Comentarios al anteproyecto de Asociaciones. 
 Es más urgente que nunca una nueva, moderna e idónea ley electoral     
 
 ABC.    04/12/1974.  Página: 33-42. Páginas: 10. Párrafos: 219. 

4 DE DICIEMBRE DE 1974. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 33.

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE ASOCIACIONES

ES MAS URGENTE QUE NUNCA UNA NUEVA, MODERNA E IDÓNEA LEY ELECTORAL

Desde ahora, el derecho de asociación política no sólo está reconocido como lícito, sino debidamente

regulado

AL OTORGARSE PLENA PERSONALIDAD JURÍDICA A LAS ASOCIACIONES SE FAVORECE

LA INTEGRACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y SE FACILITA SU PARTICIPACIÓN EN LAS

TAREAS PUBLICAS

LA COMPETENCIA SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES, OUE

CORRESPOMDE AL CONSEJO NACIONAL, NO MANTIENE EL PRINCIPIO DE UNIDAD

JURISDICCIONAL Y PODRÍA SER OBJETO DE RECURSO DE CONTRAFUERO

Debería arbitrarse, al menos para las reclamaciones y recursos, un medio jurisdiccional

independiente del Pleno del Consejo Nacional

CON LA INSERCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA EN EL ÁMBITO DEL

MOVIMIENTO NACIONAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4.° DE LA

LEY ORGANICA, QUEDA CLARO QUE LAS ASOCIACIONES NO SE INSCRIBEN EN EL

MARCO DEL MOVIMIENTO-ORGANIZACION, SINO EN EL DEL MOVIMIENTO-COMUNION

AL TENER PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, LAS ASOCIACIONES

PODRAN INCLUSO POSEER PERIÓDICOS

El único límite que se impone a su actividad es el debido acatamiento a las Leyes Fundamentales

sea inferior a 500.000 habitantes: un número de asociados que no podrá ser inferior al 5 por 1.000 de

dicho censo

Texto y puntos destacables del anteproyecto de Bases sobre los criterios políticos del Estatuto Jurídico del

Derecho de Asociación Política:

1- Del Derecho de Asociación Política

«Base 1." De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Fuero de los Españoles, todos los españoles,

mayores de dieciocho años, tienen derecho a asociarse libremente para la acción política —sin

discriminación—. por razón de sexo, estado civil, raza, religión o condición social. El derecho de los

españoles a asociarse libremente para la acción política se regulará de modo que su ejercicio se realice en

el ámbito del Movimiento Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.° de la L. O. E., y

conforme a los criterios contenidos en las presentes Bases.»

DE ESTA BASE DESTACAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1." Reconocimiento explícito de que se trata de desarrollar lo establecido en el artículo 16 del Fuero de

los Españoles, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho de asociación política. Es un paso muy

importante, porque, hasta la fecha, las grandes críticas que se hacían al Régimen español nacían en buena

parte, y justificadamente, del hecho de que, pese a tener una carta que señalaba los derechos de la

persona, este reconocimiento era puramente nominal o teórico por cuanto no estaba «desarrollado» sufi-

cientemente en las necesarias disposiciones legales. A partir de ahora, el derecho de asociación política no

sólo está reconocido como lícito por la Ley, sino debidamente regulado. Lo cual implica una esfera de

autonomía que es el efecto esencial del reconocimiento por la Ley de un derecho público subjetivo. Por

otra parte, con esta regulación las actividades políticas concretas que, a partir de ahora, desarrollen los

ciudadanos como pertenecientes a una Asociación debidamente constituida, y dentro de sus fines, serán

en todo caso lícitas.

A más de lo anterior, al otorgarse plena personalidad jurídica a las Asociaciones —véase al efecto la base

17— alcanza el grupo político como tal categoría sustantiva, siendo sujeto de derechos y obligaciones,

con lo cual se favorece la integración de los ciudadanos y se facilita su participación en las tareas públi-

cas, al reducir el número de posibles opciones.

De esta suerte se consigue también que desaparezca, en principio, la irritante situación anterior, en la que,

por no existir cauces de participación asociativa, el ciudadano que quería intervenir en procesos

electorales estaba limitado por sus solos medios económicos, con la notable desigualdad que ello ha

supuesto en la práctica.

De todas suertes, y ya desde este momento, conviene dejar bien sentado que ahora es más urgente que

nunca una nueva, moderna e idónea ley Electoral.

INTENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

2° La fijación de la edad de dieciocho años es también un paso muy importante. Supone un intento loable

de hacer participar a la juventud en las tareas públicas. Tengamos en cuenta que la casi totalidad de

nuestros universitarios lo son a partir de esa edad. Y no olvidemos, por el avance que supone, que la

mayoría de edad civil sigue establecida en los veintiún años.

3.° Gran significación adquiere la inserción del derecho de asociación política «en el ámbito del

Movimiento Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley Orgánica del Estado».

Recordemos que este artículo concibe al Movimiento Nacional como «comunión» de los españoles en los

Principios Fundamentales. No se inscriben, pues, las asociaciones en el marco del Movimiento-

Organización, con lo que se zanja, de una vez por todas, la polémica sobre este tema. Si bien, como

veremos, al sujetar a las asociaciones a lo dispuesto en las presentes Bases, y conceder éstas muy amplias

facultades al Movimiento en sus órganos —Consejo Nacional, Comisión Permanente y Secretaría del

Consejo—, se desnaturaliza, en parte, sólo en parte, la anterior adscripción de las asociaciones dentro del

Movimiento-Comunión. De ello se tratará al examinar las correspondientes Bases.

Cuando se discutió en las Cortes la hoy llamada Ley orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional

hubo muy ilustres procuradores que defendieron la tesis de que esta institución debería denominarse

«Consejo Nacional del Estado» y no «del Movimiento». Fueron clarividentes, y si entonces se hubiera

aceptado su criterio al problema de los equívocos que la actual regulación puede plantear hoy no hubiera

existido.

PARTICIPACIÓN Y CAUCES NATURALES

«Base 2.ª Las Asociaciones políticas son medios complementarios para la participación de los españoles

en las tareas políticas a través de las entidades naturales a la vez que cauces de expresión de la opinión

pública. La actividad de las mismas y de sus órganos de gobierno se ajustará a los principios del

Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.

Las Asociaciones confesionales y las sindicales y profesionales no podrán constituirse, en ningún caso,

como Asociaciones políticas.»

