Orden Público y Estado de Derecho     
 
 ABC.    13/04/1971.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

ABC. MARTES 13 PE ABRIL DE 1971. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 18.

ORDEN PUBLICO Y ESTADO DE DERECHO

Las definiciones teóricas del concepto de Estado de Derecho pueden ofrecer, y ofrecen, variados matices,

aunque todas coincidan en la sustancia definida. Desde otro punto de vista más pragmático, pero

igualmente aleccionador, el Estado de Derecho significa aquella situación, aquel «status» donde los

derechos individuales y, por tanto, las responsabilidades individuales también, son determinados en un

máximo óptimo por los jueces y los Tribunales, porque en ellos radica la independencia del Poder

judicial. Y, consiguientemente, son determinados, en un mínimo—imprescindible mínimo—, por los

organismos gubernativos; organismos a los que conviene, como nota característica, no ya la de

independencia, sino la de transitoriedad, forzosa o natural, del Poder ejecutivo. Transitoriedad que refiere,

por supuesto, a la mutación inevitable de los equipos gobernantes y, por tanto, de sus criterios políticos.

Al contrario, si los derechos individuales, derechos inalienables de la persona humana o derechos del

ciudadano dependen, para su reconocimiento o para su sanción primitiva, sobre todo de las decisiones del

Poder ejecutivo, poco o muy poco garantiza la función de! Poder judicial, la existencia de un verdadero y

auténtico Estado de Derecho.

Inspira estas anteriores consideraciones, y por sí mismo las explica, el proyecto para modificar la vigente

ley de Orden Público de 30 de julio de 1959. Sobre todo en un punto. En aquel punto donde el proyecto

muestra una particular coactividad o dureza: en el mecanismo entero de las multas y en ¡a cuantía de las

mismas.

El proyecto duplica, triplica o cuadruplica, según los casos, las multas que pueden recaer, por vía

gubernativa, sobre un ciudadano, sobre una persona individual. Y así, cuando los alcaldes podian imponer

sanciones de 250 a 5.000 pesetas, según el número de habitantes de su Municipio, el proyecto eleva estas

cifras en una escala que va de 1.000 a 25.000 pesetas. Y cuando los gobernadores civiles podían multar

hasta con 25.000 pesetas se propone que puedan llegar a 100.000 pesetas ; al mismo tiempo que el

ministro de la Gobernación «asciende», en capacidad punitiva, de 100.000 a 500.000 pesetas, y el

Consejo de Ministros de 500.000 pesetas a un millón.

De poco o de nada valen aquí las estadísticas, ni de la riqueza «per cápita» ni del crecimiento del

producto nacional. El depósito previo—para entablar un recurso—de la totalidad de medio o de un millón

de pesetas, atendidos los plazos fijados o previstos para poder hacerlo, sigue siendo en España, cualquiera

que se estime su nivel de desarrollo, una tremenda sanción. Una sanción draconiana, si se admite la

terminología clásica.

Bien está — ¿quién lo discutiría ni en lo teórico ni en lo práctico?-—que el ejecutivo pueda imponer

ciertas multas. Pero es muy discutible que la cuantía de las multas llegue a suponer la ruina del multado o

el desequilibrio financiero absoluto, o por bastantes años, de su economía personal, familiar.

No es posible alegar, en trámite dialéctico paliativo de estas medidas, las posibilidades de recurso. No ya

porque no existan, ni siquiera porque estén dificultadas en la designación de la defensa, etc. Sobre todo

por otra consideración. Porque multas tan importantes, sanciones pecuniarias de semejante gravedad,

deben ser decididas no por quien es, en el caso, juez y parte, como ocurre con el Poder ejecutivo, sino por

quien sea parte independiente: por el Poder judicial.

La máxima grandeza del Poder judicial, su utilidad pública, en el mas noble sentido de la palabra utilidad,

es ser salvaguarda de los derechos cívicos ante cualquier posible decisión arbitraria, errónea o

indebidamente coactiva de los organismos gubernativos. En la antigua y tremenda dialéctica individuo-

Estado, el individuo tiene su garantía última de defensa, de audiencia de sus derechos afirmación de los

mismos, si procede, según Ley, en los jueces y Tribunales.

Háganse, en buena hora, las modificaciones que, en nuestro tiempo, necesite la ley de Orden Público.

Pero deben ser hechas de modo que se ajusten al Estado de Derecho; de modo que sea el Poder judicial,

con su independencia, constitucionalmente establecida, quien decida las sanciones o multas más graves.

Y eso sí, y también: aprovéchese la ocasión del proyecto de modificaciones a la ley de Orden Público

para decidir—que es tiempo—acerca de la oportunidad o inoportunidad de las jurisdicciones especiales.

«Modifiquense en buena hora—escribíamos a primeros del pasado diciembre—aquéllas o suprímanse,

que bien ganada tienen nuestros Tribunales ordinarios fama de justos y eficaces.»

De alguna manera corresponderá al mayor nivel de vida del pueblo español una mayor madurez cívico-

política, salvo que sólo aceptemos la barbarie del mero y simple progreso material. Entonces, crecidos en

todo, en renta y en conciencia, encamínese la marcha de los derechos y deberes, de las facultades y las

responsabilidades, de las acciones posibles y las posibles sanciones, por las sendas más seguras de la

juridicidad. Confírmese, con el máximo reconocimiento de las atribuciones legítimas de los Tribunales

ordinarios, el Estado de Derecho.

 

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