Autor: García Vargas, Julián. 
   Déficit, política y consenso nacional     
 
 El País.    19/08/1981.  Página: 30. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

30/ECONOMIA

EL PAÍS, miércoles 19 de agosto de 1981

TRIBUNA LIBRE

Déficit, política y consenso nacional

JULIAN GARCÍA VARGAS

Desde hace algunas semanas, ese viejo lema de polémica y objeto de estudio en los manuales de teoria y

política económica que es el déficit público ha vuelto a las páginas de opinión de la Prensa. A lo largo del

año en curso, la cúspide del empresariado español ha venido insistiendo en que el desequilibrio

presupuestario constituye nuestro primer problema de política econòmica a corto plazo - una vez

moderadas las presiones salariales -, como corresponde a su recién estrenada profesión de neoliberalismo

de importación. Como dicha cúspide está ocupada por banqueros, a diferencia de otros países, donde el

mayor protagonismo corresponde a los industriales, la posición empresarial sobre el tema se ha

impregnado de un claro matiz monetario más o menos técnico «el déficit supone un desplazamiento del

sector privado por parte del público en los mercados financieros»-, aunque al final se ha recurrido a

argumentos totalmente políticos: «El crecimiento del sector público es inaceptable y debe concluir». Y es

que los juicios de valor, tan despreciados por el positivismo neoliberal, tiñen las posiciones de sus

seguidores: ellos también son humanos.

Como es sabido, los déficit de nuestro país están provocados fundamentalmente por el incremento de

transferencias. Dentro de las mismas cabe distinguir entre las dirigidas a cubrir pérdidas de empresas

públicas y privadas y a permitir el funcionamiento de organismos autónomos, comerciales u económicos,

y aquellas dirigidas a compensar los déficit de la Seguridad Social y organismos afines.

¿Puede prescindirse de estas transferencias o reducirlas drásticamente a corto plazo? Probablemente

podría retocarse la cuantía de algunas de ellas en particular, pero eso no alteraría sustancialmente su

volumen global. Su reducción brusca y drástica tendría tales efectos sociales y económicos inmediatos

que es políticamente impensable.

Como ha descrito O´Connor (La crisis fiscal del Estado), el Estado capitalista democrático debe

desempeñar simultáneamente un doble papel: por un lado, sostener la producción y la acumulación

económica; por otro, legitimar a la sociedad en su conjunto. Esto supone que su actividad pueda dividirse

en dos categorías: gastos de capital social y gastos sociales. Las primeras hacen posible la acumulación

por parte del sector privado, la que suponen una socialización de parte de los costes de producción de ese

sector.

En la práctica, la mayor parte de los gastos públicos tienen simultáneamente un componente de

gasto de capital y de gasto social: las actividades de la Seguridad Social son buena muestra de ello.

Teniendo en cuenta esta clasificación, es evidente que el sector dominante de la economía, el

oligopólico, presiona continuamente al Estado paca que asuma costes del proceso de producción. En tiempo

de crisis, esta presión se agudiza para realizar reestructuraciones en las empresas, aumentando la

acumulación de capital con la participación del Estado o incluso cediendo a éste la gestión de empresas

necesarias para todo el proceso productivo, pero no rentables. Pero, por otra parte, el Estado se ve

también presionado por trabajadores y empresarios para mantener la paz social entre ambos grupos y

entre ellos y la fuerza de trabajo sobrante, los parados, mediante gastos de carácter social, los cuales

legitiman y justifican la organización de la sociedad, evitando que se ponga en cuestión globalmente.

Lucha por una distribución igualitaria del gasto

El efecto de estas exigencias es el crecimiento constante del gasto público y el desequilibrio

presupuestario, que sólo puede ser evitado aumentando los impuestos. A este aumento se oponen las clases

pudientes, que, sin embargo, reciben el excedente de una producción obtenida con costes cada vez más

socializados. Así. el déficit es fruto de una conocida contradicción: el carácter social de la producción y la

distribución desigual de los beneficios que se derivan de la misma. La lucha por hacer más igualitaria esa

distribución se desarrolla cada vez más no en el seno de cada empresa, sino en el terreno del Estado, y

más concretamente en el del Presupuesto, ya que cada grupo social pretende alterar en su favor, el

contenido del mismo: unos en favor de los gastos de acumulación y otros en favor de los gastos sociales.

La conclusión de todo lo anterior es que el Estado es cada vez menos un instrumento de dominación de

las clases hegemónicas, ni menos en el terreno económico, y cada vez más el terreno donde se dirimen los

conflictos entre trabajadores y empresarios. De esta forma, los conflictos de clases se desarrollan más en

la esfera política y menos en la esfera social, favoreciendo el consenso nacional, los acuerdos globales

entre las partes en conflicto y el funcionamiento de la democracia parlamentaria.

Los conflictos económicos se convierten en políticos, a los cuales se les debe dar siempre soluciones

presupuestarias, que, unidas al proceso de asunción creciente de costes de producción por el Estado,

superan la capacidad de éste para obtener ingresos. La resolución de problemas específicos en cantidad

creciente por parte del Estado, su atención a necesidades contrapuestas, hacen que aquél se mueva en una

contradicción básica: obtener ingresos crecientes y mantener unida a la sociedad. El déficit se convierte

así en la expresión financiera, y por tanto canalizada, de la tensión social o, como se decía antes, de la

lucha de clases.