1° Un texto muy matizado. El anteproyecto no podía olvidar el Principio VIII del Movimiento. A su

tenor, si bien «el carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones

públicas.», «la participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés

general se llevará a cabo a través de la Familia, el Municipio, el Sindicato y demás entidades con

representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes».

Este principio octavo del Movimiento consagra la democracia orgánica.

El problema era grave. Porque, evidentemente, las Asociaciones políticas no son orgánicas. En ellas se

integran los ciudadanos «uti singuli», es decir, sin consideración a su condición de miembros de una

familia, un Municipio, un Sindicato o una Corporación orgánica (por ejemplo, profesional) .

CONSAGRACIÓN DE UN DERECHO NATURAL

El legislador ha sido consciente, sin embargo, que el español, en cuanto tal y sólo en consideración de tal,

tenía un derecho natural de asociación política. Había que reconocerlo y regularlo sin desvirtuar la

esencia institucional del Régimen, que es, repetimos, la democracia orgánica. (Hasta el extremo de que el

propio Principio VIII establece que «toda organización política de cualquier índole, al margen de este

sistema representativo, será considerada ilegal».)

Tenemos que aplaudir la fórmula encontrada. Las Asociaciones políticas se configuran en una doble

vertiente:

a) Como medios «complementarios» para la participación de los españoles en las tareas políticas a

través de las entidades naturales. Sigue el sistema orgánico en pie: la representación política se logra a

través de familia. Municipio y Sindicato. Pero, al tiempo, dentro de estos cauces naturales —salvo en las

entidades sindicales y profesionales— se acude a la representación «también» por medio de las asocia-

ciones políticas. Un ejemplo aclarará el tema: para ser procurador en Cortes, sólo se podrá acudir por la

vía del Municipio o la familia. Pero para ser candidato se podrá presentar un elegible, bien individual-

mente, bien por la plataforma de una Asociación política.

Con ello se reconoce —y es muy importante— la dimensión electoral de las Asociaciones Políticas.

(Consagrado, por otra parte, en la Base 3.".)

b) Pero no son exclusivamente asociaciones electorales. Porque esta base reconoce a las Asociaciones,

políticas ser «cauces de expresión de la opinión pública». Muy importante afirmación, ya que, al tener

personalidad jurídica propia y patrimonio propio podrán incluso tener periódicos (con sujeción a lo

dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la vigente ley de Prensa).

2.ª También es importante que el único límite que se impone a la actividad de las Asociaciones sea el

debido acatamiento a las Leyes Fundamentales. En un Estado de Derecho, el único límite de actividad de

los ciudadanos es el marcado por la Ley.

3° Lógico, asimismo, el último párrafo. Se pretende «despolitizar» las asociaciones confesionales,

sindicales y profesionales que tienen fines propios independientes y distintos de los fines políticos de cada

uno de sus miembros que los pueden actuar en Asociaciones políticas, pero que no deben teñir de tinte

político ni una confesión religiosa ni una actividad laboral o profesional.

«Base 3.ª El carácter orgánico de la representación política informa el orden institucional. Toda

organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será considerada ilegal.

Para estimular la participación popular las Asociaciones podrán concurrir en los procesos electorales, en

la forma y con los requisitos establecidos por las leyes, salvo en los correspondientes a las entidades sin-

dicales y profesionales.»

Es una explicitación de lo dicho en relación con la base anterior, cuyo comentario queda hecho.

FINES DE LAS ASOCIACIONES

«Base 4.ª Las Asociaciones políticas, a, través de su actuación, contribuirán en el marco de la legalidad

fundamental, a

— La formulación ordenada de medidas y programas que se orienten al servicio de la comunidad

nacional.

— El análisis crítico de los programas y las soluciones concretas de Gobierno.

— La permanencia y el perfeccionamiento del Movimiento Nacional, del ordenamiento jurídico, y la

mayor eficacia de la acción de Gobierno.

— La promoción de los españoles para las tareas públicas.

— La formación y expresión de la opinión pública, procurando que, la pluralidad de opiniones y el

contraste de pareceres se encauce y desarrolle al servicio del bien común y del reconocimiento de los

derechos de la persona y su ejercicio.»

Esta base señala los fines de las Asociaciones ´políticas. Advirtamos que la enumeración no es limitativa,

sino indicativa. Por tanto, cualesquiera otros fines lícitos caben dentro de las Asociaciones, y se de-

terminarán en concreto, en los estatutos de cada una de ellas.

Y es importante también señalar que el texto no alude para nada a una acción concertada de los miembros

de una Asociación que, a la vez, resulten ser representantes de los ciudadanos —vg. en las Cortes—.

Habrá que estar a lo dispuesto para cada caso en la legislación específica. Y así, por ejemplo, el

procurador miembro de una Asociación no estará sujeto a mandato imperativo de ésta en su actuación

como procurador, ni podrá ser expulsado o dado de baja en la misma por no seguir las indicaciones de

ésta en el ejercicio de su cargo. Tema éste que quizás conviniera puntualizar.

Por otra parte, creernos que hay un olvido de un tema importante: el relativo a las finalidades de una

asociación en orden a determinadas profesiones. En principio, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas

Armadas no tienen, como ciudadanos, ninguna restricción específica para pertenecer a una asociación.

Parece que tampoco podrá fundarse ésta con fines exclusivamente militares. Pero ¿podrá tener entre sus

fines los de, por ejemplo, promover una mayor participación política de las Fuerzas Armadas, o de la

Judicatura, por ejemplo? Creemos que no debería ser así y que los miembros del Ejército, de la Iglesia, de

la Magistratura, etc., sí pueden pertenecer a una asociación política, ésta no podrá, entre sus fines,

consagrar un trato especifico de las dichas Instituciones diferente al establecido en la ley. No se trata de

restringir al ciudadano-militar o al ciudadano-juez su derecho de participar en una asociación. Se trata de

que ésta no tenga específicamente fines militares o judiciales o eclesiásticos. El tema es importante.

ÁMBITO DE LAS ASOCIACIONES

Base 5." Las Asociaciones políticas serán de ámbito nacional, midiendo desarrollar sus actividades y

establecer su domicilio social en cualquier lugar del territorio nacional. En nigún caso podrán formar

parte de agrupaciones o entidades internacionales ni admitir miembros que no tengan la nacionalidad

española.

