Autor: Pérez Fernández, Herminio. 
 Cortes españolas. 
 La Comisión de Gobernación inició ayer el estudio del proyecto de ley que modifica algunos artículos de la orden público  :   
 Numerosos procuradores solicitan que se rebaje la cuantía de las multas que pueden imponer los altos estamentos gubernativos. 
 ABC.    09/06/1971.  Página: 33-34. Páginas: 2. Párrafos: 11. 

CORTES ESPAÑOLAS

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN INICIO

AYER EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE

LEY QUE MODIFICA ALGUNOS ARTÍCULOS

DE LA DE ORDEN PUBLICO

Una enmienda a la totalidad, formulada por el señor Escudero Rueda,

sólo tuvo dos votos favorables

NUMEROSOS PROCURADORES SOLICITAN QUE SE REBAJE LA

CUANTÍA DE LAS MULTAS QUE PUEDEN IMPONER LOS ALTOS

ESTAMENTOS GUBERNATIVOS

Madrid.

(De nuestro redactor en las Cortes, Herminio Pérez Fernández.) La Comisión de Gobernación, de la que

es presidente don Carlos Arias Navarro, con don Jesús García Orcoyen como vicepresidente y don

Enrique de la Mata Gorostizaga como secretario, inició en la tarde de ayer los debates en torno al

proyecto de ley sobre modificación, de determinados artículos de la de Orden Público, de 30 de julio de

1969.

Desde las cinco y diez, en que el señor Arias Navarro declaró abierta la sesión, hasta las siete cuarenta, en

que se efectuó la primera votación, el debate se centró exclusivamente sobre la enmienda a la totalidad

formulada por el procurador don Manuel María Escudero Rueda, que solicitaba la devolución del

proyecto al Gobierno.

Basó su extensa argumentación en el error que supondría gobernar con una filosofía que fundamente en

el «poder-físico», y más concretamente en el «poder físico de coacción», la esencia del poder de mando

del Estado.

Ningún Gobierno —afirma también el señor Escudero Rueda—¡puede desarrollar el ejercicio del poder

político acentuando el poder de coacción más que otros factores sociales.

Solicitó descargar a las autoridades gubernativas de funciones ¡punitivas, traspasándolas al poder

judicial. Consideró, además, Innecesario este proyecto de ley, porque «las circunstancias sociales en que

se desenvuelven las conductas—dijo—no se han agravado hasta el extremo límite que justifique la dureza

de la reforma», que se refleja, según el señor Escudero Rueda, en el aumento de la cuantía de las multas y

en la duración ampliada del arresto supletorio.

Reconoció luego la importante labor realizada por la Ponencia, que ha suavizado y recortado

considerablemente el alcance del proyecto enviado por el Gobierno, y afirmó que éste tiene ya suficientes

leyes e instrumentos de poder para mantener el orden sin necesidad de modificaciones.

Invocó también la necesidad de ^que se complete el desarrollo político del país para que mediante las

asociaciones se den cauces a las Ideas, porque no es posible poner puertas al campo de las ideologías; «La

Integración, del pueblo—agrego— sólo puede venir aportando elementos naturales de colaboración, no

estableciendo nuevas normas de represión.» «NI mi criterio prudencial ni razones de oportunidad me

permiten entrar en la discusión del articulado—terminó—y por ello pido la devolución del proyecto al

Gobierno.»

Inmediatamente después de finalizar su intervención, el señor Escudero Rueda, pidió la palabra don

Fernando Herrero Tejedor, procurador en Cortes y fiscal del Tribunal Supremo, para manifestar que el

silencio podría Interpretarse como conformidad plena con lo dicho por el enmendante a la totalidad, por

10 que deseaba decir que al compartía algunas de sus razones no podía pasar por alto otras con las que se

encuentra en profundo desacuerdo. En tomo a la tensión entre los principios de autoridad y libertad—

dijo—podríamos estar hablando aquí todo el año.

ABC. MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 1971. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 34.

parece Que es sacar las cosas de quicio hablar de todo eso con motivo de esta Ley, que sólo pretende

aumentar las facultades ordinarias, que el Gobierno considera Insuficientes, para mantener el orden

público. Soy partidario—dijo—del desarrollo político y de la normalidad constitucional y de que se

respeten los derechos de la persona y también del mantenimiento del orden público; pero no estoy de

acuerdo en que exista una identidad entre fortificar la represión y garantizar el orden público. No se trata

de represión, sino de mantener el estatus que permite el ejercicio de los derechos y el normal

funcionamiento de las instituciones.

El meollo de la cuestión está en que la Idea de legalidad va vinculada siempre a la idea de seguridad. La

Justicia está por encima de la seguridad, pero ésta ha de abrirle el camino para su realización.

La Justicia —agregó el señor Herrero Tejedor—no puede ejercerse sin la seguridad.

El enemigo mayor del desarrollo político es el desorden. No puede haber libertad si no hay orden. La

libertad humana ha de coexistir con la libertad de los demás.