Con esta visión es fácil comprender el sentido político global de acontecimientos importantes como el

acuerdo nacional sobre empleo o los acuerdos para reestructurar industrias en crisis: gracias a los mismos,

las disputas empresariales, que podrían ser muy duras, se trasladan en buena medida a los ´presupuestos

en forma de prestaciones sociales a los parados y otros colectivos menos protegidos. En general, los

conflictos sociales españoles, dirimidos en las empresas, la calle o instituciones de base hasta 1977.

comienzan a dirimirse desde los acuerdos de la Moncloa en el seno del Estado y de los presupuestos.

Los neoliberales conocen esta lógica de los desequilibrios presupuestarios: no es infrecuente que los

programas estabilizadores de instituciones como el Fondo Monetario Internacional terminen en algunos

paises por romper el equilibrio político y provoquen la represión pura y simple. Esgrimir, pues, este

problema como arma arrojadiza, culpando del mismo exclusivamente al Gobierno y exonerando a los

grupos sociales que presionan para aumentar los gastos que les favorecen, como hacía recientemente el

presidente de la patronal bancària en la revista ICE, constituye una llamada, en este caso suponemos que

inconsciente, al endurecimiento de la situación social y política de un país. La solución del problema

corresponde a una reducción gradual y negociada de gasto, moderando por igual las presiones de lodos

los grupos.

Indudablemente, esto no es fácil y exige a la vez firmeza y paciencia. Pero, sobre todo, exige que el tema

no se desorbite con admoniciones catastróficas, disfrazadas frecuentemente de argumentos técnicos más o

menos manipulados, Para empezar, hay que rechazar el que se asuste al ciudadano con cifras no

confirmadas, como «el déficit esperable para el año en curso», o con conceptos como déficit del sector

público, incluidas las empresas no privadas, tomados de manuales de organismos internacionales —que

recomiendan utilizarlos con suma prudencia-, cometiendo duplicidades y agregando en ellos todo lo

agregable. O que se exagere el peso del déficit sobre el producto interior bruto, cuando es bien sabido

que el de España no ha llegado aún a niveles preocupantes.

En cuanto a la patronal, es conveniente que no olvide que la primera medida para reducir el déficit es

aumentar los ingresos fiscales, lo cual se rechaza vehementemente por la CEOE, en permanente crítica a

la reforma impositiva, aunque nuestra presión fiscal esté aún lejos de la media de la OCDE. Y que

recuerde que en el déficit del Estado y la Seguridad Social para 1980 pesan muy considerablemente los

ingresos pendientes de cobro a empresas. Conviene también que la patronal reconozca su tremenda y

continua presión, frecuentemente coronada por el éxito, para cargar al Estado el coste de todas las

reestructuraciones de empresas, incluidas las bancarias.

El enfoque monetario del déficit

Por último, pasando a los argumentos técnico-monetarios, es preciso responder al argumento patronal de

que el déficit provoca la expulsión del sector privado de los mercados financieros:

1. Dicha afirmación se apoya en un análisis meramente crediticio, derivado de supuestos muy simplistas

sobre la demanda de dinero, y que ignora los aspectos reales del déficit. En efecto, el incremento de gasto

público financiado con déficit origina lógicamente un aumento de renta disponible por el sector privado,

que incrementa el ahorro de éste y, por tanto, reduce su necesidad de financiación. Esto es precisamente

lo que ocurrió en 1978y 1979 con el ahorro del sector privado, el cual mejoró gracias al superávit exterior

y al déficit público, sin que en 1980 se produjera una caída, ya que este último compensó el déficit

exterior.

2. No es cierto que exista una utilización automática de recursos financieros por parte del sector privado

si dichos recursos dejan de ser demandados por el sector público. La demanda de crédito no depende sólo

del volumen de la oferta, sino, como es lógico, de su coste, es decir, de los tipos de interés.

Es bien sabido que esa demanda viene debilitándose desde hace bastante tiempo, en virtud de las

incertidumbres que la crisis económica provoca y del nivel de los tipos de interés. Estos tipos alcanzaron

hace ya tres años un nivel inusitadamente elevado en nuestro país -lo cual se justifica ahora por la subida

de tipos en el mundo desde hace unos meses-, deprimiendo la demanda de crédito. En esos elevados tipos

inciden no sólo factores monetarios, sino también factores institucionales, entre los que cabe destacar los

elevados costes de intermediación de la banca española, muy superiores a los de otros países, como han

demostrado estudios de ta OCDE y la banca privada internacional. Con frecuencia se olvida que la

ineficiencia no es patrimonio del sector público y que las grandes organizaciones financieras españolas no

son precisamente un modelo de racionalidad.

3. De existir una expulsión del sector privado, éste debería haber sido especialmente fuerte en 1980, año

en que el déficit fue más elevado en términos relativos. Esa expulsión no se habría producido, por otra

parte, sin tensiones detectables en los mercados financieros, y especialmente en los tipos de interés. Sin

embargo, en 1980 se registró precisamente una evolución moderada de estos tipos tras el fuerte impulso

de los dos años anteriores. Esto permite suponer, muy fundadamente, que en 1980 ese desplazamiento no

se produjo, aunque no dejaran de existir problemas financieros para el sector privado.

En conclusión: el tema del déficit público tiene tal importancia política y afecta de tal modo a la

estabilidad democrática de nuestra sociedad que conviene analizarlo con más seriedad y desagregación

que las empleadas hasta ahora por sus detractores neoliberales. Evidentemente, nuestro déficit no puede

seguir creciendo en términos relativos sin consecuencias negativas para toda la economía, pero la cuestión

más apremiante no es tanto su nivel como los objetivos que persigue. Lo más lamentable de todo este

asunto es que se discuta más el cuánto que el para qué.

Julián Garcia Vargas es licenciado en Ciencias Económicas. Pertenece al grupo de economistas del

PSOE.

 

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