Importantes discursos de los Ministros de la Gobernación y Justicia ante las Cortes españolas  :   
 Don camilo alonso Vega señala futuras tareas y pide la colaboración de la sociedad para lograr la disciplina y seguridad del tráfico por carretera. 
 ABC.    30/07/1959.  Página: 15-22. Páginas: 8. Párrafos: 112. 

IMPORTANTES DISCURSOS DE LCS MINISTROS DE LA GOBERNACIÓN Y JUSTICIA ANTE LAS CORTES ESPAÑOLAS

DON CAMILO ALONSO VEGA SEÑALA FUTURAS TAREAS Y PIDE LA-COLABORA CION DE LA SOCIEDAD PARA LOGRAR LA DISCIPLINA Y SEGURIDAD DEL TRAFICO POR CARRETERA

La Ley de Orden Público, dijo, es de respeto a las garantías y derechos individuales y tutela y guía

del bien público

EL SR. ITÍJRMEHDI AFIRMO QUE COEXISTEN REGÍMENES JURÍDICOS FORALES E INSTITUCIONES PECULIARES QUE CONSTITUYEN UNA INNEGABLE REALIDAD CONSOLIDADA

DON ESTEBAN BILBAO DEDICO EMOCIONADAS´ PALABRAS A LA MEMORIA DE LOS PROCURADORES FALLECIDOS SEÑORES SUAREZ LLANOS Y TENIENTE GENERAL SALIQUET

INTERVENCIONES DE LOS SEÑORES VIZCAÍNO CASAS Y FERNANDEZ HERNANDO

La sesión penaría de Cortes iníeíaéa A marte* pee ¿a tarde se retín*-¿o ayer a las once´menos cuarto de la mañana bajo la presidencia, de D. Esteban Bilbao. En él banco del Gobierno tomaron asiento toaos los ministros.

Se procedió a la lectura del dictamen de la Comisión especial sobre la ley de orden público, defendido po_r él Sr. Vizcaíno Casas, quien dijo "la función del Estado respecto al orden público es bastante más amplia que reprimir, por coacción, las perturbaciones que puedan producirse, puesto que tiene la función jurídica creadora tendente al mejoramiento ´de la vida de los ciudadanos; y para que la sociedad pueda desenvolverse es precisoTque se mantenga nn equilibrio entre el ordeti, el poder y la libertad. La libertad y la autoridad no se excluyen, sino que se complementan, y no puede existir la una sin la otra.

La ley de orden público—afiadió-4ia de ser garantía de los principios establecidos en la ley fundamental de 17 de mayo de 1958, pues el Estado se basa en los postulados de autoridad, libertad y servicio y en los derechos reconocidas en el Fuero de los Españoles. Por otra parte, es garantía de la seguridad jurídica; regula las funciones y facultades de k autoridad gubernativa y al mismo tiempo reconoce y define aquéllas, limita, su propia esfera de acción y viene & servir de elemento regulador de los principios de libertad y autoridad."

Señala a continuación que se presentaron más de un centenar de enmiendas, de las que se admitieron el 8o por loo, y que se ha procurado lograr !a mayor sencillez y agilidad para su aplicación. "Se suprimen —afirma el orador—Jos estados de alarma y prevención; de la situación ordinaria se pasa al estado de excepción, y si la medida o es suficiente se llega al citado de guerra."

Examina otros aspectos* de. la !qy y termina diciendo que "el régimen nacido hace veintitrés años sigue su -proceso normal legislativo, y con la nueva ley se logra un nuevo jalón". Fue muy aplaudido.

Palabras del Sr. Bilbao

EN MEMORIA DE LOS SEÑORES SUAREZ LLANOS Y SALIQUET

El presidente de las Cortes intervino para decir que, ante las circunstancias excepcionales en que se desenvolvió la sesión anterior, tuvo que omitir el amargo capítulo de las necrologías. "Dos pérdidas hemos sufrido, añadió, durante este interreeno: la de D. Luis Suárez Llanos, presidente de la Diputación de Pontevedra, auien durante doce años rigió la Alcaldía de Vigo, modernizo la ciudad y fundó nuevas instituciones culturales y benéficas. Dejó allí un recuerdo perenne, ¡o, mismo que en la gestión al frente de Ja presidencia de la Diputación de Pontevedra, donde evidenció sus grandes dotes de buen gobierno.

Otro desaparecido—añade—es el teniente general D. Andrés Saliquet, cuya hoja de servicios significa la ofrenda generosa de una vida entera consagrada al servicio de España. En Cuba_ Saliquet ganó su primer ascenso; en Malilla intervino valerosamente en el paso del Kert y además intervino en las operaciones más importantes desarrolladas después."

Recuerda la terrible escena que se desarrolló el primer día del Movimiento en los salones de la Capitanía General de Vallado-lid hasta quedar proclamado el triunfo del mismo. Más, tarde corre el finado general hacia Alto de los Leones para detener el paso de las milicias rojas, y luego Brunete, Belchite, La Serena, etc., fueron escenario de su brayura militar. Finalmente, como jeíe del Ejército,del Centro, con las fuerzas del Sur y Levante, opera conjuntamente para ocupar la capital de la República.

Fiel sjempre a la disciplina, iealísimp a su Caudillo, jamás regateó .servicios ni pidió más recompensas >jae el cumplimiento de su deber. Capitán general de Madrid dos veces, presidente del Tribunal de Represión de la Masonería y Comunismo, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, consejero de Estado, procurador en Cor..., pero´Saliqtiet era más que eso, era un gran soldado.

Las Cortes Españolas no pueden menos de sentir un hondo oesar por la pérdida de ambros procuradores,"

Consta en acta el sentimiento de la Cámara y d Sr. Bilbao es muy aplaudido, Discurso de D. Camilo Alonso Vega

LAS LEYES DE TRAFICO Y DEL ORDEN PUBLICO

Seguidamente pasa a ocupar la tribuna el ministro de la Gobernación, D. Camilo Alonso Vega.

En su discurso, que duró más de una hora, manteniéndose en todo momento tensa la atención de los procuradores, el ministro de la Gobernación se refirió ampliamente a los puntos de mayor interés de aquellas leyes. Transcribimos a confirmación los párrafos que se estiman de más importancia y significación para la opinión nacional y extranjera,

LEY DE TRAFICO

No es de hoy la preocupación del Gobierno por la disciplina y seguridad del tráfico por carretera y demás vías públicas.

Pero la plena incorporación de España ul concierto internacional; la intensificación del turismo y, también, y muy especialmente, la elevación del nivel de vida de los españoles, con notable aumento de los vehículos particulares y as los de transportes de mercancías y viajeros, requerían una mayor eficiencia de los servicios llamados a -telar por la observancia de los reglamentos.

