Autor: García Brera, Miguel Ángel. 
   Hambre y dignidad liberal     
 
 El Alcázar.    17/11/1977.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

HAMBRE Y DIGNIDAD LIBERAL

«El Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico

sarcasmo, se les decía: «Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que

aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las

condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a

aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os

impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal.» (José Antonio)

La noticia de que el Ministerio de Trabajo estudia la defensa I laboral de la gran masa obrera española

no afiliada a Centrales *~ Sindicales —como se sabe, la inmensa mayoría de la población activa—,

desasistida desde que los Servicios Jurídicos Sindicales han desaparecido, obliga a pensar en la idiotez de

quienes creen que el progreso está en función de las demoliciones. Por el contrario, como en urbanismo,

la política consciente está tanto en derribar los viejos caserones, como en conservar aquellos que suponen

el testimonio de una época y la expresión artística de un determinado momento. Dejo a cada cual hacer el

trasvase semántico. Los españoles, mayoritariamente, deseosos de un aceleren político, que acompasara

nuestra libertad al alto nivel de vida conseguido en general, vemos con asombro que a las Cortes de la

unanimidad las sustituyen el Senado y el Congreso del aplauso y la intrascendencia; al Instituto de

Estudios Políticos, el de Estudios Constitucionales, que es igual, pero dándole rótulo más limitativo; a la

anunciada restricción de coches oficiales como fórmula de austeridad, la proliferación de asesores de gran

sueldo a cualquier nivel; y así sucesivamente... Mientras tanto, la seguridad que el trabajador español de

cualquier idea y condición tenía de ver defendido su pleito laboral hasta el Tribunal Supremo por

abogados competentes y gratuitos, se ha desmontado por Decreto, y quedan en el aire los A««´ *

P>tudJo« qii» ahora.Uaua-4M»boaJI Ministerio de Trabajo. En ´ i~- j, los letrados pertenecientes a los

Servicios Jurídicos Sindicales " -iíean, bien a su pesar, pues pruebas han dado de servicio más nplio y

constante que el exigido por el simple deber; y, al igual que ios restantes funcionarios sindicales, esperan

el Santo Advenimiento de su adecuada integración en la Administración. Todo esto sucede porque el

Gobierno, que alardea a veces de planteamientos sociales, se comporta con auténtica actitud liberalista,

pretendiendo camelar al español con el horizonte de unas libertades políticas a costa de un predominio

clasista sobre los menos dotados económicamente. El precio de la libertad es algún deterioro económico,

se dice, sin embargo, creemos que la libertad es un todo armónico y nunca su ampliación debe suponer

sacrificios tan graves como los que está sufriendo hoy la clase trabajadora: paro, deterioro del nivel

adquisitivo, inseguridad en el empleo —ya está anunciado como inminente el Decreto de flexibilización

de plantillas— y agresiones infligidas por el general aumento de la criminalidad callejera y por el especial

supuesto de la proliferación de piquetes. Como ligera idea de lo que supusieron los Servicios Jurídicos

Sindicales —cuya supresión no pensamos que amplíe libertades sociales— queremos anotar unos datos

referidos a un solo año: El de 1975, último del que hemos encontrado estadísticas. En conciliación

sindical, los cuatrocientos mil y pico trabajadores que acudieron al patrocinio de los letrados de la Ó.S.,

consiguieron 4.311 millones de pesetas, dándose, en los casos de despido tramitados, casi 11,000

readmisiones. Se resolvieron, además, casi cinco millones de consultas y se realizaron gestiones en

Organismos de todo tipo, solicitadas por 210.393 productores. En cuanto a la defensa en Magistratura de

Trabajo, se patrocinaron las demandas de 1 50.620 personas, a cuyos pleitos hay que añadir tos

mantenidos en otras jurisdicciones que sumaron 1.400 acciones más. Casi cinco millones y medio de

trabajadores, de forma totalmente jarata^je>cjbjeronasf el amparo de un Cuerpo de Letrados

especializados en Derecho Laborat. Y esó"selí5^ desmontado en nombre déla libertad sindical —que es

cosa bien distinta—, no habiendo hasta la fecha otra alternativa que la ofrecida por las Centrales;

consecuentemente, no quieren dejar a sus afiliados indefensos frente a la crítica situación porque

atraviesan las relaciones de trabajo. Claro que las Centrales tienen el doble inconveniente de trabajar al

tanto por ciento —cosa natural, para costear sus servicios, pero onerosa para quien los tenía gratis, y, tal

vez, antirreglamentaria frente al Colegio de Abogados— y no ser neutrales, con lo que pueden producir

rechazo de conciencia a los no afiliados. Es, pues, urgente instalar a los Servicios Jurídicos de la antigua

O.S. en la estructura de la Administración, al servicio de todos los trabajadores y, particularmente, de los

independientes y restituir así, a estos, el derecho que han tenido a una defensa eficaz y sin pago de

honorarios frente a la legislación o a los patronos «liberales». La democracia y la libertad no consiste,

como se ha venido a decir desde un Ministerio, en que la Administración se inhiba cada vez más y pacten

por su cuenta las dos partes del contrato de trabajo. La libertad sólo se logra cuando el pacto nace entre

iguales; pero no, si uno de los contratantes predomina por su independencia económica, su acceso al

poder o su mayor capacidad intelectual puesta al torpe servicio de la explotación ajena. Y mientras ía

sociedad no se reestructura conforme a principios de justicia, el obrero necesita la asesoría que le sitúe en

paridad con el empresario, a la hora de negociar o exigir sus derechos. Bien está la dignidad liberal, ¡pero

sin hambre!

Miguel Ángel GARCÍA BRERA

 

< Volver