Autocondena del Gobierno     
 
 El Alcázar.    10/10/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

INSTANTÁNEA AUTOCONDENA DEL GOBIERNO

CONOCEMOS el ejemplo de santos, que, en público, han hecho confesión de sus pecados y

pedido castigo para ellos. Conocemos las autocríticas de dirigentes comunistas en trance de

"purga", que no dudaban en calificarse de espías, terroristas y lacayos del imperialismo, para

facilitar su condena en los tribunales soviéticos. Lo que nunca habíamos visto era un Gobierno,

supuestamente democrático, que presente a la aprobación del Parlamento un proyecto de ley

en el que se acuse a sí mismo de haber actuado como enemigo de las libertades públicas.

Ha habido que llegar al alucinante malabarismo político del presidente Suárez, arropado por el

coro servicial de la UCD, para encontrar un caso semejante. Está escrito, letra sobre letra, en el

proyecto de amnistía que, previa negociación» en privado, va a ser disciplinadamente aprobado

por el Parlamento.

Resulta asombroso que ningún representante de UCD se diera cuenta de la barbaridad que

estaban haciendo al proponer o aceptar la redacción del apartado "B" del artículo 1° del

proyecto de ley citado. En los representantes de los partidos de izquierda que intervienen en la

discusión, la postura merece juicio diferente, ya que si se dieron cuenta de lo que tal apartado

significaba, suponemos que por dentro se estarían retorciendo de risa.

Calcule el lector. En dicho apartado se incluyen en la amnistía los actos de "intencionalidad

política cualquiera que fuera su resultado" (definición del apartado "A") realizados entre el 15

de diciembre de 1976 (fecha del referéndum) y el 15 de junio de 1977 (fecha de las elecciones

legislativas) cuando, "en la intencionalidad política se aprecie, además, un móvil de

restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de

España".

Es decir, que si hasta la fecha del referéndum quedan comprendidos en la amnistía todos los

crímenes, por odiosos y salvajes que sean (como el de la calle del Correo), a partir de esa

fecha habrá que acreditar que el criminal lo hacía con la intención de "restablecer las libertades

públicas", lo que, en cristiano, significa que en España no había libertades públicas, sino un

régimen dictatorial que explicaba el que demócratas exaltados se dedicaran a asesinar

guardias, policías, presidentes de Diputación, industriales o taxistas en aras de la libertad.

¿Pero quién gobernaba en España en ese negro período para el que se levanta,

retroactivamente, la veda del guardia, del policía, del político, del industrial y del taxista?

Exactamente el mismo presidente, con algunos de los mismos ministros (entre ellos el del

Interior) que presenta ese texto al Parlamento. Las consecuencias que se derivan son claras:

1a. El gobierno de Suárez, desde el 15 de septiembre de 1976 al 15 de junio de 1977, fue

antidemocrático, hasta el punto de que su actuación justifique la amnistía de quienes en

nombre de las libertades públicas, asesinaron a miembros de las Fuerzas de Orden Público

que no hacían más que cumplir las órdenes de ese mismo Gobierno.

2a. Si durante dicho período no existían "libertades públicas" (puesto que se despenaliza el

asesinato para conseguirlas), las elecciones se celebraron sin las garantías necesarias de

libertad, por lo que su resultado queda implícitamente invalidado por la nueva ley.

3a. Una mínima coherencia mental obligaría al Gobierno y a su partido a votar en contra del

proyecto de ley por ellos mismos representado o, al menos, del apartado B del artículo 1°.

4°. Si el artículo es aprobado por el Parlamento, entraña una condena inapelable de la

actuación del señor Suárez y de sus ministros entre el referéndum y las elecciones, toda vez

que el propio Gobierno y su partido la respaldan con su voto.

5a. La confesión de culpabilidad del Gobierno puede resultar, bajo un punto de vista ascético,

meritoria, pero bajo un punto de vista político exige la inmediata dimisión de quienes, desde el

poder, han impedido el ejercicio de las libertades públicas, hasta el punto de que merezca trato

favorable el asesinato de ciudadanos privados y servidores del Estado, cometido bajo su

mandato.

10 —OCTUBRE— 1977

 

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