Puede tolerarse que haya estudiantes que no quieran estudiar; lo que no es permisible es que traten de

Impedir que los demás estudien; esa es una libertad egoísta, que niega las libertades de los otros.

Afirmó luego el señor Herrero Tejedor que la función punitiva corresponde a la autoridad gubernativa en

este caso y no al poder judicial; no hay que confundir el delito con el desorden, ni traspasar a la autoridad

judicial funciones •/4e no le competen.

La función jurisdiccional tiene que estar plenamente tipificada. No podemos pretender que un país sea

gobernado únicamente por el Código Penal.

Terminó su brillante exposición señalando que vale la pena entrar a considerar el articulado con estas

ideas muy claras: asegurar el orden, significa favorecer el desarrollo político, garantizar las libertades

humanas y permitir el normal funcionamiento de las instituciones.

También abogó en apoyo de la ley. con certeros razonamientos, el procurador don Manuel Valencia

Remón, que afirmó: «Este proyecto de ley, al reforzar la actuación de las autoridades, pretende que no

haya necesidad de volver a aplicar medidas excepcionales.» Subrayó que tras las modificaciones

introducidas por la Ponencia, el proyecto sólo representa, en realidad, una serie de ligeras modificaciones

a la ley de Orden Público vigente.

por su parte, el señor Esperabé de Arteaga subrayó su postura diciendo que el proyecto, tal como fue

enviado por el Gobierno, no era de recibo.

La Ponencia lo ha dulcificado hasta el punto de que ya no parece el mismo.

Lo ha puesto boca abajo, dejándolo reducido a un regateo sobre la cautía de las multas, que han de

imponer determinadas autoridades y para esto—dijo—entiendo que no hace falta modificar la ley de

Orden Público, porque el mantenimiento del orden no es cuestión de multas.

Aunque manifestó que no estaba de acuerdo con los argumentos escritos y orales esgrimidos por el señor

Escudero Rueda, afirmó que si la enmienda se ponía a votación él apoyaría la devolución al Gobierno, por

no considerar oportuno el momento para este proyecto de ley.

Don Fernando Suárez González se mostró decidido partidario del orden propio de una comunidad civil y

cristiana, y en aras de ese orden—señaló—los ciudadanos debemos hacer algunos sacrificios.

Si el Gobierno, que sabe las dificultades que el mantenimiento de ese orden entraña, pide unos medios,

unos recursos para mantenerlo, yo no se los negaré, con dos condiciones: que no se extralimite y que

busque el orden también por otros medios, porque el orden se consigue también abriendo cauces de

participación. No podemos olvidar; sin embargo, que la subversión es un problema mundial. Si las cosas

fueran sólo como las pinta el señor Escudero Rueda, no habría subversión en los países democráticos

occidentales. Hay que dar medios al Gobierno, siempre que éste mantenga el respeto a los derechos

humanos y a la constitución. Para conseguir eso debemos entrar en el estudio del articulado y procurar

que se salvaguarde el orden público contra los que traten de alterarlo, pero sin la más leve amenaza para

las gentes de bien.» Anticipó que piensa Intervenir en el articulado, con afán de mejorar el proyecto.

Por la Ponencia—que está integrada por don José Luis Torroba Llórente, don Luis Rodríguez de Miguel,

don Manuel Arroyo Quiñones, don Antonio Carro Martínez y don Manuel del Moral Megido—hablaron

los dos citados en primer lugar, que rebatieron, punto por punto, las argumentaciones del enmendante a la

totalidad, rechazando por inadmisibles muchas de ellas. Si sólo se ha presentado una enmienda a la

totalidad—dijo el señor Rodríguez de Miguel—y en cambio hay 45 escritos que representan 176

puntualizaciones al articulado, está patente el deseo de la Comisión de entrar en el examen del proyecto,

mejorándolo y perfeccionándolo en lo posible, como ya ha hecho la Ponencia. Solicitó por

ello que la enmienda a la totalidad fuerza rechazada.

Sometida a votación la propuesta de devolver el proyecto al Gobierno, sólo tuvo los votos favorables de

los señores Escudero Rueda y Esperabé, siendo por el contrario muy numerosos los partidarios de que se

entrara en el estudio del proyecto.

Así se hizo a las ocho y diez de la noche, registrándose intervenciones de gran número de enmendantes,

entre ellos los señores España Muntadas—que pedía mayor cuantía en las multas—Zubiaur, Ángulo,

Rivas Guadilla, Peralta España, Esperabé y Suárez González, casi todos ellos coincidentes en solicitar que

se rebaje la cuantía de las multas que pueden imponer los altos estratos gubernativos.

A las diez menos cuarto de la noche, cuando todavía varios enmendantes tenían pedida la palabra, el

señor Arlas Navarro decidió levantar la sesión, que proseguirá hoy a las cuatro y media de la tarde.

Al iniciarse la sesión fue aprobado por unanimidad un proyecto de ley que modifica la de 8 de marzo de

1941, reorganizadora de los servicios de Policía.

 

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