Autor: Contreras, Lorenzo. 
   Discusión sobre la constitucionalidad de la reforma del Orden Público     
 
 Informaciones.    18/06/1971.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 27. 

DISCUSIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DEL ORDEN PUBLICO

Por Lorenzo CONTRERAS (Cronista parlamentario de INFORMACIONES.)

UN «duelo» oratorio entre lo¿ procuradores don Fernando Suárez, catedrático de la Universidad de

Oviedo, y don Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo, marcó ayer en la comisión de

Gobernación de las Cortes la más alta cota de interés alcanzada hasta ahora en la discusión de la reforma

de la ley de Orden Público.

Estaba sobre el tapete la cuestión del contrafuero o anticonstitu-cionalidad de la reforma en el tema

concreto de los arrestos gubernativos. El señor Zubiaur había planteado la cuestión: el arresto supletorio

impuesto por la autoridad gubernativa al producirse el impago de multa derivada de alteración del orden

público, es privación de libertad. Si esta privación excede del limite que establece el derecho de

ahabeascorpus» se producirá contrafuero o inconstituciona-lidad por violación del articulo 1S del Fuero

de los Españoles.

El señor Espérate consolidó la cuestión planteada al decir que el arresto supletorio es realmente una pena

y lo que procede para garantizar el pego de las multas es el apremio o embargo, nunca la privación

gubernativa de libertad. Si se quiere lograr este efecto sin rozar la in-c o n s t itucionalidad procede

únicamente, declarar el estado de excepción, con te correlativa suspensión de las garantía? ciudadanas.

El señor Fanjul había re-michado el planteamiento proponiendo una enmienda encaminada a evitar que la

autoridad gubernativa transforme una pena pecuniaria en privación de libertad.

DUREZA

Se produjeron acto seguido una serie de intervenciones en la que los señores Viola, De Diego, Valencia

Remón y España Muntadas, er. progresión geométrica según el orden de este enume-* ración que va de

menos a más, contrarrestaron la toma de posición que hemos descrito.

El señor Viola utilizó lenguaje jurídico y señaló la inexistencia .de contrafuero. Los restantes

procuradores citados utilizaron preferentemente un lenguaje digno del espíritu de diciembre.

El señor De Diego dijo: "El Gobierno debe anticiparse a los hechos para que éstos no se produzcan. Si se

eleva el arresto se dificultan las maniobras. Hay que tener suficiente firmeza frente a los enemigos de la

Patrie."

Don Manuel Valencia Remón. ex gobernador civil de San Sebastián, estimó que el contrafuero no fie

debe invocar por cuanto el Fuero de los Españoles habla de "detenidos" y la reforma del orden público se

refiere tan sólo a los "sancionados".

UN ALCALDE CON "TRIUNFOS"

El alcalde de Hospitalet señor España Muntadas, cuyas tesis no fueron compartidas por el señor Valencia

Remón, pidió que los alcaldes participen, a través de une especie de reparto de cuentas sobre el fondo de

poder sancionador de los altos escalones administrativos, de la facultad de detener por impago de multas

de orden público. Manifestó que, de lo contrario, la primera autoridad municipal perderá prestigio.

Añadió: "Cuantos más triunfos se tengan en la mano, tanto mejor" Negó que por decretar arrestos suple-

torios los alcaldes vayan a cometer "alcaldedas".

El señor España habla comenzado afirmando su nula formación jurídica. "Soy —dijo— simplemente un

técnico."

DURAS PALABRAS DE DON FERNANDO SUAREZ

Los partidarios de la dureza bebían alterado el rumbo del tema. Lo recondujo el señor Suárez al defender,

en línea con los oradores moderados, que "en toda sanción de privación de libertad debe intervenir el

juez".

Según don Fernando Suárez no sólo incurre en presunto contrafuero el~proyec-to de reforma que se

discute, sino la propia ley de Orden Público de 1959. Si la reclamación de inconstituciona-lidad no se

formuló contra ésta en su día, fue sencillamente porque —según concretó el orador— no existía en dicho

año, al tiempo de su promulgación, el Instrumento jurídico que luego creó la ley reguladora del recurso de

contrafuero.

"No veo —dijo después— zona intermedia entre el concepto de detención y el concepto de condena."

El señor Suárez citó vario.* párrafos de un libro escrito en 1965 por el profesor universitario señor Carro

Martinez, que es precisamente miembro de la ponencia que ha informado la reforma. Al oponerse al texto

de la ponencia, don Fernando Suárez dijo: "No puedo permitirme el lujo de que mis alumnos piensen que

enseñamos la verdad y practicamos la conveniencia."

Terminó el procurador citando el texto de algunas Constituciones extranjera* en las que no se matiza la

distinción entre detención y arresto supletorio, sino que se contempla simple m e n t r cualquier forma de

privación de libertad.

UNA ALOCUCIÓN DE PABLO VI

La intervención del señor Suárez generó en la comisión una nueva corriente de criticas. La señorita

Loring citó la ultima alocución de Pablo VI en el Vaticano, donde ha lamentado la crisis del principio de

autoridad. La señorita Loring apostillór «Hay muchos países que presumen de democráticos, pero por la

noche no se puede salir sin correr el riesgo de ser agredidos.»

El señor López Mendel manifestó: «Es más grave para el multado que le corrija el Juez.»

