Autor: García Brera, Miguel Ángel. 
   Al paso del divorcio     
 
 El Alcázar.    06/10/1977.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

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AL PASO DEL DIVORCIO

ANTE la inclusión del divorcio en el proyecto de Constitución que elabora una Ponencia del

Congreso, bueno será dejar sentadas algunas precisiones, como simple expresión personal,

cuyo respeto a las contrarías es obvio. No se comprende mucho por qué el divorcio haya

producido tanta literatura, si se diferencia claramente lo que atañe y lo que no atañe a la Iglesia

Católica. Desde luego, —especialmente los que somos creyentes— entendemos que la Iglesia

tiene la seria obligación de advertir a sus fieles sobre lo que, para ella, significa la

indisolubilidad, ya sea dogma, según algunos o simple pastoral según otros eclesiásticos,

cuyas discrepancias no nos incumben, por aquello de que "Doctores tiene...". Tiene también la

muy seria obligación de hacer proselitismo —como le ocurre a cualquier otra confesión— e

intentar que las opiniones se conciten en favor de sus tesis, máxime, cuando tiene la seguridad

de ser la poseedora de la Verdad. Ahora bien, de ahí no puede pasar. Respecto a los no

creyentes, quedan lejos, gracias a Dios, los tiempos de la Inquisición y sería contradecir el

Vaticano II, quererles imponer dogmas o recomendaciones pastorales; intentar convencerlos,

es distinto. Lo mismo que no pretende ya bautizar por la fuerza a los infieles, debe dejar de

querer imponerles la recepción de otros sacramentos y, en este caso, el del matrimonio

indisoluble. Es la sociedad civil la que ha de garantizar esa libertad del ser humano para creer

en Cristo, según la fe católica, creer en El, según otra religión o, incluso, creer en otro dios. De

ello se deduce que, si alguien piensa que la pareja puede unirse establemente, sin

administrarse el sacramento del matrimonio, la opción debe ser respetada; y, de igual modo la

posibilidad de disolver un matrimonio realizado en tales condiciones. ¿Y, respecto a los

católicos? Sin duda, se hayan sometidos a la ley eclesiástica, pero tampoco esta ley puede

obligarles más allá de la conciencia. El reino de Dios no es de este mundo y la libertad de pecar

está tan prevista en el cristianismo, que está institucionalizado un sacramento de perdón. Si,

como sostiene el Sumo Pontífice, es dogma de la Iglesia la indisolubilidad, el católico que se

acoja al divorcio incurrirá en pecado, pero, ¿quién dio poder a la Iglesia para obligar a no pecar,

imponiendo la tortura moral de un matrimonio deshecho? Esa tortura sabe el cristiano que ha

de aceptarla y le santificaré y llevará a Dios; si no lo hace, se perderá, según su fe; pero sólo

contradiciendo el libre albedrio en que basa el catolicismo toda la teoría de la imputabilidad,

cabría ejercer sobre los fieles una imposición. No se trata de tener razón; podemos estar

equivocados; preten-demos ser respetuosos con la Iglesia, e incluso, como miembros de ella,

velar por su pureza. Sólo sobre esa base, exponemos un criterio que avala el derecho del

Estado a conceder el divorcio a cualquier matrimonio, ski perjuicio de que, para los contraídos

en el seno de la Iglesia, siempre quede, en el orden religioso y sobrenatural, subsistente el

vínculo, en cuyos efectos tampoco tiene derecho alguno el Estado para hacer definiciones.

Quede claro, además que no propugnamos el divorcio y sí la necesidad de regular muy

claramente sus efectos para evitar mayores daños que los que comporta soportar una unión en

el odio o el desamor. Hay que añadir que el Estado, al tratar sobre la disolubilidad de la unión

marital, ha de ceñirse al Derecho Natural. Por, ahora, no entramos en el examen del tema,

desde ese punto de vista.

Miguel Ángel GARCÍA BRERA

 

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