Autor: Rocamora, Pedro. 
   El Príncipe     
 
 ABC.    03/07/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

EL PRINCIPE

La evolución política en España es un imperativo de la realidad histórica. Nadie niega que las exigencias de la hora presente imponen un giro hacia estructuras más abiertas en el camino de una mayor y más flexible participación y representación popular en las tareas del Estado.

Es este un principio que se da —por encima de discrepancias de enfoque— en el sentir unánime de los españoles, independientemente de su adscripción ideológica.

Ahora bien, las formulas de su realización —para el momento en que se cumpla el supuesto sucesorio— se manifiestan en tres hipótesis radicalmente distintas. Primera: liquidación de los supuestos ideológicos del sistema inaugurado el 18 de julio de 1936, con la consiguiente convocatoria de un Referéndum, que decidiría sobre la fórmula del Estado. Segunda: mantenimiento de los esquemas políticos vigentes, proyectados bajo la Monarquía de Don Juan Carlos, hacia un futuro de signo autoritario en el que no quepan las plenas fórmulas democráticas que en Europa consagran los dogmas de la libertad. Y tercera: una sustancial modificación —dentro del marco de las leyes Fundamentales— de aquellos principios que impiden o limitan la evolución democrática con una instauración definitiva y verdadera de ésta, dentro de la joven Monarquía del Principe.

La primera hipótesis suscitaría una abierta lucha entre grupos ideológicamente antagónicos y excluyentes, sólo comparable —en el plano del pensamiento y acaso en el de la acción— con la que determinó la situación de 1936. Es la que se ha calificado de «dialéctica del enfrentamiento».

La segunda supondría un difícil intento de supervivencia de estructuras sólo compatibles con las cualidades carismáticas de quien, desde la fundación del Sistema, ha conducido éste en virtud de un poder personal.

La tercera representa un propósito de reforma que, partiendo de una posición histórico-crítica de la propia Constitución —sirviéndose de su carácter «abierto»— la adapte, dentro de un objetivo Estado de derecho, al imperativo de una democracia de tipo europeo.

No puede dudarse de que la tensión se polariza —siguiendo la terminología de Duverger— entre dos maneras de entender la acción política: como lucha o como integración. En esa encrucijada nos hallamos.

La lucha frustraría las metas del relativo, pero positivo, desarrollo económico alcanzado. Y sumiría a España en un período de estériles enconos, en los que las víctimas acabarían siendo el bien común, la paz pública, el ideal de la justicia y las libertades del pueblo español.

Por el contrario la potenciación de las fuerzas integradoras de la nación haría posible un cambio político por cauces de efectiva participación y de auténtico pluralismo. En otros términos, se habría alcanzado una real convivencia, dentro de las exigencias del insoslayable desafío democrático.

El ejercicio de los derechos inalienables de la persona humana —muchos de ellas reconocidos en nuestro texto constitucional, pero interpretados con una rigurosa limitación fundada en «razones de Estado»— tendría su plena realización, libre de cualquier clase de condicionamientos.

Porque un amplio sector del articulado de nuestras Leyes Fundamentales es compatible con esa perspectiva democrática cuya realización se postula.

Por otra parte, la propia Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado prevé, en el párrafo segundo de su artículo 10, la posible «derogación o modificación» de las Leyes Fundamentales mediante un referéndum.

Este serviría, así, para actualizar, acomodándola a las necesidades del futuro, la actual realidad constitucional. Pero nunca para someter a discusión la forma del Estado.

No. La Monarquía de Don Juan Carlos representa el puente por el que España puede pasar desde la orilla de un periodo histórico, en el que se liquida una guerra civil, a la orilla de una España nueva —en la que han cicatrizado las viejas heridas— abierta a una libre convivencia nacional.

«Reconciliación en la libertad» podría titularse esa fórmula.

Su símbolo sería un Príncipe que cuando llegue el momento será un Rey moderador de las eternas hostilidades hispánicas. Instaurador de un auténtico sentido comunitario de la vida española capaz de estimular el rearme cultural de los valores del espíritu.

Entre las varias opciones políticas que el futuro nos ofrece, ¿por qué no promover desde ahora los caminos que conduzcan a ese fin?

La imagen de esa joven Monarquía sería, para una gran mayoría de españoles, como una bandera de concordia civil y de libertad.—Pedro ROCA-MORA.

 

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