Autor: Fueyo, Jesús. 
   Las nacionalidades contra la Nación     
 
 El Alcázar.    05/12/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

LAS NACIONALIDADES CONTRA

LA NACIÓN

La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes

nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos.

(Art. 2 del borrador del anteproyecto de Anteproyecto de Constitución)

I I NA Constitución no se puede permitir ^ otro lujo literario que el de la precisión inequívoca de sus

conceptos. Toda otra literatura y hasta la más excelente retórica es confusión; todo derroche semántico

entraña ambigüedad. Una Constitución no es un ensayo, no una homilía, ni una arenga y ni siquiera un

manual de Derecho constitucional. Una Constitución es la norma suprema de la integración de una

comunidad como cuerpo político y sus conceptos categoriales tienen que ser inequívocos, claros y

coherentes. Una Constitución debe ser el tema supremo de los estudiosos del Derecho positivo, pero antes

que eso, muy por encima de eso, es la regla de vida de una Nación y sus destinatarios son todos los

ciudadanos, incluidos los analfabetos. Contra estas máximas evidentes de la creación constitucional, el

texto que preside este comentario es una resuelta acumulación de expresiones entre sí incoherentes,

contradictorias y nebulosas; constituye un verdadero caos conceptual que, sin embargo, a través de la

anarquía del pensamiento deja traslucir la perversión de su sentido, a saber: la liquidación del primado de

la entidad política suprema que es la Nación. El gran barullo semántico —autonomía, nacionalidades,

regiones, España, Estado y pueblos— es una dispersión calculada o convenida de expresiones y de

conceptos que tiene por resultado la inversión y la devaluación metódica de nuestra Nación. La mención

del nombre de España en esa construcción babélica es tan sólo un velo mágico de la disolución de su

realidad histórica, de la reducción de España a mera y simple geografía. Ca entidad politica suprema es fa

Nación. El Estado es su arquitectura jurídica, su aparato funcional, con lo que está dicho que es el

poderoso instrumento al servicio de la vida y permanencia de la Nación. La soberanía jurídica del Estado

le viene, de la soberanía natural, intrínseca y política de la Nación. Sin Nación, o con la Nación reducida a

espacio y poblado, el Estado es sólo un orden mecánico de coacción y de fuerza. La misma neutralidad

espiritual del término Estado lo dice; Estado es lo que está establecido para funcionar al servicio de una

comunidad nacional con vocación de permanencia. La Nación es una categoría histórica; el Estado es una

estructura jurídica, mediante la cual la Nación se organiza, pero no se constituye como entidad política.

La Nación es absolutamente previa al Estado. Por tanto, la constitucionalización del Estado tiene que

comenzar por la afirmación categórica de la Nación y de su unidad. España ha tenido muchas —

demasiadas— Constituciones del Estado, pero España está constituida en otro plano más profundo del

ser, de tal modo que se reconstituye —antes o después— hasta cuando la arruina un Estado constitucio-

nalmente mal conformado. Afirmar la unidad del Estado es una redundancia y una incoherencia. La uni-

dad del Estado es algo que le viene de su condición misma, puesto que no es más que la unidad

sistemática de su ordenamiento jurídico. Si lo que se ha querido es rechazar por contrario sentido la

estructura federal del Estado, se ha afirmado por la tácita la pluralidad nacional de España, que es la

descomposición como todo político de nuestra Nación. Por lo demás, los Estados federales sostienen

enérgicamente la unidad de su orden de Derecho en el plano supremo de la soberanía y no son

federaciones de naciones sino federaciones de Estado: Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas. Comunidad de Naciones, por el contrario, es la ONU, esa arquitectura barroca de composición

parlamentaria del concierto internacional. La vocación de unidad nacional es la energía que está forjando

en el mundo actual una constelación hegemónica de nuevas grandes Naciones, superando

históricamente—y a través de su regionalización— la cartografía de nacionalidades de la Vieja

Modernidad. Por todo ello, si nos queda la más leve pulsación deánimo histórico, si todavía queremos

hacer algo digno en común, lo que es obligado establecer como premisa es la unidad de España y luego

las autonomías en el marco de poderes y competencias del Estado absolutamente unitario en la soberanía.

Pero, ¿qué lógica de la realidad se puede esperar de un texto —o de un pretexto— que habla en un

apartado de las «lenguas de España» y en el siguiente de las «modalidades lingüísticas del Estado»? (Art.

4 del borroso borrador.) El Estado no puede tener modalidades lingüísticas, porque el Estado no habla

más que oficialmente, administrativamente. «El castellano es la lengua oficial del Estado.» (Art. 4.) Si

esto es así, las comunidades españolas integradas en la Nación pueden tener la oficialidad de sus lenguas,

pero el Estado no es políglota en el ejercicio de la soberanía que le viene de la Nación. Toda esta

confusión preconstitucional se torna monstruosa por el maleficio de la inclusión categórica de las

«diferentes nacionalidades y regiones que integran España». ¿Qué es Nación? ¿Qué es nacionalidad? Una

Nación es, para sí y ante el mundo, una comunidad que se afirma con voluntad resuelta de soberanía y, a

tal efecto, constituye un Estado nacional. Una nacionalidad es la postulación de principió de te voluntand

de constituirse en Nación. Es una Nación en potencia, una Nación en devenir. Por tanto, todas las

restricciones constitucionales que se impongan a las nacionalidades reconocidas como tales son meras

defensas técnicas incapaces de detener la incontenible marea histórica, que por su misma dialéctica lleva

a esas nacionalidades a constituirse fatalmente en naciones. Y esto no sólo por la plataforma de

lanzamiento que supone su reconocimiento constitucional como nacionalidades, sino por la fuerza misma

que supone la identidad histórica reconocida. Toda nacionalidad así afirmada es una promesa de Nación y

no puede ser fiel a sí misma, si no promueve de modo tenaz y constante la fundación de su propio Estado

nacional. El contexto babélico concluye con una resolución inefable: «la unidad del Estado y la

solidaridad entre sus pueblos». ¿El Estado tiene pueblos? Ese sus, con tan insolente petulancia posesoria,

¿quiere decir que los pueblos son entidades políticas pertenecientes al Estado? O, por virtud de la

solidaridad entre los pueblos, aquí pastoralmente proclamada, ¿es que se trata de las regiones, provincias,

ciudades, villas, aldeas, poblados y páramos de España? Evidentemente, no. Aquí el pluralizado termina

pueblo está empleado con toda la carga ideológica democrática que el gran vocablo tiene en el idioma

político moderno. Es por eso, por lo que se implora solidaridad. Y por consecuencia de todo lo dicho, se

llega a la síntesis última del disparate, una vez que se proclama que «la soberanía reside en el pueblo»

(artículo 1). Y es forzoso preguntarse, ¿en el pueblo o en los pueblos? Así, con esta lógica de la

desintegración, el pontifical texto plurinacional no es de recibo. Es un atentado contra el ser mismo de

España. ¿Es esto lo que se exige a la Monarquía que garantice?

Jesús FUEYQ

 

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