Textos del discurso de S.E. El Jefe del Estado y de la Ley Orgánica. 
 El presidente del Gobierno tendrá un mandato de 5 años     
 
 El Alcázar.    22/11/1966.  Página: 13-20. Páginas: 8. Párrafos: 160. 

Textos del discurso de S. E. el Jefe del Estado y de la Ley Orgánica

El Presidente del Gobierno

DOCUMENTO tendrá un mandato de 5 años

Los Cortes Españolas han vivido hoy otra techa histórica al aprobar por aclamación la Ley Orgánica del Estado, que será próximamente refrendada por el pueblo español.

Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado por el presidente de las Cortes, don Antonio Iturmendi, fue objeto de grandes ovaciones en todo el trayecto desde el palacio de Oriente hasta el palacio de las Cortes en la carrera de San Jerónimo. Iba precedido por la guardia y los vítores incesantes. Al descender del coche le rindió honores una compañía del batallón del Ministerio del Ejército que, con bandera y banda de música, interpretó el himno nacional. En este momento un inmenso gentío agrupado en aceras y balcones porrumpió en estentóreos vivas a Franco. Le cumplimentó el capitán general de la Primera Región, teniente general Rodríguez Vita.

El Caudillo de España vestía de capitán general y ostentaba en el pecho la Cruz Laureada de San Fernando. Entre grandes aplausos subió las escaleras del Parlamento, donde, bajo un dosel, le esperaban los miembros del Gobierno.

Seguidamente penetró en la Cámara y los procuradores, puestos en pie, le tributaron una clamorosa ovación que duró varios minutos Aparentaba brillante aspecto

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Señores procuradores:

Como en ocasiones anteriores, os he convocado hoy, como legítima representación de la Nación, para daros cuenta y pedir vuestro acuerdo en cuestiones fundamentales que considero trascendentales para el futuro de nuestra Patria.

XXX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO NACIONAL

En este año se cumplen los treinta de aquel en que tomé solemne posesión de los Poderes que me entregaba la Junta de Defensa Nacional, constituida en los primeros días de nuestra Guerra de Liberación, que concentró sobre mi persona la enorme responsabilidad de ganar la guerra y labrar la paz.

Esta decisión, inmediatamente respaldada por las fuerzas políticas de la Nación que integraban el Movimiento, fue solemnemente ratificada el 17 de junio de 1947, cuando por Referéndum Nacional los españoles me confirmaron los poderes que me habían sido confiados diez años antes. Referéndum que vino a subrayar, en expresión ordenada ante las urnas, la voluntad inquebrantable refrendada por el riesgo de la propia vida y la decisión que había expresado el pueblo español en momentos en que el desconocimiento y la incomprensión de los vencedores de la segunda guerra mundial pretendían ahogar nuestras aspiraciones mediante el aislamiento y el bloqueo de nuestra Patria.

Parece ocasión oportuna la del XXX aniversario para recapitular sobre lo hecho, examinar lo conseguido y meditar sobre el porvenir. Por eso deseo, ante vosotros, ante las Cortes, que son, por definición de su Ley constitutiva, el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado, recordar lo que estos treinta años de Gobierno han supuesto para España y para los españoles.

Treinta años constituye un largo período en cualquier coyuntura histórica, pero, de modo muy especial, en los tiempos que nos ha tocado vivir. En esta generación se han producido, en efecto, cambios que en otras épocas de menos dinamismo revolucionario hubieran requerido siglos. En estos años decisivos se ha alterado el equilibrio mundial, se han transformado las estructuras internacionales, el mundo ha conocido una revolución científica y técnica sin precedentes, han variado los supuestos ideológicos y culturales y la humanidad aspira a nuevas fórmulas económicas, sociales y políticas.

Si miramos a nuestra Nación, las transformaciones no han sido menores: terminada nuestra Cruzada, sufrimos los asedios y amenazas de la gran contienda universal; varias veces los peligros de la guerra llamaron a nuestras puertas con fuertes aldabonazos; pero sin que las cancelas de nuestro solar se abriesen a presiones de unos y otros. Dios quiso darnos la fuerza necesaria, la clarividencia precisa, para que tal cosa sucediera así, en beneficio de nuestro pueblo, dedicado a la honrosa tarea de reconstruir su hogar

destrozado, hasta elevarlo a una akura ea que no había estado desde tiempos casi infinitos.

Durante estos treinta años he Bflnsagrado toda mi voluntad, todo mi quehacer y todas mis energías a la causa de España. Y era tan grande la distancia que separaba el punto de partida de las metas impuestas, que sólo la fe y la ayuda de Dios me dieron fuerzas para aceptar la alta y grave responsabilidad de gobernar al pueblo español. Convencido de que quien adquiere esta responsabilidad, en ningún momento puede acogerse al relevo ni al descanso;´ antes, al contrario, ha de consumirse en la conclusión de la empresa comentada, en la mejora del sistema elegido y en la termiffiÉáóo de la tarea para la que fue llamado por quienes Se levantaron para salvar paz aquello por lo que lucharon en la guerra.

Para la generación de españoles que han llegado a la madurez junto a nosotros, poco habría que decirles que no sepan y que no hayan vivido; en cambio, para la joven generación, el recuerdo veraz, la panorámica retrospectiva de una historia recentísima de treinta años atrás, serán la lección y el ejemplo que les legarán sus mayores. Y no sólo para que lo imiten en la historia por venir, en las encrucijadas que acechan en el tiempo, sino para que lo superen. Esta es nuestra confianza en una juventud que ha nacido y crecido en la paz española. Sin duda habrán de ser mejores que nosotros, como nosotros tratamos de serlo respecto a nuestros mayores. Si queremos que España deje cada vez más atrás las causas del caos político y "La diversidad de pensamiento en la política, tan inevitable como conveniente, necesita aceptar y respetar un denominador común, un campo único y unas reglas de juego" a la Patria, y que viene siendo ratificado ante el mundo, por la voz y la adhesión de nuestro pueblo durante treinta ^años.

Nuestra economía ha crecido de modo acelerado en esta etapa. El nivel de vida ha subido, la educación ha alcanzado niveles insospechados, los españoles han visto elevarse sus oportunidades personales, familiares y nacionales. Muchos de nuestros compatriotas han pasado del campo a la ciudad. Estas se han multiplicado, los transjg«|jM,^^gcomunicaciones h ar Teoido vertiginosamente, de mutua inteligencia, de convivencia ordenada, de fec´uTttta unidad nacional, de verdadera y profunda libertad.

LA ESPAÑA DE ANTES Y LA DE AHORA

Estos sí que constituyen verdaderos poderes, otorgados por el esfuerzo colectivo, que se prestigió de fe, aquel día 18 de julio, sobre el que hay que asentar definitivamente el punto de arranque de la moderna y fecunda historia de España: los poderes de la paz verdadera. Ella ha sido la nieta generosa del bienestar colectivo, de la vuelta al mar, de la industrialización del país, de la transformación del campo, de la atención del Estado a los problemas del hombre y del trabajador, de la ordenación sindical, de la canalización de los esfuerzos individuales, de los estímulos a los artistas, a los poetas, a los pensadores; de la regulación de una vida política sana y eficaz, actuando de filtro depurador del veneno o los narcóticos que obnubilaron un día a los viejos políticos y a sus frustrados intentos, para hacer de este país algo que tenía muy poco que ver con este viejo y señero león ibérico, cargado de historia y de virtudes que no se podían olvidar. La paz ha sido la plataforma que ha hecho posible la recuperación de uno de los más preciados valores de los hombres, la familia y la colectividad española con su sentido abierto, honrado y admirable de la hospitalidad. Pensad en aquellos pobrecillos y desconcertados españoles de los años treinta, y meditad si hubiesen tenido que enfrentarse con la visita -de diecisiete millones de extranjeros, que son hoy otros tantos agentes voluntarios que propagan por el mundo la noticia de nuestra paz. El proclamar hoy una noticia de paz verdadera es acontecimiento poco común, una especie rara que parece haberse extinguido entre los hombres, empeñados en luchas, que han frustrado dramáticamente la paz de muchos pueblos.

Desearía dar con el tono preciso, para presentaros una valoración justa de las nietas conseguidas, que nos sirviese de plataforma para encarar de forma acertada nuestra problemática de futuro. Tened presente la Patria que he recibido, y que de aquella España anárquica y empobrecida ha surgido un orden social y político, mediante el cual hemos logrado transformar nuestras estruc. turas, alcanzando un ritmo de perfeccionamiento y progreso nunca igualados. Los que se empecinan en no comprendernos, pretenden argumentar que nuestro desarrollo es lógico en la dinámica de la actual civilización tecnológica. Esto pueden decirlo quienes no han conocido la España anterior y no se han encontrado tras una cruenta guerra interior, con una nación sin economía, con las arcas vacías, falta de recursos y privada de toda ayuda exterior. Los que hemos vivido en la España vieja y trabajado desde entonces per levantarla de sus ruinas, en medio de un mundo en guerra, abandonados de quienes podían ayudarnos, sabemos que el resurgir de España, nuestro bienestar y desarrollo, es algo conseguido exclusivamente con la fe y el esfuerzo de todos los españoles, firmes en su inquebrantable decisión de conseguir en la económico del desamparo social y cultural, del desastre moral en que se había metido, del envilecimiento y la pobreza a que una larga etapa de decadencia la había llevado, hemos de continuar con fe la obra emprendida entregándonos de generación en generación la antorcha encendida del resurgimiento.

¿Cómo era España antes de nuestra Cruzada? Una pobre nación, una vieja nación venida a menos, ¡a tanto menos! Un noble país, al que siglos de decadencia y de servidumbre, siempre a remolque de intereses ajenos, había sumido en la más amarga decepción. El pueblo español tan ricu eif virtudes, había llegado a perder la fe en sí mismo y se¡había refugiado- safyM&msnte jen., la resignación de los que nada esperan, sin qué lograran sacarle de ella voces ni actitudes gallardas, surgidas esporádicamente aquí o allá. La España de 1936, regida por una República en la qne nadie creía, sino como puente de transición hacia el caos o hacia la dictadura comunista, era una España en trance de agonía.

El desconcierto había llegado a ser un común denominador en nues´tra vida cotidiana. Los españoles no podían convivir, desconfiaban unos de otros. La economía saltaba rota en pedazos, sometida a la presión de huelgas más o menos razonables, pero convertidas en arietes que destruían la poca industria que entonces poseíamos, y que afectaban gravemente a los intereses elementales de la comunidad. La calle, bronca, hostigada por luchas fratricidas, era escenario para el envilecimiento de quienes no tenían otra forma de rebeldía que la de las pistolas, prestos a buscar una justicia social soportada en el crimen y en la degradación moral de la autoridad. Bien sabéis muchos cómo el crimen se enseñoreó de la vida española, ejecutado desde los más altos estamentos del poder público, hasta convertirse en suceso común y corriente de los más bajos sectores sociales, adueñados por la incultura y estimulados por el odio en una alucinante carrera de descomposición de los valores humanos y espirituales.

