La unidad jurisdiccional     
 
 ABC.    17/09/1971.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA UNIDAD JURISDICCIONAL

En el solemne acto de apertura del Año Judicial, el presidente y el fiscal del Tribunal Supremo han hecho expresa referencia a la necesidad de la unidad de jurisdicciones.

Son particularmente interesantes las palabras del fiscal del Supremo, señor Herrero Tejedor, afirmando que la Memoria anual «e hace eco de «los deseos reiteradamente expuestos de llegar cuanto antes a formular una normativa que haga realidad el principio de la unidad jurisdiccional, esto es, de la exclusividad reconocida y proclamada por nuestras Leyes Fundamentales, de los Tribunales de la jurisdicción ordinaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

La evolución en este sentido, según dijo, te realiza «con seguridad y firmeza, aunque con la lentitud que la importancia del caso requiere».

La demanda de unidad jurisdiccional —c o m o ha recordado oportunamente nuestro colega «Informaciones» en su editorial de ayer—tiene muy serios y sólidos precedentes. Fue pedida, hace ya tres años, por el propio ministro de Justicia, señor Oriol y Urquijo, en su discurso de apertura de los Tribunales; pedida también en el Congreso Nacional de la Abogacía de León, como «imprescindible»; solicitada y urgida por la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes que se celebra estos días en Madrid... Si a estos datos añadiéramos otras referencias, en el mismo sentido, anteriores, individuales y colegiadas, y sumáramos también las veces que en artículos y comentarios de Prensa se ha defendido la tesis correcta de la uni-

dad jurisdiccional, la lista sería interminable.

En los artículos que dedica a la Justicia la Ley Orgánica del Estado se proclama la unidad jurisdiccional, con. las solas salvedades de la jurisdicción militar y la jurisdicción castrense, en sus respectivas competencias. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, naturalmente, el mismo principio de unidad jurisdiccional.

No es preciso en este comentario extendernos en los razonamientos jurídicos que abonan y respaldan este principio. Bastará decir que ya unido a la independencia de la Justicia—otro gran principio clave de una perfecta juridicidad—y que es condición decisiva para la seguridad jurídica.

Actualmente existen aún muchas jurisdicciones especiales. Y el principio de unidad jurisdiccional no es compatible con ellas. La función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde «exclusivamente» a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley Orgánica de la Justicia.

Reproduzcamos el último párrafo del editorial citado de «Informaciones»:

«Así, pues, en 1966 el pueblo español ratifica por referéndum el principio de unidad (jurisdiccional) consagrado en la Ley Orgánica. En 1968, el ministro de Justicia—es decir, el Gobierno de la nación—confirma esta unidad con sus palabras. Posteriormente, los tres pilares de la Administración de Justicia, abogados, fiscal del Supremo y presidente del Tribunal Supremo, expresan sus vivos deseos de llegar a esa unidad jurisdiccional, que no termina de configurarse debidamente en las leyes. Y, por último, el mismo principio es respaldado por la alta autoridad moral que posee en España la Iglesia católica. Todos de acuerdo en hacer una cosa que, sin embargo, no se hace. Y en diciembre de este año se cumplirán cinco años del principio de unidad proclamado en nuestras Leyes Fundamentales. Cinco años de incumplimiento de la Ley Orgánica del Estado. ¿Por qué?»

Es un planteamiento severo, pero cierto, de la cuestión. Por supuesto, el asunto es importante, tiene gran trascendencia; pero las jurisdicciones especiales nacieron, casi todas ellas, en las especialísimas condiciones de tiempos ya pasados, y la estabilidad afirmada del país, en todos los órdenes, no concuerda, no parece concordar con el mantenimiento de las mismas. ¿No es ya tiempo de dar al problema su adecuada, lógica, congruente y justa solución?

La reforma judicial, a la que expresamente se ha referido el presidente del Tribunal Supremo, señor Ruiz Jarabo, abarca muchas actuaciones importantes: intensificar la autonomía funcional de la Magistratura; establecer un sistema rápido y eficaz para exigir la responsabilidad judicial; flexibilizar el proceso civil; remozar el sistema de selección y formación de los jueces, etc... Pero bien puede decirse que destaca entre todas, por su importancia y su tempestividad, por su trascendencia y su dimensión, por cuanto influye en la situación del ciudadano ante la administración de la Justicia, el principio de la unidad jurisdiccional.

Está proclamado—repetimos—en Leyes Fundamentales. Existen cauces legales, por supuesto, para establecerlo. Y existe, dato decisivo, la garantía de la buena formación, de la plena justicia, del rectísimo criterio que siempre ha inspirado la actuación de los jueces y tribunales ordinarios.

 

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