Autor: Ysart, Federico. 
 En sesión secreta, sin acceso de la prensa. 
 Las Cortes conocieron el informe Matesa  :   
 Será elevado al Jefe del Estado, Gobierno y Tribunal Supremo. 
 Madrid.    01/07/1970.  Página: 1,9. Páginas: 2. Párrafos: 48. 

EN SESIÓN SECRETA, SIN ACCESO DE LA PRENSA

Las Cortes conocieron el informe Matesa

Será elevado al Jefe del Estado, Gobierno y Tribunal Supremo

Cuatro horas duró ayer tarde la reunión del Pleno de las Cortes, en la que a puerta cerrada se dio cuenta del informe Matesa. Los periodistas, tras una paciente guardia de tres horas y tres cuartos, pudieron entrar a las tribunas para escuchar la lectura de los dos últimos capítulos: el sexto, peticiones y propuestas de reformas jurídicas, y el séptimo, conclusiones.

El salón estuvo prácticamente lleno durante, 1 a s cuatro horas. Fueron muy pocos los procuradores que salieron algunos minutos de la sala para regresar en seguida. Todos ellos seguían con el Informe en las manos la lectura que de él fueron haciendo los secretarios de la Corporación. En los bancos ministeriales, sólo cuatro ausencias: Asuntos Exteriores, que regresa hoy de Luxemburgo tras la firma del Acuerdo con la Comunidad Económica Europea y numerosas entrevistas con colegas europeos, Gobernación, Educación y Ciencia y Organización Sindical, que se encuentran en Barcelona.

Terminada la lectura de las conclusiones, y mientras sin solución de continuidad el secretario señor Romero dio cuenta pasando a otro tema de los dos decretos-leyes que figuran en el orden del día, se produjeron, tímidamente, aplausos y ruidos en los pupitres y tarimas. ¿Qué se aplaudía, de qué sa protestaba?

A través de las opinones compulsadas entre los asistentes pudiera colegirse que los pocos que aplaudieron lo hacían al Informe en sí, considerado generalmente como suficiente. Quienes se manifestaron en señales de p r o testa, ¿contra qué se producían? Quizá por la inexistencia de un pronunciamiento formal sobre el Informe, quizá por el hecho de que su lectura se hubiera llevado a cabo a puerta cerrada, quizá por manifestar su desaprobación hacia los fallos reflejados en el trabajo de la Comisión Especial.

Y después de todo ésto, ¿qué? Esa era una cuestión, latente a la salida del hemiciclo. Las, Cortes han agotado su vía en sí misma, rindiéndose cuenta de la investigación realizada, Los sesenta y dos folios impresos se trasladan ahora a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia para su conocimiento en relación con las actuaciones que sigue para el esclarecimiento de responsabilidades penales; al Gobierno, para que en el orden administrativo pudiera proceder respecto de los funcionarios que estimare responsables, y, por último, eleva el dictamen al Jefe del Estado "para su conocimiento y efectos que considere oportuno."—F. Y.

El informe Matesa, leído a puerta cerrada

Los periodistas estuvieron presentes en los dos últimos capítulos

A la entrada de la sesión vespertina (es fue repartido a los procuradores el informe elaborado por la Comisión especial, que consta de 62 folios impresos, y un segundo tomo de análogas características como anexo documental. La sesión, que comenzó a puerta cerrada poco después de las cuatro de la tarde, se hizo pública (para los informadores) a las ocho menos cuarto, cuando uno de los secretarios de la Cámara comenzó a leer el capítulo VI, titulado "Peticiones y propuestas de reformas jurídicas". Esta es la parte del informe que ofrecemos a continuación. Sobre el resto sigue pesando la calificación como "materia reservada", que se dio a los debates en el seno de la Comisión.

VI. PETICIONES Y PROPUESTAS DE REFORMAS JURÍDICAS

Con la finalidad de garantizar la participación institucional de las Cortes Españolas y asegurar la mayor eficacia posible en el sistema del crédito oficial, de proteger lo intereses públicos y de conseguir la protección necesaria para la exportación de los productos nacionales, se elevan las siguientes peticiones y propuestas de reformas jurídicas:

1.a La dotación global del crédito oficial, tanto por su trascendencia económica como por la naturaleza de los recursos destinados a tal fin, ha de ser fijada en las leyes de Presupuestos con el voto de las Cortes.

2.a No obstante, la agilidad que la Administración Pública precisa para el cumplimiento de sus fines hace pensar en ía necesidad de que aquella dotación global pueda ir acompañada de una autorización de ampliación, consistente en un porcentaje sobre aquella, de la que el Gobierno podría hacer uso, previo dictamen del Consejo de Economía Nacional.

3.a Debe ser de la competencia del Gobierno la fijación de las prioridades y de las líneas de crédito dentro de los límites señalados en los apartados anteriores, acomodándose, además, a las directrices marcadas en las leyes de aprobación de los Planes de Desarrollo Económico y Social.