DON FERNANDO HERRERO TEJEDOR PUNTUALIZA

Llegó el turno de don Fernando Herrero Tejedor, quien distinguió entre los conceptos

de detención, prisión y responsabilidad personal subsidiaria. Sólo contra la prisión puede darse

propiamente recursos.

Las otras dos figuras —dijo— no tienen carácter de pena ni admiten recurso formal, por tratarse de

medidas precauto rías a corto plazo. La detención—añadió— no exige resolución formal motivada. Con-

tra la situación de detención no hav garantías, simplemente no puede «xceder de un niazo mínimo

Es tan sólo un desiderátum pretender aue el juez Intervenga en toda sanción privativa de libertad —

prosiguió el señor Herrero Teiedor— Por otra parte, todos los ordenamientos de! mundo reconocen

facultades sancionadoras a la autoridad eubenmtlva.

A la intervención del Juez en los risos que conciernen a dicha autoridad se opone la propia lev orgánica

del Es-tado. En armonía con sus normas. lq infracción de orden publico que no constituye de-lito no

corresponde a la au-toridad judicial.

PREVENIRNOS CONTRA LA AGITACION INTERNACIONAL

Al abordar el tema clave de la duración del arresto, el se ñor Herrero Tejedor evocó la realidad de la

subversión en el mundo, cuyas salpicaduras alcanzan a España. Dijo que «e ha orquestado desde

Alemania una campaña contra la reforma del orden público. Proclamó la necesidad de «prevenirnos

contra la agitación Ínter nacional».

A! igual aue la señorita Loring, el orador abundó en la alocución pontificia del miércoles. Leyó un recor-

te de Prensa.

LA PROPUESTA DEL SEÑOR HERRERO TEJEDOR

Propuso el señor Herrero Tejedor eliminar la expresión «arresto supletorio o sustitu-to-io». Al arresto

debe llamársele «responsabilidad personal subsidiaria». Si 1» sanción es impuesta por el gobernador civil,

debe llegar hasta treinta días; si la impone el director general de Seguridad, basta sesenta; si es el ministro

de la Gobernación, hasta noventa.

UN CONCEPTO 0E LA LIBERTAD

Terminada la intervención del procurador, volvieron a elevarse en la comisión voces severas. E!

presidente de la Diputación de Jaén, señor Palacios Rubio, dijo que do» profesionales del alboroto,

Insolventes morales y mentóles que están en contra de TA mayoría de los españoles que queremos la paz

y la discusión razonada, deben ser alojados en lugares de meditación».

El alcalde de Málaga, señor utrera Rabassa, manifestó que la libertad que existe en España se ha perdido

en la mayoría de los países extranjeros. Es la libertad —añadió— de ir al trabajo llevar a los hijos a la

escuela. Ir al ctne por la noche. Apostilló: «Es-tas libertades no son constitucionales, pero son tes «toe

desean casi todos los españoles»

COSAS AMARILLAS Y CUADRADAS

El señor Suárez volvió a pedir la palabra. Desde el pun-to de vista político, declaro no tener nada que

objetar al se ñor Herrero Tejedor. dado «ue no participa en la campaña alemana. Desde el punto de vista

jurídico, la clasificación de conceptos hecha por el señor Herrero le pareció vulnerable, pues «es lo

mismo que clasificar las cosas en amarillas y cuadradas». Añadió que «la responsabilidad penal

subsidiaria se cumple mediante prisión del Inculpado». Admitió que esto no sea una pena en sentido

técnico, «pero lo que se discute aquí —señaló— es que es privativa de los Tribunales «u aplicación, dado

que, de lo contrario, la garantía del artículo 18 del Fuero de los Españoles es mínima, pues se referiría tan

sólo al hecho físico de la aprehensión»

REAFIRMACION

Para don Fernando Suárez. «detenido» y «presos son expresiones sinónimas en todas nuestras leyes.

«Entiendo —terminó— Independ lenta-mente de Alemania y de Santiago Carrillo, que atribuir la

privación de libertad a las autoridades gubernativas más allá de un plazo es lesionar nuestras leyes

constitucionales»..

«NO SE REPUTARAN PENAS...»

La ponencia fue invitada a pronunciarse, pero la petición —hecha por el señor Peralte España— cayó en

el vacío. La hora era avanzada. La Mesa tendría que responder a muchos oradores y a importantes

argumentos.

El presidente de la Comisión de Gobernación, señor Arias Navarro, prefirió que el pronunciamiento de

los ponentes se aplazase hasta la sesión próxima, es decir, hasta esta tarde.

Antes de que la reunión so levantase, pidió la palabra el señor Esperaba. Su intervención fue

posiblemente anticipo de los truenos que tal vez hoy mismo desencadene.

Refiriéndose al artículo 26 del Código Penal, invocado por el señor Herrero Tejedor para fundamentar su

afirmación de que las multas no son penas, el señor Esperaba señaló que el citado articulo no establece

que tales sancione* pecuniarias no sean penas, sino que «no se reputarán panas» las multas y demás

correcciones que en uso de sus atribuciones gubernativas o disciplinarlas impongan 1 o a superiores a sus

subordinados o administrados.

Para apoyarse en nuevos argumentos, el señor Esperaba recordó que esta aclaración no es suya, sino del

catedrático de Derecho Procesal d* la Universidad de Valencia, profesor Fairen.

 

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