Autor: Arauz de Robles, Carlos. 
   Puntualizaciones indispensables     
 
 ABC.    19/06/1964.  Página: 49-51. Páginas: 3. Párrafos: 18. 

PUNTUALIZACIONES INDISPENSABLES

¿En qué se basa la debatida cuestión de las relaciones de C. A. M. P. S. A. con

las investigaciones petrolíferas de Valdeajos?

A mi modesto entender se trata de un caso de estancamiento legislativo.

Los que sostienen, si es que puede emplearse el plural, que la C. A. M. P. S. A.

ba trabajado gratis "et amore" en provecho de Compañías extranjeras que, siendo

meramente sus asociadas la miran olímpicamente, abandonada al borde de la

cuneta, se paran en el índice legislativo, en la fecha del 17 de junio de 1947.

Es la fecha de la última reorganización de la Compañía Arrendataria del

Monopolio de Petróleos.

En aquella época, tan sagazmente criticada por la Exposición de Motivos de la

Ley de Hidrocarburos, emanada de la Jefatura del Estado en 20 de diciembre de

1958—¡ once años después!—, se fija la extensión del Monopolio, atribuyéndole

dos campos de actuación: uno, el normal, y al, como luego verémas se vuelve en

la Ley de Hidrocarburos, que abarca la importación, las manipulaciones, el

almacenaje y la distribución y venta de los combustibles líquidos; otro en

aquella época puramente especulativo, extendía el Monopolio a la facultad de

obtener en el territorio nacional dichos combustibles y a las labores de

destilación y de refino.

Este sistema monopolista fue enjuiciado y sustituido, en cuanto a la primera

parte del segundo, de los campos de actuación referidos por la Ley de 26 de

diciembre de 1958, según comprobará cualquiera que se asome sin ideas

preconcebidas a su articulado.

Pero como nos gustan los. argumentos "ad absurdum" vamos también a

inmovilizarnos en junio de 1947. Si desde entonces el Estado hubiera, mantenido

su criterio monopolista en los resultados de las investigaciones petrolíferas,

es obvia la equivocación de los que hubieran otorgado los permisos de

investigación de Valdeajos y de los que los solicitaron con el alcance que a los

mismos confiere la legislación hoy aplicable. Es asimismo evidente que los

contratos o asociaciones estipuladas por C. A. M. P. S. A. con Compañías

extranjeras carecerían de validez, sin que el Estado, propietario de los

yacimientos, fuese el llamado a responder a título gratuito de las obligaciones

contraídas.

Más nadie puede negar que la Ley de 1958 había rectificado el primer párrafo del

segúndo campo de actuación del Monopolio antes especificado. En el preámbulo de

dicha Ley el legislador se duele de que el antiguo ordenamiento de minas no

recogiese la diferencia entre los hidrocarburos líquidos y gaseosos y las demás

sustancias minerales. "Aquellas disposiciones, dice, quedaron derogadas"; y

señala, como se preveía ya en la Ley de 1944 las características peculiares de

los yacimientos de petróleo. La nueva Ley, añade .el legislador, en 1958

"mantiene el principio clásico del otorgamiento por tiempo indefinido—aunque

limitado—de las concesiones de explota» clones e igualmente el compromiso por

parte del Estado de otorgar los permisos y concesiones al primer solicitante,

sin más requisito que el de ser éste subdito español, o si se trata de Compañías

o Sociedades que la participación de capital extranjero no exceda del 25. por

100, ampliable en casos especiales por acuerdo del Consejo de Ministros hasta el

49 por 100 como máximo".

Habíase establecido una reserva para las investigaciones que el Estado realizara

a través del Instituto Nacional de Industria, aunque reconociendo que se

precisaba la colaboración de la iniciativa privada—la cual no se obtendría si

perduraba el Monopolio y todo el líquido alumbrado se considerase propiedad del

Estado—; esta reserva quedó reducida a 3.500.000 hectáreas, extensión muy

prudencial dentro del área de nuestro país y que desde luego no comprendía los

terrenos de Ayoluengo.

