Que vienen los curas     
 
 Diario 16.    24/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Que vienen los curas

No se puede pasar por "alto el discurso qué el cardenal Tarancón ha pronunciado

en la sesión inaugural de la XXVII Asamblea del Episcopado Español. Al lado de

una reiteración de las ya conocidas ideas de los obispos sobre la economía de la

Iglesia, que merecen también ser comentadas en su momento, se contienen en la

intervención del presidente de la Iglesia unas afirmaciones inéditas y hasta

sorprendentes en relación con la nueva Constitución, una parte de cuyo borrador

ha podido conocerse precisamente ayer.

A pesar de que Tarancón insiste en que la Iglesia no quiere privilegios, su

discurso es una clara negativa a someterse al derecho común pidiendo un

tratamiento específico del "hecho Iglesia" porque "la Iglesia católica en

España... no es una Iglesia más". Si los obispos consultan el diccionario o la

doctrina jurídica comprobarán que la naturaleza del privilegio radica

precisamente en la exención de las normas generales, que es, en síntesis, lo

que, reanudando su secular tradición, vuelven a pedir ahora los obispos

españoles, después de un periodo en que sus intervenciones sobre materia

política habían sido mucho más cautelosas.

El cardenal plantea el problema utilizando un viejo recurso eclesiástico, el de

"vestir al maniqueo" para refutarle después más cómodamente. A esa actitud

responde su afirmación de que la Constitución "ha de tener en cuenta la realidad

del país... no sólo en su perspectiva personalista o individual sino en los

conceptos institucionales". Por supuesto que sí. Pero ni los más furibundos

liberales se olvidan hoy día de completar los derechos del individuo con un

catálogo de libertades colectivas que se inicia con el derecho dé asociación.

Nadie va a negar a la Iglesia su proteica libertad asociativa que

tradicionalmente ejerce en tantos ámbitos incluidos aquellos más alejados de su

fundamental tarea evangelizadora. La Constitución sería sectaria si no

garantizase a la Iglesia ya los católicos esta posibilidad. Pero sería injusta

si les aplicara unas normas distintas de.las que rigen para el común de los

ciudadanos.

Sorprende que un hombre de mentalidad tan abierta como Tarancón nos venga ahora

con el argumento de que aquí fracasaron siempre los ensayos de separación

("separacionismo", dice él peyorativamente) de la Iglesia y el Estado. Esa

afirmación recuerda a otras muchas con las que, en estos últimos años, se

intentó frenar todo lo que olía a cambio democrático. Y por el mismo

razonamiento habría que descartar el proyecto de consolidación de la democracia

asumido por el pueblo español. ¿Por qué no se preguntan los obispos la parte que

correspondió a la Iglesia en aquellos fracasos históricos?

La postura expresada por Tarancón supone, de hecho, una nueva confesionalidad

más sutil que la clásica, pero no menos efectiva. Se termina con el burdo

formalismo de los eclesiásticos aderezando todas las salsas políticas, que aquí

ha sido habitual, pero a cambio se intenta una operativa influencia en todos los

ámbitos que interesan a la Iglesia. Ya no se utiliza la vetusta teoría de las

"cuestiones mixtas", pero, de hecho, se reclaman para la Iglesia las mismas

facultades que la atribuían los decrépitos postulados del llamado derecho

público cristiano. La familia, el matrimonio, la educación y vida sindical son

así ámbitos en los que la Iglesia no sólo quiere decir su palabra, que nadie va

a discutirle ese derecho, sino la última palabra.

La separación Iglesia-Estado o es o no es. Ya están muy lejos los tiempos en que

tos la separación podía esconderse una actitud persecutoria de la Iglesia porque

tal fórmula era sólo bandera del anticlericalismo militante. Pero tampoco está

la España actual en condiciones de aceptar fórmulas italianizantes, cuyo

resultado es una-presencia abusiva y anómala de la Iglesia en la vida pública.

Se "pregunta Tarancón si cabe democracia sin un reconocimiento expreso y

específico de la Iglesia. Y habría que contestarse que no sólo cabe, sino que

precisamente en los países que han sido más consecuentes con el principio de

separación Iglesia-Estado (como Estados Unidos o Suiza) es donde la democracia

ha podido consolidarse más inequívocamente.

La Constitución no tiene por qué ocuparse de la Iglesia. Basta con que se

garantice ampliamente, como se hace en el borrador, la libertad religiosa y de

cultos. Otra cosa sería engañar a los ciudadanos metiendo por la puerta falsa

una confesionalidad que se declara inexistente.

 

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