Esto podría arrastrar a algunos a creer que aquellas generaciones que nos precedieron pudieran ser peores que las actuales. Sin duda sus hombres serían similares a los nuestros. En ellas destacaron sabios, pensadores y valores en los distintos órdenes; se producirían técnicos, empresarios, trabajadores honrados y políticos honestos como los nuestros. Lo malo fue todo el sistema, la máquina política que los enfrentaba y destruía.

ESPAÑA, SALVADA POR LA FE Y LA ACCIÓN DE LOS ESPAÑOLES

En aquel trance español había que decir ibasta!, con todas las fuerzas del corazón, si queríamos evitar una desintegración total de nuestro pueblo. ¿Sabéis cuál fue el arma decisiva para que ese grito, no menos bronco que el que salía de la calle cada día, teñido aquél de odio y azuzando al hombre para perseguir al hombre, para que ese ¡basta! constituyese el punto de partida de una España nueva? La Fe. La fe en los valores esenciales de nuestra gente, la fe en nuestros hombres, la fe en la juventud que iba a tener acceso al Gobierno de su pueblo porque creía en él. La fe en torno a los valores cívicos, culturales y sociales de una comunidad, entonces aparentemente anulada para toda empresa grande. La fe salvó una vez más a España, no del caos, sino de su propio ser, porque con fe se salvaron su esencia, su historia, su honor, su cultura, su libertad, su unidad en el futuro, y la grandeza a que tiene derecho un pueblo que significa algo en el concierto mundial. Aquella fe irrenunciable que nos otorgó la victoria sobre las fuerzas que pretendían arruinar la España

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22 NOVIEMBRE 1966

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SE REAFIRMAN LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO

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verdadera, nos trajo esta paz irreversible, que ha permitido la realidad de una España unida, diferente, diferente, sobre todo, de aquella que tuvimos que rescatar del caos.

Es necesario que las nuevas generaciones estudien con objetividad hasta qué punto se ha transformado nuestro país en su ser físico y también en su ser moral durante estos treinta años. Estudiar este largo período con un sentido puramente crítico negativo- es contrario a la honestidad y al ansia de verdad que son características de la juventud. No queremos panegiristas de nuestra obra, sino hombres que la aprecien y la calibren en lo que vale, y estoy seguro de que aquellos que la estudien con esa alteza de miras, sin dejar que su juicio sea deformado por la pasión o el odio preconcebidos, encontrarán en ella, junto a los defectos de toda obra humana, y más cuando gran parte de la misma se ha realizado en circunstancias más que difíciles, desesperadas, grandes aciertos que han sacado a España de un sueño secular, de un apartamiento de las corrientes vitales de la civilización occidental, para colocarla, por primera vez en largos años, en orden de marcha hacia un futuro mejor.

No es necesario que se me recuerde lo mucho que queda por hacer. Nadie mejor que yo lo sabe, y en lo referente a los que así arguyen, sostengo que eso poco hecho en estos treinta años es enorme si se compara con lo realizado en España desde la muerte de los Reyes Católicos hasta nuestros días. Noche tras noche me correspondió velar junto al lecho de aquel enfermo que se moría, que se lleVaban la guerra, la ruina y el hambre, al que rondaban como aves de presa los grandes de este mundo, a los que su propia guerra primero y luego la embriaguez lógica de los triunfadores hacían perder los últimos escrúpulos y recurrir a las últimas coacciones.

Pecaría de injusto y de ingrato si aquí, al recordar lo que ha sido España en los últimos treinta años, no reconociese públicamente los portentosos casos que, no solamente en nuestra guerra, sino después de ella, Dios nos manifestó su protección, ayudándonos a superar felizmente todas las dificultades.

Durante estos treinta años han colaborado en la realización de esta tarea generaciones distintas, generaciones ilusionadas, que han entregado a España todo lo que podían darle. Generaciones que arribaron a la vida de la nación terminada nuestra contienda, y que con la enseñanza de M* mayores y el duro aprendizaje deilps primeros años -,tf tm •Mfo-tiliMafoiftr´Ofr *w WHftw* tfg Ser" qtle fia canibia^•HMKBmente^el rumbo de la vida de España en sus Mk&oMeg y sus afanes. A ellas también mi gratitud.

LOS PUNTOS DE LA PAZ DE ESPAÑA

Renuncio a acudir a la fría elocuencia de los números para ilustrar esta disertación, pues en esta ocasión es para nuestros fines más elocuente lo que falta por hacer, que el alabar lo que hemos realizado. Sólo haré una ligera referencia, por ser básico para nuestro desarrollo, al esfuerzo llevado a cabo en la expansión de nuestra cultura: España poseía antes del Movimiento 42.766 escuelas; hoy alcanza las 110.000. Los maestros han pasado de 46.805 a los 130.000; ios niños matriculados, de 2,5 millones a los cuatro millones. De un porcentaje de asistencia de menos del 60, a un 85 por 100.

En los centros de enseñanza media la diferencia* es aún mucho más espectacular. De 111 institutos se ha pasado a cerca de 1.700 centros, con una enseñanza media mucho más variada y adecuada a las múltiples necesidades de lina sociedad en desarrollo. El .profesorado que atendía aquellos centros era 2.739, hoy pasa de 26.000. Los alumnos de enseñanza media, que eran 130.000, de ellos 50.000 oficiales, 11.600 libres y 68.400 colegiados, pasan a 800.000, de los cuales son oficiales 140.000, libres 300.000 y colegiados 360.000.

Las escuelas del Magisterio han pasado de 54 a 152, y el número de alumnos de 21.000 a más de 50.000.

Los alumnos de las Universidades se han multiplicado por tres. Todas las becas españolas de hace treinta años son menos de lo que hoy concede el Patronato de Igualdad de Oportunidades en la menor de las provincias españolas, habiendo el Estado cedido para estas atenciones la totalidad de la contribución general sobre la renta.

En ingenieros de caminos, España producía en 1935 24 ingenieros por año frente a 120 en 1965. De ingenieros agrónomos, se pasa de 42 a 262, respectivamente. Para montes, de 9 a 58. Para minas, de 11 a

82. Para industriales, de 38 a 657. Para arquitectos, de 71 a 191.

ESPAÑA, PREPARADA PARA ACOMETER NUEVAS EMPRESAS

Si os cito estas cifras, no es porque nos consideremos satisfechos en este empeño de la expansión de la cultura, sino para recordar que, pese a lo costoso de la empresa y a lo mucho conseguido, es mucho más lo que nos queda por alcanzar. Es cierto que no todo es perfecto, pero ¿ha sido perfecto nunca en ningún sitio? Lo que hemos hecho se inició con materiales de fortuna, carentes de todo, desde los elementos físicos indispensables a la preparación de nuestra clase dirigente, pero pese a esas condiciones especialmnte desfavorables, la fisonomía de la sociedad española ha sufrido un cambio radical y una transformación profundamente favorable, que harán la labor de los que nos sigan infinitamente más fácil de lo que fue la nuestra. Hemos creado una España en condiciones de despegar hacia vuelos más altos. En el orden material, con la plataforma que hemos alcanzado y con las técnicas modernas, no será difícil llevar adelante un mejoramiento aún más notable que el conseguido en estos treinta años. Pero no olvidéis que todo lo que es material es superficial, y que si no sabemos mantener nuestra unidad, nuestra fe y nuestra solidaridad que hagan posible nuestro empeño, ese curso anterior se vería neutralizado y caería en la definitiva inanidad, en la ineficacia y en el desorden.

Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares, que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman: espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua. Cualquier sistema político que lleve en su seno el fomento de esos defectos, la liberación de esos demonios familiares españoles, dará al traste, a la larga o a la corta, nacho mes probablemente a la corta que a la larga, con todo progreso material y con todo mejoramiento de la vida de nuestros compatriotas.

Desde el momento que España puso sobre nuestros hombros la intrincada tarea de resolver la penosa contienda, fue una de nuestras preocupaciones más apremiantes el establecer un orden político embrionario, apto a acoger en su seno cuantas ideologías y fórmulas tuvieran la propensión a un bien común, respetuoso de las esencias nacionales y basado en una más justa distribución de la renta nacional, en un país sanamente dispuesto a caminar hacia un porvenir sólido y constructivo. Así, por una ruta sin mancilla, alzamos la bandera de hermandad entre los hombres y las tierras de España, que se pasearía victoriosa por las todavía viejas estructuras. Hubimos de acometer el empeño en medio de un mundo de beligerancias totalitarias, de luchas de clases a escala universal, bajo presiones, condicionamientos y circunstancias en las que no se encontró ningún pueblo. Había que salvar a toda costa los valores espirituales de nuestra fe y de nuestra tradición y lograr, con el esfuerzo de todos, la realización de un orden político de verdadera libertad como servicios sin regateos a la disciplina de la Patria; si esto fallara, si desde fuera o desde dentro lograsen resquebrajar esa moral nacional, esa voluntad "le unidad, de continuidad y de servicio, todas las soluciones institucionales, todas las fórmulas de sucesión y hasta el mismo sistema político en su conjunto sería minado por su base. Por eso en nuestras Leyes fundamentales hemos puesto el mayor cuidado en que las normas jurídicas básicas entrañen la custodia legal de este sagrado depósito de fe, fuente de todas las energías para enfrentar el futuro.

Un Estado es un sistema, un equilibrio de fuerzas dentro y fuera del mismo, sumamente complejo y cambiante. Por eso el espíritu de nuestra Cruzada no ha sido jamás un espíritu de regresión ni de inmovilismo político, sino precisamente lo contrario. Constituimos un Movimiento y nada sería más contrario a su razón de ser que pudiera convertirse en inmovilista o retrógrado. Sería la más torpe ocasión perdida de reconquistar y levantar España y el perder su espíritu y pujanza.

Como antes os decía, junto a las tradicionales virtudes de la raza, que han hecho de España uno de los pueblos forjadores de la gran historia universal, hay que traer a consideración la tendencia individualista del pueblo español, la deficiente estructura socioeconómica de su sociedad, la tendencia al extremismo y a las posiciones radicales y sectarias y la falta de arraigo de las fórmulas políticas prevalentes en Occidente. Por otra parte, las fórmulas políticas abstractas no son apenas nada, necesitan encarnarse en la propia naturaleza del sujeto para tener valor. Toda nación necesita encontrar la forma política más adecuada a su temperamento. Un país que no encuentre su forma política propia, puede decirse que no tiene forma política alguna. El esfuerzo que hemos venido desarrollando en España es el de encontrar nuestra fórmula política, ya que las ajenas, tantas veces ensayadas, han resultado prácticamente estériles y ruinosas. Esta es la obra camún que hemos venido levantando y que ha tenido que hacerse poco a poco, como todas las cosas que han de ser duraderas.