Muy acertada. No se admiten Asociaciones de ámbito «regional» —para evitar posibles proclividades—

ni tampoco asociaciones integradas en «internacionales» para obviar sujeciones al exterior. Lo que no

quiere decir que no puedan existir asociaciones «nacionales» con una política concreta regionalista; o de

ideario similar a otras Asociaciones existentes en el extranjero, siempre que las españolas se inscriban

dentro de los límites establecidos por la ley española

II. De la competencia en materia asociativa

Base 6a. Las Asociaciones políticas se instituyen en la comunidad del Movimiento y corresponde al

Consejo Nacional la competencia sobre el régimen jurídico de las mismas acordando su reconocimiento,

federación, suspensión y disolución, así como la constitución de sus secciones provinciales y locales, sin

perjuicio de las atribuciones que las presentes bases confieren al Gobierno de la Nación.

A fin de que la participación en las tareas políticas sea auténtica y eficaz el Consejo cuidará

especialmente de que la actividad de las Asociaciones se oriente . al cumplimiento de sus fines y

programas y que el vínculo asociativo no atente contra la libertad de la persona.

1.° Esta base es una de las que juzgamos como más criticable. Puede y debe ser mejorada. Es un punto de

partida, pero no es la meta de llegada.

En efecto. Reproduce la tensión de estos últimos tiempos sobre la sumisión, o mejor, el sometimiento, de

las Asociaciones al Movimiento —comunión o al Movimiento— organización.

FUNCIONES JURISDICCIONALES

El problema se planteaba así: Si las Asociaciones políticas sólo tienen los límites establecidos por la ley

—entre los que, indudablemente, está el acatamiento respeto y adecuación de sus fines a los Principios

del Movimiento— parece que lo lógico sería que su reconocimiento, federación, suspensión y disolución

estuviera encomendado al Gobierno con —y esto es trascendentalísimo— sujeción a un sistema de

recursos jurisdiccionales, no políticos, ni gubernativos. En este sentido el artículo 31 de la Ley Orgánica

del Estado es terminante: «la función jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los

juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que establezcan las leyes,

corresponde, exclusivamente, a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley Orgánica de la Justicia,

según su diversa competencia».

La recientemente aprobada por las Cortes ley de Bases Orgánica de la Justicia se pronuncia en el mismo

sentido.

Se trata de mantener el principio de unidad jurisdiccional. No es correcto el criterio del establecimiento de

jurisdicciones especiales. Cabría, en todo caso, admitir una jurisdicción «especializada», que no es lo

mismo que «especial», pero servida siempre por magistrados, independientes e inamovibles.

Este precepto, y los demás del Anteproyecto coincidentes con él, podría ser objeto de recurso de

contrafuero.

Entendemos que, en todo caso, las funciones «administrativas» podrían ser, en materia de Asociaciones,

atribuibles al Consejo Nacional —mejor sería al Gobierno, como ocurre en materia de ley general de

Asociaciones—, pero siempre quedando la .vía abierta a un sistema de recursos judiciales.

REPRESENTATIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL

2.° Dicho lo anterior hemos de aceptar sin embargo, que, como quiera que el Consejo Nacional tiene un

consejero elegido por cada provincia, cuatro elegidos entre los procuradores familiares y cuatro entre

procuradores representantes de las Corporaciones locales (véase el artículo 13 de la ley Orgánica del

Movimiento y de su Consejo Nacional de 28 de julio de 1967), cabe que sean las propias asociaciones

quienes preconfiguren el carácter representativo del Consejo Nacional en gran medida. Es, ciertamente,

un paliativo, aun teniendo en cuenta el carácter escasamente representativo de los Consejos Nacionales

dado su procedimiento electoral (véase, por ejemplo, las Bases 21 y siguientes del Decreto de 23 de sep-

tiembre de 1970 sobre procedimiento electoral.

En este mismo orden de ideas no habría ningún inconveniente en que el Consejo Nacional «cuidará

especialmente de que la actividad de las Asociaciones se oriente al cumplimiento de sus fines y

programas, y que el vínculo asociativo no atente contra la libertad de la persona» siempre que esa

actividad la desarrollara el Consejo Nacional, precisamente y no de otra forma de la señalada en el artícu-

lo 10 de la ley Orgánica antes citada y muy concretamente «sugiriendo al Gobierno la adopción de

cuantas medidas estime convenientes o la mayor efectividad de los Principios del Movimiento y demás

Leyes Fundamentales».

4.° Por último, nos parece demasiado amplia y un tanto imprecisa la formulación de la competencia del

Consejo cuando dice el texto que «cuidará especialmente se oriente al cumplimiento de sus fines y

programas y que el vínculo asociativo no atente contra la libertad de la persona». Sobra el

«especialmente»; el término «orientar» es demasiado vago así como la expresión «atentar contra la

libertad de la persona;. En esta, como en toda materia de disposiciones legales restrictivas o limitativas,

los textos deben ser muy claros, determinados y concretos, procurando excluir toda posibilidad de inter-

pretación analógica, que casi siempre resulta ser arbitraria.

EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA

Base 7.° Corresponde al Gobierno de la nación el ejercicio de la potestad disciplinaria, conforme a lo que

disponen las presentes Bases y, en todo caso, la suspensión de asociaciones y federaciones por razones de

orden público, por exigencias de la defensa nacional o por apreciar graves motivos de urgencia,

comunicando su decisión a la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Aparte de lo que dicho queda sobre la Base 6.ª, echamos de menos en ésta lo siguiente:

a) El término «graves motivos de urgencia» adolece la gran imprecisión.

b) La decisión del Gobierno siempre debe ser motivada y fundada en derecho.

c) Dicha decisión no sólo debe ser comunicada a la Comisión Permanente del Consejo, sino antes que

nada a la propia Asociación.

ATRIBUCIONES DEL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

Base 8.ª Corresponde al Pleno del Consejo Nacional:

a) Acordar el reconocimiento de las Asociaciones Políticas y sus Federaciones.

b) Acordar la disolución de las Asociaciones Políticas y sus Federaciones.

c) Resolver las reclamaciones y recursos derivados del régimen de las Asociaciones Políticas y sus

Federaciones conforme a lo establecido en las presentes Bases.

d) Ejercer cuantas competencias le atribuyen especialmente las presentes Bases.

Amén de la discrepancia de que queda hecho mérito, sobre la competencia genérica de los Órganos del

Consejo Nacional, hemos de subrayar, de nuevo, que no nos parece correcta la atribución a un órgano

político el conocimiento de «las reclamaciones y recursos derivados del régimen de las Asociaciones

Políticas y sus Federaciones».

