Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Ante el Estatuto de Asociaciones Políticas     
 
 ABC.    30/11/1974.  Página: 35-36. Páginas: 2. Párrafos: 31. 

30 DE N0VIRMBRE DE 1974.

ANTE EL ESTATUTO DE ASOCIACIONES

Las asociaciones políticas son hoy caballo de batalla. Resumo el estado de la cuestión: un grupo notable

de comentaristas, escritores y políticos afirma que no caben en nuestro sistema, pues, si son algo, son

partidos políticos y éstos están prohibidos más que por la Ley por una interpretación auténtica de la

misma. Es la postura de Raimundo Fernández-Cuesta, de Ramón Bonifaz, de José Antonio Girón, de Blas

Pinar, etc..., coincidentes en lo sustancial, aunque se diferencien en matices de segundo orden.

Otros hay —tan respetables como los anteriores— que afirman que las asociaciones políticas son

necesarias, caben dentro de la legalidad española actual y pueden tener la triple característica de sostener

una línea ideológica, insertarse en los procesos electorales y estar sometidas, únicamente, a control

jurisdiccional. Quienes así piensan son legión.

Entre esas dos posturas extremas se debate la decisión gubernamental que aún no conocemos en el

momento de escribir estas líneas.

Establecidos, como queda dicho, los dos grupos de partidarios y contrarios al establecimiento y

regulación en el sentido indicado de las asociaciones, vayamos a los textos legales y a las fuentes

interpretativas de los mismos.

En primer lugar tenemos el artículo 16 del Fuero de los Españoles, que es Ley Fundamental. «Los

españoles podrán reunirse y asociarse libremente para, fines lícitos y de acuerdo con lo establecido Por las

Leyes.» La finalidad política no es ilícita, esto es claro. Si, en concreto, alguna finalidad política lo es,

corresponde a los Tribunales enjuiciarla y sancionarte,. Así lo establece el artículo 31 de la Ley Orgánica

del Estado.

Pero frente a lo dicho se esgrime el VIII de los Principios del Movimiento Nacional, a cuyo tenor «El

carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras Instituciones públicas. La

participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a

cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a

este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema

representativo, será considerada ilegal.»

Es muy importante examinar con la debida atención el principio VIII del Movimiento. Porque puede

entenderse que limita el ámbito de libertad de asociación que establece el artículo 16 del Fuero de los

Españoles. Esta es la creencia de Fernández-Cuesta. A la que apoya Ramón Bonifaz (véase «Nuevo

Diario» del 29 de noviembre de 1974), que cita en favor de su tesis las palabras del Jefe del Estado (dis-

curso en la plaza de Oriente de Madrid en 1971), cuando dijo: «lo único que no cabe en nuestro régimen

son los partidos políticos». Y las pronunciadas en Sevilla en 1967: «si, a disculpa del contraste de

pareceres, lo que se busca son los partidos políticos, sepan en absoluto que eso jamás vendrá».

Respetamos las palabras del Jefe del Estado, naturalmente. Pero respetamos tanto o más la Ley. Es la

labor de todo intérprete de un texto jurídico, aun cuando, como en este caso, su contenido sea

eminentemente político.

Sigamos adelante. El Principio VI del Movimiento establece que «las entidades naturales de la vida

social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional». Pero, a renglón

seguido, añade: «las instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias sociales de

interés general deberán ser amparadas para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de

los fines de la comunidad nacional». Luego parece muy claro que junto a familia, municipio y sindicato

pueden existir, legalmente amparadas, otras «instituciones y corporaciones de otro carácter». Si aquéllas

son «orgánicas». éstas, de otro carácter, pueden no serlo. Lo que sí tienen que ser, lo que sí han de tener

como característica, es «satisfacer exigencias sociales de interés general».

Un paso más. Entre los fines del Estado español señala el artículo tercero de la Ley Orgánica del Estado

«el amparo de los derechos de la persona». Y es un derecho de la persona, universal-mente admitido y

recogido, como hemos visto, en el artículo 16 del Fuero de los Españoles, el de «asociarse libremente»

para fines lícitos, que. por ende pueden ser políticos.

Cabe, pues, que se establezcan y regulen «instituciones y corporaciones», «para asociarse libremente»

con fines políticos, que deben ser amparadas por el Estado español. Lo que no pueden ser es «partidos

políticos» (según la interpelación auténtica del Jefe del Estado). Ni, tampoco. en cuanto que no son

«orgánicas», suponen vehículo de participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás

funciones de interés general (Principio VIII del Movimiento) .

La «participación» es orgánica en el régimen español.