Ello decidió al Gobierno a remitir a las Cortes un proyectó de ley, cuya sistemática responde a las siguientes directrices, que recoge la exposición da motivos:

Evitar los gastos y complejidades de que coincidan, en las funciones de vigilancia, diversas clases de agentes.

Reconocer la conexión que tienen con la seguridad general, las circunstancias personales del titular o del conductor de un vehículo.

Restituir Ja potestad sancipnadora a la autoridad qu« en la provincia representa al Gobierno, previos los informes y con los recursos oportunos.

Actuación coordinada, tanto eti el am-bitc provincial como en el nacional, de todo los organismos interesados ea la materia.

Simplificar la tramitación d« los expedientes."

LA FOLICL4 DE TRAFICO. ACELEBADA INTENSIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

"La Policía de Tráfico fue creada en 4 de diciembre de 1941 para esta específica función. En sus primeros años de actuación pudo cumplir plenamente su objetivo: fue cuidada la selección de quienes la integración como jefes, oficiales y motoristas.

Más tarde, la Policía de Tráfico fue requerida para colaboraciones de orden fiscal, control de documentación y condiciones de los vehículos, auxilio y tutela de los usuarios de las vías públicas, etc.

Kilo demandaba una ampliación de plantillas, una superación de lo precario de sus medios y de lo reducido de su radio de acción, viéndose desbordada en el orden material por la rápida progresión de motocicletas, coches y camiones nacionales y extranjeros circulantes.

Debo proclamar que, llevados de su celo y por azares del servicio, perdieron la vida en el cumplimiento del deber; un capitán, un teniente, un suboficial, tres cabos y 3S policías.

El ministro de la Gobernación, como jefe de estos caídos, les testimonia ante la Cámara saj recuerdo emocionado y ratifica el agradecimiento de la Patria para quienes la sirven de tal modo.

Pije que las obligaciones excedían a los medios de la Policía de Trafico. Limitándose a fechas recientes, los permisos de conducir expedidos en 1955 fueron 75.000; y en 1958. 228.000. Las autorizaciones de circulación fueron 68.000 en 1955; y Jas otorgadas en 1958, 169.000.

Y si pensáis también en cómo aumento por millones durante el.último decenio el número de turistas que entraron en España (muchos d ellos en transportes colectivos o particulares); y que el Parque Nacional de vehículos de motor mecánico pasó de 320.000 en el trienio reícrido a 577.000, resulta que se han multiplicado por más de diez, desde 1941 el número, de vebícu as-kilómetro que. requerían vigilancia o tutela, por lo que—confirmamos— era necesario un serio reajuste en materia que preocupaba a todas las autoridades competentes."

FORMULA RACIONAL PARA LA UNIDAD DE VHHLANCIA

"La solución menos costosa en lo que a personal se refiere, es Ja fórmula del artículo séptimo donde, con la merecida consideración al historial y a los problemas humanos de los policías de Trafico, el importe de las plazas que se amortizan inerenientará las fuerzas de guarnición de Policía Armada (que {requerían, un aumento consecuente a la evolución urbanística y demográfica de las ciudades españolas); y no se aumentarán las de la Guardia Civil, cuyas fuerzas ya, ofrecen las ventajas de su diseminación por todo el ámbito nacional; de su permanencia en ruta, con acuartelamientos a lo largo de las mismas; del control de cus jefes intoe-diatos y de todos los del Cuerpo en la demarcación en que actúen y de la homogeneidad de los agentes de vigilancia

Para evitar los gastos, molestias o confusionismos de que agentes de distinta naturaleza velen por el respeto a la seguridad y a teda suerte de en la carretera, la ley dispone que las nuevas •unidades de la Guardia Civil prestarán el apoyo y colaboración que le demanden

Departamentos o Servicios.

COMPETENCIA DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Y, naturalmente, para nada afecta el Proyecto a otras misiones del Ministerio de Obras Públicas: concesiones de transportes públicos de viajeros o mercancías; autorizaciones de circulación para cargas excepcionales; estudio de las corrientes de circulación, con una visión del futuro, para adaptar a ella las nuevas construcciones de vías de comunicación, el acondicionamíento de las existentes y las reformas y aplicaciones necesarias para hacerlas compatibles con lo que la seguridad, comodidad y la economía exigen. Campos de acción lo suficientemente extensos para-hacer notar su influencia y capacidad en la resolución del problema, máxime si tenemos en cuenta que el asunto es difícil, porque consideramos que su denominador común, incluso en países de economías sólidas, es el crecimiento y evolucióii del Parque automóvil con más rapidez que las posibilidades para el mejoramiento y adaptación de las rutas a las nuevas exigencias del tráfico, mayores tonelajes y gálibos, mayores velocidades, etc.

Deseo desvanecer, por último, la impresión de que el Proyecto responde a una arbitraria distribución de competencia, cuando en verdad los criterios seguidos no son originalidad oportunista, sino que tienen antecedentes en la legislación patria, analogía en el Derecho de múltiples países europeos y firme base en la concepción bien sistematizada de la Ley.

LAS CONDICIONES PERSONALES DEL INFRACTOR

Son curiosos los datos del Instituto de Seguridad del Tráfico de Essen (República Federal Alemana). Este Instituto ha revisado una serie de accidentes. El resultado de este examen ha sido comprobar la existencia de un Id por 100 de infractores sin antecedentes penales; un 63 por 100 de infractores con antecedentes penales, y los restantes no habían cometido infracción estableciéndose una relación de ausalidad entre los delitos criminosos y os delitos de tráfico, porque el respeto a os principios jurídicos y Jas reglas fundanentales para vivir en sociedad, están de-ulitados en los Infractores; y las faltas de ráfico son algo así como continuación de a criminalidad con otros medios.

HJTURAS TABEAS Y NECESARIA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD

El programa quedo, bien definido en la noción que se formuló por varios procu-adores, al siguiente tenor:

"Se encarece al Gobierno que, con la posible urgencia y con los asesoramientos necesarios, redacte:

Primero. Un Código de la Circulación en el que, de forma precisa se establezcan los conceptos básicos de una moderna reglamentación del tráfico, atemperada a las normas de vigencia en la generalidad de los países de nuestro ámbito cultural y geográfico, para su desarrollo por disposiciones ulteriores, gue serán objeto de revisión, difusión y publicación periódica y sistemática.