Insistimos en que debería arbitrarse, al menos para las reclamaciones y recursos, un medio jurisdiccional.

En otro caso se da el contrasentido de que sea el Consejo quien —en pleno— entienda el reconocimiento

o negativa de la constitución de una asociación y del recurso contra dicha negativa.

MISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Base 9.ª Corresponde a la Comisión Permanente:

a) Informar al Pleno del Consejo Nacional sobre las solicitudes, reclamaciones y recursos con ocasión

del reconocimiento de las asociaciones políticas y de sus federaciones o de su disolución.

b) Autorizar el funcionamiento de las comisiones organizadoras y el funcionamiento provisional de

las asociaciones políticas y de sus federaciones de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

c) Autorizar la constitución de las secciones provinciales y locales de las asociaciones políticas.

d) Resolver las reclamaciones o recursos que se eleven a la misma por las asociaciones o sus socios, en

el ejercicio de los derechos que a aquéllas o a éstos correspondan.

e) Acordar la suspensión de las asociaciones y sus federaciones o de cualquiera de sus secciones

provinciales o locales por plazo no superior a seis meses.

f) Acordar la inspección de las actividades y el exámen de gastos y cuentas de las asociaciones

políticas y sus federaciones.

g) Proponer al pleno la adopción de cuantas medidas estime conveniente para garantizar que las

asociaciones políticas y sus federaciones en ningún caso atentarán a la efectividad de los Principios y

Leyes Fundamentales.

h) Proponer al Gobierno la adopción de las medidas disciplinarias que estime convenientes a la vista de

la actuación de las Asociaciones políticas y sus Federaciones.

i) Ejercer cuantas facultades se le asignan expresamente en estas bases y, en general, las que, en el

desarrollo de las mismas, correspondan al Consejo Nacional y rio estén atribuidas a otro órgano del

Consejo

COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO

Base 10. Corresponde a la Secretaría d«l Consejo Nacional:

a) Recibir los escritos y la documentación que las Asociaciones, las Federaciones o sus promotores

dirijan al Consejo Nacional y notificar y ejecutar los acuerdos de éste.

b) Expedir certificaciones.

c) Llevar el Registro Nacional de Asociaciones Políticas.

d) Facilitar la información que proceda sobre las Asociaciones políticas y su régimen jurídico.

Valga lo dicho en el comentario de las bases VI, VII y VIII para estas dos bases que, junto can las

anteriores, establecen la distribución de competencias de los órganos del Consejo Nacional de materia

asociativa.

La crítica sigue siendo la misma.

III. De la constitución de las Asociaciones políticas

Base 11. Los promotores de una asociación política deberán manifestar las razones por las que se desean

promover la asociación, con indicación de los fines específicos que pretenden en orden al contraste de

pareceres, a la formulación de medidas y programas y al análisis crítico de las soluciones concretas de

Gobierno.

La Comisión Permanente del Consejo Nacional, recibida la solicitud para promover una asociación

política y la manifestación a que hace referencia e] párrafo anterior, iniciará el procedimiento para el

reconocimiento de la asociación, con arreglo a lo establecido en las presentes Bases.

Su denominación no podrá inducir a confusión con ninguna otra. No podrá usar nombres contrarios al

Movimiento Nacional ni a las Leyes Fundamentales del Reino, así como para su identificación singular

utilizar denominaciones, emblemas o símbolos que son patrimonio común del Movimiento.

SOBRE LOS PROMOTORES DE ASOCIACIONES

1. Respecto del primer párrafo, entendemos que su texto debe cohonestarse con lo establecido en la base

4.° Se echa as menos, en esta base, la indicación de que los´ promotores de una asociación deben hacer

mención de:

a) La permanencia y el perfeccionamiento del Movimiento Nacional del ordenamiento .jurídico y la

mayor eficacia de la acción de Gobierno.

b) La promoción de los españoles para las tareas públicas.

c) La formación y expresión de la opinión pública.

2. Se echa de menos la regulación del tema del carácter temporal o indefinido de la Asociación.

3. Respecto del párrafo segundo, debería señalarse que la Comisión Permanente del Consejo Nacional

debe iniciar, en un plazo muy breve y necesariamente determinado, el procedimiento para el

reconocimiento de la asociación

4. Asimismo se debe señalar un plazo máximo de duración de dicho procedimiento. No cabe en esta

materia el silencio administrativo.

5. El último párrafo produce paradójicos resultados que por exceder de los escuetos límites de estos

comentarios .será tratado ampliamente por ABC con carácter editorial.

CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Base 12. Las comisiones organizadoras, que serán competentes para tramitar la solicitud de constitución

de las asociaciones políticas, proceder a la designación provisional de sus órganos de gobierno e

interponer las reclamaciones que, con motivo de tales actuaciones puedan seguirse, se constituirán

mediante acta notarial en la que conste el propósito de un número determinado de personal naturales no

inferior a 25, de asociarse voluntariamente para la acción política.

Para formar parte de una comisión organizadora se requerirá:

a) Ser español y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

b) No pertenecer a otra comisión organizadora ni ser miembro de una asociación política.

Cualquier cambio en la composición de la comisión organizadora o en la capacidad de sus miembros

deberán comunicarse, en el plazo de 15 días, a la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Cuando dichos cambios afecten a más de un tercio de los miembros de la comisión organizadora, se

producirá la disolución automática de la misma, dando lugar a la caducidad del expediente con archivo de

las actuaciones.

1. Consideramos que debe dejarse explícitamente dicho que la comisión organizadora puede delegar

en uno o varios de sus miembros, conjunta o solidariamente, todas las facultades referentes a

la tramitación del expediente de solicitud de constitución de una asociación política.

2. Por demás, debe establecerse con toda claridad el derecho que tienen las veinticinco personas

naturales que se exigen para integrar la comisión organizadora a reunirse, divulgar y publicar sus

actividades licitas.

3. En cuanto al último párrafo, debería darse la posibilidad de que los miembros de la comisión

organizadora afectados por los cambios a que alude esta Base, pueden ser sustituidos, obviándose con

ello la disolución automática.

DOCUMENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN

Base 13. La comisión organizadora, en el plazo de 30 días después de su constitución, deberá aportar los

siguientes documentos :

a) Acta de constitución de la comisión organizadora, en la que deberán constar los nombres,

apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio de cada uno de sus miembros, así como su

declaración expresa de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del

Reino.

b) Estatutos por los que habrá de regirse la Asociación,

c) Memoria comprensiva de las razones por las que se desea constituir la Asociación, de los fines

específicos de la misma y de cualquier observación que, a juicio de la comisión organizadora sea

pertinente.

d) Declaración solemne y expresa de que la asociación se somete íntegramente a lo dispuesto en las

presentes bases, de que el vínculo asociativo no atentará, en ningún caso, contra la fundamental libertad

del asociado y de que la actividad de la asociación no excederá de sus específicos fines estatutarios.

e) Certificado de antecedentes penales de cada uno de los miembros de la comisión.

La no presentación de los documentos citados en el plazo previsto por la comisión organizadora,

producirá la disolución automática de la misma.

Perfectamente aceptable.

AUTORIZACIÓN O DENEGACIÓN PROVISIONALES

Base 14. En el plazo de treinta días, contados desde la presentación de los documentos a que hace

referencia la base anterior, la Comisión Permanente del Consejo Nacional deberá autorizar o denegar el

funcionamiento provisional de la asociación política, comunicando el acuerdo a la Comisión organizadora

en el plazo de treinta días. Si el acuerdo de la Comisión permanente fuera negativo, la Comisión

organizadora, en el plazo de quince días contados a partir de la notificación, podrá interponer recurso ante

el Pleno del Consejo Nacional.

El acuerdo del Pleno deberá adoptarse en el plazo de treinta días y si fuese negativo, una vez trasladado a

la Comisión organizadora, producirá su disolución automática.

Comunicada a la Comisión organizadora la aprobación de la. solicitud presentada procederá

estatutariamente a la constitución provisional de la Asociación y de sus órganos de gobierno, designando

a los titulares de los mismos, en cuyo momento la Comisión quedará disuelta.

Creemos que el recurso contra el funcionamiento, aún provisional, de la Asociación no debería estar

atribuido al Pleno del Consejo Nacional, sino a un organismo jurisdiccional.

Base 15. Constituida provisionalmente la asociación política conforme a lo dispuesto en la base anterior,

los órganos de gobierno de la misma procederán a realizar los actos conducentes a la admisión de los

asociados confeccionando una lista y libro-registro de los socios.

Perfectamente aceptable.

RECONOCIMIENTO ASOCIATIVO

Base 16. El reconocimiento de una asociación política procederá por acuerdo del Pleno del Consejo

Nacional conforme a la base 8, cuando aquélla haya obtenido la aprobación de sus estatutos y acredite un

número de asociados, que no podrá ser inferior a 25.000, distribuidos, al menos, en 15 provincias

españolas con arreglo a la siguiente escala:

a) Provincias cuyo censo de población

.

b) Provincias cuyo censo de población oscile entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes: un número de

asociados que no podrá ser inferior al 4 por 1.000 de dicho censo.

c) Provincias cuyo censo de población sea superior a 1.000.000 de habitantes: un número de asociados

que no podrá ser inferior al 3 por 1.000 de dicho censo.

A estos efectos, en el plazo de seis meses, que la Comisión permanente podrá prorrogar por otros tres, la

asociación provisionalmente autorizada ha de acreditar ante la misma los extremos a que hace referencia

el párrafo anterior, mediante actas notariales de las que se deduzca que en los registros y libro-registro de

la asociación consta el número de asociados pertinentes, registrados con su nombre y apellidos, número

del Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento, domicilio y, en su caso, cargo que

desempeña en la asociación.

Acreditados, dentro del plazo señalado, los requisitos establecidos, la Comisión permanente, en los treinta

días siguientes, deberá remitir con su informe al Pleno del Consejo el expediente que contenga la

documentación referida para que, en el plazo improrrogable de treinta días, este se pronuncie sobre el

reconocimiento de la asociación. El acuerdo del Pleno se adoptará, en sesión pública y por mayoría

absoluta de los consejeros presentes, y deberá ser comunicado en el plazo de treinta días a la asociación

provisionalmente constituida. Si el acuerdo fuera negativo producirá su disolución automática.

El acuerdo de reconocimiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», inscribiéndose de oficio

la asociación política en el Registro Nacional de Asociaciones Políticas, que existirá en la Secretaría del

Consejo Nacional, visándose sus estatutos y expidiéndose certificado de su constitución definitiva.

Aceptable, en principio. La práctica dirá si los haremos establecidos son adecuados

ADQUISICIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA

Base 7. Toda asociación política debidamente inscrita en el Registro que se cree al efecto adquiere

personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, quedando obligada a realizar, en el plazo de

treinta días, a partir de su constitución, nueva elección de sus órganos de gobierno, ajustándose a lo

dispuesto en los estatutos.

Perfectamente aceptable y trascendental al reconocer personalidad jurídica a la asociación legalmente

constituida.

IV. Del Régimen y funcionamiento de las Asociaciones Políticas

Base 18. Los estatutos de las asociaciones políticas deberán contener, necesariamente, los siguientes

extremos:

a) Denominación de la asociación política.

b) Fines de la misma y directrices de su actuación.

c) Domicilio y locales, que necesariamente habrán de radicar en territorio español.

d) Causas y procedimiento para la pérdida da la condición de asociado.

e) Derechos y deberes de los asociados.

f) Estructura de la asociación y sistema de designación y funcionamiento de sus órganos.

g) Régimen patrimonial de la asociación, con especificación de los medios económicos y fuentes de

financiación.

h) Causas de disolución voluntaria y destino de su patrimonio en este supuesto.

i) Procedimiento para la reforma de los Estatutos, que seguirá los mismos trámites de su aprobación.

j) Régimen documental de la asociación, que, como mínimo, comprenderá el registro de asociados, el

libro de actas T los de contabilidad.

Los Estatutos de las asociaciones políticas contendrán la declaración expresa de que la actividad de la

asociación no excederá de sus específicos fines estatutarios ni contravendrá los Principios del Movi-

miento y las Leyes Fundamentales del Reino.

Puntualizamos las siguientes observaciones:

1. Nada se dice respecto de la duración de la asociación, que, repetimos, podrá ser indefinida o por

tiempo determinado.

2. Tampoco se establece ninguna norma respecto a las condiciones de admisión de socios o asociados.

Es este un tema muy importante, pues entendemos que no puede quedar al arbitrio del asociado el exigir

ser miembro de una asociación. Hay que reconocer a ésta y a sus promotores en período de fundación la

facultad de rechazar «a limine» a cualquier candidato.

