Autor: Pérez Fernández, Herminio. 
 Cortes españolas. 
 Las multas a los infractores del orden público que sean reincidentes podrán incrementarse hasta en un cincuenta por ciento  :   
 Sin perjuicio de que sean puestos, cuando proceda, a disposición de la jurisdicción competente. 
 ABC.    23/06/1971.  Página: 41-42. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

CORTES ESPAÑOLAS LAS MULTAS A LOS INFRACTORES DEL ORDEN PUBLICO QUE SEAN

REINCIDENTES PODRAN INCREMENTARSE HASTA EN UN CINCUENTA POR CIENTO.

Sin perjuicio de que sean puestos, cuando proceda, a disposición de la jurisdicción competente

Madrid. (De nuestro redactor en las Cortes. Herminio Pérez Fernández.) Estaban pendientes, desde la

sesión del viernes, en la Comisión de Gobernación, los párrafos segundo y tercero del artículo 22.

correspondiente al proyecto de ley que modifica determinados artículos de la de Orden Público.

En realidad, en torno a ellos sólo se planteó una pregunta a la Ponencia, formulada por el señor Esperabé

de Arteasa sor encargo expreso del señor León Sola, ausente ayer de los debates.

Como en estos preceptos se determina aue los alcaldes y delegado del Gobierno han de dar cuenta a los

gobernadores respectivos de la falta de paso de las multas que hubieren impuesto, el señor Sola pedía

puntualizaciones en cuanto a los delegados de Ceuta y Melilla. ya aue éstos no dependen de nigún

gobernador civil, sino directamente del Ministerio de la Gobernación a través de la Dirección General de

Política Interior.

La Ponencia, representada por el señor Rodríguez Miguel, recogió la indicación y añadió al texto de su

informe la puntualización necesaria. En consecuencia, los dos párrafos pendientes del precepto quedaron

aprobados en la forma siguiente:

Artículo 22. 2.—Los alcaldes y delegados del Gobierno en Canarias y Baleares darán cuenta a los

gobernadores respectivos de la falta de pago de las multas nue hubieren impuesto, a los efectos del

párrafo anterior (cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria).

Los delegados del Gobierno en relación con el orden público en Ceuta y Melilla, lo harán al ministro de

la Gobernación.

3.—Los acuerdos del Consejo de Ministros serán tramitados por el ministerio de la Gobernación para su

efectividad.

Aprobados estos párrafos y listo por tanto el artículo 22 en su totalidad, el lento y minucioso debate se

adentró por el apartado primero del artículo 23. que contemplaba. inicialmente. los casos de reincidencia,

de peligrosidad y de conducta que suponga amenaza notoria para la convivencia social, los cuales podrían

ser sancionados con multas superiores, en un 50 por 100. a las establecidas.

Se opusieron al texto que proponía la Ponencia los señores Esperabé de Artea-ga, Fugardo Sanz, Rivas

Cuadilla y Suá-rez González (don Fernando), con muy diversas matizaciones.

Fundamentamen-te mantuvieron su oposición—traducida en una. enmienda cuya votación fue soli-

citada—los señores Esperabé y Suárez, que sugerían varias modificaciones: que se considerara

reíncidente al sancionado dos o más veces: que el incremento de las sanciones no fuera obligatoriamente

del 50 por 100, sino que éste fuera el tope máximo; y que se eliminaran los elementos de

discrecionaildad, en cuanto a la peligrosidad y la amenaza notoria.

Al señor Rivas Guadilla le preocupaba, especialmente, la posibilidad de duplicidad con la Ley de

Peligrosidad Social, lo que supondría retardar la acción, para la reinserción social del peligroso.

Finalmente los señores Valencia Remón y López Medel estuvieron d« parte de la Ponencia, aunque

aceptaban, la supresión del peligroso en atención a las razones expuestas por el señor Rivas Guadilla.

NO HABÍA «QUÓRUM

A tos seis y cuarto de la tarde, el ponente señor Rodríguez de Miguel, después de exponer abundantes

argumentos en apoyo de la tesis sostenida en el Informe, rechazó todas las enmiendas formuladas par lo

que, tras un amplio turno de réplicas, el presidente de la Comisión, don Carlos Arias Navarro, decidió

someter el texto a votación.

Eran las siete menos (diez minutos Se la tarde. Todo nacía, suponer gue los enmendantes señores Es-

perabé y Suáres—que habían unificada sus puntos de vista, en un texto comúniban a ser derrotados.

Pero entonces el señor Esperabé, considerando que el tema tenía suficiente trascendencia, solicitó yus se

comprobara la existencia de «quorum> Hacían falta 29 procuradores con derecho a voto, presentes en la

sala. Solamente había 26.

El presidente decidió suspender la sesión unos minutos, en espera de que llegaran los tres rezagados

necesarios. Solo llegó uno. Sin embargo, en la media hora larga, de la espera, se reconsideraron

posiciones, se intercambiaron ideas y fue posible preparar un nuevo texto que, a las siete v medía, tras

una, minuciosa explicación del ponente, señor Carro Martinez, logró la aprobación, por unanimidad.

En él se recogen, prácticamente, las peticiones de los señores Esperabé y Suáres. El texto aprobado dice

así:

Artículo 23.—1. Cuando de sus antecedentes resultare que el inculpado hubiera sido sancionado dos o

más veces por infracciones de orden público o que por su conducta suponga una amenaza notoria par» la

convivencia social, el gobernador civil, el director general de Seguridad y el ministro de la Gobernación

podrán, mediante resolución motivada, sancionarlo con multa de hasta un 50 por 100 superior a la

autorizada en el artículo 19, sin perjuicio cíe que sea puesto, cuando proceda, a disposición de la

jurisdicción competente.

En el párrafo segundo de este artículo, la sesión volvió a estancarse. En él se determina que la autoridad

gubernativa podrá disponer el arresto del sancionado, sea cual fuere la cuantía de la multa impuesta,

mientras no la haga efectiva o no preste caución suficiente, por plazo no superior a treinta días.

El fantasma del Contrafuero hizo aparición de nuevo, en razonamientos expuestos por los señores Peralta

España, Rivas Guadilla, Esperabé de Arteaga y Suárez González. En cambio, los señores Viola Sauret.

Valencia Remón y la señorita Loring no veían tal vulneración de las Leyes Fundamentales.

El señor Suárez González esgrimió un argumento original: si la responsabilidad personal subsidiaria no es

un arresto, ni una detención, en virtud de esta ley. si un procurador en Cortes comete una infracción

contra el orden público y se le impone una multa, en caso de que no la pague podrá ingresar en prisión,

con lo que se vulnera el artículo quinto de la Ley de Cortes, que señala que los procuradores en Cortes no

podrán ser detenidos sin previa autorización del presidente de la Cámara.

El debate fue largo y con abundantes exposiciones doctrinales, dada la calidad de los eminentes juristas

que están llevando el peso de estos trabajos. Por todo ello, y considerando que la Ponencia tenía derecho a

reflexionar sobre las importantes ideas expuestas por los enmendantes, el presidente decidió levantar la

sesión a las ocho y media de la tarde.

 

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