Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   El arbitraje constitucional del Rey     
 
 Diario 16.    01/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

OPINION

1junio81/Diario 16

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA

El arbitraje constitucional del Rey

«El Rey no gobierna, pero reina.» Este es el axioma del que parte Jiménez de Parga para explicar, dentro

del derecho comparativo, las facultades constitucionales del Rey de España, tipificadas en el artículo 56

de nuestra Carta Magna, y que se concretan en las funciones arbitrales y moderadoras, que alcanzan el

suplir vacíos legales en situaciones de emergencia como el 23F.

Después del 23F la atención de muchos españoles se orienta especialmente hacia el palacio de La

Zarzuela, considerando los poderes que, según la Constitución, corresponden al Rey. No faltan quienes se

lamentan de que la prerrogativa regia sea muy reducida. También se ha puesto en duda la posibilidad

constitucional de intervenir el Monarca en situaciones de emergencia. Vuelve a repetirse el conocí do

aforismo: «El Rey reina, pero no gobierna.» Se habla mucho sobre el asunto, pero sospecho que son

pocos los que se toman la molestia de leer detenidamente nuestra Gran Carta política de 1978.

El artículo 56, en efecto, afirma con estilo rotundo: «El Rey es el Jete del Esta do, símbolo de su unidad y

permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones...» Esta facultad de arbitrar y

moderar tiene un gran alcance, tanto en situaciones de normalidad como, sobre todo, en momentos

difíciles para la nación, en circunstancias excepcionales.

Por eso, el repetido aforismo se presenta con una segunda versión que refleja mejor el estatuto regio en la

Constitución española: «El Rey no gobierna, pero reí na.»

Lo imprevisto_______

Reinar es, justamente, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Nuestro artículo 56 no es una novedad en la historia de las monarquías europeas. Sin embargo, resulta

más interesante destacar los ecos que en este precepto se perciben de una norma constitucional

republicana: el articulo 5 de la ley Fundamental francesa de 1958. «El presidente de la República se

establece allí asegura, con su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos.»

El paralelismo es innegable, pero los juristas del país vecino han encontrado mas diticultades para

configurar el arbitraje presidencial y dar contenido al mismo, pues en la República, como advirtiera

Prevost Paradol, «falta un resorte importante de la máquina política», falta la Magistratura neutral que

puede arbitrar y moderar.

¿Qué es arbitrar? El Diccionario de la Real Academia recoge tres significados del verbo que sirven para

aclarar el artículo 56: a) arbitrar es proceder uno libremente, usando de su facultad y arbitrio; b) arbi

trar es ingeniarse; c) arbitrar es dar a proponer arbi trios. Con cualquiera de las tres maneras de entender

el vocablo llegamos a la con clusión de que, en castellano, arbitrar es algo más que hacer respetar las

reglas de un juego sin intervenir en él.

Pero sigamos consultando el diccionario y veremos que «arbitrario», además de ser la facultad que

tenemos de adoptar una resolución con preferencia a otra, es ala facultad que se deja a los jueces para la

apreciación circunstancial a que la ley no alcanza».

Es sumamente esclarecedora la última significación. En aquellos supuestos de hecho no contemplados por

la ley, el arbitro puede y debe intervenir. Asi hay que interpretar la potestad regia de arbitrar y moderar el

funcionamiento regular de las instituciones.

De Gaulle y Lebrun

Los comentaristas franceses, no obstante las espe cuicas diticultades a este respecto de la forma

republicana de Estado, mantienen la misma tesis sobre la función arbitral del presidente. Gravita allí

considerablemente el mal recuerdo de Albert Lebrun, en 1940, aquel último jefe de Estado de la III

República que permaneció mudo y paralizado mientras Francia era obligada a arrodillarse ante Adolfo

Hitler. Lebrun alegaba, en tan dramático momento, que no quería extralimitarse en su papel

constitucional.

Se rechaza en la V República una concepción pasiva del arbitro y de estima que esta alta función debe

ejercerse de manera permanente, graduando las intervenciones presidenciales «en función de las

dificultades que encuentran los poderes públicos y de las amenazas que cuestionen la continuidad del

Estado», según precisa el profesor Gerard Coñac.

Así pensaba, desde luego, el general De Gaulle, para quien «el presidente de la República debía ser el

continuador de los reyes que habían construido el Estado». Y de este modo se pronunciaban los autores

que destacan, entre las ventajas de la Monarquía sobre la República, la posibilidad de contar en la primera

con un poder arbitral y moderador.

Benjamín Constat, a principios del XIX, con su «poder neutro», «augusto poderío de la realeza», «que en

cuanto el peligro se anuncia, le pone término por vías legales constitucionales», y cincuenta años después

PrevostParadol, desarrollando y vulgarizando !a teoría del reyarbitro: «Colocado por encioa de los

partidos, no teniendo nada que esperar o temer de sus rivalidades y sus vicisitudes, su único interés, como

su primer deber, es observar con vigilancia el juego de la máquina política con el fin de prevenir todo

grave desorden. Esta vigilancia general del Estado debe corresponder al arbitro.»

Reinar

En España, el Rey no gobierna, pero reina. El articulo 56 de la Constitución se refiere al aspecto concreto

de la función de reinar, que es arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. A

distancia de los acontecimientos y por encima de ellos, como quería Constat, pero no desinteresado de

cuanto importante suceda en el país. Vigilante atento siempre de la marcha de las cosas públicas, pero con

presencia activa cuando se ponen en peligro los valores supremos que la Constitución ampara. Arbitro

que ha de inventar, que ha de ingeniarse, en los casos de situaciones límites que e] legislador ni ha

previsto ni humanamente pudo prever.

He aquí la difícil y trascendental obligación del Rey al ser concebido constitucionalmente como arbitro.

El tristemente célebre 23F los españoles nos dimos cuenta de que Don Juan Carlos I no gobierna, pero

reina.

 

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