3. Nos parece exagerado que para «toda» reforma de Estatutos se exijan los mismos trámites que para

su aprobación. Estos deben quedar simplificados cuando se tratan de reformas menores o no trascenden-

tales.

4. Habría de aclararse en cuanto a los libros de contabilidad que éstos sólo serán necesarios en el

número y medida pertinentes para llevar una contabilidad clara.

5. Creemos que en todo caso debería exigirse la publicación anual de un estado de cuentas y

movimiento del número de asociados.

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Base 19. Los Estatutos de las asociaciones políticas deberán reconocer, en todo caso, a los asociados los

siguientes derechos: contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la Asociación; exigir que la

actividad de la misma se ajuste al cumplimiento de aquellos y a los Principios del Movimiento y demás

Leyes Fundamentales del Reino; separarse libremente de la asociación; informarse de sus actividades y

examinar su documentación, de acuerdo con los Estatutos; expresar sus opiniones libremente en el seno

de la asociación y ser elector y elegible para los órganos de gobierno de la asociación En ningún, caso los

deberes impuestos estatutariamente podrán suponer coacción de ninguna clase o establecer discriminación

entre los asociados par razones económicas o de cualquier otro carácter.

Entendemos acertada la regulación que se establece en la presente Base, si bien él derecho de información

reconocido al asociado debe puntualizarse, pues establecido con la amplitud del texto su ejercicio puede

perturbar sobremanera la actividad de la asociación.

SOBRE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Base 20. Las Asociaciones políticas estarán regidas por los órganos que determinen sus Estatutos. En toda

asociación, sin embargo, existirá una Junta directiva formada por un número de asociados no inferior a

cinco ni superior a 12, al frente de la cual habrá un presidente y de la que formarán parte un secretario y

un tesorero.

Los titulares de los órganos de gobierno de la Asociación serán responsables de la actuación de la misma

y están obligados a facilitar la información que para el mejor ejercicio de sus funciones les soliciten el

Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento en la esfera de sus respectivas competencias.

1. Nos parece corto el número de 12 señalado como máximo para la Junta directiva. Piénsese en que

el número de asociados mínimo es de 25.000 personas y 15 las provincias representadas.

2. Hay que puntualizar que los titulares de los órganos de gobierno sólo son responsables —penal,

civil y administrativamente— de los actos colegiados o sociales debidamente aprobados y en los que

no hubieran salvado su responsabilidad con el voto en contra. Bueno es que se establezca la

responsabilidad de los directivos por actos sociales, pero no a todos los supuestos y sin

discriminación. Convendría pues una definición clara de qué se entiende por actos colectivos.

3. En cuanto a la información que mpuede ser solicitada por el Gobierno o el Consejo Nacional

deberá estar en todo caso motivada

RESPONSABILIDADES

Base 21. Las Asociaciones políticas serán responsables de los actos colectivos de sus asociados. Su

actividad política se basará exclusivamente en sus fines estatutarios.

Las Asociaciones políticas podrán constituir, con autorización de la Comisión Permanente del Consejo

Nacional, secciones provinciales y locales. Para constituir una sección provincial la Asociación deberá

contar, en la provincia correspondiente, con un número mínimo de asociados, conforme a la escala del

párrafo 1.° de la Base 15.

Cuando se trate de Secciones Locales la Asociación deberá contar, en la localidad correspondiente, con

un número de asociados que en ningún caso podrá ser inferior a 500, salvo acuerdo, a petición razonada

de la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Las Asociaciones no podrán concurrir a los procesos electorales si no cuentan, en la circunscripción en

que éstos se celebren, con la sección provincial o local correspondiente.

1. Vale lo dicho anteriormente en cuanto a la conveniencia de definición con precisión que se

entiende por «actos colectivos».

2. Debe señalarse un plazo a la Comisión Permanente del Consejo Nacional para autorizar la

constitución de secciones provinciales y locales, entendiéndose concedida la autorización en caso .de si-

lencio.

FINANCIACIÓN

Base 22. Las Asociaciones políticas gozarán de autonomía patrimonial y podrán realizar los actos

patrimoniales que requiera el cumplimiento de sus fines. El Movimiento, a través del Consejo Nacional,

contribuirá, a la financiación de las Asociaciones Políticas, de acuerdo con el principio de trato

proporcional.

A estos efectos el Estado pondrá a disposición del Movimiento Nacional los recursos económicos

necesarios.

1.. No creemos que en todo caso el acto patrimonial a realizar deba ser «requerido» para el cumplimiento

de los fines de la Asociación. Bastaría con que «fuera conducente» a su logro.

2. Pero no podemos dejar de alabar el justo criterio de asistencia económica del Movimiento mejor sería

del Estado a las Asociaciones en base a un criterio de trato proporcional. Sobre este punto llamamos la

atención sobre cuanto más adelante se dice en tema de Federaciones y pluralidad de los mismos

participantes en Asociaciones Federadas.

DOMICILIO SOCIAL Y REUNIONES

Base 23, Una vez inscrita una Asociación, podrá utilizar el local que designe como domicilio social y, en

su caso, los de sus. secciones provinciales y locales.

Las reuniones o asambleas que la Asociación o cualquiera de sus secciones celebren fuera de sus locales

sociales se atendrán a las normas generales que regulan el derecho de reunión.

Lógica y aceptable. V. De las Federaciones

PERTENENCIA A LAS ASOCIACIONES

Base 24. Las Asociaciones podrán, de mutuo acuerdo, constituir Federaciones que se regirán por su

propios Estatutos y a las cuales serán de aplicación, en lo que proceda, lo establecido para las Aso-

ciaciones en las presentes normas.

Los presidente de las Asociaciones que pretendan constituir una Federación habrán de hacer constar su

propósito en Acta notarial, en la qué se acreditará que cada una de las Asociaciones promotoras

ha tomado el acuerdo oportuno en Asamblea General y por mayoría de votos, quedando así constituida la

Comisión Promotora de la Federación.

