Informe de la ponencia sobre la Ley Orgánica de Justicia. 
 Que las jurisdicciones especiales se integren en la jurisdicción ordinaria  :   
 El Tribunal Central de lo Penal conocería cuantos delitos se cometan "con finalidad político-social". Se exigirá juramento político para iniciar la profesión de abogado. 
 Informaciones.    19/06/1974.  Páginas: 2. Párrafos: 11. 

INFORME DE LA PONENCIA SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE LA JUSTICIA

Que las jurisdicciones

especiales se integren

en la jurisdicción ordinaria

EL TRIBUNAL CENTRAL DE LO PENAL CONOCERÍA CUANTOS DELITOS SE COMETAN «CON FINALIDAD POLÍTICO-SOCIAL»

SE EXIGIRÁ JURAMENTO POLÍTICO PARA INICIAR LA PROFESIÓN DE ABOGADO

MADRID, 19. (INFORMACIONES.)

—Las jurisdicciones especiales, con las únicas excepciones de la militar y la eclesiástica, se integrarán en la Jurisdicción ordinaria, a la que corresponderá con carácter exclusivo y excluyente la función de juzgar, sin perjuicio de respetar los aspectos gubernativos o administrativos no jurisdiccionales que por ley correspondan a otras autoridades u organismos públicos. Así consta en el informe que la ponencia de la

Comisión de Justicia de las Cortes ha elaborado sobre la base del proyecto de ley enviado en su día por el Gobierno al organismo legislativo.

El informe agrega, que la unidad jurisdiccional de los Tribunales y Juzgados determinados en la nueva ley es compatible con la necesaria y conveniente distribución en órdenes y órganos especializadas a quienes se atribuya la respectiva competencia. Señala además que no se entenderán afectados por el principio de unidad jurisdiccional, salvo que por ley se establezca otra-cosa, los órganos y Tribunales que tengan carácter arbitral y aquellos otros de carácter consuetudinario que estén establecidos por costumbre admitida o prolongada.

La función Jurisdiccional, según el expresado informe, se llevará a cabo a través del Tribunal Supremo, el Tribunal Central de Trabajo y los Tribunales Centrales de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, así como las Audiencias territoriales existentes. El Tribunal Central de Trabajo y los Tribunales de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo tendrán Jurisdicción en todo el territorio nacional y sede en la capital del Reino.

Entre los delitos que el Tribunal Central de lo Penal conocerá "sin especialidad alguna en cuanto al procedimiento que en cada caso corresponda", figurarán los que atenten contra la seguridad exterior del Estado y los de propaganda ilegal, depósito de armas o municiones, terrorismo, tenencia de explosivos, atentado, desórdenes públicos y estragos "cuando se cometan con finalidad político-social".

POSIBILIDAD DEL "HABEAS CORPUS"

Una de las grandes novedades del proyecto, según la versión de la ponencia, es la regulación de la posibilidad de "babeas corpus". A este respecto cabe recordar que, con motivo de sus reuniones de los días 15 y 16 de febrero pasado, que conocieron precisamente la toma de posesión de don Antonio Pedrol Rius como decano del Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía hizo, con relación al proyecto de ley Orgánica de la Justicia, referencia a la falta, en dicho proyecto, de una declaración sobre la función de tutela jurídica del abogado "antes y fuera del proceso", así como "las declaraciones más garantes de los principios que las leyes procesales, habrán de desarrollar con respecto a la seguridad y a la protección jurídica que debe alcanzar al justiciable desde el momento mismo de la primera inculpación".

El texto que ahora ofrece la ponencia (integrada por los señores Batlle Vázquez, Cerviá Cabrera, García Carrero, Rivas Guadilla y Viola Sauret), en su artículo 74, párrafo segundo, recoge aquellas ideas, declarando que «en

INFORME SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE JUSTICIA

(Viene de la pág. primera.)

la función de defensa de los derechos y garantías Individuales, el abogado podrá solicitar la intervención del órgano jurisdiccional competente, incluso antes de formalizarse el proceso». El texto añade que «también corresponde a los abogados, cuando se les solicite, el asesoramiento y dirección jurídica de derechos e intereses fuera del proceso».

EL JURAMENTO POLÍTICO

El proyecto reelaborado por la ponecia contiene una novedad no prevista en el proyecto primitivo del Gobierno. Se refiere esta novedad a la exigencia de juramento político para el ejercicio de la profesión abogacial. Quizá nada más elocuente que la reproducción del texto para calibrar el alcance de la nueva disposición, cuya sustancia figuraba ya en la ley de Colegios Profesionales. El texto dice: «Los abogados y procuradores, antes de empezar a ejercer su profesión, prestarán el juramento de fidelidad a las Leyes Fundamentales e instituciones del Estado, así como de secreto profesional y de cumplir los deberes inherentes a su función en la forma prevista en las disposiciones en vigor.»

NO HABRÁ CONSEJO

SUPERIOR DE LA

JUSTICIA

Otra novedad radica en la supresión del texto que en el proyecto del Gobierno pretendía crear el Consejo Superior de la Justicia, presidido por el Jefe del Estado, como órgano encargado de velar por la independencia de la Justicia y por la eficacia de la actuación de jueces y Tribunales.

Este Consejo habría estado integrado, y podrá llegar a estarlo si la eliminación sugerida por la ponencia no prospera, por el ministro de Justicia (vicepresidente), presidente y fiscal del Tribunal Supremo y demás componentes de la Sala de gobierno; dos procuradores en Cortes letrados, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, uno de los presidentes de los Tribunales centrales, tres presidentes de Audiencias territoriales, un rector de Universidad que proceda de la Facultad de Derecho, elegido por la Junta de rectores; dos jueces de primera instancia e instrucción decanos de Madrid y Barcelona, el presidente del Consejo General de la Abogacía y otro decano del Colegio elegido por la Junta de decanos, más, por último, el presidente de la Junta Nacional de los Colegios de Procuradores.

LA PROMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS

El proyecto informado por la ponencia propone que la promoción a magistrado se haga por antigüedad entre jueces, salvo una quinta parte de las vacantes que se produzcan, que se cubrirá por oposición restringida entre ellos. Para prestar servicios en el orden laboral se adquirirá la condición de magistrado de Trabajo mediante oposición entre jueces.

El nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo se hará por el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia.

 

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