Segundo. Los Proyectos de Ley necesarios para que, previas las oportunas reformas de carácter orgánico, procesal o sustantivo, las infracciones que puedan producirse en la circulación por carretera y vías públicas tengan tratamiento adecuado a su naturaleza, tanto en el aspecto punitivo como en la prevención y resarcimiento de los daños y perjuicios que ocasionen."

Todos los Ministerios competentes actuaremos en coordinado y entusiasta equipo.

El espíritu cívico, que significa respeto a la Ley, respeto al prójimo y respeto a sí mismo por propia estimación; sentido cívico que ha de manifestarse, no sólo en la disciplina y prudencia en el uso de la carretera, sino en que se acaten, hasta con humildad, las órdenes o sanciones, justificadas de la autoridad y sus agentes, sin reacciones mal entendidas, por nivel social, raneo o posición dé cualquier clase, porque ante la Ley y el bien público, no caben privilegios de ninguna especie.

Si para corrección y ejemplaridad de los menos sensibles a tales deberes es preciso elevar el límite de las sanciones que puedan imponerse y ampliar los casos de retirada del permiso de conducción, el Gobierno no estará remiso en adoptar las medidas necesarias.

Generalicemos, en suma, la convicción de que el comportamiento individual es tan importante que, sin él, serán infructuosos Ids sacrificios que hace la Nación por mejorar la red de sus carreteras y por crear el órgano de vigilancia eficaz, dotado de los medios más modernos.

Esta es la colaboración que ardientemente pedimos y que esperamos se nos preste, para evitar esa continua ¿siega de vidas y para hacer más bello y seguro el circular por los caminos de España.

Puesto a votación el dictamen, se aprueba con el voto en contra de cinco procuradores.

Ley de Orden Público

RAZÓN Y ANTECEDENTES DEL NUEVO TEXTO

"Las exigencias del tiempo, con la evolución de muchos conceptos, relativos a las bases y alcance de la «convivencia social; al equilibrio entre los derechos personales y las demandass del bien común; al sentido humano de las relaciones en el mundo del Trabajo; al acelerado crecimiento de los Centros urbanos e industriales, con la importancia de sus Servicios Públicos, Abastos, Vivienda, Asistencia y Salubridad: y, en algún caso, las modalidades que el ingenio o la técnica, por el fraude o la violencia, pueden ofrecer a la lucha contra el Orden y la Ley; todo ello, digo plantean a los Gobiernos problemas que necesariamente requieren un tratamiento adecuado.

A esto responde hoy entre nosotros, la nueva ley de Orden Público.

¿Cuáles son los antecedentes más inmediatos del texto sometido a la consideración de las Cortes?

En sustancia la ley de 28 de julio de 1932, aligerado su texto de cuanto resultaba ocioso e incorporados aquellos conceptos que, sin afectar fundamentalmente a las garantías de los derechos individuales, son indispensable réplica a los modos y medios que la experiencia demostró pueden utilizarse, con intención subversiva, para alterar el orden."

RESPETO Y ACATAMIENTO POR GOBERNANTES Y GOBERNADOS

"No extrañe que una ley de hace más de veinticinco años venga ahora «n gran parte a revalidarse; ello es testimonio de que no procedemos per gratuitos afanes revisionis,tas; y sirya por otra parte de réplica a quienes quieran desconocer qjie la nueva ley respeta los derechos individuales y los intereses del bien coantm ea igual medida que se creyera obligada a proclamar una sedicente política liberal y democrática.

Lo que ocurre es que, por nuestra parte, el precepto legal tendrá la debida consideración y respeto por las Autoridades llamadas a aplicarlo; y que, en correspondencia, se exigirán & su tenor las responsabilidades que contraigan quienes traten de infringirlo

Pues no vamos a incurrir en aquellas paradojas como la de que proclamada la Ley del año 1933, se fomentaran o consintieran atentados de todo orden, que quedaban impunes por compromisos demagógicos, porque haJbía de permitirse la acción directa y el tomarse la justicia por su mano, de las agrupaciones políticas y stódfeates que favorecieron un 14 de «rartl eufórico e incruento; aunque bien pronto empezaron, en el mes de mayo de 1931, a ensayar con los incendios que nublaron el cielo de Madrid, las consignas que se repitieron en Asturias y en Barcelona en octubre de 1934, para culminar en el crimen de lesa humanidad de la madrugada del 13 de julio de 1936, en la persona de Calvo Sótelo, como prt-sagio de la suerte que habían de correr tantos cientos de miles de españole» en aquellos lugares d nde, a raíz del 18 de julio, ro pudo desde el primer momento cumplir el Ejército tos deberes que la ley constitutiva del mismo señala a éste para la defensa de la Patria contra los enemigos, tanto dial exterior como del interior."

Refiere a continuación el señor ministro de la Gobernación con sobria pero emocionada palabra, la tragedia vivida por la ciudad de Oviedo al desencadernarse las consignas del marxismo en aquella revolución de octubre; experiencia y recuerdos/ ífetemiisantes de que, junto a les mandos manares, fuera, unánime la participacidn de todos sus habitantes en el sitio sufrido al iniciarse nuestra Guerra de Liberación.

Y siguió diciendo el señor Alonso Vega:

"No será, pues, esta ley norma farisaica sin vigencia efectiva o de la que se permitan burlas impunes.

£1 Gobierno y el pueblo que rían de respetarla y cumplirla no son tos del ano 1933, sino encarnación de la madurez, la unidad y la experiencia de la España aue en julio de 1959 rige el pulso firme u-telar y sereno de Francisco Franco.

MEDITADO PROCESO

"Su elaboración no puede decirse que fuera, precipitada ni que responda ocasionales circunstancias.

Fue en mar o de 1958, hace mas de un fio, que encomendé la elaboración del anteproyecto a una Comisión constituida por acreditados juristas y altos cargos administrativos.

Quiero destacar qUq no hubo reducción alguna de plazos; que así pudieron formularse todas las enmiendas que habéis conocido; que la Ponencia, sin pausa, pero sin prisa, redactó un meticuloso informe; y, por último, que la Comisión, sin agobios de ninguna especie pudo ampliamente discutir el Proyecto y, con toda calma, redactar un dictamen que reforma algunos de tos preceptos en términos de confianza para con la Autoridad, dando, por- otra parte, inequívoca expresión a garantías de los gobernados, que, en ocasiones, estaban más en el sentido que en el texto de la norma."

"Se entiende per Orden Publico, como base de fundamento de la ley, el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior, pero también el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales reconocidos por las leyes.

Se puede, en suma, afirmar que la ley de Orden Público es la carta magna en la convivencia social, porque viene a confirmar el aforismo de que "satas populi suprema lex".

