto les confiere de

proposición al Gobierno de interposición del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes,

disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas, de promoción del ejercicio de los recursos y

las acciones legales que procedan contra los acuerdos y las disposiciones reglamentarias de dichas

comunidades y, en fin, de información al Gobierno para que éste pueda hacer uso de la excepcionalísima

facultad que le confiere el artículo 155 de la Constitución. En los tres casos se trata de que el ejercicio por

las comunidades autónomas de sus poderes y competencias se lleve a efecto dejando a salvo siempre la

vigencia de la Constitución y de los valores superiores a los que esta sirve.

El mismo fin persigue también la atribución a los gobernadores generales de la facultad de «adoptar las

medidas oportunas para preservar el principio de igualdad y proteger el ejercicio de los derechos y

libertades públicas de los españoles reconocidos en la Constitución y en las leyes. La igualdad de

derechos y libertades de todos los españoles y la proscripción de toda discriminación son garantia

inexcusable de la unidad del Estado, y sólo a partir de esta unidad, y no a costa de ella, reconoce y

garantiza Ea Constitución el derecho a la autonomía.

En conclusión, el decreto por el que se regulan los gobernadores generales opta por el único camino

racional y realista para la construcción de un moderno Estado autonómico.

Víctor Mendoza Oilván es doctor en Derecho, abogado del Estado y director del Instituto de Estudios

Económicos.

V1CTOR MENDOZA OLIVAN

 

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