"No hay democracia sin bienestar; no existe verdadera libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de las necesidades mórales y materiales"

y de justicia social, construyendo un Estado que fuese expresión política de los valores permanentes de nuestra comunidad nacional, al mismo tiempo que un sistema institucional idóneo para la realización del orden del Derecho, y un instrumento eficaz para el progreso, para la transformación y el desarrollo de las condiciones básicas de la vida del pueblo español.

No era fácil, empero, esta tarea por cuanto, ni los rescoldos de la guerra estaban apagados con el estruendo del último cañón de la campaña, ni el deseo natural de expresión de libertades dejaba de encerrar los peligros de un regrso al triste punto de partida, si no se establecían las etapas y cauces adecuados al correr de los tiempos; ni los propósitos de bienestar y desarrollo eran otra cosa que el empecinamiento firme en una tarea, que había de llevarnos sin desmayo a la reconstrucción de lo bueno y a la edificación de lo mejor.

Si con el esfuerzo de todos, con el fervor y el entusiasmo constante del pueblo español, hemos podido culminar un período de paz y prosperidad sin precedentes en nuestra historia, ha sido porque ha iluminado nuestra empresa la fe en una doctrina que tenía su luz en el sentido cristiano de nuestra tradición; doctrina que ha puesto de manifiesto, frente a la dura prueba de los hechos, su capacidad de respuesta a los difíciles problemas que en el mundo actual plantea el desarrollo del bienestar y la realización de la justicia social. Este ideario nacional, cuajado con grandeza y emoción, necesitábamos proyectarlo sobre la realidad para que una España nueva, abierta a las corrientes del siglo, fuera la expresión actual más vigorosa de nuestra grandeza pasada y la misión de nuestra Patria en el mundo de hoy.

LA REVOLUCIÓN NACIONAL Y EL FUTURO

Esto constituía una revolución y como revolución nacional lo concebimos, y como tal lo hemos venido consumando, ahorrando al país lo que en otros sitios ha exigido el sacrificio implacable de las generaciones, pero pudo hacerse más allá de las fuerzas de un hombre porque contábamos con esa doctrina, porque disponíamos de un pueblo que jamás nos regateó su esfuerzo y nos seguía una legión de españoles dispuestos al sacrificio, que jamás flaqueó durante estos treinta años.

Por eso, cuando se trata de afrontar el futuro, es esta base histórica, estas virtudes, esta fe, este entusiasmo, lo que verdaderamente hay que institucionalizar, por constituir la voluntad permanente de unidad, por encima de las discrepancias de los hombres y de los pareceres,

NECESIDAD DE UN ORDEN POLÍTICO NUEVO

El acierto de nuestro movimiento político es el habernos apercibido desde hace treinta años que nos hallábamos ante una nueva era, aunque desde entonces el proceso político general se haya acelerado; que la sociedad capitalista, liberal e individualista, pese a sus resistencias, había de dar paso a una sociedad donde el trabajo fuese el factor dominante. El principio de justicia social que nosotros proclamamos, ya apenas se discute, si no en cuanto afecta a sus formas prácticas de aplicación y de generalización; y ni el mayor progreso humano imaginable puede excluir la trascendencia del hombre como portador de valores eternos, que nosotros desde el principio definimos.

Ningún sistema, por perfecto que se conciba, se hubiera podido justificar sin una acertada acción política, que no puede existir sin un pensamiento o ideario que lo defina. El diálogo es la base de la política, pero no el diálogo anárquico y artificial de los partidos, suplantadores de las verdaderas esencias nacionales, sino el de los fieles representantes de las mismas. La diversidad de pensamiento en la política, tan inevitable como conveniente, necesita aceptar y respetar un denominador común, un campo único y unas reglas de juego, sin las cuales la política se convierte en un estado completamente larvado de guerra civil, del que teníamos ejemplo viviente en lo padecido por España durante más de cien años.

Para que exista la debida previsión del futuro, es necesario que exista una continuada acción política y que ésta sea respaldada por el pueblo, que asegure el desarrollo histórico y la marcha ascendente de la Patria y que evite que puedan reproducirse las causas y condiciones que llevaron a España a los sacrificios necesarios para salvarse. No se trata de una necesidad de urgencia, sino de una previsión del futuro. Hoy, y por muchos años, se tiene asegurada la estabilidad. La nación goza de una salud pública formidable. Su progreso social y su desarrollo son innegables. Jamás nación alguna ha disfrutado de una situación política más óptima. Las generaciones que encuadran la nación están formadas por los que conocieron y sufrieron el dominio rojo y por los combatientes de la Cruzada, que saben lo que les costó la conquista de la paz. Y si esto no fuera suficiente, contamos con la asistencia comunitaria del pueblo, y con la guarda fiel de la paz por nuestros Ejércitos y fuerzas de orden público.

Precisamente porque somos fuertes, podemos prescindir de antibióticos y concedernos ciertas licencias, que, aunque a primera vista pudieran producir escándalo, nos

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EL ALCÁZAR

Se traza {£?££%£& la figura del heredero de la Corona

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dan Ja temperatura de la nación y nos permiten descubrir cómo se mueven los eternos enemigos de nuestra paz interna. Nunca, ni en los días peores del nefasto pasado inmediato, condicionado al ritmo de una evolución, en la que cada etapa requería madurez para la seguridad de la forja de la siguiente, decayó un ápice nuestra fe y nuestro decidido propósito de que el régimen, permanentemente abierto, adoptara los perfeccionamientos continuos y operantes.

POLÍTICA DE REALIDADES Y DE MISIÓN

Correspondiendo a la confianza que tantas veces y de modo tan eficaz me habéis confirmado, he dedicado mi vida entera a servir y hacer posible un orden político de unidad, de autoridad, de justicia y de progreso.

Pero la instauración de este orden social y político va más allá de la vida de los hombres y aun de las generaciones. Hay en nuestro Movimiento Nacional, en cuanto restauración de una tradición secular y honrado intento de interpretar las ideas cristianas de nuestro pueblo, unos elementos fundamentales de valor permanente, que han de ser la base de nuestra legislación; y otros históricos y coyunturales, que deben adaptarse a las realidades y necesidades de cada momento, por lo que son necesarias instituciones flexibles que puedan acomodarse a los cambios inevitables, todo ello con el asentimiento mayorítario del pueblo, por cuyo bien común hemos laborado y debemos seguir esforzándonos.

Nunca nos han preocupado las.palabras, sino los hechos. En política, las palabras son fáciles: libertad, autoridad, fracreíbles avatares de estos treinta años, de no comprometer el futuro a la vez que íbamos echando sus cimientos; la segunda, la conveniencia de proceder ahora, por una parte, a revisar aquellas disposiciones, a la luz de la experiencia de estos años y de nuestras acrecidas posibilidades; de otra, a dar un nuevo y decidido paso hacia la meta, complementándola con un organismo que pudiera funcionar en cualquier hipótesis de los años venideros.

Es claro que ni lo uno ni lo otro supone la apertura de un innecesario periodo constituyente, bien, al contrario, se trata de la maduración de lo que ya tenemos, de extraer las conclusiones de toda nuestra experiencia para institucionalizarlas y perfeccionarlas en lo posible; se trata, en fin, de seguir nuestro camino, del que ha salvado a España, y continuarlo más allá de cualquier incidencia y a salvo de todas las asechanzas.

REFORMA Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTUALES LEYES FUNDAMENTALES

Comenzaré por referirme a los ajustes que considero necesarios en las leyes ya promulgadas. Nada hay que decir sobre la ley de Principios, ya que éstos son por su misma naturaleza permanentes e inalterables, así como la base de nuestra legitimidad. Mas para poder realizarlos del modo más perfecto, sí proceden algunos retoques de las citadas leyes.

El Fuero del Trabajo fue la primera de nuestras leyes fundamentales. No puedo recordar sin emoción los momentos en que se proclamó. Eran los tiempos, que ya muchos no pueden recordar, en que España se jugaba el todo por el todo en una lucha en la cual el enemigo de

"Las Cortes asumen la plenitud de la función legislativa y de control"

ternídad, derecho, progreso, justicia, y así sucesivamente se pueden combinar de muchas maneras en discursos elocuentes. Nuestros archivos parlamentarios están llenos de ellos, pero hay que leer, al mismo tiempo, el resto de la crónica de aquellos años. Se puede hablar de democracia y luego interpretarla cada uno a su manera: democracia liberal, parlamentaría, popular, socialista, dirigida, gobernada, etcétera. Lo que es difícil es darle a un pueblo, en un momento dado, la realidad de una mejor economía, de una más auténtica justicia social, de una más efectiva participación, de unos principios verdaderos, de una mayor cultura, de un derecho vivido, de una democracia orgánica. Estos hechos, y no aquellas palabras vanas, son la verdadera, la indiscutible verdad de nuestras leyes y de nuestras instituciones.

La democracia, que bien entendida es el más preciado legado civilizador de la cultura occidental, aparece en cada época ligada a circunstancias concretas que se resuelven en fórmulas políticas y varias a lo largo de la historia. No hay democracia sin bienestar; no existe verdadera libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de las necesidades morales y materiales; no hay representación auténtica sin verdadera ciudadanía, pues los hombres y las unidades naturales de la sociedad tienen que hacerse presente ante el Estado siendo plenamente dueños de sí mismos, única lorma de que el Estado pueda mantener la autoridad al servicio del derecho, sin imponer servidumbres so pretexto de liberar a unos y a otros de otras disciplinas artificiales.

Los partidos no son un elemento esencial y permanente sin los cuales la democracia no pueda realizarse. A lo largo de la historia ha habido muchas experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políticos, que son, sin embargo, un experimento relativamente reciente, que nace de las crisis y de la descomposición de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional.

Desde el momento en que los partidos se convierten en plataformas para la lucha de clases y en desintegradores de la unidad nacional, los partidos políticos no son una solución constructiva, ni tolerable, para abrir la vía española a una democracia auténtica, ordenada y eficaz. Pero la exclusión de los partidos políticos en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis crítico de las soluciones de Gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que contribuyan a perfeccionar la marcha de la comunidad.

NUESTRO ORDEN ABIERTO DE LEYES FUNDAMENTALES

A lo largo de estos años hemos ido estableciendo, de modo progresivo y prudente, un sistema que permita funcionar al Estado, sin oprimir a los individuos y a los grupos naturales intermedios, antes bien, potenciando todas sus posibilidades. Nuestros principios dogmáticos están recogidos en la Ley de 1958, nuestros derechos y garantías básicos en el Fuero de los Españoles de 1945; nuestros anhelos y voluntad de justicia social, en el- Fuero del Trabajo de 1938. Esta que pudiéramos llamar parte dogmática de nuestro ordenamiento institucional, se complementa con una parte orgánica integrada por la Ley de creación de las Cortes Españolas de 1942 (revisada en 1945 y reglamentada en tres ocasiones, la última la de 1957), la Ley del Referéndum Nacional de 1945 y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947.

