Autor: Morodo, Raúl. 
   ¿De la democracia avanzada a la democracia vicaria?     
 
 El País.    28/04/1981.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

EL PAÍS, martes 28 de abril de 1981

OPINIÓN /u

¿De la democracia avanzada a la democracia vicaria?

RAUL MORODO

Hace justamente un año, en este mismo diario publiqué un articulo sobre la posible remodelación del

sistema de partidos en España, en donde mantenia, en resumen, las siguientes tesis: a) la inviabilidad,

entre otras razones, por la actual normativa electoral, de crear o recrear partidos, fuesen testimoniales o

con pretensiones de cubrir espacios más o menos consolidados, es decir, los partidos-bisagra; b) la

necesaria corrección, renovación y revitalización de los partidos existentes, tanto en su ideología y

estrategia como en su proyección imaginativa y decisoria, ante los problemas reales del pals, y c) la

conveniencia de fomentar clubes políticos y de opinión que, a distintos niveles, con significaciones

ideológicas diferentes, animasen y defendiesen los valores democráticos.

En un año, y de modo agravado en estos últimos meses, el contexto sociopolítico español se ha

deteriorado profundamente, y tal vez unas reflexiones adicionales, muchas de ellas discutidas con

estudiantes, profesionales y colegas en reuniones públicas o privadas, puedan servir indicativamente para

fijar ciertos puntos de vista y, eventualmente, para apoyar plataformas que actúen no como partidos

políticos encubiertos, sino como estructuras con revulsivo critico de las instituciones de los propios

partidos; en suma, de la sociedad política. Es decir, con iniciativas que —dada la ausencia de disciplina

partisana, a veces frustrante pueden integrar a amplios sectores hoy marginales o desmovilizados y que en

definitiva pueden coadyuvar a1 progreso cultural, político y social de España.

Mi idea básica es que la disociación entre la sociedad civil española, los partidos y los grupos de presión

está llegando a niveles alarmantes, no ya para conseguir la democracia avanzada, que enuncia el

preámbulo de la Constitución, sino incluso para mantener la propia democracia como sistema de

convivencia libre y pacifico. Y lo que puede ser más grave es que el resultado de este proceso lleve a

institucionalizar un nuevo sistema político de lo que podríamos llamar «democracia vicaria. En parte se

correspondería a lo que la nueva terminologia neoconservadora, aplicada por ahora a América Latina,

denomina con eufemismo ladino «Estado autoritario de derecho». Los diversos acontecimientos ocurridos

últimamente en nuestro pais parecen asi exigir replanteamientos que afectan no ya a la controversia casi

académica de nuevos espacios políticos —salvo la disolución o transformación radical de los existentes

partidos—, sino, por elevación, a la globalidad de la sociedad política española y a los cualificados grupos

de presión que, con actuaciones, declaraciones o insinuaciones y forma constante, hacen su aparición en

toda nuestra historia contemporánea.

La vuelta al eterno retorno de las disociaciones

El marco constitucional de 1978, establecido por consenso, configuraba jurídicamente el fín de las

tradicionales disociaciones que han definido nuestra vida sociopolítica de cerca de dos siglos; es decir, la

disociación confrontada, en guerra o en tregua, entre sociedad civil y los poderes militar, eclesiástico o

económico. En el lenguaje que toda situación constituyente innova, los «poderes fácticos» deambularon

como fantasmas vivientes que provocaban rápidos acuerdos. Más aún: la ilusión jurídica llevaba a

normativizar dos grandes cuestiones adicionales, fuente permanente de conflictos agudos o de suspicacias

soterradas: las relaciones entre poder central y poderes o expectativas de poderes regionales, y, por otra

parte, el establecimiento de unas reglas de juego parlamentarias y extraparlamentarias que podrían

conducir a la profundización de una democracia modernizada, progresista y avanzada.

El último pronunciamiento del 23 de febrero pasado evidenció —quizá exageradamente— el fin de esta

ilusión. Me parece que no es correcto entenderlo como un hecho aislado, sino sociológicamente, como el

resultado de un proceso gradual de deterioro, todavía, afortunadamente, no polarizado, de la sociedad

política española y, en definitiva, del eterno retorno a las tradicionales disociaciones que se creían

superadas. No triunfó, entre otras importantes causas, por la intervención del Rey, y porque la sociedad

española de 1981 no es la sociedad polarizada y antagonizadade 1936. Tampoco el general Sanjurjo

triunfó en 1932. Por ello, más que un hecho aislado, es un síntoma grave que además ha provocado un

síndrome de frustración. En este sentido, el pronunciamiento —localizado y fallido tiene, a mi juicio, dos

valoraciones complementarias: en primer lugar que un fracaso ha sido relativo, ya que, si bien no

consiguió sus aparentes objetivos finales, si puso de manifiesto —y tal vez fuese esto lo que se

pretendía— una de las disociaciones clásicas entre sociedad civil y un sector militar; en segundo lugar, el

síndrome 23 F ha provocado un efecto de autolimitación, consciente o inconsciente, que puede afectar no

sólo a la clase política, sino, por extensión, a gran paite de la opinión pública. De la ilusión al desencanto,

del desencanto al temor, no es otra cosa que la traducción psicológica de un hecho político que, de no

corregirse eficaz y urgentemente, puede llevar y deslizarse a una nueva situación. Así pasaríamos de la

proyectada democracia avanzada a la temerosa democracia vicaria, en donde ya no se sabrá si los

vigilantes serán los vigilados o si éstos tendrán la ilusión utópica que les hará creer que son vigilantes. Si

la situación llegase a institucionalizarse, si el síndrome 23-F se agravase y generalizase, la sociedad civil

se convertiría en un nuevo Leviatán hobbesiano.