4.a A su vez, y en aras de la necesaria eficacia, el ministro de Hacienda, como autoridad financiera, ha de seguir ostentando facultades delegadas del Gobierno para el establecimiento de las líneas de crédito, dentro de los líniit-j que el mismo Gobierno le señale, con el margen de discrecionalidad que sea preciso, pero sin poder rebasar los máximos fijados.

5.a La Comisión estima que, no obstante las graves incidencias derivadas del asunto sobre el que ha informado, y sin perjuicio de establecer garantía suficiente de los intereses públicos, cualquier acción de la Adminisción Pública encaminada a agilizar los procedimientos de concesión de créditos y a crear una variada gama de tipos de garantía, ha de ser entendida como positiva y, consiguientemente, estimulada, siempre que las normas que se establezcan sean aplicables a todos los peticionarios que reúnan las condiciones exigidas.

6.a Deberá precederse a revisar el régimen de concesión de créditos oficiales a las empresas sometidas a la acción concertada, de acuerdo con los principios establecidos en los apartados precedentes.

7.a Entiende igualmente la Comisión que es aconsejable una reconsideración de la organización superior del crédito oficial y, en general, del sistema orgánico financiero. En tal sentido, apunta la conveniencia de las siguientes medidas:

a) Restituir el Banco de España a la función de Banca Central, sin vincular a su gobernador las presidencias del Insítuto de Crédito a Medio y Largo Plazo y del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros.

b) Que ambos Institutos tengan Presidencias, por tanto, independientes del Banco de España directamente dependientes, al igual que el gobernador de dicha entidad, del ministro de Hacienda.

c) Que el gobernador d e 1 Banco de España, los presidentes de los mencionados Institutos y otras autoridades o representaciones que se estimen oportunas, puedan operar colegiadamente como consultores del ministro de Hacienda en materia de créditos.

8.a Que el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, como criadero Consejo General del Crédito Oficial, obedezca en su concepción a los s i e urentes principios:

a) Respecto a su función, ser ei gestor, bajo la inmediata dependencia del ministro de Hacienda y, en definitiva, del Gobierno, de la política de crédito oficial considerada en su conjunto y de la coordinación y «1 control de los Bancos oficiales.

b) Respecto a su composición, que integre, junto con miembros de permanente dedicación, representantes de los sectores afectados de la Administración General, así como suficiente número de representantes de los intereses económicos-sociales y de los propios Bancos oficiales.

9.* Que los órganos colegiados rectores de los distintos Bancos oficiales, hoy desdoblados en las figuras del Comité ejecutivo y del Consejo General, sean refundidos en un solo Consejo Rector, con un número de miembros ligeramente superior al de los actuales Comités ejecutivos, que responda, al menos, a los siguientes criterios:

a) Carácter ejecutivo de los Presidentes.

b) Integración en el Consejo de miembros de permanente dedicación, d« representantes de los departamentos ministeriales afectados en condiciones de dedicación suficiente y el representante de los intereses económico-sociales.

10. Que los Bancos oficiales sean dotados de los servicios precisos para el cumplimiento de sus fines y que, e- general, se asegure la coordinación de todos los servicios públicos, a los efectos de la comprobación de las ¡«versiones y de sus restantes cometidos. ´

11. La exportación constituye una actividad de creciente necesidad en una economía en desarrollo y progresivamente incorporada al comercio internacional, incluso mediante la participacion en unidades supranacionales de cooperación o integración.

El crédito a la exportación es uno de los instrumentos más eficaces para su fomento. La experiencia de los últimos años, independientemente dé la del caso objeto de estudio por esta Comisión Especial, demuestra que el conjunto de disposiciones de inferior rango que regulan la materia exigen mejoras normativas y operativas que aconsejan una nueva ley, ejerciendo las Cortes »u competencia (artículo 10 de la ley de Cortes); la actual había delegado en et Gobierno (artículo 54 de la ley del Plan). Esta ley estará inspirada en los siguientes principios:

a) El sistema de crédito a las empresas exportadoras deberá ser coherente en sus distintas manifestaciones (capital, "stocks" interiores y exteriores, c i r culante, créditos a terceros, etcétera), sin merma de su recomendable agilidad.

b) El crédito a las operaciones de exportación deberá tener por base un contrate o documento usual en la mercantil, con una mínima exigencia de autenticidad según países, cuantías, riesgos y demas circunstancias a considerar intervención, legitimación o informe de Bancos, Cámaras o Instituciones análogas del país extranjero destinatario, y del cónsul o agregado comercial de España en el mismo). Y ello sin perjuicio de la existencia de un sistema de garantías seguro.

c) El crédito previo o para la fase de construcción o fabricación de bienes para la posterior exportación con precio aplazado sólo deberá cubrir los costes y necesidades reales de la empresa a medida que se vayan produciendo, según el proceso industrial de cumplimiento, para evitas cargas y excesivas inmovilizaciones a la epresa y al conjunto de la economía.

d) El crédito comercial a la exportación podrá determinarse en función del precio real del contrato.