Basta este breve recuento de nuestras leyes fundamentales para advertir dos cosas: la primera, la oportuna prudencia con que hemos tratado, en medio de los inenfrente no eran verdaderamente los españoles que combatían, sino las ideas y los intereses de las Internacionales que los aprisionaban. Había que dejar perfectamente claro por lo que se luchaba, que nosotros no lo hacíamos por una clase determinada o por una visión anticuada de la vieja España. Ansiábamos como el que más una España moderna, social, industrial, progresiva, en que todos los productores tuvieran un sitio digno, sin servidumbres de partidos ni abusos patronales, ni sindicatos saboteadores del producto nacional, sin odios ni rencores, una España impregnada de eficiencia económica y de justicia social. Al pueblo español, a nuestros soldados heroicos salidos de los campos y de los pueblas y también de las ciudades liberadas, e incluso a los engañados del otro lado, les dijimos desde el primer mameiá* la verdad porque luchábamos, nuestra verdad, esa qwñoy no son programas ni palabras, sino instalaciones magníficas del Seguro de Enfermedad, instituciones de previsión social. Universidades Laborales, legislación social ejemplar, esa paz y prosperidad del mundo del trabajo que España no había conocido antes. Yo bien sé que aún quedan metas por conquistar; no me canso de recordar a todos los españoles la necesidad de una más estricta conciencia social nacional y una responsabilidad mayor en el manejo de los instrumentos públicos y privados- que se nos confían, que no son para nuestro placer o para los lujos familiares, sino para la comunidad nacional. Pero no es menos cierto que el progreso social necesita seguir paralelamente al desarrollo económico; que la responsabilidad que antes recordaba alcanza a todos, que es necesario una lealtad a la empresa propia, que si se hunde se hundirá con todos, y lo mismo ocurriría con una economía nacional amenazada por la inflacción y la ineficiencia.

Pues bien, el Fuero del Trabajo, verdadera Carta Magna de la justicia social de España, mantiene en su ideario todo su vigor. Estoy cierto que muchos de estos postulados han sido ya en gran parte alcanzados, pero su lenguaje ha quedado atrasado y merece revisión. Lo mismo sucede por lo que respecta a la enunciación de la vida sindical, reconsiderar el artículo sexto relativo a la libertad re-ligiosa, para acomodarlo a la vigente doctrina de la Iglesia, puesta al día en el Concilio Vaticano II.

Esto justifica la nueva redacción del mencionado artículo, al que ha dado su aprobación la Santa Sede y que recoge la Ley.

Está prevista una eficaz tutela jurídica para ese derecho civil, al mismo tiempo que se cuida celosamente el tesoro de la religiosidad católica, que tutelaremos y fomentaremos con la justicia que a los gobernantes corresponde hacerlo, en armonía con las jerarquías eclesiásticas, adaptándose a las normas conciliares, tanto en la extensión del derecho como en los limites del orden público, dentro de los que, según el propio Concilio, debe discurrir su ejercicio.

Las Cortes Españolas creadas en 1942, reformadas en 1945, y objeto de una importante modificación reglamentaria en 1957, han sido, gracias a vosotros y a vuestro celo y competencia, a vuestra lealtad a la nación y a los legítimos intereses que cada uno representáis, una de las palancas fundamentales de nuestro desarrollo legislativo en el sentido más amplio. Vuestra hoja de servicios es realmente extraordinaria y ejemplar, por la elevada cantidad de leyes elaboradas, por lo valioso de las intervenciones y por el equilibrio que ha presidido siempre vuestras tareas. Pero su Ley fundacional, dictada en momentos difíciles áe la segunda guerra mundial, conviene sea adaptada a los tiempos actuales, dentro del mismo espíritu en que fue restablecida nuestra tradicional institución. Las Cortes Españolas, más antiguas que ninguna, fueron siempre un cuerpo de representación orgánica de la sociedad. En ellas estuvieron presentes los brazos de un cuerpo social complejo a lo largo y a lo ancho de una variada geografía, y recogen la rica diversidad de las funciones sociales, para que todas tengan una voz proporcionada y justa a la hora de discutir los grandes problemas jurídicos, económicos, sociales y culturales de la nación.

Por ello, en la redacción revisada del artículo segundo de vuestra Ley figura como cimientos básicos la representación sindical, en la que confluyen los problemas de la economía nacional; la representación geográfica, de los municipios y de las provincias, y la representación familiar, que ahora logra también a este nivel la parte que le corresponde, con la importante innovación´ de que en ella participarán por igual el hombre y la mujer casados, protagonistas de la gran tarea de preparar a la generación siguiente y de administrar el consumo nacional.

Al lado de estos tres grupos básicos de nuestra doctrina representativa, todos ellos de raíz colectiva, continúan figurando otras representaciones legítimas de la vida cultural y profesional y de las más altas funciones políticas y administrativas, a la vez que se reduce notablemente el número, por otra parte necesario, de aquellas personalidades que serán nombradas en atención a especialísimos y relevantes servicios y experiencias al servicio de España. Al mismo tiempo se hace electiva la Mesa dé las Cortes y se perfeccionan otros artículos para dejar bien sentada la autonomía de la Cámara y su decisiva influencia en todo el proceso político de la nación.

La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado tuvo la doble trascendencia de determinar la naturaleza de nuestro Régimen, evitando especulaciones tendientes a la división y librarnos de los riesgos derivados de las contingencias de la vida humana. Permitió, asimismo, establecer instituciones clave, como el Consejo de la Regencia, el Consejo del Reino y la Regencia en un mecanismo equilibrado, que de haber existido en otros tiempos hubiera evitado las graves crisis sucesivas que en más de una ocasión ha conocido nuestra historia pasada. La Ley de Sucesión fue, en fin, ocasión espléndida para experimentar el juego del Referendum Nacional, dando el cuerpo electoral su plena adhesión a lo hecho en España a lo largo de diez años sucesivos y de dar un mentís a las acusaciones foráneas de la falta de arraigo de nuestro Régimen y de ratificar su confianza en el Movimiento Nacional, en sus instituciones y en sus hombres.

Determinados artículos, sin embargo, de dicha Ley fundamental, necesitan alguna corrección para evitar problemas de interpretación que pudieran suscitarse en la teo-

"Se procede a una amplia democratización del proceso político en la renovada composición de las Cortes, del Consejo Nacional y del Consejo

del Reino"

en la que en estos años de paz han ido surgiendo nuevas iniciativas a desarrollar, plenamente acordes con la versión que de la doctrina social de la Iglesia han dado los más recientes documentos papales y conciliares.

Por todo ello, la exposición´ de motivos y varias declaraciones del Fuero del Trabajo son objeto de nueva redacción, sin comprometer el futuro, en espera de una nueva ley sindical, que será en su día sometida a vuestro estudio para desarrollar algunos de estos preceptos fundamentales.

El Fuero de los Españoles no necesita de una reforma sustancial. Su espíritu, basado en un personalismo cristiano, equilibrado por la idea del bien común., es permanente; su definición concreta de los derechos y deberes de los ciudadanos y de los grupos se ha revelado como una base fecunda para el progresivo desarrollo de las correspondientes leyes orgánicas, algunas de las cuales han sido ya promulgadas.

Únicamente ha sido necesario ría o en la práctica. El Consejo del Reino, pieza clave del Estado y, como luego diré, también de la nueva Ley Orgánica del Estado, necesita de un ensanchamiento en la base que perfeccione su representatividad y robustezca su ahora ampliada competencia.

Por otra parte, es menester la previsión precisa no sólo de las garantías y trámites de la primera sucesión, sino de las que hayan de seguirla una vez instaurado el orden normal.

LA PRESENTE LEY ORGÁNICA DEL ESTADO

Con esta referencia a las modificaciones necesarias de las viejas leyes, queda despejado el campo para exponeros

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22 NOVIEMBRE 1966

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Democratización de las Cortes: Menos proc

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el contenido de la nueva Ley Orgánica del Estado, que viene a completar nuestro ciclo institucional sin dejar, por ello, de seguir abierto a ulteriores y posibles perfeccionamientos o ajustes, si se acusaran como necesarios. Porque nosotros no pensamos que la Constitución sea una herencia pura y simple del pasado, el producto determinista de la historia, el resultado de los hechos o doctrinas que aceptaron nuestros antepasados, aunque mantengamos viva la tradición en lo que tiene de realizaciones históricas de unos principios vivos. Tampoco aceptamos una visión racionalista que quiere ofrecernos un modelo universal y abstracto de instituciones, válido para todos los países, independientemente de su estructura social y de su modo de ser cultural, como anteriormente os he indicado. Frente a ambas posiciones, que se enfrentan trágicamente en España de 1808 a 1936, nosotros hemos de continuar nuestra prudente experiencia de un orden abierto y leyes fundamentales basadas en la experiencia del pasado y que tienen en cuenta el porvenir, que sólo podemos prever en parte. Por eso no hemos acometido decisiones improvisadas de conjunto, ni tampoco hemos dejado de ir poniendo piedra sobre piedra en un edificio institucional que no se agote con la vida de los hombres. Hemos seguido una evolución prudente, sin olvidar que la vida de los pueblos se mide por siglos. Al dar este paso decisivo, que en cierto modo es poner la clave del arco, no cerramos la puerta a ulteriores modificaciones y complementos que, eso sí, habrán de hacerse por el camino establecido y con las debidas garantías en evitación de improvisaciones peligrosas.

En él veréis una regulación orgánica del conjunto de nuestras instituciones, capaces de funcionar como un sistema orgánico en cualquier situación de las que nos es dado prever. Advertiréis, al lado de la puesta al día del conjunto de las que se han ido creando a lo largo de los veinte años que van de 1938 a 1958, los perfiles de nuevos mecanismos y garantías. De acuerdo con nuestro espíritu católico, se ha tenido especial consideración de los perfeccionamientos de la doctrina de la Iglesia; se procede a una amplia democratización del proceso político en la renovada composición de las Cortes, del Consejo Nacional y del Consejo del Reino y de sus renovadas facultades; se perfecciona el ya muy avanzado estado de derecho en las disposiciones relativas al ejercicio de altos Cuerpos consultivos y de control y por el establecimiento de un amplísimo recurso de contra fuero.

El Movimiento Nacional queda perfectamente definido a la vez, como solera de nuestros principios y levadura de! desarrollo político en ordenada concurrencia de criterios.

"La Ley Orgánica del Estado viene a completar nuestro ciclo institucional sin dejar por ello de seguir abierto a ulteriores y posibles perfeccionamientos o ajustes"

Se establece una sistemática equilibrada de los órganos primarios del Estado y de sus relaciones recíprocas; se perfeccionan y clarifican los mecanismos sucesorios. Se establece un justo poder ejecutivo encabezado por un Presidente del Gobierno, en quien se centra la dirección política y administrativa del país.

