Autor: Pérez Fernández, Herminio. 
 Cortes Españolas. 
 Los condenados por alteraciones de orden público durante el Estado de Excepción no disfrutarán de la remisión condicional  :   
 La Comisión de Gobernación finalizó el dictamen del proyecto de ley que modifica algunos artículos de la vigente de Orden Público. 
 ABC.    25/06/1971.  Página: 37. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

CORTES ESPAÑOLAS

LOS CONDENADOS POR ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN NO DISFRUTARAN DE LA REMISIÓN CONDICIONAL

La Comisión de Gobernación finalizó el dictamen del proyecto de ley que modifica algunos artículos de la vigente de Orden Público

Madrid. (De nuestro redactor en las Cortes, Herminio Pérez Fernández.) Como anticipábamos en nuestra información de ayer, la Comisión de Gobernación consiguió dejar dictaminado, ayer tarde, el proyecto de ley que modifica determinados artículos de la de Orden Público. Quedaban pendientes muy pocas cuestiones que dilucidar y aún así fueron necesarias tres horas de sesión para ultimar el dictamen.

En torno al párrafo segundo del artículo 45. que se refiere a la excusa de los letrados en la defensa de acusados, se habia suscitado una cuestión batallona entre los partidarios de su supresión y los inclinados a que se mantuviera el precepto. La Ponencia que. en principio, lo incluyó en su informe, decidió luego suprimirlo a la vista de las peticiones de que así se hiciera. Posteriormente, como otros enmendantes pidieron, con no menos insistencia, que el párrafo no fuera suprimido, la Ponencia, representada por el señor Rodríguez Miguel, decidió poner la resolución del dilema en manos de la Comisión. Y el debate largo de la sesión anterior, volvió a reproducirse.

El señor Herrero Tejedor se mostró, una vez más. partidario de la supresión porque. a su .juicio. el segundo párrafo del artículo 45 no aporta novedad ni modificación alguna en cuanto a la legislación vigente y, en cambio, introduce algunos elementos de confusión. Le apoyaron en esta misma postura los señores Rivas Guadilla, Salas Pombo. Merino García y Filgueira. Por el contrario defendían el mantenimiento del párrafo debatido, los señores Palomares. Valencia Remón y. en un sentido más ^ecléctico, los señores Peralta España y López Sorrón, que sugerían alguna modificación en el texto.

Fueron especialmente destacadas, en aspectos contrarios, las intervenciones de los señores Salas Pombo y Valencia Remón. El primero diría que, aun cuando por su perfil podía ser asociado a los «halcones», no podía olvidar que en Galicia se llama «pom-605» a los palomos y en esta ocasión se pasaba a este último bando, solicitando la supresión del precepto, «El hecho lamentable y triste—dijo también—de que un grupo, poco numeroso, de abogados del Colegio de Madrid, haya adoptado una actitud reprobable, que ha merecido ser sancionada debidamente, no justifica la existencia de este párrafo». Por su parte, el señor Valencia Remón aludió a una serie de rebeldías bien conocidas de todos, como las incomparecencias de letrados que sólo buscan retrasar los procedimientos; si el precepto no añade nada nuevo—dijo—subraya, sin embargo, unas medidas contra unas situaciones de hecho, y que hay que prevenir para mañana.

También el señor Palomares, en una contundente intervención, subrayó la conveniencia de remachar que ^.cuando un profesional del Derecho decide defender a un cliente, tiene la obligación de hacerlo, en conciencia, ante cualquier Tribunal y ante cualquier jurisdicción».

A las seis y veinte minutos, el presidente de la Comisión, don Carlos Arias Navarro, declaró el tema suficientemente debatido, sometiéndolo a votación. Una enmienda del señor López Sorrón, que introducía ligeras modificaciones en el texto del segundo párrafo, fue desechada con sólo tres votos a favor. El texto de la ponencia prosperó con

22 votos favorables y sólo ocho en contra. Dice así:

Artículo 46. Las partes podrán designar letrado para su defensa, pero si por cualquier causa no los designasen o éstos dejaren de comparecer o de actuar, se estará a lo que establece el artículo 788 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones vigentes.

Los letrados a que se refiere el párrafo anterior no podrán excusarse de la defensa, sin un motivo personal y justo, sobre el que resolverá de plano el Tribunal o Tribunales que conociesen de las actuaciones.

SUPRESIÓN DE LA REMISIÓN CONDICIONAL

Por el artículo 47 se suprime la remisión condicional a los condenados por infracciones contra la ley de Orden Público durante las épocas de Estado de excepción. La remisión condicional permite que un condenado a menos de un. año de cárcel, cuando es la primera vez que se le condena y no ha estado declarado en rebeldía, sea dispensado de ingresar en prisión, manteniéndose durante un período de dos a cinco años la vigencia de la pena impuesta, para el caso de que el condenado reincidiera.