Había, por tanto, que atribuir al Consejo de Ministros, con las demás autoridades gubernativas, la misión fundamental de velar por el orien público en todo «1 país. Es al Gobierna en pleno, representación del Poder ejecutivo a quien compete afrontar la responsabilidad de que la paz, la armonía y la libertad reinen a toda hora."

COOPERACIÓN CÍVICA Y GENIRM,

"Bia tan luJKJaTHent&l cometido no podían olvfiSKSe las WÉt^Hüe* aerraoKBioaes gu« uepreseniuítrra!» de! espíritu dwice i» BióHtanearaetaaíiitaa* «ano Cataluña» mantuvo viwss eos ni HORHSW de Somaten y que ya la legislación vigente prevé puedan extenderse y constituirse en todo el territorio nacional, para una circunstancial protección y defensa de las personas y los bienes, si a ello obligara la necesidad.

Y, en fin, por el artículo 4." de is, ley (del mismo modo que nebulosamente preveía la de 29 de julio de 1933 €n sus artículos 17 y 48), cabe solicitar la cooperación de unidades militares, siempre bajo el mando de sus jefes naturales, para desempeñar los servicios públicos que se les encomienden.

Quede bien claro que ello na implica confusionismo alguno entre el estado de normalidad o e,l de excepción, con los supuestos del estado de guerra; y que tamppco.se trata de que sin su previa declaración se utilice el Ejército en defensa del orden público, sino en otra clase de asistencia y stempre bajo sus mandos naturales.

Pensemos, para eludir cualquier suspicacia, en casos más recientes en que se utilizó de tal previsión:

La inundación de Valencia en octubre de 1957, y la catástrofe de Riba delago, en enero del corriente año son experiencias que aconsejan mantener tal precepto."

RESPETO A LAS GARANTÍAS Y DERECHOS INDIVIDUALES

"En la normalidad, el orden público fluye tan natural como la salud del cuerpo sano. En ella le incumbe a la autoridad sólo ejercer facultades ordinarias, porque basta quo el público sepa que existe para que todo marche bien en el seno de la confianza que la vigilancia inspira. Sólo si aparece algún incidente esporádico, la intervención de los agentes de Policía en la discreta medida que las circunstancias lo requieran basta para calmarlo.

A tal estado corresponde el capítulo II relativo al alcance y contenido de aquella actividad, ante los diferentes derechos de 1 persona, sin que en principio pueda producirse una pugna de intereses, ya que solo bajo la premisa del orden publico pueden fructificar todos los derechos.

Se respeta la intangibilidad del hogar, el domicilio de las personas; pero sin que >las garantías legales lleguen al extremo de impedir la persecución de los culpables en caso de flagrante delito o de que se hayan de soportar agresiones o alteraciones de orden público producidas desde cualquier lugar.

En todo caso, la acción que se pespliegue, si no se precede del consentimiento de la persona o mandamiento judicial, requerirá que el acta y atestado que se levante se en-tiegue sin dilación a los Tribunales ordinarios.

I libertad permite al individuo resolver en cada instante su propia conducta, desplazarse o mantenerse sedentario, permanecer en su hogar o ir donde su conveniencia o gusto le decidan. Mas consideración de orden público pueden exigir que la ai toridad gubernativa acuerde su detencioi si bien tal interferencia en la libertad pe antonomasia de la persona ha de respeta las garantías tradicionales en nuestro Dert cho constitucional y que recoge el Fuer de los Españoles, imitando a setenta y do horas cualquier detención gubernativa pues en otro caso la autoridad o sus agen tes incurren en responsabilidad adminis trativa y penal.

Para el ejercicio de la función sánelo-nadora, la ley había de fijar—como lo hace sin lugar a equívocos- cuáles son la* autoridades que pueden ejercerlas,; por consecuencia de qué hechos; en qué cuantía; los recursos procedentes; y qué providencias de orden gubernativo o judicial cabe adoptar si no se hicieran efectivas, •dando lugar a la vía de apremio o al arresto supletorio.

Es de advertir que se han de considerar por la autoridades para una graduación equitativa, tanto la significación del hecho como la capacidad económica y cargas familiares del infractor.

Asimismo se faculta a hacerla efectiva en plazos y el depósito previo ee limita al tercio de su cuantía, a fin de facilitar la interposición del dotole recurso que se mantiene."

INSOLVENCIA O NO PAGO EN LAS SANCIONES PECUNIARIAS

´La efectividad de las multas firmes no abonadas se remite a la autoridad judicial como una garantía jurídica más del interesado, aunque la autoridad gubernativa tiene facultad de sustituirla por arresto no superior a un mes, tiempo grsÉtiua-ble también por las circunstancias antes referidas.

Ello no difiere en sustancia de la ley anterior, en que el juez había de decretar el arresto si asi lo acordaba la autoridad gubernativa en caso de insolvencia.

Es más sincera y eficaz la fórmula de la ley La ejemplaridad y general prevención de la sanción puede aconsejar que se opte por el apremio judicial, o bien por el arresto supletorio no sólo en el caso de carecerse de bienes ejecutables, sino en el supuesto de la "insolvencia voluntaria", pues a tanto equivale la pasividad ante la obligación firme de ingresar la multa equitativamente graduada.

Los menores de dieciocho años y las mujeres tienen el trato tutelar adecuado."

EL ESTADO DE "EXCEPCIÓN" Y DE "GUERRA"

"El capitulo ni se titula "Dei Estado de Excepción". El sistema anterior, normalidad, prevención y alarma, se reduce al bipartito de normalidad y excepción. El Derecho comparado nos ofrece un testimonio unánime sobre la existencia de. dos estados. Así, Francia, cuya ley de 3 de abril de 1956 sanciona un período de.urgencia o necesidad tras la normalidad. Italia previene el estado de Peligro Público.

El Estado de Excepción se funda en el principio de que anta la necesidad surge un derecho propio. La situación de emergencia hay que afrontarla con medios de mayor rigor.

El capítulo TV se dedica al Estado de Guerra, que es la fase definitiva de la crisis del orden, apenas tratada teóricamente en nuestro Derecho. Es el trance dramático en que se encuentra Un sistema político para subsistir.

Jurídicamente significa un traspaso dé las competencias normales del poder civil a la autoridad militar.

¿En qué casos debe ser declarado? Las leyes precedentes sancionaban unas vagas normas atributivas, con referencia al hecho de que no se pudiera dominar por la autoridad civil la situación. De este modo las autoridades viviiron muchas veces en la duda sobre su procedencia. Ahora se ha remediado tal laxitud y sancionado una fórmula precisa y concreta, que posee elementos nacionales y otros inspirados en la fórmula francesa del Estado de Sitio de 19 de agosto de 1849, clasica en el Derecho general: que se produzca una súbita y violenta insurrección contra la seguridad del Estado o sus instituciones o estructura social; o una agravación progresiva del Estado de Excepción.