Las Cortes asumen la plenitud de la función legislativa y de control, y a través de un Consejo del Reino, que ellas mismas integran en-gran mayoría, intervienen en los más altos nombramientos. Las Fuerzas Armadas asumen la garantía de la seguridad y el orden, así como de la unidad e independencia de la Patria. Se preven las adecuadas medidas de salvaguardia para emergencias graves. La administración Local recibe adecuada consideración, como corresponde a las entidades naturales y estructuras básicas de la comunidad.

Tales son, a mi juicio, las características de la Ley fundamental a que va a dar lectura inmediata el Presidente de las Cortes Españolas.

(A continuación, el Excelentísimo señor don Antonio Iturmendi, Presidente de las Cortes, da lectura al proyecto de Ley Orgánica del Estado, previamente distribuido a los Señores Procuradores.)

Creo que no necesito invocar en este momento histórico, en que el presidente de las Cortes termina la lectura la nueva Ley Orgánica del Estado, mi ya larga experien de Gobierno y mis prolongados servicios a la Nación. Ti mi vida discurrió en la vanguardia de sus empresas, en gestas bélicas y victoriosas, como en la primera mi de mi vida, ya pacíficas y de Gobierno al servicio del b público, como en los veintisiete últimos años. Durante e dilatada vida, en el afán constante de servicio, permar siempre atento a una observación minuciosa, a un ar. sis incansable de las grandes tendencias del mundo > pudieran afectar a nuestra Patria. A base de ello, y seando completar el cumplimiento de mi deber, en es años decisivos para la Nación, y dado lo beneficioso la total ordenación de nuestras instituciones para la e: bilidad, el desarrollo y el bienestar de la Nación, que no tendrá motivos de incertidumbre en el futuro por cuidadosa y prudente previsión del mismo que en dic leyes se contiene; plenamente consciente de mi respor bilidad ante Dios y ante la historia, y haciendo uso de potestad que me confieren las Leyes de 30 de enero de ] y de 8 de agosto de 1939, os pido vuestro consenso o acv do respecto al presente proyecto de Ley Orgánica, que seo someter a aprobación final en un próximo Referénd Nacional.

TEXTO INTEGRO DE LA NUEVA LEY

TITULO I El Estado nacional

Artículo 1.° I. El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional.

II. Al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los Órganos adecuados a los fines que ha de cumplir.

Artículo 2.° t. La Soberanía nacional es una e indiv ble, sin que sea susceptible de delegación ni cesión.

II. El sistema institucional del Estado español resj de a los principios de unidad de poder y coordinación funciones.

Artículo 3,° Son fines fundamentales del Estado: la fensa de la unidad entre los hombres y entre las tier de España; el mantenimiento de la integridad, indepenc cia y seguridad de la Nación; la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles; el amparo los derechos de la persona, de la familia y de la socied y la promoción de un orden social justo en el que todo teres particular quede subordinado al bien común. T ello bajo la inspiración y la más estricta fidelidad a Ley Fundamental de 17 de mayo dé 1958^"ttS^SSff^ propia naturaleza, permanentes e inalterables.

Artículo 4.° El Movimiento Nacional, comunión de españoles en los Principios a que se refiere el artículo terior, informa el orden político, abierto a la totali de los españoles y, para el mejor servicio de la Pat promueve la vida política en régimen de ordenada cor rrencia de criterios.

Artículo 5.° La Bandera nacional es la compuesta por ; franjas horizontales: roja, gualda y roja; la gualda, de le anchura que las rojas.

TITULO II El Jefe del Estado

Artículo 6.° El Jefe del Estado es el representante sumo de la Nación; personifica la soberanía nacional; rce el poder supremo político y administrativo; ostenta Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más cta observancia de los Principios del mismo y demás res Fundamentales del Reino, así como de la contilad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y gura el regular funcionamiento de los Altos Órganos Estado y la debida coordinación entre los mismos; sania y promulga las Leyes y provee a su ejecución; ejerel Mando Supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y e; vela por la conservación del orden público en el inter y de la seguridad del Estado en el exterior; en su nbré se admniistra justicia: ejerce la prerrogativa de cía, confiere, con arreglo a las Leyes, empleos, carpúblicos y honores: acredita y recibe a los representes diplomáticos y realiza cuantos actos le corresponi con arreglo a las Leyes Fundamentales del Reino, .

Artículo 7.° Corresponde, particularmente, al Jefe del ado: ) Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así como sidirlas en la sesión de apertura de cada legislatura y girles, de acuerdo con el Gobierno, el discurso inaugural tros mensajes.

) Prorrogar por el tiempo indispensable, a instancia las Cortes o del Gobierno y de acuerdo con el Consejo Reino, una legislatura cuando exista causa grave que pida la normal renovación de los Procuradores. ) Someter a Referéndum de la Nación los proyectos Ley a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 la Ley de Sucesión y el artículo 1.° de la Ley de Refe:dum.

) Designar y relevar de sus funciones al Presidente Gobierno, al Presidente de las Cortes y demás Altos "gos en la forma prevista por las Leyes, i) Convocar y presidir el Consejo de Ministros y la Junta Defensa Nacional cuando asista a sus reuniones. ) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del isejo del Reino y del Consejo Nacional, siempre que de aquél no afecten a su persona o a la de los herederos la Corona. En ningún caso las votaciones se realizarán presencia del Jefe del Estado.

;)• Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del ino.

t*"*e«»bftr Mermes del Consejo Nacional. iTtículo 8.° I. La persona del Jefe del Estado es írilable. Todos los españoles le deberán respeto y acaniento.

I. Todo lo que eí Jefe del Estado disponga en el rcicio de su autoridad deberá ser refrendado, según casos, por el Presidente del Gobierno o el Ministro quien corresponda, el Presidente de las Cortes o el esidente del Consejo del Reino, careciendo de valor cualier disposición que no se ajuste a esta formalidad.

II. De los actos del Jefe del Estado serán responsa´s las personas que los refrenden.

Articulo 9.° El Jefe del Estado necesita una Ley, o, su caso, acuerdo o autorización de las Cortes, a los es siguientes:

i) Ratificar Tratados o Convenios internacionales que ;cten a la plena soberanía o a la integridad del tetorio español.

>) Declarar la guerra y acordar la paz. :) Realizar los actos a que hace referencia el artícu12 de la Ley de Sucesión y los que vengan determina3 en otros preceptos de las Leyes Fundamentales del ino.

Artículo 10. El Jefe del Estado estará asistido por el tisejo del Reino, para:

1) Proponer a las Cortes aquellos actos que, según dispuesto en el artículo anterior, requieran una Ley, uerdo o autorización de las mismas.

">) Devolver a las Cortes para nuevo estudio una Ley

r ellas elaborada.

2) Prorrogar una legislatura por causa grave y por el mpo indispensable.

i) Adoptar medidas excepcionales cuando la seguridad terior, la independencia de la Nación, la integridad de su •ritorio o el sistema institucional del Reino estén amenados de modo grave e inmediato, dando cuenta docusntada a las Cortes.

a) Someter a Referéndum Nacional los Proyectos de Ley íseendentales cuando ello no sea preceptivo. f^ Adoptar las demás determinaciones para las que a Ley Fundamental establezca este requisito.

Artículo 11. Durante las ausencias del Jefe del Estado 1 territorio nacional, o en caso de enfermedad, asumirá s funciones el heredero de la Corona si lo hubiere y ese mayor de treinta años o, en su defecto, el Consejo Regencia. En todo caso, el Presidente del Gobierno dará enta a las Cortes.

Artículo 12. La tutela de las personas reales menores de edad llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado, será aprobada porcias Cortes a propuesta del Consejo del Reino. La designación ha de recaer en persona de nacionalidad española que profese la religión católica y es incompatible con el ejercicio de la Regencia, de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencia de las Cortes.

TITULO III El Gobierno de la nación

Artículo 13. I. El Jefe del Estado dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros.

II. El Consejo de Ministros, constituido por el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente o Vicepresidentes, si los hubiere, y los Ministros, es el órgano que determina la política nacional, asegura la aplicación de las Leyes, ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al Jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos.

III. Los acuerdos del Gobierno irán siempre refrendados por su Presidente o por el Ministro a quien corresponda.

Artículo 14. I. El Presidente del Gobierno habrá de ser español y será designado por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino.

II. Su mandato será de cinco años. Quince días antes de expirar éste, el Consejo del Reino elevará la propuesta a que se refiere el párrafo anterior.

III. El cargo de Presidente del Gobierno tendrá las incompatibilidades que señalen las Leyes.

IV. Corresponde al Presidente del Gobierno representar al Gobierno de la Nación, dirigir la política general y asegurar la coordinación de todos los órganos de gobierno y administración.

V. El Presidente del Gobierno, en nombre del Jefe del Estado, ejerce la Jefatura Nacional del Movimiento, asistido del Consejo Nacional y del Secretario General.

Artículo 15. El Presidente del Gobierno cesará en su cargo:

a) Por expirar el término de su mandato.

b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del

Reino.

c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino.

d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos tercios de sus miembros.

Artículo 16. I. En caso de fallecimiento del Presidente del Gobierno o en los supuestos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el Vicepresidente tí Vicepresidentes pro el orden que se establezca o, si no hubiese Vicepersidente, el Ministro que designe el Jefe del Estado, z

II. En el plazo de diez días, se procederá a nombrar nuevo Presidente en la forma establecida en el artículo 14.

Artículo 17. I. Los demás miembros del Gobierno serán españoles y su nombramiento y separación se efectuará por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.

II. Sus cargos tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes.

Artículo 18. Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos:

a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.

b) Por iniciativa del Presidente -fiel ´Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado.

c) A petición propia, cuando haya sido aceptada la dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.

Artículo 19. El Presidente y los demás miembros del Gobierno, antes de tomar posesión dé sus cargos, prestarán ante el Jefe del Estado juramento de fidelidad a éste, a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de guardar secreto de sus deliberaciones.

Artículo 20. I. El Presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros. Cada uno de ellos responderá de los actos que realice o autorice en su Departamento.

II. La responsabilidad penal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno y la civil por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, se exigirá ante el Tribunal Supremo de Justicia en pleno.

TITULO IV El Consejo Nacional

Artículo 21. Son fines del Conseje •Racional, como representación colegiada del Movimiento, los-

siguientes:

a) Fortalecer la unidad entre los.lSofiíbres y entre las tierras de España.

b) Defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar por que la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social.

c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por las Leyes Fundamentales y estimular la participación auténtica y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tareas políticas.

d) Contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas generaciones a la tarea colectiva.

e) Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política.

f) Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional.

Artículo 22. El Consejo Nacional estará constituido por los siguientes Consejeros:

a) Un Consejero elegido por cada provincia, en la forma que establezca la Ley orgánica correspondiente.

b) Cuarenta Consejeros designados por el Caudillo entre personas de reconocidos servicios. Al cumplirse las previsiones sucesorias, estos cuarenta Consejeros adquirirán el carácter de permanentes hasta cumplir la edad de setenta y cinco años, y las vacantes que en lo sucesivo se produzcan entre los mismos se proveerán por elección mediante propuesta en terna de este grupo de Consejeros al Pleno del Consejo.

c) Doce Consejeros representantes de las estructuras básicas de la comunidad nacional:

— Cuatro elegidos entre sus miembros por los Procuradores en Cortes representantes de la Familia.

