Nota oficial del Gobierno Civil a la carta pastoral del arzobispo de Pamplona     
 
   18/02/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Nota oficial del Gobierno Civil a la carta pastoral del arzobispo de Pamplona

PAMPLONA, 17.

(Cifra.)

El Gobierno Civil de la provincia ha dado a conocer a primeras horas de esta

noche la siguiente nota oficial:

"El arzobispo de la diócesis de Pamplona y administrador apostólico de Tíldela

ha enviado a la autoridad civil una carta pastoral dirigida a los sacerdotes de

Navarra y una nota relacionada con los recientes conflictos que ha sufrido

nuestra provincia.

Nada tenemos que objetar a la carta pastoral por entender que las misiones de

enseñar, santificar y gobernar la diócesis corresponden íntegramente a la

autoridad eclesiástica.

En relación con la nota, debemos afirmar que es misión de la autoridad del

Estado el juicio acerca de las posibles infracciones que se cometen contra la

legislación vigente en materia penal y de orden público, sobre todo cuando las

mismas pueden ser atentatorias contra la propia unidad de España o tengan

concomitancia clara con la subversión.

Sería de desear que el juicio sobre estas posibles infracciones se sustanciara a

través de los tribunales de justicia, pero ello no es posible por cuanto la

jerarquía eclesiástica viene negándose sistemáticamente a conceder la venia para

el procesamiento de sacerdotes, cuando dichos tribunales lo solicitan,

amparándose en las normas concordatarias, sin aducir más razón que el peligro de

que con ello pudiera padecer la paz de la Iglesia.

En cuanto al supuesto que se emite sobre la actuación de las autoridades civiles

de Navarra, en orden a la solución de los problemas, constituye un

enjuiciamiento que parece ignorar y silencia hechos concretos y

circunstanciados, mottvadores de las resoluciones adoptadas en el marco de la

legislación vigente.

El señor arzobispo alude a la oportunidad y necesidad del diálogo, a nuestro

entender muy conveniente y deseable siempre; pero es imposible de practicar

sobre la base de hechos delictivos ya consumados, de carácter subversivo y

atentatorios contra la paz social y la unidad de los españoles.

La unidad de España, el orden social y la pacífica convivencia son valores cuya

guardia y custodia está claramente encomendada a la autoridad civil y para cuya

defensa la ley confía los instrumentos precisos. No hacer uso de ellos para

garantizar el bien común sería Incumplir las responhabilidades que conlleva el

ejercicio del cargo.

Pamplona, 17 de febrero de 1975.

 

< Volver