La Comisión promotora, que será competente para tramitar la solicitud de constitución de la Federación,

deberá remitir a la Comisión Permanente del Consejo Nacional copia autorizada del Acta notarial y

solicitud de reconocimiento de la Federación en la que deberá hacer constar:

a) Razones por las que se desea constituir la Federación.

b) Estatutos por los que habrá de regirse la Asociación.

c) Órganos de gobierno que han de regirla, que deberán ser, al menos, una asamblea coordinadora

constituida, al menos, con cinco miembros de cada asociación federada, elegidos en asamblea

general; una junta directiva formada por tantos miembros como asociaciones compongan la

federación y elegidos por los miembros de la asamblea coordinadora pertenecientes a la propia

Asociación; un presidente, elegido por la asamblea coordinadora, y una Secretaría, que habrá de contar,

como censores, con un representante de cada Asociación federada.

El acuerdo de reconocimiento de una Federación corresponde al Pleno del Consejo Nacional.

1. Convendría aclarar que las Asociaciones que se pueden federar son dos o más.

2. El criterio de mayoría debe ser referido a los asociados «asistentes» a la asamblea general. Esta debe

ser convocada con publicidad y antelación a determinar.

3. El apartado b) contiene sin duda un errar mecanográfico. Debe decir «Federación» donde dice

«Asociación».

4. Junta de gobierno de la Federación: elegida también por mayoría de votos «asistentes» a la

asamblea coordinadora.

5. Mas importante en cuanto al mismo tema de Junta de gobierno de la Federación: nos parece que el

número de su Junta directiva no debe «limitarse» a tan feos miembros como asociaciones compongan la

Federación (podrían ser sólo dos, lo cual es pintoresco).

6. Hacemos las advertencias que quedan consignadlas antes en orden a la conveniencia de establecer

recursos jurisdiccionales contra la posible negativa del Pleno del Consejo Nacional en cuanto al reco-

nocimiento de la Federación.

7. Intencionadamente hemos dejado para este lugar el tratamiento de un problema que se nos presenta

como delicado. Es éste: ¿Puede una persona pertenecer a dos o más Asociaciones? El tema es opinable. El

proyecto no lo prohibe. Pero creemos que en todo caso, debería prohibir pertenecer a dos o más

asociaciones simultáneamente «si éstas llegan a federarse». Se trata de no crear una imagen falsa ante el

país, multiplicando el número de miembros de asociaciones «federadas» en función de un posible

«trasvase» de asociados.

SECCIONES FEDERADAS

Base 25. Si en una misma provincia o localidad existiesen dos o más secciones provinciales o locales de

las Asociaciones federadas, solo podrán concurrir a los procesos electorales, conjunta y solidariamente,

formando, a tal efecto, una sección única.

Lógica y aceptable.

RÉGIMEN DE LAS FEDERACIONES

Base 26. El régimen de las Federaciones se ajustará a lo establecido para las Asociaciones, y aquellas de

éstas que no tomen las medidas tendentes a evitar la producción de actos o acuerdos ilegales por parte de

las Federaciones o no los condenen expresamente podrán incurrir en responsabilidad apreciada por el

Gobierno o por el órgano competente del Consejo Nacional.

Mostramos nuestra conformidad con el texto, pero echamos en falta, en ésta o en otra base, el

establecimiento de un procedimiento viable para llevar a cabo una posible separación o «desfederación»

de asociaciones. Creemos que no sería difícil de establecer.

VI. Del régimen disciplinario de las Asociaciones

Este título debería comprender en su texto el supuesto de extinción de las Asociaciones, que no tiene por

qué ser necesariamente consecuencia del régimen disciplinario. En este sentido debería variarse su

formulación.

EXTINCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Base 27. Las Asociaciones políticas se extinguirán por las causas previstas en sus normas estatutarias y en

el presente Estatuto.

Se producirá en todo caso la extinción:

a) Por la pérdida del 20 por 100 del número mínimo de asociados exigidos para el reconocimiento de

una Asociación, conforme a la base 15, siempre que ello implique que el número total de socios es

inferior al señalado en la base referida.

b) Por disolución declarada en virtud de acuerdo del Pleno del Consejo Nacional, con arreglo a las

normas contenidas en las presentes Bases. La extinción dará lugar a la cancelación en el Registro de

Asociaciones políticas de los asientos referentes a la Asociación extinguida.

Sólo podrá cancelarse la inscripción de una Asociación política cuando haya incurrido en alguna de las

causas de extinción previstas en esta base.

Convendría puntualizar quién puede exigir y en qué condiciones el «recuento» de socios. No debe bastar

en ningún caso que lo solicite una exigua minoría. De ahí la conveniencia, antes señalada, de que anual-

mente presente y publique cada Asociación el número de sus componentes.

SOBRE LAS INFRACCIONES

Base 28. La infracción de los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del

Reino y de las normas que regulan el régimen jurídico de las

Asociaciones políticas dará origen a la responsabilidad que proceda, mediante resolución motivada.

Son constitutivos de infracción muy grave:

a) Los actos, acuerdos o actividades que impliquen una voluntad manifiesta de impugnar el orden

institucional vigente o de modificarlo por medios distintos a los previstos en las Leyes Fundamentales.

b) Los susceptibles de poner en riesgo la seguridad del Estado o de comprometer los intereses

fundamentales de la nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el sistema insti-

tucional.

c) La provocación de alteraciones graves del orden público.

Son constitutivos de infracción grave:

a) Los actos, acuerdos o actividades contrarios a los Principios y Leyes Fundamentales del

Reino que no estén comprendidos en el apartado precedente.

b) La producción de alteraciones graves del orden público por imprudencia manifiesta.

c) Los actos patrimoniales o financieros que excedan de lo requerido para el cumplimiento de los

fines asociativos específicos, las irregularidades graves deducidas de los libros obligatorios de las aso-

ciaciones o la adopción de medidas coactivas que atenten contra la libertad de la persona,

d) Las actividades asociativas Que impliquen graves atentados a la moral pública.

e) Cualquier otra infracción de las leyes que revele intención manifiesta de causar una

perturbación grave y actual.

Se considerará como infracción leve cualquier transgresión de disposiciones constitucionales y legales no

incluidas en los apartados anteriores.

CAPITULO DE SANCIONES

Base 29. Por razón de las infracciones a que se refiere la base anterior podrán imponerse las siguientes

sanciones:

a) En las infracciones leves: multa de 10.000 a 500.000 pesetas.

b) En las infracciones graves: multa de 590.000 a 5.000.000 de pesetas.

En caso de reiteración en la comisión de infracciones graves de la misma índole en el transcurso de un

mismo año podrá imponerse la suspensión de la asociación por tiempo indefinido y no superior a seis

meses.

c) En las infracciones muy graves: suspensión de la asociación por tiempo no superior a seis meses.