— Cuatro elegidos entre sus miembres por los Procu-

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´Nada hay que decir sobre la "Ley de principios", ya que éstos son, por u misma naturaleza, permanentes e inalterables, así como la base de nuestra legitimidad"

Se afirma el principio de libertad religiosa

(Viene de la página anterior.)

radores en Cortes representantes de las Corporaciones locales.

— Cuatro elegidos entre sus miembres por los Procuradores en Cortes representantes de la Oganización Sindical.

d) Seis Consejeros designados por el Presidente del Consejo entre personas que presten relevantes servicios a los fines enumerados en el artículo anterior.

e) El Secretario General, que ejercerá las funciones de Vicepresidente.

Artículo 23. Para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 21, el Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Promover la acomodación de las Leyes y Disposiciones Generales a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, ejerciendo a este efecto el recurso de eontrafuero previsto en el Título X de esta Ley.

b) Sugerir al Gobierno la adopción de cuantas medidas estime convenientes a la mayor efectividad de los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino y, en todo caso, conocer e informar, antes de su remisión a las Cortes, cualquier proyecto o modificación de Ley Fundamental.

c) Elevar al Gobierno los informes o memorias que considere oportunos y evacuar las consultas que aquél le someta, pudiendo, a tales efectos, requerir los antecedentes que considere convenientes.

Artículo 24. El Consejo Nacional funcionará en Pleno y en Comisión Permanente con arreglo a lo que disponga su Ley orgánica.

Artículo 25. El Presidente del Gobierno, por su condición de Jefe Nacional del Movimiento por delegación del Jefe del Estado, ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional y de su Comisión Permanente, asistido del Secretario General, en quien podrá delegar las funciones que estime convenientes.

Artículo 26. El Secretario General será designado por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. El cargo de Secretario General tendrá las incompatibilidades que señalen las Leyes.

Artículo 27. I. El Presidente del Consejo Nacional cesará en su cargo al cesar en el de Presidente del Gobierno.

II. El Secretario General cesará en su cargo:

a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.

b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado.

c) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.

III. Los Consejeros Nacionales cesarán en su cargo: a) Al término de su mandato, los de los grupos a) y c) al cumplir los setenta y cinco años, los del grupo b), y por decisión del Presidente del Consejo, los del

d) ét^ A petición propia, en ando naya sido aceptada su dlmldraa por el Jefe del Estado, a propuesta del Presidente del Consejo.

c) Por incapacidad apreciada por el Consejo.

d) Por las demás causas que den lugar a su cese como Procurador en Cortes.

Artículo 28. Una ley orgánica establecerá las normas que regulen el Consejo Nacional.

TITULO V La Justicia

Artículo 29. La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del Estado, de acuerdo con las Leyes, por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y responsables con arreglo a la Ley.

Artículo 30. Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La Justicia será gratuita para quienes carezcan de medios económicos.

Artículo 31. La función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que establezcan las Leyes, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley orgánica de la Justicia, según su diversa competencia.

Artículo 32. I. La Jurisdicción Militar se regirá por las Leyes y Disposiciones que privativamente la regulan.

II. La Jurisdicción Eclesiástica tendrá por ámbito el que establezca el Concordato con la Santa Sede.

Artículo 33. La alta inspección de la Justicia corresponde al Presidente del Tribunal Supremo, el cual será designado entre juristas españoles de reconocido prestigio.

Artículo 34. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garantías prescritas en las Leyes, curar ante los Juzgados y Tribunales el mantenimiento del

Artículo 35. I. El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la Ley y procurar ante los Juzgados y Tribunales el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social.

II. Las funciones encomendades al Ministerio Fiscal se ejercerán por medio de sus órganos, ordenados conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica.

Artículo 36. Las Autoridades y Organismos de carácter público, así como los particulares, están obligados a prestar a los Juzgados y Tribunales el auxilio necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional.

TITULO VI Las Fuerzas Armadas

Artículo 37. Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las

Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, !a seguridad nacional y la defensa del orden institucional.

Artículo 38. Una Junta de Defensa Nacional, integrada por el Presidente del Gobierno, los Ministros de los Departamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor y los Jefes de Estado Mayor dejos Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, propondrá al Gobierno las líneas generales concernientes a la seguridad y defensa nacional. A esta Junta de Defensa Nacional podrán ser incorporados los Ministros o Altos cargos que, por el carácter de los asuntos a tratar, se considere conveniente.

Artículo 39. Un Alto Estado Mayor, dependiente del Presidente del Gobierno, será el órgano técnico de la Defensa Nacional, con la misión de coordinar la acción de los Estados Mayores de los tres Ejércitos.

TITULO VIl La Administración Local

Artículo 40. I. La Administración, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general.

II. Los órganos superiores de la Administración, su respectiva competencia y tas bases del régimen de sus funcionarios, vendrán determinados por Ley.

III. La Administración estará asesorada por los Órganos Consultivos que establezca la Ley.

IV. El Consejo de Estado es el supremo Cuerpo Consultivo de la Administración, y su competencia y funcionamiento se ajustarán a lo que disponga la Ley.

V. El Consejo de Economía Nacional es el órgano consultivo, asesor y técnico en los asuntos de importancia que afecten a la economía-nacional.

Artículo 41. I. La Administración no podrá dictar disposiciones contrarias a las Leyes, ni regular, salvo autorización expresa de una Ley, aquellas materias que sean de la exclusiva competencia de las Cortes.

II. Serán nulas las disposiciones administrativas que infrinjan lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 42. I. Las resoluciones y acuerdos que dicte la Administración lo serán con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo.

II. Contra los actos y acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrán ejercitarse las acciones y recursos que procedan ante la jurisdicción competente, de acuerdo con las Leyes.

III. La responsabilidad de la Administración y de sus autoridades, funcionarios y agentes podrá exigirse por las causas y en la forma que las Leyes determinan.

Artículo 43. Todas las autoridades y funcionarios públicos deben fidelidad a los Principios del

Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino y prestarán, antes de tomar posesión de sus cargos, él juramento correspondiente. ´ ......

Articulo 44. Al Tribunal ftíé Cuentas del Reino corresponde, con plena independencia, el examen y comprobación de las cuentas expresivas de los hechos realizados en ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carácter fiscal, así como las cuentas de todos los organismos oficiales que reciban ayuda o subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos autónomos, y realizar las demás funciones que le señale su Ley orgánica.

TITULO VIII La Administración Local

Artículo 45. I. Los Municipios son entidades naturales y constituyen estructuras básicas de la comunidad

nacional, agrupándose territorialmente en Provincias.

II. La Provincia es circunscripción determinada por la agrupación de Municipios, a la vez que división territorial de la Administración del Estado. También podrán establecerse divisiones territoriales distintas de la Provincia.

Artículo 46. I. Los Municipios y las Provincias tienen personalidad jurídica y capacidad plena para el cumplimiento de sus fines peculiares en los términos establecidos por las Leyes, sin perjuicio de sus funciones cooperadoras en los servicios del Estado.

II. Las Corporaciones municipales y provinciales, órganos de representación y gestión del Municipio y la

Provincia respectivamente, serán elegidas por sufragio articulado a través de los cauces representativos que señala el artículo 10 del Fuero de los Españoles.

Artículo 47. El Estado promueve el desarrollo de la vida municipal y provincial, protege y fomenta el patrimonio de las Corporaciones locales y asegura a éstas los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 48. El régimen de la Administración local y de sus Corporaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y las garantías exigidas por el bien común en este orden, vendrá determinado por la Ley.

TITULO IX Relaciones entre los Altos Órganos del Estado

Artículo 49. Las Cortes españolas serán inmediatamente informadas del nombramiento de nuevo Gobierno y de la sustitución de cualquiera de sus miembros.

Artículo 50. Además de su participación en las tareas legislativas, compete a las Cortes, en relación con el Jefe del Estado:

a) Recibir al Jefe del Estado y al heredero de la Corona, al cumplir éste los treinta años, juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.

b) Resolver, de acuerdo con la Ley de Sucesión, todas las cuestiones que puedan surgir en orden a la sucesión en la Jefatura del Estado.

c) Autorizar al Jefe del Estado para realizar aquellos actos que, por Ley Fundamental, requieran la intervención de las Cortes.

d) Las demás que a este respecto les confieran las Leyes Fundamentales.

Artículo 51. El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe del Estado disposiciones con fuerza de Ley con arreglo a las autorizaciones expresas de las Cortes.

Artículo 52. Salvo el caso previsto en el artículo anterior y los comprendidos en el apartado d) del artículo 10 de esta Ley y en el 13 de la Ley de Cortes, el Gobierno no podrá dictar disposiciones que, de acuerdo con los artículos 10 y 12 de la Ley de Cortes, deban revestir forma de Ley.

Artículo 53. El Presidente del Gobierno y los Ministros informarán a las Cortes acerca de la gestión del Gobierno y de sus respectivos Departamentos y, en su caso; deberán responder a ruegos, preguntas e interpelaciones que se hicieren reglamentariamente.

Artículo 54. I. Corresponde al Gobierno acordar la redacción del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su aprobación, enmienda o devolución. Si la Ley de Presupuestos «o se aprobara antes del primer día del ejercicio económico siguiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

II. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar Proyectos de Ley que impliquen aumento de los gastos públicos o disminución de los ingresos, y toda Proposición de Ley , o enmienda de un Proyecto o Proposición de Ley que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos, necesitará la conformidad del Gobierno para su tramitación.

III. El Gobierno someterá a la aprobación de las Cortes la Cuenta General del Estado, una vez examinada y comprobada por el Tribunal de Cuentas del Reino.

Artículo 55. El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercicio de su función fiscalizadora, deberá poner en conocimiento del Gobierno y de las Cortes, a través de las correspondientes Memorias e Informes, la opinión que le merezcan los términos en que hayan sido cumplidas las Leyes de Presupuestos y las demás de carácter fiscal, conforme a lo prevenido en la Ley que regula esta obligación y asimismo en todos aquellos casos en que, por su excepcional irhportancia, considere que debe hacer uso de-esta facultad.

Artículo 56. Sólo el Jefe del Estado puede pedir dictamen al Consejo del Reino.

Artículo 57. Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme a las Leyes, las cuestiones de competencia entre la Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal de Cuentas y la Administración o entre dicho Tribunal y los demás Tribunales ordinarios y especiales.

Artículo 58. I. Los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo del Estado, del Trtbtmaí fie Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional, serán designados por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino.

II. Su mandato será de seis años, y sus cargos tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes.

III. Su cese se producirá:

a) Por expirar el término de su mandato.

b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino.

c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino.

d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos tercios de sus miembros.

