Autor: Muñoz Alonso, Alejandro. 
   Asocia-nones     
 
 Cambio 16.    09/12/1974.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Asocia-nones

Por ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

El laborioso parto de las asociaciones parece que llega a término y, por lo que dejan entrever los medios

informativos, todo hace pensar que se ha seguido la inspiración más "movimentista", menos propicia a

establecer un marco amplio capaz de permitir el juego a todos los grupos ideológicos que en este país

existen. Y que no se agotan, desde luego, en los que por tener ya, de hecho, una existencia reconocida y

unas posibilidades efectivas de acción pública, no se ven empujados a diversos grados de clandestinidad.

Los mismos medios dan la impresión —a través de encuestas e informaciones de diverso tipo— de que

son muchos los que, si se confirman esas impresiones, se sentirán defraudados. Y se estima que los palos

del sombraje se abatirán sobre muchas esperanzadas cabezas. El reconocimiento de las asociaciones

políticas cifraba, en efecto, las ilusiones de amplios sectores que veían en ellas el punto de apoyo de la pa-

lanca democratizados, la piedra de toque de la capacidad de evolución del sistema. Esos augurios poco

rientes están siendo, en suma, la versión política del cuento de la lechera, de tal manera que son bastantes

los que piensan que para este curioso viaje político, de vuelta sin ida, no se necesitaban esas alforjas

asociacionistas, tan abultadas tras años de discusiones, enterramientos, exhumaciones y trampas saduceas.

¿Podía esperarse racionalmente un resultado distinto del que ya se da por descontado? Sin poner ni un

ápice de duda en la buena voluntad de los que durante los últimos meses se han batido lealmente por

lograr un estatuto de asociaciones sin lastres ni hipotecas, la más elemental lógica política permitía prever

el resultado. Regular un derecho cívico tan básico como el de asociación política, no puede hacerse desde

unos supuestos paternalistas que, expresa o tácitamente, lo conciben como una concesión graciosa que se

atribuye o se niega a voluntad por un órgano político y, por lo tanto, no independiente. No hace falta

recurrir a la teoría de las libertades públicas, ni a la tradición y práctica de las Declaraciones de Derechos,

para saber que, en este campo, a los poderes públicos sólo les corresponde declarar y garantizar unos

derechos que, en su más radical legitimación, son previos a toda decisión política. Bien está que se

precisen y, sobre todo, repetimos, se garanticen modalidades de ejercicio, pero no podría ser admisible

que se estableciera una regulación que viniera a ser, en la realidad, una carrera de obstáculos capaz de

desanimar a los más.

La porfiada madurez política del pueblo español significa —entre otras muchas cosas— que ya no le

serviría un régimen asociativo "para andar por casa" que, si algún sentido pudo tener hace un lustro, ahora

equivaldría a intentar alimentar a base de potitos a un mozo en edad militar. Para transitar por la vida

pública, los españoles no necesitan andaderas —que eso serían unas asociaciones insuficientes— sino,

sencillamente, que se remuevan las trabas que hasta ahora les han impedido el ejercicio de ciertas

libertades básicas. Esa misma madurez quiere decir que la validez del sistema que se fije no se podrá

medir por el número ni la calidad de las personalidades que estén dispuestas a aceptarlo, sino por las po-

sibilidades de que lo encuentren practicable los sectores populares, las corrientes ideológicas y las

posiciones programáticas que hasta ahora han estado marginados de la vida política. La época del

elitismo, de las minorías que se autoconsideran representativas y de las exclusiones dogmáticas, está

difinitivamente superada. Es el momento del "o jugamos todos, o se rompe la baraja".

Las tendencias de la extrema derecha que pretenden limitar estrechamente las funciones de las

asociaciones hasta dejarlas, de hecho, reducidas a tertulias ampliadas, lo que pretenden, en realidad, es

que no existan asociaciones o que existan sólo las suyas. Lo que ellos quieren son las asocia-nones.

Cuáles deban ser las condiciones mínimas de un auténtico sistema asociativo está suficientemente

clarificado, aunque haya faltado el debate público que, en un asunto como éste, afecta a todos los ciu-

dadanos, debiera haber sido obligado. Se habría evitado así ese pecado original que, en política, cae sobre

todo lo que carece de espontaneidad. Sólo lo que procede de las raíces y que, por eso, refleja el perfil real

de la sociedad, tiene garantías de autenticidad y perdurabilidad.

A pesar de estas salvedades —sincera expresión de temores que muchos comparten— bien quisiéramos

desde esta columna que el sistema asociativo que se brinde a los españoles sea una vía para asumir su

soberanía y no la causa y razón de su frustración definitiva. Porque, como ha escrito Juan Luis Cebrián,

"las asociaciones, las pongan donde las pongan, estarán donde tienen que estar y no donde las quieran

poner"". Esperemos que los frustrados sean los que quieren hacer realidad, otra vez, la frase galdoniana:

"España coge su rueca y se pone a hilar el pasado."

 

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