Autor: González Ruiz, José María. 
   ¿Impuesto eclesiástico o ventisiete mil púlpitos incontrolados?     
 
 El País.    21/11/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

¿Impuesto eclesiástico o veintisiete mil púlpitos incontrolados?

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RUIZ Teólogo

Aunque parezca mentira, pero así lo oyeron estos oídos, que se ha de comer la

tierra, cuando desde Casablanca escuchaba las noticias de Radio Nacional que a

través de Sevilla se dejan oír perfectamente por aquellas tierras marroquíes. Se

trataba del problema espinoso de la financiación de la Iglesia española.

En una entrevista al director general de Asuntos Religiosos, señor Zulueta,

éste, acérrimo defensor del «modelo alemán» (impuesto para las iglesias o

asistencia pública recaudado por el Estado), llegó a afirmar que durante las

conversaciones entre el Gobierno y el Vaticano, algún miembro de la diplomacia

de este último le dijo literalmente: «Piensen ustedes que en España hay 27.000

pulpitos. ¿Qué sería de ellos ni no estuvieran, de alguna manera, controlados

por el compromiso económico?»-Y a fe que el «vaticano», llevaba razón. No podría

decir quién fue el autor concreto de la frase; pero si puedo afirmar que el

elemento demócrata-cristiano, asentado en el interior de la Santa Sede y que

regía el después cardenal Benelli, pensaba más o menos de esta manera; de modo

que la verosimilitud de la frase es máxima.,´"

No creo que hoy, con el papa Wojtyla a la cabeza, las cosas van a ser tan

fáciles para el sector de la política española que bebe los vientos por

apoderarse del marchamo demócrata-cristiano, Juan Pablo II se ha rebelado, desde

el primer día, contra el poder temporal de la Iglesia, aunque él bien sabe que

no podrá desmontar un tinglada de siglos con la varita mágica, ni siquiera «made

in Polonia»; pero espera pacientemente ir llevando las cosas por otros cauces

completamente diversos.

Pero vamos a nuestro caso concreto. Vuelvo a insistir en la peligrosidad del

«modelo alemán» o sea, se crearía un impuesto para todos los ciudadanos, cuyo

importe sería destinado a las respectivas iglesias, de las que cada uno se

manifestase miembro; y, caso de no pertenecer a ninguna, a obras asistenciales

del Estado. ¿Por qué los católicos no debemos estar de acuerdo con este modelo?

1. En primer lugar, porque la Iglesia misma no nos ha consultado: no se trata de

una cuestión de fe o de costumbres (en las que también una consulta al pueblo

fiel no vendría nada mal), sino de algo muy «temporal», que afecta a los

bolsillos de los propios ciudadanos. ¿Por qué un vértice oligárquico se arroga

la repre-sentatividad de la economía de este amplio sector del -país? Por más

que leo el Evangelio, las Epístolas de San Pablo, los Santos Padres y hasta el

mismísimo

.Concilio de Trento, no encuentro ningún apoyo´a esta actitud del vértice

eclesial. Más bien, me salen a borbotones buenas razones evangélicas y

teológicas para lo contrario.

2. En el caso de que se produjera esta injerencia del vértice eclesjal (que en

este caso no tiene nada que ver con la sucesión apostólica), entonces los

católicos nos veríamos obligados, en nombre del Evangelio y de nuestra fidelidad

a la misma Iglesia católica, a ser objetores de conciencia, o sea: a no pagar

este impuesto. Y para que no se diga, habrá que mandar simultáneamente el

importe aproximado del impuesto a la autoridad eclesiástica respectiva, por

ejemplo, al obispo, por medio, digamos, de un giro postal con resguardo, para

con ello demostrar que no se trata de evadir nuestras responsabilidades en la

financiación de nuestra Iglesia. Lógicamente habría que estar dispuestos a las

consecuencias de esta postura: el Gobierno, que al fin y al cabo es el que

decreta el pago del impuesto, impondrá las sanciones correspondientes: multa,

cárcel, etcétera; situación esta embarazosa para un Estado que se llama

democrático, y, por otra parte, estimulante para la Iglesia, que así podrá no

caer en una tentación neoconstantiniana mucho más peligrosa que la del tiempo

del franquismo, porque aquélla era demasiado descarada y, además, tenía algunas

razones históricas: persecución anterior, matanzas de curas y obispos, quemas de

iglesias, cosas todas que hacían psicológicamente comprensible la reacción de

una Iglesia acorralada, más o menos justa o injustamente. No se olvide que en la

guerra civil los «nacionales» se prestaron a protegerla, y la propia Santa Sede

apoyaba esta situación, como fue el caso de . Pío XI en su encíclica «Divini

Redemptoris» (donde alababa la lucha de los nacionales contra el comunismo ateo)

y del propio Pío XII, que estrechó relaciones con el Gobierno vencedor.

