La causa 2/81: menos luz que taquígrafos     
 
 ABC.    31/12/1982.  Página: X-XI. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

RESUMEN FIN DE AÑO

VIERNES 31-12-82

La causa 2/81: menos luz que taquígrafos

Dos importantes «reválidas», dos difíciles «rubicones» políticos ha atravesado la democracia

parlamentaria de España en un solo año. Inéditos los dos, y los dos todavía abiertos: el proceso militar a

los golpistas del 23-F y la aplastante victoria socialista que llevó al Poder al PSOE, ausente del Gobierno

desde hace casi medio siglo. Uno y otro episodio -distintas magnitudes y signos distintos- han

solidificado en madurez al vigente sistema político.

Y ésta es la cronología, estos los datos del juicio más largo, abultado, tortuoso y tenso de nuestro siglo

XX:

El proceso por los sucesos que culminaron con el asalto al Congreso de los Diputados por fuerzas de la

Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero Molina, causa 2/81, se prolongó a lo largo de más de

quince meses. La instrucción del sumario se inició, a instancias del Gobierno, al día siguiente de los

hechos, el 24 de febrero de 1981. Primer juez instructor fue el coronel Diez Aguilar, Posteriormente, el

general García Escudero, consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), instruyó

sobre lo acaecido en toda España, excepto en la I Región Militar. La instrucción sumarial concluyó el 9

de julio de ese mismo año. El juez elevó las diligencias practicadas al CSJM más de seis mil folios, con

sus vueltos correspondientes: un total de trece mil folios mecanografiados. El 11 de agosto se entregaba el

texto del sumario a los abogados defensores, quienes hasta el 28 de septiembre tuvieron plazo para

elaborar sus conclusiones. Todos ellos solicitaron la absolución de sus defendidos.

Se inició a continuación la fase de plenario en la que se practicaron nuevas diligencias, declaraciones de

testigos y careos entre procesados. Esta fase concluyó el 27 de enero de 1982.

El 3 de febrero, el fiscal, Claver Torrente, entregaba su escrito de acusación, que modificaba ligeramente

sus conclusiones provisionales, y solicitaba un total de penas, de reclusión, de trescientos dieciséis años,

seis meses y dos días, para los 33 procesados.

El 11 de febrero, el CSJM fijó la celebración de la vista oral de la causa en la Sala de Justicia, construida

al efecto en el acuertalamiento del Servicio Geográfico del Ejército (zona periférica de Madrid.

Campamento, a unos diez kilómetros de la Puerta del Sol). Las sesiones comenzaron el 19 de febrero de

1982.

El juicio, iniciado a las diez y diez de la mañana del 19 de febrero, concluyó a las doce y cuarto del

mediodía del 24 de mayo. Se desarrolló en cinco fases: lectura del apuntamiento y de los folios del

sumario solicitados por el fiscal o los defensores, interrogatorio a los procesados, por parte del fiscal y de

los defensores que quisieron hacer uso de tal derecho. Toma de declaración a 47 testigos (45 militares y

dos civiles), si bien se había autorizado Is comparecencia declarativa en sala de 69 testigos. Entre los

testigos citados a declarar figuraban tres tenientes generales, 14 generales, seis coroneles, seis

comandantes y dos capitanes. El escritor Juan Pla y el diputado socialista Enrique Múgica fueron testigos

civiles.

Presidía hasta entonces el tribunal el teniente general Luís Alvarez Rodríguez. Por causa de enfermedad,

el teniente general Alvarez Rodríguez fue relevado en la función presidencial por el también general

Federico Gómez de Salazar Concluidos los interrogatorios se procedió a la lectura de las conclusiones

definitivas del fiscal y solicitud de penas, que la Sala escuchó en pie y en silencio, el 27 de abril. El fiscal

pedía un total de penas de doscientos ochenta y siete años, seis meses y un día. A continuación, y hasta el

18 de mayo, los alegatos de las defensas. Por discrepancia con el contenido del texto de defensa, el

teniente Vecino Núñez renunció, la víspera misma, a los oficios de su letrado Nieto Funcia, que fue

sustituido por el jurídico, teniente de Aviación, Hernández Griñón.

La última fase de la vista oral fue la de exposición, voluntaria, de los propios acusados.

Tras nueve días de deliberación secreta, el 3 de junio el Consejo Supremo comunicaba la sentencia -un

total de ciento veintidós años, seis meses y tres días- a los procesados a través de sus defensores y a la

opinión publica a través de los representantes de la Prensa, que casi unánimemente censuró los ciento

sesenta y cinco años de "clemencia" de los jueces militares.

Al día siguiente, el Gobierno que presidía Calvo-Sotelo ponía en marcha el recurso de casación ante la

Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Diez defensores y el fiscal recurrían contra las

sentencias.

Hasta que la sentencia sea «firme» (resolverán siete magistrados de los que integran la Sala Segunda de lo

Penal, cuyo presidente es don Fernando Díez Patos), los procesados seguirán manteniendo sus derechos:

rango, sueldo y uso de uniforme; si bien los declarados «absueltos» por el CSJM, en uso de libertad, no

tendrán la situación de «disponibles», como en principio se decretó oficialmente, sino de «procesados», y

sin destino militar.

Como quiera que a las formulaciones de protesta por las sentencias, hechas por el presidente del Gobierno

y por diversas personalidades de la vida pública, siguió una contundente nota de la Junta de Jefes de

Estado Mayor, prohibiendo a los militares la expresión de opiniones contrarias al dictamen del CSJM, cabe

terminar este resumen de datos con una expresión muy gráfica del momento actual de la causa: en un

platillo de la balanza, la apreciación civil sobre un detito político de rebelión militar, que pretendió sesgar

la democracia española; en el otro platillo, la estimación de las Fuerzas Armadas sobre ese mismo hecho.

 

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