TITULO X El recurso de contrafuero

Artículo 59. I. Es contrafuero todo acto legislativo o disposición general del Gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes Fundamentales del Reino.

II. En garantía de los principios y normas lesionados por el contrafuero se establece el recurso ante el Jefe del Estado.

Artículo 60. Podrán promover recurso de contrafuero:

a) El Consejo Nacional, en todo caso, por acuerdo adpotado por las dos terceras partes de sus Consejeros.

b) La Comisión Permanente de las Cortes en las disposiciones de carácter general del Gobierno, mediante acuerdo adoptado por la mayoría de dos tercios de sus componentes.

Artículo 61. I. El recurso de contrafuero se entablará ante el Consejo del Reino en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la Ley o de la Disposición de carácter general que lo motive.

II. El Presidente del Consejo del Reino dará cuenta inmediata al Jefe del Estado de la interposición del recurso de contrafuero y lo pondrá en conocimiento de la Comisión permanente de las Cortes o del Presidente del Gobierno, según corresponda, a los efectos de que si lo estiman necesario, designen un representante que defienda ante el Consejo del Reino la legitimidad de la Ley o disposición de carácter general recurrida.

III. El Consejo del Reino, de concurrir fundados motivos, podrá proponer al Jefe del Estado la- suspensión, durante la tramitación del recurso, de la Ley o disposición de carácter general recurrida o, en su caso, del

(Pasa a la página siguiente.)

18

EL ALCÁZAR

Se suprime la terminología totalitaria del Fuero del Trabajo

(Viene de la página anterior.)

precepto o preceptos de ella que resulten afectados por el recurso.

Artículo 62. I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acerca de la cuestión planteada por el recurso de contrafuero a una Ponencia presidida por un Presidente de Sala del Tribunal Supremo de Justicia e integrada por: un Consejero Nacional, un Consejero Permanente de Estado, un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un Procurador en Cortes, designados por la Comisión Permanente de las Instituciones respectivas y, en el caso del Tribunal Supremo, por su Sala de Gobierno. Dicho dictamen se elevará al Consejo del Reino con expresión de los votos particulares, si los hubiere.

II. El Consejo del Reino, presidido a estos efectos por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, propondrá al Jefe del Estado la resolución que proceda.

Artículo 63. En el supuesto de que la Comisión Permanente de las Cortes advierta vulneración de los Principios del Movimiento o demás Leyes Fundamentales, en un proyecto o proposición de Ley dictaminado por la Comisión correspondiente de las Cortes, expondrá su parecer, en razonado escrito, al Presidente de las Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publicación del dictamen en el "Boletín Oficial" de éstas, quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere dictaminado para que someta a nuevo estudio el proyecto o proposición de Ley de que se trate. Entre tanto, se suspenderá su inclusión en el orden del día del Pleno o, en su caso, será retirado del mismo.

Artículo 64. La resolución que anule por contrafuero el acto legislativo o disposición de carácter general del Gobierno que haya sido objeto de recurso, obligará a la inmediata publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la nulidad acordada, con el alcance que en cada caso proceda.

Artículo 65. I. El Jefe del Estado, antes de someter a referéndum un proyecto o proposición de Ley elaborados por las Cortes, interesará del Consejo Nacional que manifieste, en plazo de quince días, si a su juicio existe en la misma motivo para promover el recurso de contrafuero.

II. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho mo-*0W«a«wiWMM*«**«»>wteUMfe. «en J« J«aratóBi*vjjíta_ ¿en el articulo 61. En caso contrario, así como en el de quedar desestimado dicho recurso, la Ley podrá ser sometida a referéndum, y después de su promulgación no podrá ser objeto de recurso de contrafuero.

Artículo 66. Una Ley especial establecerá las condiciones, la forma y los términos en que haya de promoverse y sustanciarse el procedimiento a que dé lugar el recurso de contrafuero.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—El artículo 6.° del FUERO DE LOS ESPAÑOLES queda redactado así:

"Artículo 6.° La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público."

Segunda.—La Exposición de motivos y las Declaraciones: II (número 3); III (número 4); VIII (número 3); XI (números 2 y 5); y XIII (números 1, 2, 3, 4, 5 y 6) del FUERO DEL TRABAJO, quedan redactadas en los siguientes términos:

Exposición de motivos

"Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia.

Para conseguirlo —atendiendo, por otra parte, a robustecer la unidad, libertad y grandeza de España— acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía a la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa.

Y partiendo de una concepción de España^ como unidad de destino, manifiesta, mediante las presentes declaraciones, su designio de que también la producción española, en la hermandad de todos sus elementos, constituya una unidad de servicio a la fortaleza de la Patria y al bien común de todos los españoles.

El Estado español formula estas declaraciones, que inspirarán su política social y económica, por imperativos de justicia y en el deseo y exigencia de cuantos habiendo laborado por la Patria forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional. Ante los españoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la esperanza, declaramos:"

Declaración II

"3.—Sin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas dé las empresas, las leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles declaradas por el Estado."

Declaración III

"4.—El Estado fijará las bases mínimas para la ordenación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las empresas. El contenido primordial de dichas relaciones será tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como la ordenación de los elementos de la empresa, basada en la justicia, la recíproca lealtad y la subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social."

Declaración VIII

"3.—La dirección de la empresa será responsable de la contribución de ésta al bien común de la economía nacional."

Declaración XI

"2.—Los actos ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten

contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes."

"5.—El Estado, por sí o a través de los Sindicatos, impedirá toda competencia desleal en el campo de la producción, así como aquellas actividades que dificulten el normal desarrollo de la economía nacional, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento."

Declaración XIII

"1.—Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización Sindical"

"2.—La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores de la producción."

"3.—Los Sindicatos tendrán la condición de corporaciones de derecho público de base representativa, gozando de personalidad jurídica y plena capacidad funcional fíP *OT mureettm ton^ffi j^-coropetencia^pjnjro de ellos y en la forma que legaímente se determine, se constituirán las asociaciones respectivas de empresarios, técnicos y trabajadores que se organicen para la defensa de sus intereses peculiares y como medio de participación, libre y representativa, en las actividades sindicales y, a través de los Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida política, económica y social.".

"4.—Los Sindicatos son el cauce de los intereses profesionales y económicos para el cumplimiento de los fines de la comunidad nacional y tienen la representación de aquéllos."

"5.—Los Sindicatos colaborarán en el estudio de los problemas de la producción y podrán proponer soluciones e intervenir en la reglamntación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de ,trabajo."

"6.—Los Sindicatos podrán crear y mantener organismos de investigación; formación moral, cultural y profesional, previsión, auxilio y demás de carácter social que interesen a los partícipes en la producción."

Tercera.—A.—Los artículos 1.°, 2ç.°, 6.°, 7.°, 8.°, 12, 13, 14, 16 y 17 de la LEY DE CORTES, quedan redactados como a continuación se expresa:

"Artículo 1.°—Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión-.principal de las .Cortes la elaboración y aprobación de las Leyes, siçn perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado."

"Artículo 2.°—1.—Las Cortes se componen de los procuradores comprendidos en Jos apartados siguientes:

a) Los miembros del Gobierno.

b) Los Consejos Nacionales.

c) El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supremo de

Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas del Reino y el del Consejo de Economía Nacional.

d) Ciento cincuenta representantes de la Organización Sindical.

e) Un representante de tos. Municipios de cada Provincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus

miembros y otro de cada uno de los Municipios de más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por los respectivos Ayuntamientos entre sus miembros; un representante por cada Diputación Provincial y Mancomunidad Interinsular canaria, elegido por las Corporaciones respectivas entre sus miembros, y los representantes de las Corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma.

f) Dos representantes de la Familia por cada provincia, elegidos por quienes figuren en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas, en la forma que se establezcan por Ley.

g) El Presidente del Instituto de España y dos repreh) El presidente del Instituto de España y dos representantes elegidos entre los miembros de las Reales Academias que lo componen; el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos representantes del mismo elegidos por sus miembros.

i) El Presidente di Instituto de Ingenieros Civiles y un representante de las Asociaciones de Ingenieros que lo constituyen; dos representantes de los Colegios de Abogados; dos representantes de los Colegios Médicos. Un representante por cada uno de los siguientes Colegios: de Agentes de Cambio y Bolsa, de Arquitectos, de Economistas, de Farmacéuticos, de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras, de Licenciados y Doctores en Ciencias Químicas y Físico-Químicas, de Notarios, de Procuradores de los Tribunales, de Registradores de la Propiedad, de Veterinarios y de los demás Colegios profesionales de título académico superior que en lo sucesivo se reconozcan a estos efectos, que serán elegidos por los respectivos Colegios Oficiales. Tres representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio; uno de las Cámaras de la Propiedad Urbana y otro en representación de las Asociaciones de Inquilinos, elegidos por sus Juntas u órganos representativos.

Todos los elegidos por este apartado deberán ser miembros de los respectivos Colegios, Corporaciones o Asociaciones que los elijan.

La composición y distribución de los Procuradores comprendidos en este apartado podrá ser variada por Ley, sin que su número total sea superior a treinta.

j) Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a veinticinco.

II. Todos los Procuradores en Cortes representan al Pueblo español, deben servir a la Nación y al bien común y no estar ligados por mandato imperativo alguno."

"Artículo 6.°—Los Procuradores en Cortes que lo fuesen por razón del cargo que desempeñan, perderán aquella condición al cesar en éste. Los designados por el Jefe del Estado la perderán por revocación del mismo. Los demás Procuradores lo serán por cuatro años, siendo susceptibles de reelección; pero si durante estos cuatro años un representante de Diputación, Ayuntamiento o Corporación cesase como elemento constitutivo de los mismos, cesará también en su cargo de Procurador."

"Artículo 7.°—1. El Presidente de las Cortes será designado por el Jefe del Estado entre los Procuradores en Cortes que figuren en una terna que le someterá el Consejo del Reino en el plazo máximo de diez días desde que se produzca la vacante. Su nombramiento será refrendado por el Presidente en funciones del Consejo del Reino.

II. Su mandato será de seis años, manteniendo durante este plazo su condición de Procurador en Cortes. El cargo de Presidente de las Cortes tendrá las incompatibilidades que señalen las Leyes.

III. El Presidente de las Cortes cesará en su cargo:

a) Por expirar el término de su mandato.

b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino reunido en ausencia del Presidente de las Cortes.

c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino en reunión análoga a la prevista en el párrafo anterior.

d) Por incapacidad preciada por los dos tercios de las Cortes, presididas por el primer Vicepresidente o, en su caso, el segundo Vicepresidente, previa propuesta razonada de la Comisión Permanente, con análoga presidencia, o del Gobierno.

IV. Vacante la presidencia de las Cortes, se hará cargo de ella el primer Vicepresidente o,-en su caso, el segundo Vicepresidente, hasta que se designe nuevo. Presidente dentro del plazo de diez días.