Por fin, en el capítulo V se regula "El procedimiento de urgencia" para sancionar los delitos cometidos en Estado de Excepción. Sin duda fue la creación irtás feliz de la ley de 1933, porque a su novedad ha unido su eficacia, por lo que en la instrucción criminal se respetan los derechos fundamentales del reo y hasta se amplían los de su defensa. Sigue el juicio oral, bajo la inspiración de todas las garantías que la técnica procesal más exigente reclama para que el proceso no pueda ser tachado de arbitrario, aportándose Huevas diligencias que superan el modelo de la ley anterior.

La entrada en vigor de la ley se demora hasta el 1 o de septiembre, ya que con ello se confirma que no es norma concebida por razones de emergencia.

Se derogan de modo específico normas refundidas o caducas.

Se declara expresamente la más amplia irretroactividad."

LA LEY, TUTELA Y GUIA DEL BIEN PUBLICO

"Con pleno sentido de la responsabilidad y fundadas esperanzas recabo vuestra aprobación para esta ley de Orden Público que el Gobierno remitió a las Cortes, no acuciado por la necesidad de arbitrar instrumentos de mayor rigor, sino porque llegó su turno a esta faceta de nuestro Derecho público en el proceso de la perfectibilidad de todas sus ramas, que el Movimiento Nacional procura.

"Parecía conveniente traer el proyecto ahora, para estudiarlo con sosiego, con paz y con tranquilidad, en momentos en que no existen agobios policiales, ni manifestaciones de fuerza, sino que, por suerte para todos, reina la paz desde hace bastantes años; una paz completa, que es el mejor bien que Dios nos pudo otorgar, porque, en último término, es el sostén del hoy, en una vida feliz y fecunda, y una esperanza y una ilusión para mañana.

Estoy completamente convencido de que quienes oten en contra—¿cómo no va a tener de ello noticia el ministro de la Gobernación, si se me anticipó atentamente por alguno de los disidentes?—lo harán por convicción y a mí no me puede parecer mal, porque están en, uso de su derecho, aunque en esta exposición que acá DO de hacer, las lagunas que pudieran existir en la interpretación, abrigo la pretensión de haberlas esclarecido; al menos así me lo propuse.

Que con la ayuda del Todopoderoso la nueva ley, en su normal vigencia, sea para muchas generaciones guía y tutela de un honesto vivir; como cabe espetar si nadie olvida, cual nosotros recordaremos siempre, cuántos heroísmos, cuántos sacrificios, esfuerzos, y dolores son el precio de que la unidad, la justicia y la paz lleguen a reinar entre las tierras y los hombres de España."

Grandes y prolongados aplausos acogieron las palabras del ministro de la Gobernación.

03! dictamen queda aprobado con el voto en contra de siete procuradores.

Compilación de Derecho Civil foral de Vizcaya y Álava

Leído el dictamen acerca del proyecto de ley de Derecho Civil fqral de Vizcaya y Álava, lo defiende el Sr. Fernández Hernando, quien explica las razones de la inadmisión total o parcial de las enmiendas presentadas, y afirma que llega a k Cámara un texto legal depurado y preciso. Expone los trabajos de la Ponencia y del Pleno de la Comisión en el estudio del ordenamiento foral con amoroso respeto a las instituciones tradicionales nacidas al fluir de los tiempos por cristalización de realidades afectivas, familiares, económicas y sociales del pueblo hispano en su fecunda variedad jurídico-regional, y dice que todos los procuradores implicados en la tarea se produjeron en el sentido de seguir la linea marcada por la tradición, e imbuidos del propósito de buscar la auténtica hermandad entre los hombres y las tierras de España, convencidos de que el legado de las pasadas generaciones integra la fibra más resistente de la textura jurídica de los agregados sociales.

Analiza las enmiendas que defendieron los señores Batlle y Poveda, y estudia jurídicamente diversos aspectos de la ley.

Fue muy aplaudido.

Discurso de D. Antonio Iturmendi

Pasa a la tribuna el ministro de Justicia don Antonio Iturmendi, que pronunció el siguiente discurso.

"Señores procuradores:

La Compilación de Derecho Civil Foral

de Vizcaya y Álava, a la que acaba de referirse en su feliz intervención el procurador Sr. Fernández Hernando y que sometemos hoy a vuestro examen, viene a constituir el primer exponente de un proceso cuya culminación ha de ser la de alumbrar para nuestra patria un Código civil general, de raíz auténticamente española, en el que luzcan lo mejor de las instituciones jurídicas de nuestro pueblo, junto al sentido social que necesitamos imprimir a nuestro Derecho privado y al espíritu cristiano que caracteriza-nuestra vida. De todos es conocido que dentro da la vida jurídica española, con el Código de Derecho civil común coexisten regímenes jurídicos forales e instituciones peculiares que constituyen una innegable realidad consolidada por su observancia y por el cariño que les profesan quienes, desde siglos, vienen conformando su vida jurídica a tales instituciones, las cuales responden a la peculiar organización económica y social de la geografía en que tienen arraigo y afectan a vitales intereses de carácter moral y material de sus moradores. Por ello, estas instituciones jurídicas, fprales o territoriales, no son meras reminiscencias históricas de -un simple valor sentimental, sino que forman parta integrante de un Derecho hispánico auténtico y son reflejo fiel de la vida jurídica y social de nuestro pueblo a través de las generaciones, expresando su propio espíritu y sentimiento, al par que la riqueza de nuestra tradición jurídica. Por ello, al codificarse el Derecho civil, se consideró que debía mantenerse en su integridad el Derecho Foral específico de los territorios donde regía.

La coexistencia, sin embargo, en nuestra patria de estos diferentes Ordenamientos civiles, plantea al legislador un problema hasta ahora no resuelto en forma Justa y armónica.

Bien es verdad que la ley de Bases del Código civil, de 11 de mayo de 1888, queriendo conciliar los principios de unidad y Variedad, dispuso que en uno o varios Apéndices al Código civil serían recogidas las instituciones forales nue fuera conveniente conservar. A pesar de tan buen proposito, dicha previsión no ha dado más fruto que el del Apéndice de Derecho civil foral aragonés, aprobado el año 1925. De otro lado, al no haber llevado a cabo las revisiones decenales previstas para nuestro primer Código de Derecho Privado ha dado lugar a un estancamiento de estos Derechos históricos, los que. por tanto, se han visto privados de la capacidad de evolución precisa para adaptarse a laí cambiantes exigencias sociales y dé la .posibilidad de ordenar y sistematizar su propio contenido autóctono.

