Carta pastoral de los obispos vascos sobre la situación política. 
 Las acciones subversivas de ETA y las medidas represivas del Gobierno son especialmente preocupantes     
 
 El País.    02/04/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 33. 

Carta pastoral de los obispos vascos sobre la situación política

"Las acciones subversivas de ETA y las medidas represivas del Gobierno son

especialmente preocupantes"

Los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria hicieron pública ayer una

pastoral conjunta sobre la situación política, cuyo telón de fondo es el fallido

golpe de Estado, el terrorismo de ETA y las secuelas de miedo e inhibición que

tales circunstancias han creado en buena parte del pueblo. El documento insta a

todos a optar por ta defensa de la democracia. Para ello, los gobernantes,

legítimamente elegidos, deben ser los resortes de la vida política, el Gobierno

autonómico vasco tiene que poner todo su peso moral para la erradicación del

terrorismo y las Fuerzas Armadas no deben hacerse eco de los sectores

inmovilistas que no han aceptado la reforma. La Iglesia, en este momento, tiene

que anteponer el bien común a sus propios intereses. La carta, contra lo que es

habitual, no ha sido firmada por el obispo de Pamplona,

La carta pastoral dice textualmente lo siguiente:

«Queridos hermanos:

Estamos atravesando uno de los momentos más delicados y trascendentales de

nuestra historia reciente.

La estabilidad democrática y la pervivencia misma de sus instituciones corren un

grave peligro.

La situación es especialmente preocupante entre nosotros. Las acciones

subversivas de ETA y las medidas represivas del Gobierno central tienen aquí su

escenario principal. Nuestro régimen autonómico, apenas iniciado, puede quedar

bruscamente interrumpido.

El ánimo colectivo percibe esta situación y sufre de un creciente quebranto. Las

ilusiones de ayer se desvanecen. El desencanto se convierte en miedo y éste

llega en muchos al umbral de la desesperación.

Esta sombría situación interpela con apremio a la conciencia cristiana. Muchos

diocesanos esperan una palabra que aporte claridad y esperanza en medio de la

confusión y desaliento del momento presente. Los obispos nos sentimos impulsados

por nuestra responsabilidad pastoral a recoger esta interpelación. No podemos

callar en las actuales circunstancias.

Juan Pablo II ha dicho recientemente: "Sin un respeto profundo y generalizado de

la libertad, la paz escapa al hombre". Desde nuestra condición de pastores

deseamos contribuir a salvar esta libertad, sin la cual es imposible la paz

verdadera. Con este propósito formulamos unos criterios para promover una

lectura cristiana de la situación y unas reflexiones para confortar la esperanza

de muchos y suscitar la respuesta activa que requieren las actuales

circunstancias.

1. Los graves riesgos del momento presente

1. ETA persiste obstinadamente en acciones militares orientadas en buena parte

a hostigar a las Fuerzas Armadas. A partir del intento de golpe de Estado del 23

de febrero, ha intensificado su actividad provocadora, como lo había anunciado.

Los últimos asesinatos son triste prueba de esta calculada estrategia.

Todo hace pensar que esta conducta pretende al menos colocar al país al borde de

una situación límite de confrontación, si es que no intenta directamente

provocar un golpe de Estado que implante la dictadura y lleve a cabo la

ocupación militar del País Vasco, generando de ese modo en la población un

malestar favorable a su proyecto poli tico revolucionario.

Algunos sectores de la población vasca comparten y apoyan en modos y niveles

diversos el proyecto y la estrategia de estos grupos subversivos. Al propio

tiempo, otro grupo de signo contrario, el Batallón Vasco Español, se les opone-

frontatmente con muertes y acciones violentas igualmente reprobables.

2. La misión de las Fuerzas Armadas en lodo Estado de derecho consiste en

servir a las instituciones que el pueblo se ha dado.. No les corresponde

dictaminar sobre la legitimidad de su proceso democrático. Las posibles

modificaciones de las leyes básicas en que se funda la convivencia política

deben ser el resultado de un debate en el seno de las citadas instituciones.

Cuando las Fuerzas Armadas se erigen en juez de dicho proceso y se sienten

tentadas a intervenir, constituyen un serio peligro más que una auténtica

defensa del pueblo.

A la luz de estos principios, ha de reprobarse cualquier intervención militar

que intente suplantar un orden legal aprobado por el pueblo, implantando otro

por la fuerza. Esta condena se toma aún más severa e imperiosa si el nuevo orden

instaurado consiste en una dictadura más o menos encubierta. La vida política ha

de conservar siempre su independencia respecto de las Fuerzas Armadas y no debe

estar sometida a la presión de ellas.