Una Iglesia católica "reducida, al estado laical"

Aunque parezca un poco paradójico, esto es lo que debería pasar: que la Iglesia

católica en España fuera equiparada al resto de las instituciones «civiles» que

existen a lo largo y a lo ancho de nuestra piel de toro. Eso sí: ni más, pero

también ni menos. Y me explico.

En el aspecto económico se trata de hecho de un contencioso

histórico: así han pasado las cosas, y ahora nos encontramos con un personal que

ha trabajado en el interior de este tinglado, llamado «Iglesia católica», que no

puede buscar otros puestos de trabajo, que necesita pensiones, etcétera. Y no se

trata solamente de curas: hay mucho laico que trabaja en oficinas de la Iglesia,

en la custodia y conservación del patrimonio artístico religioso, en la ayuda

material del culto, etcétera. Son´ honestos padres de familia, que se han

colocado ahí, como podrían haberlo hecho en

un banco, o en una sociedad´de seguros. ¿Qué hacer con estos españoles? El ideal

apuntado sería este: la Iglesia pediría una tregua hasta 1981; durante este

tiempo el Gobierno entrega a la Iglesia la cantidad conveniente (como han sido

los 6.000 millones de pesetas últimos), para que ella los distribuya según su

criterio. Mientras tanto, la Iglesia se va preparando para un sistema de

autofinanciacíón, que pudiera estar preparado para esa fecha.

Vamos ahora a suponer que (a Iglesia ha encontrado ya la salida´ a su ´problema

económico y que, en cuanto tal Iglesia, sólo depende de sus propios fíeles.

Desde este momento podremos hacer de ella otra consideración, o sea, como si ya

estuviera «reducida al estado laical». Se trataría de una institución, como

tantas otras, que aporta al bien común una serie de valores, como serían los

referentes al patrimonio artístico y a la asistencia social. Entonces la

Iglesia, como cualquier otra entidad (v. g.:una simple asociación de vecinos),

tendría que concordar con los organismos competentes del Estado las ayudas que

necesita para esto. ´

Con respecto al patrimonio

artístico, hemos de reconocer sin duda que la Iglesia ha cometido descuidos

imperdonables; pero, al mismo tiempo, es quizá la institución española que menos

ha pecado a este respecto; y ello explica que, a pesar de todo, nuestro

patrimonio artístico español sea, en su gran mayoría, de inspiración religiosa y

esté custodiado en nuestras iglesias. Para un futuro próximo cabría considerar

que una entrega total de este patrimonio a Bellas Artes, por ejemplo, implicaría

un desembolso muy superior al que . ahora se emplea para su conservación. Quiero

decir que la Iglesia, con mucho menos dinero, tiene a punto sus tesoros

artísticos, quizá por el cariño que su simbolismo inspira en los mismos fieles.

Por eso, un acuerdo entre la´ Iglesia y Bellas Artes a este respecto aligeraría

mucho las arcas de esta última y ayudaría a la Iglesia a mantener con irías

decoro sus propios monumentos. Pero en todo caso nbsí encontramos entre dos

instituciones completamente «laicales»; la que posee el patrimonio artístico (el

que sea una «iglesia» es secundario) y el organismo competente del Estado.

En una palabra: los católicos protestamos enérgicamente, en nombre de la

democracia civil, por una parte, y en hombre del Evangelio, por otra, dé que

este asunto de la financiación de la Iglesia española se cueza solamente entre

los «notables» del poder temporal y del vértice eclesiástico. Hace falta un

referéndum en toda regla. En caso contrario, con todo el respeto, muchos

católicos españoles mantendremos firmemente nuestra objeción de conciencia e

iniciaremos una batalla que, ciertamente, nos cuesta mucho, pero que creemos

imprescindible, tanto para consolidar la democracia como para evitar que la

Iglesia vuelva a tropezar en la misma piedra.

 

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