Claro es que la proclamación rigurosa del principio de la variedad dentro de la unidad, su plasmación positiva, la depuración de lo esencial y lo accidental en los sistemas jurídicos privados coexistentes en nuestra Patria y la realización e integración nacional de les Derechos hispánicos, libres de servidumbres extrañas, sólo po-dí ser obra de un Régimen tan seguro de si autoridad como intimamente enraizado er la conciencia del pueblo que le dio vida Atento, pues, el Estado nacional a este problema y consciente de hallarse en la zona de la ortodoxia al entender que las norma» de conducta jurídica sólo son verdaderamente válidas en cuanto responde a sentimientos, anhelos y necesidades reales de Ja comunidad que las vive, acusó su presencia en el Congreso Nacional de Derecho Civil, celebrado en Zaragoza el año 1946, en el que con toda amplitud y libertad se abordó el problema de la coexistencia en España de diversos sistemas de Derecho privado y en el que con gran acierto y unánimemente se aconsejó la elaboración de un Código civil general para todos los españoles, que recogieran tanto las instituciones de Derecho común como las de Derecho foral, teniendo en cuenta el arraigo de aquéllas en la conciencia popular, así como las exigencias de la natu--ral evolución Jurídica y social. A esta solución, aceptada por todos, habría de llegarse mediante uto proceso de elaboración, cuya fase inicial estaría constituida por la Compilación sistematizada de los cuerpos de Derecho foral. lo que facilitaría la certeza, el conocimiento y comunicación de los distintos Derechos históricos de nuestra Patria.

LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO DE DERECHO CIVIL

Las conclusiones del mencionado Congreso Nacional de Derecho Civil fueron recogidas, en lo esencial, por el Gobierno, que por decreto de 12 de junio de 1947 proveyó al nombramiento de Comisiones de Juristas, de reconocido prestigio y autoridad, a las que encomendó el cometido de preparar y formular los correspondientes Anteproyectos de Compilaciones Forales, tomando por base los de los Apéndices que en su día se elaboraron, y para completar la labor de estas Comisiones de Juristas, el decreto .orgánico de la Comisión gen ral de Codificación Hamo a colaborar e incorporó en su seno a vocales foralistas, con el fin de esWOtar las compilaciones una vez elaboradas y someter al Gobierno los correspondientes Anteproyectos. Juste es reconocer, en aras de un merecido homenaje, que merced a Ift inteligente e ímproba laeor de tos ilustres juristas que nos precedieron en el estudio y redacción de los Apéndices Forales. de las Comisiones de Juristas constituidas como consecuencia del mencionado Congreso Nacional de Derecho Civil y de la colaboración, diligente y certera, de la Comisión general de Codificación resulta posible realizar ahora esta obra de las Compilaciones Forales españolas.

De acuerdo con el aludido plan, inteli-gente y generoso, se abrió un cauce de fecundidad a una ágil y sincera integración de los Ordenamientos históricos del Derecho civil patrio, tan alejada de toda actividad escisionista como exenta de imposiciones arbitrarias. Si el Derecho privado de un pueblo debe reflejar su propio se en el Código civil general que as prepara, deben prevalecer, debidamente coordinadas e integradas en una unidad jurídica superior, las mejores instituciones del Derecho civil hispánico; más entrañables, más fieles a la espontánea. manifest&ciór) de nuestro espíritu; más consustanciales con los factores íntimos forina iivos de nuestra nacionalidad. y más atemperadas a las características morales, amiliareS, sociales y económicas de nuestra vida española, que muchas de las instituciones, exóticas y liberales, que los legisladores del bierfto 1888-89 trasplantaron directamente del Código civil napoleónico al Código civil que nos rige.

Porque el Código civil de 1889 es proi-ducto de una época eri que Europa consume su proceso de secularización y olv a que antes que Europa fue Cristiand d Cuando Europa pretende sustituir la fuerza espiritual que le había dado coherencia y fisonomía propias por el articulado mecánico de unos códigos que la utopía humanística del Renacimiento y después la mística de la Revolución francesa soñaron que, fueran comunes a todo los pueblos y naciones, no se percató de que el hombre vive dentro de cada grupo social o político, del que forma parte y en el qufc se siente profundamente inserto, regido por normas jurídicas específicas, perfectamente adaptadas a su posición en la vida y fruto de una experiencia secular, que en nada aminoran las exigencias de su integración en una órbita común más amplia.

NUESTRO CÓDIGO CJVTL, EXPONENTE DE LA TRADICIÓN

De ahí que, en buena parte, nuestro Código Civil del 89 no fuera, como debiera haberlo sido, el éxponente de la tradición jurídica nacional, ni del sentimiento jurídico de nuestro pueblo. Se inspiró en modelos extra jeros que respondían a las respectivas coyunturas .culturales, históricas, sociales y filosóficas. Esto de modo no absoluto, porque, naturalmente, no faltan en él normas tomadas e inspiradas en nuestros cuerpos legales anteriores. Pero tampoco dejó de tener, y aún las tiene, virtudes y notas elogiables. Bien pensado, bien escrito y casi siempre bien traducido, nos ha servido como andadera durante tres cuartos de siglo. Todos lo ´hemos aceptado y vivido, no sólo por su autoridad legal, sino por el notable bien que supuso lo que tiene de simplificación y certeaa normativas, frente al cúmulo de disposiciones dispersas vigentes hasta su promulgación. Y, en definitiva, los propios modelos extranjeros en que se inspiró entroncan, en última instancia, en eL Derecho Romano Canónico común a todos los sistemas latinos, sin olvidar tampoco que a los valores que por sí tiene hay-que agregar los que le dan sus muchos años de vida y los que le han dispensado la doctrina y la jurisprudencia. No siento, pues, escrúpulo alguno al , pensar que nuestro Código Civil de hoy. es técnica-mente un buen Código.

Pero un primer cuerpo de leyes del Derecho privado español no ha de ser sólo eso. Necesitamos un Código Civil para todos los españoles que responda a la brillante tradición jurídica española y que organice la vida, de las personas y de las instituciones conforme a nuestra jerarquía de valores. Ese Código Civil se asentará sobre los postulados que ya han- dado vida a la ley de los Principios Fundamentales dtel Movimiento; el bien común y un orden nacional y cristiano, socialmente justo. Y es ineludible que a la integración de su contenido convoquemo a todos los BlsteMas de Derecho privado vigentes en España, muchos de los cuales se han erigido en paradigma de las modernas crien taciones legislativas y doctrinales, y que puestos en contacto con los problemas e inquietudes de la vida, comprendamos que el Derecho sería letra-muerta si no plasmara en una realidad social, si no tuviésemos en cuenta que, siendo la vida mutable, la ley que no se acompasara a los acontecimientos produciría una disociación entre la norma jurídica y la realidad. El Derecho, como la vida, no son estáticos, eino dhiámicos.