3. La seguridad individual y cívica es un valor necesario para el desarrollo de

la libertad. Pero la seguridad a cualquier precio rebaja al ser humano. Los

abusos contra la libertad no se subsanan renunciando a ella, sino mediante un

esfuerzo colectivo difícil, pero posible, dentro del orden legal justo.

Tampoco la pasividad ante los problemas cívicos es una actitud responsable. El

futuro de los hombres y de los pueblos se labra paciente, activa y

solidariamente. Cuando ese futuro está en peligro, la postura verdaderamente

humana consiste en defenderlo y promoverlo con espíritu magnánimo. Esta

promoción activa por ta libertad nos es urgida a los creyentes desde la entraña

misma de nuestra fe. El miedo a la libertad.verdadera tentación de nuestro

tiempo, no es coherente con el proyecto cristiano de hombre nuevo que participa

de la libertad del Resucitado, y está llamado a hacer efectiva en todos los

niveles de la vida humana. Inhibirse de. las responsabilidades cívicas no es

actitud digna de un discípulo de Jesús, que ha recibido de su Señor la tarea de

ser fermento activo de la historia.

El momento presente reclama de creyentes y no creyentes unas posiciones netas y

generosas. Es preciso que unosy otros sepamos estar a la altura de nuestra

condición humana y nuestra fe cristiana.

II. Consolidarla libertad, tarea de todos

Nuestra frágil democracia necesita para asentarse establemente el concurso de

toda la sociedad. Todos somos, en un grado u otro, responsables de la delicada

situación presente. Ella nos urge a individuos y grupos a un examen

retrospectivo de nuestros criterios, actitudes, acciones y omisiones. Apremia a

decidirse netamente a favor de la libertad del pueblo para decidir un proceso

democrático y autonómico y en contra de toda intervención violenta que ponga en

peligro dicha libertad.

No basta que retiremos a cualesquiera fuerzas de desestabilización nuestro apoyo

y simpatía. Es preciso un rechazo positivo y práctico de sus acciones.

La comunidad cristiana y sus pastores no podemos quedar al margen de este

esfuerzo colectivo. Muy al contrario, hemos de insertarnos decididamente en él.

La Iglesia ha de mostrarse, especialmente en estas circunstancias, más

preocupada por ta defensa de los derechos del hombre que por la salvaguardia de

los suyos propios. Ningún cálculo táctico, ningún temor a perder poder o

seguridad debe frenar la libertad de nuestra palabra y acción proféti-cas. Una

tarea eclesial nos parece primordial en estos momentos: la educación cristiana

de tas actitudes socio-políticas de los creyentes. Hay una ética de la actividad

y de la confrontación política que le es absolutamente necesaria a la sociedad.

Este aliento ético debe humanizar la pasión política, tantas veces ciega,

intransigente e insolidaria. En este terreno, los cristianos, si somos fieles al

Evangelio, podemos y debemos prestar a nuestro pueblo un inestimable servicio.

Algunos grupos y estamentos sociales tienen por su papel especial en la vida

pública una responsabilidad peculiar de cara a nuestro próximo futuro:

1. Los gobernantes Estado tienen el derecho y el deber de adoptar ante la

violencia armada las medidas que sean necesarias para defender a la sociedad. A

la hora de dictarlas y de aplicarlas han de mantenerse, con exquisito cuidado,

dentro de los limites exigidos por los derechos fundamentales de las personas,

de los grupos sociales y de los pueblos.

. Las medidas excepcionales temporales que, en razón del bien común, pudieran

justificarse deberán, en todo caso, ser fruto de una libre decisión del poder

político. En su aplicación, habrán de respetarse los derechos inalienables de

las personas y deberá restablecerse cuanto antes la normalidad, (cfr. Gaudium el

Spes, número 75).

Asimismo, cualquier discriminación en el ejercicio del poder judicial que haga a

éste severo para con unos y débil para con otros degrada el noble oficio de la

justicia y provoca la rebeldía de los menos favorecidos.

Sólo los representantes legítimamente designados están llamados a ejercer las

funciones de gobierno. Toda presión coactiva de otras tuerzas o poderes Tácticos

en el ejercicio de estas funciones, constituye un atropello a la libertad

democrática. El pueblo, que ha elegido a su» gobernantes, tiene derecho a

exigirles que eviten al máximo cualquier injerencia de otros estamentos en el

cumplimiento de su mandato.

2. Nuestro pueblo tiene igualmente derecho a esperar del Gobierno autonómico

actuaciones firmes y netas ante toda amenaza a su libertad y a su voluntad

autonómica.

