"B.O.E.". 
 Juzgados distintos para las causas penales y civiles en siete capitales españolas     
 
 Informaciones.    19/09/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

«B. O. E.*

Juzgados distintos para las causáis penales y civiles en siete capitales españolas

MADRID, 19. (INFORMACIONES.) — un decreto que publica hoy el «Boletín Oficial del Estado» atribuye a Juzgados distintos las jurisdicciones civil y penal, que en la actualidad ejercen simultáneamente los llamados Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Esta separación en Juzgados civiles y penales se llevará a cabo solamente en determinadas capitales.

«El progresivo aumento de la criminalidad, la aparición de nuevas figuras delictivas, el aprovechamiento por la delincuencia de los adelantos y progresos de la técnica, la extraordinaria movilidad y fluidez que ha adquirido gracias a los medios de comunicación, las alteraciones en la distribución demográfica del país, a consecuencia de los movimientos de migración interior, típicos de una sociedad en creciente expansión industrial y, en fin, la organización a nivel internacional que muchas formas de actuación criminal presentan» son las causas que figuran en la exposición de motivos del decreto), como auténtico obstáculo para la buena marcha de la Administración de Justicia, sobre todo, en las grandes poblaciones, a causa de la acumulación de asuntos civiles y penales en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Va la Ley Orgánica de 1970 —sigue la exposición de motivos— consagró la especialización de lo civil y lo penal, pero entonces se presentaron graves dificultades para su implantación. Hoy han sido superadas y la especialización puede llevarse a la práctica.

Por consiguiente, el decreto establece que «la jurisdicción penal, que actualmente se ejerce por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, será encomendada exclusivamente a los que se denominarán sólo Juzgados de Instrucción en las capitales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Málaga». Su número será fijado por el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

La jurisdicción civil y demás funciones que no correspondan al orden penal serán ejercitadas en dichas capitales por los Juzgados que se determinen por el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y que se denominarán Juzgados de Primera Instancia.

La asignación de magistrados a una u otra jurisdicción se llevará a efecto conforme a las normas vigentes para la provisión de destinos. Tendrán preferencia, no obstante, y por una sola vez, los magistrados que desempeñen sus funciones en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de las poblaciones afectadas. Igual sucederá en loa nombramientos de secretarios.

Se concede un plazo de tres meses, para que el ministro de Justicia dicte las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de este decreto.

 

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