En caso de reiteración, podrá decretarse su disolución.

La competencia para imponer las sanciones previstas en esta bases corresponde:

a) Al Consejo de Ministros las de multa y la de suspensión, por razones de orden público, por

exigencias de la defensa nacional, o por apreciar graves motivos de urgencia por tiempo no superior

a seis meses. El Consejo de Ministros comunicará el acuerdo de suspensión a la Comisión Permanente

del Consejo Nacional.

b) A la Comisión Permanente del Consejo Nacional, la de suspensión de las asociaciones y sus

federaciones por tiempo no superior a seis meses.

c) Al Pleno del Consejo Nacional, la disolución de las asociaciones o sus federaciones, previo

dictamen de la Comisión Permanente y mediante acuerdo adoptado, en sesión pública, con el voto

favorable, de, qué menos, los dos tercios de los consejeros presentes. El acuerdo de disolución de una

asociación o federación deberá ser comunicado a la misma en el plazo improrrogable de treinta días y

producirá su extinción.

En los supuestos de disolución, el patrimonio de la Asociación política o la Federación se integrará, a

beneficio de ´inventario, en el del Movimiento, a los efectos señalados en la base 21,

El Consejo Nacional del Movimiento, por virtud de sus funciones constitucionales, está facultado para

promover la incoación de expedientes a las Asociaciones políticas y sus Federaciones, por las

infracciones tipificadas en la base anterior y proponer al Gobierno las sanciones que procedan.

El Gobierno de la Nación, en el ejercicio de sus atribuciones, está facultado para promover ante el

Consejo Nacional los procedimientos de suspensión y disolución de las asociaciones políticas y sus

federaciones por las infracciones tipificadas en la base anterior.

Hemos englobado estas dos bases en un solo comentario por razones prácticas.

1. La infracción a que alude el primer párrafo de la base 28 debe resultar de un expediente tramitado

con audiencia de la asociación afectada y terminada por resolución firme. Sólo debe quedar «suspendida

» la actuación de una asociación expedientada cuando se haya tramitado el correspondiente expediente y

entre en fase de recursos. Sobre el tema de recursos, aparte de lo ya dicho, no-s remitimos el

comentado de la base 30.

2. No nos parece jurídicamente lograda la afirmación de que serán constitutivos de información muy

grave «los actos, acuerdos o actividades que impliquen una voluntad manifiesta de impugnar el orden

institucional, etc.». Creemos que, por ser materia sancionadora, sería preferible una expresión más clara,

como, por ejemplo, «actos que sean en sí mismos» o «manifiestamente», sin referencia a la voluntad.

3. En el apartado b) de las infracciones graves, sería bueno sustituir los términos «imprudencia

manifiesta» por el jurídicamente más acuñado de «imprudencia temeraria».

4. En el apartado e); la infracción de las leyes debe referirse a leyes «sustantivas».

5. Respecto de las sanciones establecidas en la base 29, apartado b) creemos que la reiteración simple

en falta grave no debe ser sancionada con hasta seis meses de suspensión.

RECURSOS AL PLENO DEL CONSEJO

Base 30. El Pleno del Consejo Nacional conocerá de los recursos contra las resoluciones del Gobierno en

materia de asociaciones políticas y contra los acuerdos de la Comisión Permanente.

Los acuerdos del Pleno del Consejo Nacional relativos al reconocimiento o disolución de las asociaciones

políticas y sus federaciones serán recurribles ante la Jefatura Nacional del Movimiento, que resol-verá

previo dictamen de una comisión especial integrada por un ministro designado por el Gobierno, el

presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Instituto de

Estudios Políticos y cuatro consejeros nacionales, elegidos por el Pleno, en quienes concurran la

condición de letrado, y presidida, a estos efectos, por el presidente del Consejo del Reino.

La legitimación para la interposición de los recursos la ostentará cualquiera de los miembros de las

Comisiones organizadoras o de los órganos directivos de las Asociaciones o federaciones, aunque sobre

éstas haya recaído acuerdo de disolución.

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acuerdo impugnado, pero la

presidencia del Consejo Nacional podrá suspenderlo de oficio o a instancia de parte en el caso de que

dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Es la más criticable, a nuestro juicio, de todo el anteproyecto.

Los recursos deben ser .jurisdiccionales, si se quiere previo agotamiento de la vía administrativa.

En todo caso, la Comisión asesora del jefe nacional debería cargar el acento, en cuanto a la procedencia

de sus componentes, en miembros no específicamente políticos: vgr.: magistrados o presidentes de Sala

del Tribunal Supremo.

Señalaremos, por último, que no nos parece acertado el criterio de ejecutividad inmediata de una sanción

pese a estar recurrida. La ciencia jurídica más moderna es partidaria en general de la suspensión de los

efectos de las medidas disciplinarias hasta la total firmeza de las mismas por no ser susceptibles de

recurso alguno. Piénsese, además, que no se establece plazo para resolver por parte del jefe nacional del

Movimiento (que en su día será el presidente del Gobierno). Señalar el conocido criterio de que cabe

suspender la ejecución del acuerdo impugnado si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil re-

paración, sabemos que tiene antecedentes en la legislación española, pero muy criticados por la doctrina

jurídica común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.—Las normas del estatuto jurídico del derecho de asociación política no serán de aplicación a

las Organizaciones del Movimiento y a sus asociaciones de fines específicos, que continuarán sometidas á

la esfera de su normativa interna o de carácter estatutario de conformidad con el decreto-ley 4/1970, de 3

de abril, y disposiciones concordantes.

Nos parece lógica, si no se quiere que desaparezca la estructura organizativa del Movimiento Nacional

hoy existente.

SEGUNDA. — El Gobierno, a propuesta del Pleno del Consejo Nacional, podrá revisar por decreto, con

carácter general, las condiciones que se exigen a las asociaciones políticas para la concurrencia electoral.

Parecería adecuado exigir que la propuesta del Pleno del Consejo Nacional a que se refiere la

disposición adicional fuera adoptada por mayoría cualificada (dos tercios, por ejemplo).

DISPOSICIÓN FINAL

«El Gobierno, a propuesta del Consejo Nacional, dictará las normas reglamentarias precisas para el

desarrollo del texto articulado de la norma que regule el estatuto jurídico del derecho de asociación po-

lítica.»

Es la habitual en este tipo de disposiciones.

 

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