Autor: Fontán Pérez, Antonio. 
   Estatuto del Movimiento y realidad política     
 
 Madrid.    16/11/1968.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Estatuto del Movimiento y realidad política

Por ANTONIO FONTAN

Hubo una época, desde la que han pasado treinta años, en la que la organización de F. E. T. y de las J. O. N. S.-llamada habitualmente el Partido—era concebida como el eje de la vida política española. Operaban sobre nuestro país y sobre las nacientes estructuras del Estado nuevo el modelo totalitario y la aversión, intelectual y política, a los principios y formas liberales y democráticas.

Pero aun entonces, F. E. T. y de las J. O. N. S. no alcanzó a llenar la totalidad del "organigrama" político nacional. Porque, independientemente del Partido, se fue reorganizando progresivamente la Administración sobre cauces y esquemas que eran ya tradicionales en España: los que se habían trazado en las reformas del siglo XIX, sólidamente arraigados en los primeros decenios de la Restauración canovista.

Por otra parte, el Ejército, educado en los principios de su propia Ley fundamental, que es también de la época de Cánovas, quedaba al margen de la influencia del partido, Sin otra vocación política que la de salvaguardar los intereses supremos de la Patria frente a los eventuales enemigos interiores o exteriores que pudieran amenazarlos. La conciencia que en 1936 tenían los militares de que estaba en peligro España y que no se trataba ya, a aquellas alturas, de contiendas de ideologías, régimen o partidos, les movió a levantarse contra la situación establecida.

La historia del Estado español en los años 40 es, entre otras cosas, el proceso de la tensión entre la Administración, que se consolida al servicio del Poder, y el Partido, que pugna por penetrar con su inspiración y con su presencia todos los entresijos del Estado. En realidad, lo que ocurre es que la Administración se impone. El Partido ocupa institucionalmente sólo aquellos lugares que, como resultado de la guerra civil, quedaron libres, y algunos otros nuevos que las necesidades de los tiempos o alguna ocasión concreta habían creado: sindicatos, una parte de la Prensa, juventudes, organización estudiantil, sección femenina, etc. Incluso aquellas funciones burocráticas que en algún momento tuvo el Partido, como todas las relacionadas con la Prensa y Propaganda, se traspasaron a un órgano regular de la Administración. Si bien, al mismo tiempo, los hombres de la Falange se instalan en numerosos puestos de la Administración del Estado, dando ellos a todo el Régimen y especialmente a algunos Departamentos—Trabajo, Información, Vivienda—un marcado tinte falangista.

En otros ámbitos de la vida política, el Partido, desde su organización central, continuaba supliendo algunas de las funciones de los antiguos partidos en el Poder. Y por medio de las Jefaturas Provinciales, fundidas en sus titulares con ¡os Gobiernos civiles, seleccionaba a los miembros de las corporaciones locales y proyectaba desde éstas una poderosa influencia sobre la vida del país.

Pero, desde la creación de las Cortes Españolas, significativamente inauguradas después de la crisis del 42, se afirmaba la voluntad del Estado de constituirse a todos los niveles según esquemas más amplios que los del Partido. Los consejeros nacionales eran, desde luego, procuradores en Cortes. Pero también lo eran otras personas, principalmente altos funcionarios o antiguos altos funcionarios, libremente designados al margen del Consejo, y los alcaldes y presidentes de Diputaciones (Gobernación), los rectores (Educación), los representantes de Colegios profesionales, Sindicatos, etc.

Este proceso no ha hecho más que proseguir su propia dialéctica en los decenios sucesivos. La Ley Orgánica del Estado se comprende, lógicamente, en ese contexto, igual que la Ley de Principios de 1958 y, antes, la Ley de Sucesión. No hay que olvidar que los Estatutos de F. E. T. y de las J. O. N. S. de 1939 preveían la sucesión en la Jefatura del Partido de otra manera muy distinta.

Por eso hay que entender la Ley del Movimiento de 1967 como una solución de compromiso entre la vocación originaria de F. E. T. y de las J. O. N. S. y la realidad de la estructura de un Estado montado sobre la Administración y políticamente organizado en torno a las instituciones de la suprema Jefatura del Poder y del Consejo de Ministros, al que flanquean unas Cortes de colaboración, pero no de control decisorio.

La necesidad burocrática del Estado desplazó así, pragmáticamente, poco a poco, pero de modo inexorable, a las aspiraciones exclusivas de Poder que alentaban en el Ponido. Si bien, la Administración fue asimilando, en . unos lugares o en otros, a los mismos teóricos representantes de esa pretensión ideológica.

Los actuales debates del Consejo Nacional sobre un nuevo Estatuto del Movimiento han de ser contemplados sobre este fondo histórico y desde esta realidad política. Esto no significa que carezcan de interés o que lo que de ellos salga vaya a ser irrelevante. Pero sí significa que, en todo caso, sean cuales sean los términos en que se redacte, el Estatuto del Movimiento, si quiere ser operativo, ha de inscribirse en este proceso histórico que ha seguido desde 1942 hasta hoy y que condiciona su futuro.

 

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