Rinde el preámbulo de la Ley d« 1958 un tributo a la meritoria labor de

investigación petrolífera que venían desarrollando un corto número de Empresas

españolas, y declara más adelante que la implantación de sus criterios

"significa una importante variación de los principios fundamentales en que se

inspiraba la legislación" anterior.

Es, pues, incontestable que el Monopolio del Estado sobre las investigaciones

petrolíferas fue rectificado por la Ley de 1958. Y no se trata de una

rectificación limitada a los aspectos de la investigación y explotación de los

pozos. Se llega a más: En el artículo 6.°, por ejemplo, se expone que "la

concesión de explotación confiere al titular el derecho a obtener autorizaciones

de almacenamiento y transporte para los fines de su explotación. Por las

autorizaciones de refino, almacenamiento y transporte adquiere el titular el

derecho a realizar estas operaciones en la forma y con las limitaciones

previstas en la présenle Ley".

• Si fuesen necesarios más explícitos reconocimientos acuciase de nuevo a la

Exposición de Motivos de la Ley de 1958,. en la cual, pobre la base de todo lo

expuesto, se declara textualmente: "Se mantiene la intervención del Monopolio de

Petróleos EN TODAS LAS OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA de la producción

petrolífera, sin que ello origine gravamen a los concesionarios."

La igualdad ante la Ley de las Compañías españolas y extranjeras, y que si acaso

necesitara alguna discriminación, basada en el principio de reciprocidad o en

criterio proteccionista, nunca repercutiría en una capitidisminución de las

nacionales, sobre todo si las extranjeras no tuviesen otra situación jurídica

que la emanada de sus conciertos con las españolas, resplandece en la Ley de

Hidrocarburos, al declarar so. preámbulo que el Estado tendrá nna participación

del 50 por 100 en los beneficios líquidos de la explotación, como compendio de

toda imposición tributaria directa y al eliminar en el artículo 37 toda exacción

descriminatoria.

•No quiero referirme a que la defensa de los claros derechos del accionado de C.

A. M. P. S. A. es también la defensa del considerable paquete de acciones que en

la Compañía posee el Estado y que en casó de inerte revalorización de las mismas

enjuagarían las diferencias que existirían si la Ley de Hidrocarburos no hubiese

concedido licencias ¿e investigación a cualquier entidad sin discriminación.

Considero, pues, perfectamente incontrovertible:

1.° Que el Estado español, que pudo realizar por sí mismo por mediación del

Instituto Nacional de Industria la investigación petrolífera de Valdeajos, pero

que no lo hizo, pudo también "otorgar concesiones o autorizaciones para los

expresados fines a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en

las condiciones que establece la Ley de Hidrocarburos" (artículo 3.°). La

concesión o permiso de investigación se otorgó), pues a la C. A. M. P. S. A.,

Compañía española anónima, en las condiciones que señala la Ley y no al

Monopolio, porque éste» como privilegio del Estado, hubiera servido para sus

trabajos del I. N. I.

2.° Que según el artículo 5.a, de la Ley no es posible considerar a C. A. M. P.

S. A. como excluida del derecho a obtener los permisos y las concesiones de

referencia;

3.° Que es. de presumir, a tenor del artículo 10, párrafo 2.°, que C. A. M. P.

S. A. obtuvo la previa autorización del Estado para sus convenios con las

Sociedades, extranjeras que son sus asociadas, y

4.° Que con la sencilla aplicación de la legalidad vigente, representada por la

Ley de 1958, evitan las inconsecuencias que ge derivarían de la invocación de un

criterio monopolístico, que ofrecería un trato de favor a las Sociedades

extranjeras sobre el dispensado a las nacionales.—Carlos ARÁUZ DE ROBLES.

 

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