Otro punto. El artículo 4.° de la Ley Orgánica del Estado dice que «el orden político está abierto a la

totalidad de los españoles» y, más adelante, que «la vida política se promueve en régimen de ordenada

concurrencia.de criterios».

Cuando los criterios políticos de los ciudadanos concursen, lo inmediato y necesario es que esos

ciudadanos se asocien. Precisamente para promover la vida política.

Con lo dicho, podemos establecer ya una primera conclusión: el sistema político español permite y aun

exige la existencia de asociaciones políticas, las cuales no pueden ser partidos políticos ni vehículo

participativo reservado a los organismos naturales —-familia, municipio y sindicato y demás entidades

con representación orgánica—, Tales asociaciones pueden coexistir, en régimen de ordenada concurrencia

de criterios, para promover la vida política que está abierta a todos los españoles. El problema queda

reconducido así a sus justos límites: indicar la diferencia, con la máxima claridad posible, entre

asociaciones políticas y partidos políticos y establecer, con toda nitidez, el campo de actuación de las

asociaciones políticas.

Entendemos que el género son las asociaciones, una de cuyas especies son los partidos. Estos están

prohibidos, aquéllas en su totalidad, no. Pero se impone una precisión: cuando el Jefe del Estado

anatematiza a los partidos políticos, ¿a qué realidad jurídica y social se está refiriendo? Evidentemente,

una interpretación adecuada de sus palabras impone la, siguiente conclusión: los partidos políticos

rechazados por el Jefe del Estado como cuerpos extraños de nuestro Régimen son aquellas asociaciones

que bajo tal nombre, fueron actuantes hasta el 18 de Julio de 1936.

El Jefe del Estado no puede ir contra las Leyes Fundamentales. Sería un absurdo contrasentido. Condena

los partidos, pero no puede condenar el de-recho de asociación política, Y si éste es exigido por la

realidad social no sólo no debe ser condenado, sino que debe ser regulado y amparado por la Ley.

Una vez más—la enésima— tropezamos con la semántica, con lo que las palabras quieren decir. Y es

preciso clarificar su contenido.

Pues bien: los partidos políticos hasta 1936 eran asociaciones que se caracterizaban fundamentalmente

por:

a) Ser vehículo de participación de los españoles para su acceso a las tareas legislativas.

b) Imponer a sus miembros el mandato imperativo en cuanto a representantes del pueblo español.

c) Supeditar el Gobierno, o si se quiere la función ejecutiva, al voto favorable de la Cámara en la

que tales partidos estaban representados.

Porque, y esto es muy importante dejarlo bien sentado, cuando el Jefe del Estado condena al régimen de

partidos, lo que .rechaza, es el sistema parlamentario que los exige. Ni más ni menos. Ni menos ni más.

El sistema político español ya no es parlamentario. Pero nadie ha dicho que no sea democrático.

Precisamente la existencia del Fuero de los Españoles demuestra que lo es. Como uno de los derechos en

el sistema democrático es reconocer a los ciudadanos libertad de asociación política, el Régimen español

lo reconoce y debe regularlo y protegerlo.

Vengamos, pues, a la realidad actual. Establecida la necesidad, de estructurar legalmente las asociaciones

políticas. ¿cuáles son los límites de éstas? No pueden ser otros que aquellos que hagan de las mismas

partidos políticos propios de un sistema parlamentario. Porque esto es así y no de otra manera, parece

claro:

a) Que las asociaciones políticas podrán tener ideología propia, siempre que la misma no esté en

contradicción con las normas fundamentales del Estado español.

b) Que las asociaciones políticas podrán promover, como tales, candidatos a procuradores en

Cortes, en el bien entendido da que, ellas mismas no estarán representadas en la Cámara, ni los

procuradores estarán sujetos, en su actuación, a su mandato imperativo. Y que tales candidatos serán

elegidos por los cauces orgánicos de familia, municipio y sindicato.

c) Que la legalidad o ilegalidad de una asociación sólo podrá determinar-se y sancionarse por los

Tribunales de Justicia.

d) Que no es función propia de las asociaciones políticas dar o quitar la confianza al Gobierno.

Con estos límites claramente fijados pueden, deben existir y ser amparadas por la Ley las Asociaciones

políticas. Que no serán partidos políticos propios de un sistema parlamentario. Pero que supondrán el

reconocimiento del pluralismo social existente en nuestro país y un paso más demostrativo del carácter

democrático de nuestro Régimen, de la existencia eficaz de ordenada concurrencia de pareceres y de un

expreso reconocimiento del derecho fundamental de Asociación, todo ello, dentro del marco de un Estado

social de Derecho.—José Maria RUIZ GALLAR-DQN.

 

< Volver