ASPIRACIÓN A UN CÓDIGO CIVIL MODERNO

Es, pues, bien legítima nuestra aspiración de lograr un Código Civil que responda a las necesidades de la vida cotidiana y al sentimiento nacional de los españoles, técnicamente bueno, sin contradicciones, lagunas ni oscuridades; de influencia en la comunidad hispánica—tan atenta siempre a la virtualidad creadora de nuestro Derecho—, y ejemplar en todas partes, prknordialmente por su hondo sentido cristiano. Nadie perdonaría la aparición de un nuevo Código Civil si no supusiera notoria ventaja sobre el que se derogara.

Es ésta, bien lo sé, una tarea ambiciosa y de largo alcance que por afectar a la misma base de la sociedad, ha de llevarse a cabo con prudencia, sí, pero también con decisión.

Esta obra viene ya realizándose y aún cuando el sistema seguido pueda parecer-nos a unos demasiado lento y a otros excesivamente expeditivo, juzgamos, que el camino emprendido de ir revisando pieza por pieza, institución per institución, de los que integran nuestro Ordenamiento Jurídico privado y comprobando día a día su adecuación y arraigo, puede ser camino viable para que la reforma se realice, ya que cuando llegue el oportuno momento todo ese material ensamblado será Ja base de esa obra y así podrá realizarse sin producir perturbación en la vida jurídica, del país.

De este modo, y con la apuntada finalidad, se viene realizando por los distintos Departamentos ministeriales, en definitiva como obra del Régimen y por el impulso del Caudillo, el trascendente proceso legislativo producido hasta ahora en el Derecho laboral, el Derecho agrario, y en tantas otras disciplinas jurídicas, que si por razones didácticas tienen hoy un contorno autóctono, son- propias o aledañas del Derecho, civil p de él toman sus principios rectores. A esta actividad legislativa, creadora y reformadora, impregnada de justicia social, a 1 que tanto ha cooperado el concepto cristiano del bien común, no ha escapado lo que forma la. órbita codificada de nuestro Derecho civil, y cuanto en su esfera especifica se ha hecho (leyes de Arrendamientos urbanos y Rústicos, de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de posesión, de Nacionalidad, de Ausencia, del Registro Civil y sobre el Derecho de Familia), o está actualmente en trance de ultimación (Propiedad Horizontal, Conflictos de Derecho interregional, etc., etc.), constituyen hitos importantes en el camino trazado:

Toda la labor legislativa ya realizada constituye un acopio de importante material que, con otros que han de ser el fruto de un constante y profundo estudio, contribuirá a formar el sistema sobre el que se realice la obra codificadora que se prepara.

Y también son aportaciones importantes a esta etapa precodifieadora, el estudio, elaboración y aprobación de las Compilaciones Forales, de estos auténticos Derechos hispánicos, forjados por la aptitud creadora inmartente de nuestro pueblo., de los que el de Vizcaya y Álava atrae ahora la atención de este Pleno, hallándose, asimismo, en las Cortes, en trámite de formulación de enmiendas, la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña.

ENTRAÑABLE ESTUDIO DE LOS ANTEPROYECTOS

En cuanto al crtnt°nj>1o c?e la Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, resultada de un meditado y entrañable estudio de los anteproyectos con anterioridad elaborados, así como del pro-pío Fuero y de la doctrina jurídica y jurisprudencial, me siento inclinado a pensar que lo extenso y minucioso de la exposición que acompaña al proyecto, unido al certero examen, crítico hecho por la Comisión de Justicia de estas Cortes •—con arreglo a cuyo inteligente criterio han prosperado algunas enmiendas de carácter sustancial, como con su habitual acierto ha explicado el Sr. Fernández Hernando—, me exoneran de entrar en detalles.

VERDADERO ESTATUTO AGRARIO

Sí cabe decir que el Derecho civil peculiar que viven las tierras aforadas de Vizcaya y Álava forman un sistema jurídico privado enraizadp en lo más profundo de sus sentimientos y necesidades. Es más diré con la exposición de motivos del proyecto que el Derecho Foral vizcaíno, verdadero estatuto agrario, es una anticipación a las novísimas previsiones de ordenación jurídica del agro español, tendentes a una concentfración patrimonial y familiar, como ocurre con las leyes del Patrimonio familiar agrícola, Unidades mínimas de cultivo y Concentración parcelaria, y al servicio de esta primordial preocupación, el Derecho civil de,Vizcaya es un instrumento de tan sorprendente perfección técnica en el armonioso equilibrio de sus instituciones, que-, aun con todo su arcaico sabor, puede servir de modelo al legislador actual.

Si, en efecto, se analizan las notas dominantes del Derecho Foral vigente en el Infanzonado o tierra llana de Vizcaya y en los enclaves torales alaveses de Llodio y Aramayona, cabe pronto descubrir en ellas un complejo de instituciones que, actuando coordinadamente dentro de su sistema propio, revelan el común propósito de vitalizar la íamilia como célula primaria, natural y fundamental de la sociedad, para lo cual procura mantener unido el modesto patrimonio agrario sobre el que aquélla se asienta.

IDEA SUPREMA DEL FUERO

Es evidente que la idea suprema del Fuero, trasplantada con algunas precisiones de desarrollo técnico a la Compilación, es la de evitar, en el transcurso de las generaciones, la división del caserío o de la casería y de sus pertenecidos. Para defender su integridad, la institución de la troncalidad, que no es sino la vinculación de los bienes raíces sitos en el Infanzonado a un determinado ámbito familiar, la cual se hace afectiva cuando por cualquier título hayan de resultar sustraídos a él; el principio de la comunicación foral o de hermandad de los bienes de Jos cónyuges en el matrimonio; la libertad de testar, que frena los efectos de la dispersión hereditaria, y el poder i/estatorio, que transfiere al supérs ite ese instrumento de contención patrunonial; cierran eí círculo con normas tan claras como sencillas, para mantener la Indivisión de la casería, núcleo vital de la sociedad agraria vizcaína.

