Autor: Pontones, José. 
   De la doma de jueces o "vivan las caenas"     
 
 El Alcázar.    16/12/1977.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

DE LA DOMA DE JUECES O «VIVAN LAS CAENAS»

HAY que reconocer que la independencia judicial es «bella, pero incómoda». Diga lo que quiera el

ingenuo Montesquieu, tan reverenciado en la etérea teoría como desacatado en la realidad político-social

por sus democráticos corifeos de todos los tiempos, no es bueno, para algunos, que el juez sea demasiado

independiente. Su entereza, frente al arrollador arbitrio político, suena alarmantemente a rebelión que hay

que yugular —discretamente, si es posible— antes de que el «mal» cunda y el pueblo pueda pensar, con

el natural alivio, que existe un último y seguro refugio capaz de amparar su derecho, dentro de una ley

igual para todos y ante un juez auténticamente neutral. Pero más vale que la efervescencia política se

detenga y remanse en la primera grada del Pretorio y que el único camino útil para el ciudadano envuelto

en un pleito o en una causa, maso menos politizada, sea, precisamente, et que conduce al despacho de su

abogado y no, con retroceso sociológico de siglos, el de la casa del influyente prohombre público o el del

comité del partido dominante en un momento dado. Parece ser que, por ahora, en el proceso constituyente

en curso, los tiros van en muy distinta dirección, retrógrada, desde luego, sin visos de rectificación

sustancial aceptable. La Justicia pasará a depender de la política del momento y el juez habrá de temblar

ante el político o poner a prueba un valor heroico, premiable con la Cruz de San Raimundo de Peñafort

con distintivo rojo... de no ser también los políticos quienes la disciernen. Formalmente, no serán los

gobernantes ni los parlamentarios —unos y los mismos, en definitiva— quienes directamente dicten ¡as

sentencias, pero sí serán quienes manden en los que las dictan, a través de los poderes del proyectado

Consejo Superior de la Justicia, llamado a calificar y a ascender y destinar a los jueces y magistrados en

todo aquello que no corresponda a turno riguroso de antigüedad. Las consecuencias son previsibles, pese

a las garantías de estricta oposición de ingreso —y esto, mientras subsista como única puerta de acceso,

sin desvirtuaciones ni sucedáneos— e inamovilidad en el puesto ya obtenido. A diferencia de lo que hasta

ahora ocurre con el actual Consejo Judicial, cuyos defectos serían, en todo caso, de mero detalle y no de

esencia, el personal jurisdiccional y fiscal será calificado y manejado, en lo sucesivo, por extraños, que le

desconocen y difícilmente podrán comprenderle. Buena baza, mientras dure, para los domadores de

jueces, y mal porvenir para el magistrado ingenuflecto, inabordable por vías extraprocesales. No vale,

para justificar lo injustificable, tachar a la judicatura de casta orgullosa y cerrada, siendo así que fa

Justicia española es eminentemente popular, en la que prima, desde antes del ingreso, una pulcra igualdad

de oportunidades, abierta al mérito, sin privilegio alguno para los « hijos del Cuerpo» .Y que el pueblo

español —por más que cierto fiscal, inquieto y pesimista, haya tratado de insinuar, recientemente, lo

contrario— cree en la Justicia más que en ningún otro resguardo, no es gratuita ficción sino dato palmario

de común experiencia. Hace pocos días, desde estas mismas columnas, invitábamos a cierto ruidoso

grupúsculo, sedicentemente democrático, a que se definiera sobre el tema, formulando sus conclusiones

definitivas: ¿Autogobierno judicial cimentado en la voluntad mayoritaria de la base, según ellos mismos

venían propugnando endémicamente, o gobierno «colonial», ejercido desde fuera, como el novísimo

borrador constitucional preconiza? Como temíamos, la presunción se convirtió en penosa certeza.

Hubiéramos preferido lo contrario y, por ello, el sumiso «vivan las caenas» nos dolió en lo más íntimo.

Alguien de «Justicia Democrática», investido de «jus respondendi», como Modestino y pocos más,

acabaría por exaltar, en « El País», de 14 de diciembre de 1977, lo que consideramos sería inconveniente

a la Justicia y dañoso al interés social y al bien común, llamándolo «idea feliz y positiva aportación a la

independencia del Poder Judicial». Muchas gracias por este destello, no completamente espontáneo, de

sinceridad, i Así sabemos a qué atenernos!

José PONTONES

 

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