Autor: R. R. S.. 
   La LOAPA, en el estanque dorado     
 
 ABC.    31/12/1982.  Página: XII. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

RESUMEN FIN DE AÑO

La LOAPA, en el «estanque dorado»

El paquete legislativo más Importante a que el Parlamento ha debido enfrentarse en el pasado año ha sido,

sin duda, el que ha configurado el mapa autonómico derivado del mandato constitucional y de los pactos

firmados en julio de 1981 por Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español.

Acuerdos que levantaron más de una ampolla en las relaciones entre los partidos en el Gobierno y en la

oposición, y ambos en comandita frente a las minorías nacionalistas en el debate de la polémica y aún

"non nata" LOAPA.

El proyecto de ley armonizador del proceso autonómico que pese a su buena intención, ha sido y es

contestado no sólo por sus opositores radicales sino desde dentro mismo de los grupos centrista y

socialista, ha sido, en el año que ahora termina, un remedio peor que la enfermedad que se proponía curar

el cierto aire de "desmadre" que la construcción de lo que se ha convenido en denominar Estado de las

autonomías había tomado cuando UCD y PSOE intentaron buscar sufragios y zonas de poder, mediante la

manipulación de los agravios comparativos en las regiones que contemplaban con recelo el acceso a la

autonomía, por la via del articulo 151 de la Constitución, de los dos entes con mayor tradición

nacionalista. País Vasco y Cataluña.

Tensos y largos debates parlamentarios se sucederían entre marzo y finales de julio, en los que la tenaz y

cerrada oposición de las minorías nacionalistas y el grupo comunista no consiguieron que los firmantes de

la ley cedieran un ápice para introducir alguno de los aspectos contenidos en los dos centenares de

enmiendas que se presentaron al proyecto. En este punto se valoró positivamente la actitud mantenida

hasta el último momento por el portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca, en su afán de variar la

LOAPA en propuestas que mejoraban notablemente su redacción inicial.

En defensa de la ley se mostraron abiertamente desde el ministro de Administración Territorial, entonces

Rafael Arias Salgado, y el propio presidente del Ejecutivo, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta el líder de la

oposición, Felipe González. Este sería el que abriera una puerta de esperanza a las minorías al ofrecer que

la LOAPA no entrara en vigor hasta que el Tribunal Constitucional emitiera dictamen sobre la

inconstitucionalidad o no del proyecto, propuesta que fue asumida rápidamente por el otro grupo

patrocinador.

Se pasaba así la "patata caliente" al alto Tribunal -una de las instituciones más prestigiadas del sistema

democrático español- que tiene que pronunciarse sobre una ley cargada de connotaciones ideológicas y

políticas, y cuya lectura critica aparece como imposible de realizar sin tener en cuenta los compromisos y

los acuerdos, no formalizados jurídicamente, que hicieron posible el nacimiento de los Estatutos de

Guernica y Sau.

La respuesta inmediata de los opositores al proyecto de ley sería la presentación de cinco recursos previos

de inconstitucionalidad, así como la adopción de diversas posturas de fuerza, que fueron desde las

manifestaciones callejeras masivas a la irracional paralización de la vida municipal en Euskadi, en

aquellos Ayuntamientos dominados por el Partido Nacionalista Vasco. La aceptación de los recursos por

el Tribunal representó la suspensión automática de la tramitación de la LOAPA. Y hasta hoy.

En las últimas fechas del año, la llegada al Poder del Partido Socialista parece haber abierto un paréntesis

más conciliador entre el Gobierno central y los autonómicos (concretamente vascos y catalanes). En las

reuniones que el nuevo titular de Administración Territorial, Tomas de la Quadra, ha mantenido con

Miguel Roca y Mario Fernández, -«cordiales y positivas» según las fuentes oficiales- se le ha

planteado al nuevo Gobierno la posibilidad de minimizar la LOAPA por la vía de las leyes que deben

desarrollarla, que se consensuarían con los nacionalistas. Se ha abierto, pues, un «impasse» que deba

romperse cuando, en febrero o marzo de 1963, el Tribunal Constitucional dictamine sobre los recursos.

Otro de los puntos de controversia, éste entre los entonces partidos en el Gobierno y en la oposición, fue

el de la valoración de las transferencias a los autonómicos. Desde la Secretaría Autonómica del PSOE,

dirigida por Maria Izquierdo, se acusó al Ejecutivo de Calvo-Sotelo de sobrevalorar los servicios

transferidos a Cataluña, en detrimento de otras comunidades, buscando en Convergencia i Unió los

apoyos necesarios para apuntalar la débil posición parlamentaría de UCD. Las acusaciones de unos y

otros llevó a ambos partidos a sentarse de nuevo ante la mesa de negociaciones para hacer balance de los

pactos suscritos un año antes. A pocas conclusiones, o aclaraciones, se pudieron llegar entonces, pues ya

estaba cantado el pobre papel que los centristas podían jugar en un futuro próximo, como interlocutores

válidos del Estado autonómico. R. R. S.

 

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