La verdad es, señores procuradores, que la teleología familiar y social de nuestro tiempo habrá de sentirse fielmente interpretada por esas sencillas nofinas del Fuero de Vizcaya, para rectificar orientaciones que, en su momento sacrificaron el interés del grupo familiar al de .sus compohaates, olvidando que, eomo la realidad ha puesto luego de manifiesto, sólo sobre la sólida concepción de la familia, puede fundarse la salud moral y la prosperidad económica de los pueblos, ya que si el individuo tiene su normal y razonable órbita de actuación en el Derecho de obligaciones, no puede reivindicar análoga pretensión de vigencia en el de la familia, más necesariamente ínápirado en la doctrina del bien común que en. la del respeto debido a la autonomía de la voluntad.

Consecuentemente, se recogen en la Compilación todas las instituciones genuinamente forales que sirven al principio de la concentración patrimonial en beneficio de la familia, y con Igual peritido de la consecuencia se prescinde de aquellas otras, de escasa trascendencia e innecesarias al equilibrio interno dfil sistema, que no responden, a los principios ínspirado-T«S del Fuero. Y dando un paso decisivo hacia el Código civil general, se completa el cuadro de las vigencias, declarando la del Código civil comió Tínico Derecho complementario y supletorio; único Derecho complementario, directa y primariamente aplicable en las materias no recosidas en la Compilación y único Derecho prolete-rio en las materias compiladas.

Disculpadme ahora si eludo htevísima-mente al problema d* la coexistencia, etel Derecho civil común y de4 Derecho toral de Vizcaya,—originariamente concentrado el primero, en el recinto urbano de tas villas no aforadas-y vigente-el foral en las anteiglesias y villas aforadas—como un presupuesto de realidades y actuales, en relación con el ámoito de atilica^ión >te uno y otro y de la prevención de las posibles colisiones entre los dos segímenes jurídico-civiles.

Básteme indicar a- esté respecto ep» el Proyecto aborda la solución de este problema mediante normas ´objetivas precisadas con rigor en su título primera de adecuación de los respecfctros ordenamientos civiles a sus bases territoriales y de respeto a las instituciones de ordenación territorial y de concentración del patrimonio de la familia vissatoa, independientemente de las mutaciones administrativas que puedan operarse en los límites de los términos municipales de Vizcaya.

EL FUERO DE ÁYALA

Ha tomado también estado en la Compilación el Fuero de Ayala, vigente en el valle de Ayala, de la noble tierra alavesa, con sus dos peculiarísimas Instituciones As la libertad de testar y del usufructo poderoso.

De cómo la libertad ^e testar sirve a las necesidades e interpreta los deseos de las gentes del valle de Ayala da una idea el hecho de que no pa rece que la jurisprudencia registre la, existencia de pleitos entre los alaveses con motivo de la aplicación de dicha institución. Y -por lo que hace al usufructo poderoso, bien podemos decir que es un- medio de vigorizar Ja familia con la participación del cónyuge viudo en el patrimonio del fallecido, en cuyo ap´oyo pueden, aducirse las fuertes razones que abonan el usufructo viudal de modo mucho más generoso que el establecido en nuestro Código civil,

Todos deseamos la´ unificación, en lo posible, del Derecho civil espafiel» pero para llegar" a ella son precisos dos requisitos indispensables. ES el primero llevar a cabe» esta obra con el sentido de responsabilidad inherente a su trasoeatleneia; es el segando el que la unificación o la síntesis armónica se haga sin causar daños a los derechos regionales, dejando a salvo lo mucho de bueno que tienen, recogiendo sus Peculiares «sendas, e integrando el total Derecho civil español en la unidad sisteraátiea de un Código civil general para todos los españoles.

No olvide:nas que todos estos Derechos hispánicos, diferenciados en el matis, poseen, como España misma, una unidad superior que arranca de una misma constante cspiri nal, de un idéntico planteamiento de tos problemas nacionales y de una proyección universal que a todos nos vincula» Con rason entendía el Congreso Nacional de Darecho Civil, celebrado en Zaragoza en 1946, q«e era posible hallar denísx de esa aparente variedad legieto-ílva "«Sa substeatum nacional" y el áe-creto de 23 de mayo del siguiente año, qu& neeogió las conclusiones de aquél, afirmaba la posibilidad de elaborar un Código general de Derecho civil integrando esa diversidad "en los principios comunes-en que se asentó el espíritu cristiano y nacional de nuestra unidad´*.

La decisión de nuestro Caudillo, siempre al servicio de las grandes empresas de los españoles, ha impresa el impulso definitivo a ese esfuerzo de todos que ha de tener el resultado de un Código civil general para nuestra Patria, de cuyo proceso legislativo ea hito importante esta compilación de las peculiaridades jurídicas del Derecho privado de dos provincias españolas, Álava, y Vizcaya, que en solidaridad de empeños con las demás comunidades históricas españolas, han cooperado a las gestas más gloriosas de la Historia de España y han sabido iluminar el espíritu de sus hombres más preclaros con esa aspiración de universalidad que caracteriza el quehacer secular de nuestra Patria. Y por ello venimos obligados & compilar esta rica variedad tradicional de nuestro Derecho privado, para que podamos ofrecer a la sociedad española, como o ra del Movimiento, una Codificación nacional del Derecho civil, de verdad inspirada en loa atíbelos, sentimientos y auténticos modos de vida de España y de los españoles, como el mejor medio de hacer fuerte y viva la suprema unidad nacional."

El señor Iturmendi, al terminar^ su brillante y enjundiosa disertación, fue largamente aplaudido por la Cámara.

Aprobación de otros dictámenes

A continuación se aprobaron los restantes dictámenes que figuraban en el orden del día, entre ellos el Convenio Internacional del Aceite de Oliva, de 1956; el Convenio entre España y el Reino Unido de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda relativo a servicios aéreos, y el Tratado de amistad entre el Estado y la República de Turquía; la exclusión de determinadas resoluciones de la vía contencioso-administrativa; el Qe Servicio militar de los españoles residentes en el extranjero; aumento de pensión a los Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando; modificación de las condi» cienes para el ascenso del personal pertene* cíente al grupo de Destino de Arma o Cuerpo; unificación de las Juntas regionales de acuartelamiento; unificaeió del percibo de distintos devengos de las clases pasivas y estabilización de la ayuda a éstas; plantillas y categorías de la Magistratura de Trabajo; regulación de las plantillas del personal del Ministerio de la Vivienda; ampliación de los beneficios otorgados por la ley d 1945 a los pueblos de Algar y Barbate de Franco y creación de la Gerencia de Urbanización.

También se aprobaron numerosos crédr-tos extraordinarios y suplementos de crédito y varios decretos-leyes. A las dos menos cuarto de la tarde, el Sf. Lequerica, que ocupaba la presidencia levantó la sesión.

 

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