Diez enmendantes se opusieron, con numerosos argumentos, a esta medida: el señor Zubiaur se extrañó de que se aplicara a los delitos comunes y no a los de orden público; el señor Baringo consideraba aconsejable la supresión desde el punto de vista jurídico, político y práctico: para el señor Esperabé (que recuperó la palabra porque el precepto—dijo—«es de los que hacen hablar a un mudo») este artículo modifica el Código Penal, para lo cual la Comisión de Gobernación no es competente; fue muy brillante y extensa la intervención del señor Herrero Tejedor, que, tras subrayar la importancia de la remisión condicional para la recuperación de los condenados, solicitó la supresión porque «los Tribunales, conscientes de los valores jurídicos y poli-ticos que defienden, saben bien cuándo deben aplicarla o no»; el señor Rivas Guadilla consideraba más eficaz para la conducta futura del delincuente favorecido con la remisión de la pena saber que si reincide puede ser enviado a la cárcel para cumplir una doble condena; también el señor

UN CONVENIO TURÍSTICO HISPANO-DOMINICANO EN EL «BOLETÍN DE LAS CORTES.

También publica dos proyectos cíe ley sobre ampliación de plantillas en

Hacienda y Justicia

El «Boletín Oficial de las Cortes Espa. ñolas» publicó ayer los textos de un Convenio de cooperación técnica en materia de turismo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno español. En este Convenio se especifica que las, partes contratantes darán las máximas facilidades para el Incremento del turismo entre los dos países y cuidarán, especialmente, de la organización y realización de viajes colectivos y turismo de extensión en uno y otro país.

£1 «Boletín de la Cámara», además de otro Convenio sobre el estaño, publica seis proyectos de ley, uno de ellos relativo a la concesión de una pensión excepcional a doña María Dolores Vázquez Rodríguez, viuda del que fuera presidente del Tribunal Supremo, don José Gastan Tobeñas; otro, sobre ampliación de plantilla del Cuerpo de Contadores del Estado; un tercero relatlvo al incremento de plantilla de la, Administración de Justicia y otros tres sobre concesión de créditos extraordina ríos al Ministerio de la

Gobernación, por valor de 18.172.564 pesetas, con destino a vestuario de la Guardia Civil; crédito de 18.951.420 pesetas al Consejo Nacional, Instltuto de Estudios Políticos y Secretaría general del Movimiento, con destino a satisfacer los gastos de elecciones para consejeros provinciales del Movimiento, y el último, de 19.000.000 de pesetas al Ministerio de la Gobernación para atención de carácter reservado del Departamento.

Valencia Remón estuvo conforme con la supresión del precepto, así como los señores Merino García. Lop, López Medel y Salas Pombo; este último afirmó: «el delito no tiene colores y, por tanto, ha de tener un tratamiento común».

Sólo el señor Valero Bermejo defendió el mantenimiento del precepto por el principio de ejemplaridad de la pena y de la prevención del riesgo.

Por la Ponencia expuso abundantes argumentos en pro de la persistencia de este artículo el señor Carro Martínez. «Aquí no se trata—dijo—de la naturaleza de los delitos, sino de la naturaleza de la situación; la remisión condicional juega en circunstancias de normalidad, no en las de anormalidad, porque entonces hay valores más importantes, que tienen que ser defendidos en aras de las exigencias del orden público.-»

Tras un amplio turno de réplicas, el señor Arias Navarro declaró el asunto sobradamente debatido y minutos antes de las ocho de la. tarde se aprobaba el artículo con dieciséis votos a favor y doce en contra.

El texto del Gobierno, que no experimentó variaciones, dice:

Artículo 47. Los condenados en estas actuaciones no podrán disfrutar de los beneficios de la remisión condicional.

Puede decirse que ahí finalizó la sesión. El resto del articulado se aprobó por unanimidad. Los textos son éstos:

Artículo 2.o Quedan derogados los artículos 48, 49, 50 y 51 de la ley de Orden Público, de 30 de julio de 1959.

Artículo 3.° La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición transitoria.—La presente ley no será de aplicación en los procedimientos gubernativos y judiciales que se hallasen ya iniciados en la fecha de entrada en vigor de la misma, los cuales continuarán sustanciándose en todos sus trámites y recursos por las normas que los regulaban en el momento de su iniciación.

A las ocho y unos minutos, el presidente de la Comisión de Gobernación, don Carlos Arias Navarro, declaró dictaminado el proyecto de ley y levantó la sesión.

 

< Volver