El acuerdo, en torno al Rey     
 
 Informaciones.    17/06/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

El acuerdo, en torno al Rey

LA Sucesión a la Jefatura del Estado viene siendo objeto de comentarios, periodísticos en los últimos días. Declaraciones de diversas personalidades del mundo de la política han puesto de actualidad el trascendental tema que no por delicado conviene obviar. Es indudable que en un futuro más o menos próximo son los hechos, y no las palabras, quienes van a demostrar la virtualidad o no de las posiciones que se exhiben, pero por lo mismo, es preciso dejar nítida la de este periódico, partiendo de la base del respeto que siempre nos inspira toda opinión —venga de donde venga— si está expuesta con criterios de civilidad y convivencia y si la anima un espíritu de diálogo, irrenunciable para nosotros.

La salida política de un Régimen tan peculiar como el que hemos vivido los españoles en los últimos cuarenta años tiene por fuerza que plantear problemas. Sin embargo, frente a los catastrofistas que prevén, y quién sabe si hasta desean, "el diluvio después de Franco", es preciso enarbolar cuanta imaginación sea necesaria para arbitrar fórmulas posibles y reales. Y en las opciones que hayan podido y puedan presentarse —y que van desde el continuismo puro y simple hasta la ruptura que significarla el abrir sin más un proceso constituyente— nos parece que la mas deseable y la más factible es la de cumplir con la ley. No por un principio de legalismo o rigor juridicista sin más, sino porque nos parece importante buscar un punto de acuerdo y diálogo entre los españoles, algo que no se ponga a discusión, de manera que puedan discutirse, y a fondo, todas las demás cosas.

Desde este punto de vista, la solución legal del nombramiento del Príncipe Juan Carlos como sucesor a título de Rey en la Jefatura del Estado, puede suscitar sin duda —y es obvio que suscita— algún desacuerdo parcial, pero creemos ser realistas si decimos que concita el general acuerdo de los españoles, que contemplan en la figura del Principe ese punto de encuentro necesario al que nos referíamos y la liquidación definitiva de muchas diferencias. Esta posición, ademas, ha sido adoptada mayoritariamente por razones objetivas, pues no puede decirse sin más que los españoles sean monárquicos ni republicanos, y crece un sentimiento —cada día mas extendido— de accidentalismo en las formas de organización del Estado, con tal de que éste responda a las aspiraciones y deseos democráticos tan claramente expuestos por amplias zonas de la sociedad.

Decir, por lo demás, que con el Príncipe Juan Carlos al frente de la nave del Estado "ya está todo resuelto" sería, desde luego, negarse a la necesidad de unas reformas reclamadas hoy desde numerosos sectores y desde la Prensa y los portavoces de la opinión; reformas que son políticas, y económicas y sociales y que deben tender a la superación de muchas cosas del pasado y a garantizar las libertades públicas de los españoles y la participación efectiva de éstos en las tareas del Gobierno. El Rey va a necesitar no poca asistencia para poder arbitrar semejante tarea y no bastarán a ello sus reconocidas dotes personales si no se esfuerza el cuerpo social de la nación en comprender la necesidad de no ponerlo todo a revisión de golpe y en admitir un punto de partida que enlace de algún modo a España que se acaba con la que empieza.

No se trata entonces tanto de "apoyar la solución del Príncipe", que no debería necesitar apoyos, como de reclamarla y de "colaborar con las soluciones del Rey". España se abre a tiempos difíciles, no es posible aplazar las reformas ni la puesta en práctica de todas las previsiones y posibilidades de desarrollo institucional que las leyes prevén. El acuerdo real de pueblo en torno a Juan Carlos de Borbón, como un hecho objetivo, y el fortalecimiento de la Monarquía como una necesidad, son los parámetros por los que debe moverse añora toda política que quiera construir un futuro pensable, sin saltos en el vacío. Para construir así un Régimen democrático y constitucional, al amparo de una Corona heredera de tantos siglos de historia española, en la que acabarán dándose cita, como decía el presidente Arias en su histórico discurso del 12 de febrero, las dos legitimidades: la dinástica de origen y la de la legalidad vigente aprobada en Cortes.

 

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