La carencia de las atribuciones legales necesarias no lo eximen del deber de

poner en juego, al servicio de la erradicación del terrorismo, todo el peso

moral que posee ante amplios sectores de la población vasca. Los ciudadanos

vascos esperan que, con una entereza semejante, sepa oponerte a todo intento

militar de interrumpir o recortar el proceso democrático.,Y, puesto que es

responsable de garantizar la aspiración autonómica de nuestro pueblo, es justo

esperar que, en su diálogo con el poder central, sepa defenderla ante toda

presión que intente desvirtuarla.

3. Sectores inmovilistas de la sociedad española no han aceptado la reforma del

régimen político ni se han resignado a perder definitivamente su hegemonía. La

democracia recién instaurada es, en su opinión, la raíz de los problemas mayores

del momento presente.

Este grupo social encuentra un eco favorable en importantes sectores de las

Fuerzas Armadas, que, hostigados por la acción de ETA y penetrados en una

peculiar concepción de la unidad de España, no son insensibles a las voces que

les invitan reiteradamente a una intervención militar que controle el proceso

político español.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero último, y su notable influencía

en la marcha ulterior de la vida) política española, son prueba evidentq de la

realidad y gravedad de esta tentacion.

4. Aumenta el número de ciudadanos que, decepcionados o asustados por los abusos

que se cometen bajo la cobertura de la democracia, se encuentran cada vez más

dispuestos a renunciar a la libertad, en aras de la seguridad. Identificando la

paz con el mero orden público, añoran un sistema de gobierno fuertemente

autoritario.

Son tal vez más numerosos los que asisten con una pasividad cómoda, indiferente

o afligida al curso de unos acontecimientos que comprometen e! futuro de todos.

III. Criterios para una valoración cristiana de la situación

1. Hemos de condenar una vez más, con voz neta y dolorida, las amenazas, los

secuestros, el "impuesto revolucionario", los asaltos a bienes ajenos e

instalaciones públicas perpetrados por los grupos armados.

Sobre todo, no nos cansaremos de alzar insistentemente nuestra voz en contra de

las muertes causadas en nombre de una supuesta justicia o estrategia

revolucionaria. Estas muertes envilecen a sus autores, avergüenzan o exasperan a

los ciudadanos, deterioran el sentido ético del respeto a la vida y manchan la

imagen de nuestro puebla.

2. Las innegables deficiencias del actual modelo sociopolitico, la dureza de

algunas leyes, que no garantizan suficientemente los derechos fundamentales de

la persona, tos abusos cometidos por Fuerzas del Orden Público, no justifican

estas muertes ni invalidan la legitimidad de un proceso democrático respaldado

por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo en sucesivas consultas

electorales. Por ello, los grupos armados, que dicen actuaren nombre del pueblo

vasco, no pueden aducir en favor de sus acciones mandato ni consentimiento

popular.

Quienes de este modo ignoran la voluntad del pueblo y ponen en peligro su

supervivencia misma se comportan como enemigos de ese pueblo al que dicen querer

y defender.

3. Los partidos y agrupaciones políticas tienen la responsabilidad de anteponer

el bien común del pueblo y del Estado a los intereses de partido, por legítimos

que éstos sean. Este principio ético, siempre válido, cobra especial actualidad

en la situación presente, y se concreta en la renuncia a aquella estrategia y

comportamientos que ponen hoy en peligro la libertad democrática y el proceso

autonómico (cfr. Gadium et Spes, número 75).

Salvar la libertad para salvar la paz requiere de todos nosotros un inmenso

esfuerzo de reconstrucción. Tal esfuerzo exige un caudal de esperanza y de

fortaleza que nos haga transformar el desencanto y el miedo en compromiso

realista. Cuando el ánimo colectivo de un pueblo decae, paralelamente se

debilitan su capacidad de trabajo y de sacrificio. Nuestro pueblo no puede

permitirse et lujo de sucumbir al desaliento que amordace las energías que

necesita para rehacerse. Las dificultades son para vencerlas, no para quedar

atrapados en ellas.

Nada puede ayudarnos a los creyentes tanto como nuestra fe cristiana a la hora

de generar esta esperanza, a la vez paciente y activa, que nace de la

resurrección de Jesús. Si sabemos extraer de nuestra fe el suplemento de aliento

que necesita nuestro pueblo, y logramos hacerlo presente y operante en el

corazón de las personas, de los grupos y de las instituciones de la sociedad,

habremos hecho verdad las palabras del Concilio Vaticano II «El gozo y las

esperanzas, las tristezas y angustias del hombre de nuestro tiempo.... son

también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo».

(Gaudium el Spes, número 1).

 

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