V. Los dos Vicepresidentes y los cuatro Secretarios de las Cortes serán elegidos, en cada legilatura y entre sus Procuradores, por el Pleno de las Cortes."

"Artículo 8.°—Las Cortes funcionarán en Pleno y por Comisiones. Las Comisiones las fija y nombra el Presidente de las Cortes serán elegidos, en cada legislatura y entre acuerdo con el Gobierno. El Presidente fija, de acuerdo con el Gobierno, el orden del día, tanto del Pleno como de las Comisiones."

"Artículo 12.—I. Son de la competencia de las Comisiones de las Cortes todas las disposiciones que no están comprendidas en el artículo 10 y que deban revestir forma de Ley, bien porque así se establezca en alguna posterior a la presente, o bien porque se dictamine en dicho sentido por una Comisión compuesta por el Presidente de las Cortes, un Ministro designado por el Gobierno, un Consejero perteneciente a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, un Procurador en Cortes con título de Letrado, el, Presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Comisión emitirá dictamen a requerimiento del Gobierno o de la Comisión Permanente de las Cortes.

II. Si alguna Comisión de las Cortes plantease, con ocasión del estudio de un proyecto, proposición de Ley o moción independiente, alguna cuestión que no fuere de la competencia de las Cortes, el Presidente de éstas, por propia iniciativa o a petición del Gobierno, podrá requerir el dictamen de la Comisión a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el dictamen estimara no ser la cuestión de la competencia de las Cortes, el asunto será retirado del orden del día de la Comisión."

"Artículo 13.—Por razones de urgencia, el Gobierno podrá proponer al Jefe del Estado la sanción de Decretos-Leyes para regular materias enunciadas en los artículos 10 y 12. La urgencia será apreciada por el Jefe del Estado, oída la Comisión a que se refiere el artículo anterior, la cual podrá llamar la atención de la Comisión Permanente si advirtiera materia de contrafuero. Acto continuo de la

(Pasa a la página siguiente.)

22 NOVIEMBRE 1966

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TEXTO INTEGRO DE LA NUEVA LEY

(Viene de la página, anterior.¡

promulgación de un Decreto-Ley se dará cuenta de él a las Cortes."

"Artículo 14.—-I. La ratificación de Tratados o Convenios internacionales que afecten a la plena soberanía o a la integridad territorial española, serán objeto de Ley aprobada por el Pleno de las Cortes.

II. Las Cortes en Pleno o en Comisión, según los casos, serán oídas para la ratificación de los demás Tratados que afecten a materias cuya regulación sea de su competencia, conforme a los artículos 10 y 12."

"Artículo 16.—El Presidente de las Cortes someterá al Jefe del Estado para su sanción las leyes aprobadas por las mismas, que deberán ser promulgadas en el plazo de un mes desde so recepción por el Jefe del Estado."

"Artículo 17.—El Jefe del Estado, mediante mensaje motivado y previo dictamen favorable del Consejo del Reino, podrá devolver una Ley a las Cortes para nueva deliberación."

B.—Queda derogada la Disposición adicional 2.a de la LEY DE CORTES.

Cuarta.—Los artículos 3.°, 4.°, 5.°, 8.°, 9.°, 11 y 15 de la LEY DE SUCESIÓN quedan redactados en la siguiente forma:

"Artículo 3.°—Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus poderes un Consejo de Regencia, constituido por el Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía y antigüedad Consejero del Reino y el Capitán General o, en su defecto, el Teniente General, en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, y por este mismo orden, o sus respectivos suplentes designados conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. El Presidente de este Consejo será el de las Cortes, y para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus tres componentes y siempre la de su Presidente o, en su defecto, la del Vicepresidente del Consejo del Reino."

"Artículo 4.°—I. Un Consejo del Reino, que tendrá precedencia sobre los Cuerpos consultivos de la Nación, asistirá al Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. Su Presidente será el de las Cortes y estará compuesto por los siguientes miembros:

— El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean Procuradores en Cortes.

— El Capitán General o, en su defecto, el Teniente General en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y por este mismo orden.

— El General Jefe del Alto Estado Mayor o, en su defecto, el más antiguo de los tres Generales Jefes de Estado Mayor de Tierra, Mar y Airé.

— El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. —• El Presidente del Consejo de Estado.

a-M. gl .Presidente, del Instituto de España.

i¿ ííos Consejeros elegidos por votación por cada uno de los siguientes grupos de Procuradores en Cortes;

a) El de Consejeros Nacionales.

b) El de la Organización Sindical.

c) El de Administración Local, y

d) El de representación familiar.

— Un Consejero elegido por votación por cada uno de los siguientes grupos de Procuradores en Cortes:

a) El de Rectores de Universidad.

b) El de los Colegios profesionales.

II. El cargo de Consejero estará vinculado a la condición por la que hubiese sido elegido o designado.

III. El Jefe del Estado designará, a propuesta del Consejo del Reino, entre sus miembros, un Vicepresidente y los suplentes de cada uno de los Consejeros miembros del Consejo de Regencia.

IV. En los casos de imposibilidad del Presidente o de que vaque la Presidencia de las Cortes y, «n este último caso, hasta que se provea esta Presidencia, le sustituirá el Vicepresidente del Consejo del Reino.

V. Los acuerdos, dictámenes y propuestas de resolución del Consejo del Reino se adoptarán por mayoría de votos entre los Consejeros presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de la mitad más uno de la totalidad de sus componentes, excepto cuando las Leyes fundamentales exijan una mayoría determinada. En caso de empate decidirá el voto del Presidente."

"Artículo 5.°—El Jefe del Estado estará asistido preceptivamente por el Consejo del Reino en los casos en que la presente ley u otra de carácter Fundamental establezca este requisito."

"Artículo 8.°—I. Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del Jefe del Estado sin que hubiese designado sucesor, el Consejo de Regencia asumirá los poderes, salvo el de revocar el nombramiento de alguno de los miembros del propio Consejo, que en todo caso conservarán sus puestos, y convocará, en el plazo de tres días, a los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino para que, reunidos en sesión ininterrumpida y secreta, decidan, por dos tercios de los presentes, que supongan como mínimo la mayoría absoluta, la persona de estirpe regia que, poseyendo las condiciones exigidas por Ja presente Ley y habida cuenta de los supremos intereses de la Patria, deban proponer a las Cortes a título de Rey. Si la propuesta no fuese aceptada, el Gobierno y el Consejo del Reino podrán formular, con sujeción al mismo procedimiento, una segunda propuesta en favor de otra persona de estirpe regia que reúna también las condiciones legales.

II. Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera persona de la estirpe que posea dichas condiciones, o las propuestas no hubiesen sido aceptadas por las Cortes, propondrán a éstas, con las mismas condiciones, como Regente, la personalidad que por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de la Nación, deba ocupar este cargo. Al formular esta propuesta podrán señalar plazo y condición a la duración de la Regencia, y las Cortes deberán resolver sobre cada uno de estos extremos. Si la persona propuesta como Regente no fuese aceptada por las Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino deberán efectuar,

con sujeción al mismo procedimiento, nuevas propuestas hasta obtener la aceptación de las Cortes.

III. En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, de no alcanzarse en primera votación la mayoría de dos tercios, se procederá a segunda y, en su caso, a tercera votación. En esta última, para la validez del acuerdo bastará la mayoría de tres quintos, que habrá de equivaler, por lo menos, a la mayoría absoluta.

IV. El Pleno de las Cortes habrá de celebrarse en el plazo máximo de ocho días a partir de cada propuesta, y el sucesor, obtenido el voto favorable de las mismas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15, prestará el juramento exigido por esta Ley, en cuya virtud y acto seguido, el Consejo de Regencia le transmitirá sus poderes.

V. En tanto no se cumplan las previsiones establecidas en el artículo 11 de esta Ley, al producirse la vacante en la Jefatura del Estado se procederá a la designación de sucesor de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

"Artículo 9.°—Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional. El mismo juramento habrá de prestar el sucesor después de cumplir la edad de treinta años."

"Artículo 11.—I. Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de sucesión será el de primogenitura y representación, con preferencia de la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, del grado más próximo al más remoto; en él mismo grado, del varón a la hembra, la cual no podrá reinar, pero sí, en su caso transmitir a sus herederos el derecho, y, dentro del mismo sexo, de la persona de más edad a la de menos; todo ello sin perjuicio de las excepciones y requisitos preceptuados en los artículos anteriores.

II. En el caso de que el heredero de la Corona, según el orden establecido en el párrafo anterior, no alcanzase la edad de treinta años en el momento de vacar el trono, ejercerá sus funciones públicas un Regente designado de acuerdo con el artículo 8.° de esta Ley, hasta que aquél cumpla la edad legal.

III. La misma norma se aplicará si por incapacidad del Rey, apreciada en la forma prevista en el artículo 14 de esta Ley, las Cortes declarasen la apertura de la Regencia y el heredero no hubiera cumplido los treinta años.

IV. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la Regencia cesará en cuanto cese o desaparezca la causa que la haya motivado."

"Artículo 15.—I. Para la validez de los acuerdos de las Cortes a que esta Ley se refiere, será preciso el voto favorable de los dos tercios de los Procuradores presentes, que habrá de equivaler, por to menos, a la mayoría absoluta del total de Procuradores. , ,. ,,. .„

II. Sin embargo, en los supuestos a que se refieren los artículos 6.° y 8.° de la presente Ley, de no alcanzáis* en primera votación la mayoría de dos tercios, se procederá a segunda, y, en su caso, a tercera votación. En esta última, para la validez del acuerdo bastará la mayoría de tres quintos, que habrá de equivaler, por lo menos, a la mayoría absoluta."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—I. Cuando se cumplan las previsiones de la Ley de Sucesión, la persona llamada a ejercer la Jefatura del Estado, a título de Rey o de Hegente, asumirá las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado en la presente Ley.

II. Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6.° y 13 de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior.

III. La Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación de éste, al Presidente del Gobierno.

Segunda. Al constituirse la próxima legislatura de las Cortes entrarán en vigor las modificaciones introducidas por la Disposición adicional tercera de la presente Ley de en los artículos 2.°, 6.° y párrafo V del 7.° de la Ley de Cortes, y seguidamente las operadas en el Consejo del Reino según la nueva redacción del artículo 4.° de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado establecida en la Disposición adicional cuarta.

Tercera, Con las salvedades previstas en la precedente Disposición transitoria, la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su promulgación.

Cuarta. En el plaro de cuatro meses, a contar desde la promulgación de la presente Ley, se publicarán los textos refundidos de las Leyes Fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace referencia en las Disposiciones adicionales de la presente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y deliberación del Consejo de Ministros.

Quinta. El Gobierno, en el plazo más breve posible, presentará a las Cortes los proyectos de Ley o .dictará las disposiciones conducentes a la debida ejecución de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. A partir de las fechas de entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la misma.

Segunda. La presente Ley tiene el carácter de Ley Fundamental definido en el artículo 10 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.

 

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