Una solución posible. 
 Nombramiento de un Consejo de incautación     
 
 Madrid.    12/09/1969.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Nombramiento de un Consejo de incautación

Uno de los acuerdos que puede adoptar el Consejo de Ministros de hoy en relación con el asunto Matesa es el nombramiento de un Consejo de incautación que dirija las actividades de la Empresa durante el tiempo en que se encuentre en litigio su estado jurídico.

En los medios políticos y económicos de la capital se habla de esta solución, recogida por la ley de 1 de septiembre de 1939, como una de las posibles vías de salida que tiene a su disposición el Gobierno para resolver el cago Matesa, Partiendo de la base de que la reunión del Consejo de Ministros en San Sebastián volverá a tratar nuevamente de «sta cuestión, el texto legal de 1 de septiembre de 1939 cobra una gran actualidad a, los treinta años de su promulgación.

Dice este texto legal en su articulo primero que todas las Empresas industriales o mineras que ocupen más de 200 obreros, entre otras, en caso de que por alguna, causa se vean obligadas a interrumpir sus actividades, están obligadas a dar conocimiento de sus propósitos al ministerio de Industria y Comercio, "si se tratase de Empresas de producción de carácter general indispensables para el consumo nacional o para la exportación".

El Consejo de Ministros, en este caso,´previos los informes técnicos correspondientes, podrá acordar por decreto, motivado, la continuación del trabajo y el nombramiento de un Consejo de Incautación que dirija las actividades de la Empresa durante el tiempo en que se encuentre en litigio su estado jurídico y quede reorganizada para el trabajo. Este Consejo estará compuesto por un presidente y dos vocales nombrados por el Gobierno, un vocal interventor de la Hacienda pública, un representante por parte de los accionistas de la Sociedad y otro por los obligacionistas o acreedores.

Una vez hecho por el Gobierno el nombramiento de este Con. sejo de incautación, correrán a cargo del Estado las pérdidas que pudieran existir en este período de tiempo de incautación, y los beneficios, si los hubiera, deberán ser depositados en la Caja General de Depósitos.

Si el Estado tuviera que facilitar créditos para hacer posible la continuación de las actividades de la Empresa, se reintegrará de ellos como acreedor preferente con los beneficios, si los hubiere; con el aumento de riqueza o de material que pudiese crear y con la revalorización que globalmente experimente la Empresa como consecuencia de la incautación y de la prosecución de su actividad. En los citados medios económicos de la capital se recuerda que en el caso de Manufacturas Metálicas Madrileñas fue nombrado un Consejo de incautación para hacer frente a una situación crítica de la Empresa.—Europa Press.

 

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