e) Los dos créditos antes mencionados deberán adaptarse a los convenios internacionales o condiciones competitivas del mercado exterior, en sus porcentajes, tipos de interés, plazos y demás elementos. Deberá asegurarse la identidad de los bienes objeto de los contratos firmados financiados (salvo en los de circulante).

f) Los créditos de profinanciación deberán encomendarse a los Bancos oficiales especializados en préstamos de tipo refaccionario y a la Banca privada, con remunerador redescuento o linea de créditos especiales en la Banca oficial Los créditos comerciales de post-financiación deberán encomendarse ´a un Banco oficial especializado (nuevo o con nacionalización del Banco Exterior) y a la Banca privada con iguales condiciones de redescuento o linea de créditos especializados en la Banca oficial.

12. Para la consecución de créditos de prefínanciación, el organismo de crédito oficial correspondiente deberá asegurarse de la capacidad de producción de la industria peticionaria y del plazo preciso para la construcción de los bienes objeto de la exportación, costes y demás factores de interés, pudiendo utilizar, además de los servicios propios, los servicios del Ministerio de Industria, Hacienda, etc., que a tal efecto deberán proporcionarlos.

13. Encontrándose en las Cortes en trámite reglamentario un proyecto de ley regulador del Seguro de Crédito a la Exportación, se confía fundadamente que la nueva ley habrá de resolver las deficiencias observadas en este dictamen con relación al expresado seguro.

14. Régimen de incompatibilidades. Aceptado el principio de progresiva individualización de las mismas, se hace necesaria la revisión y actualización de las normas vigentes en la materia, elaborando un texto único, derogatorio de todos los anteriores, incluido, claro está, el decreto-ley de 13 de mayo de 1955, en el que se tomen en consideración las situaciones de interrelación entre la función pública desempeñada y las funciones privadas que pudieran desempeñarse o pasarse a desempeñar.

35. Funciones de los agregados comerciales. Aceptado el principio de apoyo al comercio exterior y de fomento y desarrollo del mismo con cargo a financiación pública, la Ponencia estima que se impone una mayor intervención y vigilancia de, los agregados comerciales es el desarrollo de las operaciones que se planteen, cuando menos en las que revistan mayor importancia. Ello impone una actualización de las normas que rigen su actividad, y señalan sus atribuciones y correlativas obligaciones, a fin de que en el futuro no puedan volver a estar ausentes de acontecimientos relativos al comercio exterior, cuya significación y volumen trascienda de la simple esfera de los intereses privados.

16. Tanto el Instituto Español de Moneda Extranjera como el Juzgado de Delitos Monetarios y la J.O.F.E.X. deben ser objeto de regulación en todos los aspectos de su organización, funcionamiento, dependencia jerárquica y atribuciones, a fin de que puedan responder plenamente del cumplimiento de las misiones que efectivamente les sean conferidas.

VIl. CONCLUSIONES

La Comisión quiere precisar los hechos que revisten un carácter fundamental y cuyas circunstancias han quedado relatadas en el cuerpo de este Informe, con expresa mención de las autoridades y Organismos íntervinientes:

l.° Concentración excesiva de crédito en una sola empresa, habida cuenta, de las posibilidades que la solvencia de la misma podía ofrecer.

2.° Trato discriminatorio en favor de ia misma empresa en comparación con la gestión normal en los distintos ámbitos del crédito oficial.

3.° Concentración excesiva de riesgos en los mecanismos de seguro habilitados al efecto.

4.° Negligente utilización de los mecanismos de coordinación, 5.° No exigencia de las garantías

necesarias para la defensa de los intereses públicos.

6.° Ausencia, igualmente, de una adecuada inspección y comprobación de las inversiones.

7.° Imprudente e imperfecta valoración de los signos de alarma percibidos s lo largo del desenvolvimiento del asunto y lenta e inadecuada reacción de los Organismos que oportunamente tuvieron conocimiento de los hechos. 8.° Evasión ilícita de capitales.

9.° Inexplicable reiteración de errores, no sólo por el número de créditos concedidos sin Justificación suficiente, sino por los años durante los cuales se han venido repitiendo estos hechos.

Por otra parte, dada la repercusión del asunto en los intereses públicos y en la opinión, la Comisión solicita del presidente de las Cortes:

1.° Que dé traslado de este dictamen a Ja Presidencia del Tribunal Supremo para conocimiento del Alto Tribunal, en relación con las actuaciones que sigue para el esclarecimiento de responsabilidades penales.

a.° Que igualmente dé traslado del dictamen al Gobierno, para que en el orden administrativo y de acuerdo con su potestad pueda proceder respecto de las autoridades y funcionarios que se estimen responsables.

Finalmente, la Comisión, habida cuenta de la gravedad y trascendencia de los hechos que han sido analizados, respetuosamente solicita de la Presidencia de las Cortes que eleve este dictamen al Jefe del

Estado para su conocimiento y efectos que considere oportunos.

 

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