Autor: Medina Cruz, Ismael. 
   Sobre el Estado de Derecho     
 
 El Alcázar.    07/10/1977.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

CRÓNICA DE ESPAÑA

SOBRE EL ESTADO DE DERECHO

UNA de las características de la actual situación política reside en la acumulación de

despropósitos, no pocos de los cuales afectan a la esencialidad misma del Estado. Hoy es tal la

abundancia, que en vez de un análisis en profundidad parece más aconsejable una serie de

apostillas a los hechos más sobresalientes. O más alarmantes.

DESMILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA ARMADA

Otra vez "EL ALCÁZAR" ha publicado la noticia que extrañamente no circuló. La

desmilitarización de la Policía Armada, según mis noticias, no sería un anteproyecto, sino un

acto de decisión con el conforme presidencial. Dejo las interioridades de la reforma, entre ellas

lo que supone de eliminación práctica en la Policía Armada de la oficialidad procedente de las

Academias militares y la posibilidad de su sustitución por levas mediante el procedimiento de la

selección subjetiva. Doy de lado, asimismo, al problema funcional que supone la sustitución de

las estructuras de mando experimentadas por otras de nueva planta, precisamente en período

critico de la seguridad del Estado y del orden público; me importa señalar ahora que, según el

artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, las Fuerzas de Orden Público constituyen, junto con

tos Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, las Fuerzas Armadas. Para desmilitarizar la Policía Armada

seria preciso, por consiguiente, una disposición de rango constitucional. La desmilitarización de

la Policía Armada por decreto-ley, ley o decreto, constituiría una vulneración constitucional. El

Gobierno atentaría contra el Estado de Derecho y se situaría en plano Inequívoco de

inconstitucionalidad.

POLICÍA CLANDESTINA EN GUIPÚZCOA El incidente protagonizado por la escolta del señor

Ybarra en San Sebastián ha sacado a la superficie un hecho de gravísima trascendencia: la

existencia y la actuación en Guipúzcoa de una policía clandestina.

Los denominados "comandos de autodefensa" son comandos de ETA, según se ha confirmado

públicamente. Los "comandos de autodefensa" se permiten con absoluta impunidad el control

de los viandantes mediante la fotografía, la demanda de documentación y las órdenes

coercitivas. Los "comandos de autodefensa" imponen su propia ley en amplios sectores

urbanos de San Sebastián y se dedican a la persecución de lo que ellos han decidido

denominar "incontrolados", con la desconcertante aceptación por la autoridad de tan increíble

dialéctica.

El Gobierno no se da por enterado, ni siquiera cuando el escándalo del ataque contra la escolta

del señor Ybarra pone a la luz esta especie de policía paralela, que aguarda la declaración de

autonomía para sustituir a la "policía represiva del Estado español".

Creo innecesario precisar el cúmulo de vulneraciones al Estado de Derecho y a las leyes

constitucionales que configuran estos hechos.

LA REFORMA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Un periódico ha sacado a la luz el informe que el vicepresidente primero y ministro de Defensa

ha dirigido a todos los mandos de los tres Ejércitos. El contenido, metódicamente evanescente

en cuestiones fundamentales, confirma algunas de las sospechas reformadoras que habíamos

avanzado en "EL ALCÁZAR".

De la lectura del "Informe general" y de lo que filtran los entornos presidenciales sobre el

proyecto de reforma, cuyo conforme habría firmado ya el señor Suárez, las modificaciones

carecen de originalidad. Quien quiera saber lo que resultará finalmente de la reforma, habría de

seguir el consejo que a mí me han dado: solicitar en la Embajada de Venezuela una

documentación exhaustiva sobre la estructura y organización de las Fuerzas Armadas de

aquella nación, a través del proceso revisionista iniciado a partir de la caída de Pérez Jiménez

y concluido por el presidente Carlos Andrés Pérez. No sólo vamos a copiar de Europa. Alguna

vez habríamos de recordar nuestra iberoamericanidad.

Para medir la importancia de lo hecho y de lo que se busca hacer, me aconseja la lectura de

los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Estado y el texto completo de la Ley Orgánica

de las Fuerzas Armadas. Me aseguran que pueden resultar grandes sorpresas. Y plantearse

delicadas cuestiones. Habríamos de preguntar, entonces, con todo respeto y espíritu de

colaboración, si determinados aspectos de la reforma no precisarían de ámbito legal de

superior jerarquía, con el fin de salvaguardar al máximo el Estado de Derecho.

CUANDO LAS LEYES SE MODIFICAN POR DECRETO

¿Alguien ha leído el real decreto 2508/1977, sobre "transferencia de las funciones de la

Organización Sindical en el orden cooperativo y nueva regulación del movimiento cooperativo"?

Aquél que se tome la molestia descubrirá que se modifican sustancialmente toda una serie de

preceptos de la Ley de Cooperación, correosamente discutida en Cortes durante muchas

semanas.

La vulneración de la jerarquía de las normas tiene dos consecuencias: la nulidad de la norma

espúrea y un atentado frontal al Estado de Derecho.

EL SECRETO DEL PROGRAMA ECONÓMICO

Los redactores del programa económico estarían convencidos de que no hay posibilidad

objetiva de pacto social ni de disciplina laboral, pese a la chusca iniciativa presidencial de crear

el "directorio partitocrático" o "retrogobierno de concentración". En razón de ello, se ha previsto

un mecanismo delirante: forzar hasta la exasperación el marco institucional de obligaciones

empresariales. Se espera que las empresas, al encontrarse asediadas de manera implacable

desde todas las esquinas de la Administración, habrán de enfrentarse por sí mismas,

desesperadamente, a la acción reivindicativa de los trabajadores y de las centrales sindicales.

Se perseguiría, en fin, que las empresas suplan la impotencia del Gobierno.

¿Es concebible una tal situación en un Estado de Derecho?

RECUERDO PARA DESMEMORIADOS

Cuando, con anterioridad al 20 de noviembre de 1975.se producía alguna situación que

disgustaba al presunto arco democrático, se alzaban voces estentóreas que acusaban al

Régimen de no ser un Estado de Derecho.

Numerosos personajes de la actual situación, entre ellos algún ministro, sostuvieron que la

vulneración del Estado de Derecho deja a los ciudadanos libres de compromiso moral de

obediencia ¿No les aconsejarían la coherencia y la honestidad intelectual reconocer esa misma

libertad y ese mismo deber en la actual circunstancia?

Ismael MEDINA

 

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