Autor: Dávila de Arizcun, José Luis (DÁVILA) (PEPE LUIS). 
 El grupo popular prepara su ofensiva contra la ley de Educación. 
 Otero Novas: La LODE es igual a la invasión de Polonia     
 
 Diario 16.    01/10/1983.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL grupo parlamentario popular prepara cuidadosamente su estrategia para

enfrentarse a la futura ley de Educación, la LODE, que los socialistas van a

defender y que supone una «corrección total y radical del Estatuto de Centros»,

según el ex ministro de UCD Otero Novas. Posiblemente, Herrero de Miñón

presentará, en nombre de su grupo, un recurso de inconstitucionalidad.

El grupo popular prepara su ofensiva contra la ley de Educación

Otero Novas: «La LODE es igual a la invasión de Polonia»

Carlos DAVILA, corresponsal político

Según José Manuel Otero Novas, ex ministro de Educación de UCD y ahora en el PDP

de Osear Alzaga, «la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Enseñanza) es la

invasión de Polonia». La definición, gráfica .y exagerada, refleja con bastante

exactitud cuál es la posición del grupo popular en el Parlamento ante la ley que

va a presentar el ministro Maravall, y que es una corrección total y radical del

Estatuto de Centros, debido, precisamente, al ministro Otero, un Estatuto —

dígase en honor a la verdad— que se quedó a medio camino solamente, porque las

fuerzas que en UCD trabajaban para el socialismo (y no solamente Fernández

Ordóñez) se encargaron de no producir un texto de financiación que incluyera,

entre otras cosas urgentes y precisas, el bono o cheque escolar.

La LODE será, pues, y en definitiva, el segundo acto de la guerra de sociedad,

que tiene enfrentados al Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, y a la

coalición popular, cuyos expertos en educación proceden, curiosamente, de la

diáspora centrista. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, aunque mantiene posturas

más templadas que Otero, ya anunció ayer que su grupo «prefiere el pacto a la

guerra, siempre y cuando se trate de un pacto y no de una rendición». Lo que

sucede es que, a mi juicio, van a proclamarse las hostilidades, porque el

Partido Socialista no tiene la menor intención de avenirse a concertar con los

populares una ley que es réplica antagónica del Estatuto de Centros. Maravall

dirá algún día en el Parlamento: «Si ustedes nos colaron el

Estatuto de Centros, ¿por qué no vamos a colaros nosotros la LODE?»

Habrá recurso

Pero la LODE huele a inconstitucionalidad, lo que sucede es que Miguel Herrero

no quiere anunciar el correspondiente recurso previo ante el tribunal hasta que

el texto abandone el Senado. Se trata, sólo, de guardar las formas, porque la

decisión, aunque se disimule, es ésta: que la LODE dé trabajo a García Pelayo y

a sus magistrados, lo que significa que el PSOE no podrá ponerla en

funcionamiento hasta tanto exista dictamen del Tribunal Constitucional

Todas las críticas del grupo popular sobre la ley inciden en la vulneración que

ésta hace de dos tipos de libertades: la libertad de los padres para elegir el

centro que les venga en gana y la libertad de oferta educativa. El PSOE, que en

teoría repeta y alienta el doble principio, se encarga —y es mi opinión— de

transgredirlo, acudiendo a una pequeña estrategia: la forma de financiación y el

establecimiento de consejo escolar. Este parece, en realidad, a pesar de su

composición societaria pluralista, un pequeño «soviet»

que cuenta con atribuciones tan básicas como nombrar al director del colegio,

designar los profesores y controlar el ideario. Lo único que no hará el consejo

es responsabilizarse de las deudas. Por si cupiera el ejemplo, yo aportaría

esto: es como si el Estado, y en su representación el portavoz del Gobierno, que

ayuda a los periódicos con subvenciones económicas más o menos importantes,

tuviera capacidad en función de tal apoyo, de nombrar al director de este

periódico o de decidir si estas crónicas le convienen o no. [Apañados

estaríamos!

Al margen de esta disquisición mimética, vale la pena señalar que el modelo del

grupo popular enfrenta a la autogestión socialista un sistema menos

comprometido: la participación comunitaria. La autogestión se entiende otra vez,

al estudiar las funciones del consejo escolar que tiene ambi-ciones de

representación pluripartidaria, pero que supone el desposeer al titular o

propietario de un centro privado de cualquier capacidad gestionaría o direc-

cional de centro por el qué arriesga su prestigio y su dinero.

El Estado, que subvenciona a los centros privados

que quieran acogerse a una ayuda —que en todos los casos será idéntica—, no

garantizará, sin embargo, que cualquier escuela o colegio ofrezca plaza a un

alumno, sencillamente porque el criterio de la proximidad geográfica —máximo

argumento que se le ha ocurrido al Ministerio de Educación— no basta para que

los centros puedan acoger a todos los aspirantes qué se piensen, investidos de

la posibilidad de formarse en la escuela más cercana.

Eterno problema

En el fondo de todo este debate late la eterna y no resuelta polémica sobre la

escuela privada y la pública. No creo que ni el proyecto de la LODE que grava,

por su componente autogestio-nario, la enseñanza estatal, ni la réplica

contrapuesta del grupo popular garanticen la igualdad. Digan lo que digan los

parlamentarios conservadores, antes, en las filas de UCD, su proyecto favorece,

sobre todo, la instalación de colegios de una determinada y mayori-taria

confesión religiosa como es la católica.

Los «populares» disfrazan su pretensión de continuar favoreciendo a los

promotores religiosos, asegurando que su proyecto o su alternativa se fundamenta

en el principio de protección a la familia, única depositaría del derecho

inalienable a elegir la forma de educación.

 

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