El rearme cívico de las fuerzas democráticas

Es evidente que apoyar un rearme cívico, en las actuales circunstancias, sin unos replanteamientos serios

de nuestra situación y las causas que la han originado, es una ingenua declaración retórica para un mitin

convencional. Pero creo que es más peligroso encerrarse en un pesimismo vital, intelectual o político que,

en el fondo, es el reconocimiento de una impotencia y el encubrimiento al menos implícito— de la

aceptación fatalista de una derrota a plazo medio, pero fijo. La responsabilidad de la clase política —

Gobierno y oposición—, de las fuerzas sociales y de los sectores intelectuales y profesionales es ahora

fundamental. El consenso, se decía, estaba superado, y se ha visto, con otra denominación, pero en el

mismo contenido, aunque más limitado, que, al menos, es una vía transitoria para empezar a salir de la

crisis. No se trata ya del triunfo en una contienda electoral, sino del triunfo o el fracaso de su peculiar

sistema de convivencia. En otras palabras, es una exigencia global que afecta a toda la sociedad política, a

los partidos y fuerzas sociales, a todos los ciudadanos.

Nuestra sociedad civil, como ocurre en los demás países europeos, necesita instrumentar los mecanismos

necesarios para que los sectores que por diferentes causas no han asumido plenamente los nuevos valores

constitucionales, se integren y participen operativamente. No se trata sólo de sectores militares, sino

también eclesiásticos y económicos. Pero, para ello, los nuevos valores, que proclama la Constitución,

tienen que realizarse eficaz y funcionalmente. La actual disociación entre la sociedad civil y estos

sectores cuya profundidad está por ver— necesitan ser explicados y discutidos con sentido histórico, con

objetividad, con proyección integradora para un futuro pacifico. Los nuevos estados son siempre estados

frágiles, sobre todo si su mecanismo de transformación ideológico e institucional ha sido, como el

nuestro, reformista. Antagonizar ideológicamente estas relaciones, dar respuestas innecesariamente

provocadoras o claudicantes, no parece ser un buen camino para una convivencia razonable. Integrar

corresponsablemente es, asi, lo contrario de polarizar.

En todo este rearme, los partidos políticos, ejes básicos de toda democracia pluralista, deben ser los

canales naturales de esta acción política. Los ataques a los partidos o su desvalorización son

ataques al sistema democrático, ya que, por principio, no hay democracia sin partidos. Este presupuesto

no obsta para hacer la necesaria critica constructiva a su funcionamiento y a sus proyectos y realizaciones.

Así, los partidos que sé oligarquizan prematuramente, que pierden iniciativas o imaginación, que se

distancian burocráticamente de los problemas reales y de los ciudadanos y se centran prioritariamente en

luchas ocasionales por el poder, harán frágil y débil al sistema democrático.

Es aquí, y en nuestro contexto actual, mas agudizado que hace un año, en donde núcleos de opinión,

formalizados en clubes o asociaciones, puedan cumplir una función, no de suplantación, sino de

complementaneidad —a la derecha o a la izquierda, liberales o progresistas de los actuales partidos

políticos. Los clubes, en el ámbito continental europeo, florecen, precisamente, en momentos

fundacionales o de fragilidad y peligro de la democracia. Los clubes, históricamente, fueron promotores

de partidos, tanto en el inicio de las resoluciones liberales como en la nueva expansión de ideologías

progresistas y socialistas, y los clubes, finalmente, coadyuvan al fortalecimiento de las democracias

jóvenes o en situaciones de crisis. Un rearme cívico, clubes complementariamente con actuaciones de

otras fuerzas sociales, que estudien, propongan soluciones, hagan las necesarias correcciones al

funcionamiento del sistema, que proyecten, en fin, la conciencia anticipatoria e imaginativa, servirá de

eficaz estimulo para, como decía Bloch, proseguir en la realización de la utopia de viaje ilimitado.

Si seguimos pensando en una democracia avanzada y progresista, como se proyectaba en la época de 1a

dictadura, abierta y plural, y no en una democracia vicaria o en una no-democracia, debemos pensar

también que la responsabilidad es de todos, y hacer responsables a todos es hacer participe, por todos los

medios, a una opinión pública que, en muy pocos años, se ha desmovilizado y que, a veces

justificadamente, elige el escepticismo cáustico o la evasión por la privaticidad.

Raúl Morodo es catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Internacional

Menéndez y Pelayo.

 

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