Autor: Contreras, Lorenzo. 
   No se exigirá certificado de buena conducta para cursar estudios     
 
 Informaciones.    24/06/1971.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 40. 

NO SE EXIGIRÁ CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA PARA CURSAR ESTUDIOS

Por Lorenzo CONTRERAS (Cronista parlamentario de INFORMACIONES.)MADRID, 24.

Con base en la discusión de la sesión anterior, en la que se planteó la posibilidad de Contrafuero por

arresto del multado hasta que no haga efectiva la sanción pecuniaria, la Comisión de Gobernación de las

Cortes zanjó sus discusiones al aceptar este texto definitivo: Respecto a los sancionados comprendidos en

el apartado anterior (reincidentes y peligrosos para la convivencia social), la autoridad gubernativa podrá,

motivándola debidamente en su resolución, exigir tan pronto hayan sido notificados, la inmediata

efectividad de la sanción impuesta, y, en su caso, de la responsabilidad personal subsidiaria que

corresponda, mientras no se haga efectiva la multa o se preste caución suficiente. a inicio de aquella

autoridad.»

Debate sobre las incomparecencias de letrados en el T. O. P.

La responsabilidad personal subsidiaria es la fórmula introducida en el texto de la reforma de la ley de

orden público para sos´ayar las expresiones «detención subsidiaria» o «arresto supletorio».

La discusión de ayer tuvo varios puntos de especial interés: la acreditación de buena conducta para

matricularse en los Centros Universitarios; el problema de la competencia de la Comisión de Gobernación

para entender, sin requerimiento de la Comisión de Justicia, en cuestiones procesales que afectan a la ley

Orgánica del Poder Judicial y a la ley de Enjuiciar, miento Criminal; el tema de los Tribunales de

Urgencia y la unidad de jurisdicciones, y, finalmente, la cuestión de las sanciones a los letrados que

rehuyan o excusen la defensa de sus clientes en juicios de orden público.

BUENA CONDUCTA

Don Manuel Valencia Remón, procurador de designación directa, abogó por e! mantenimiento del

certificado de buena conducta para acceso a Centros Universitarios, exigencia que los ponentes habían

eliminado en su Informe pese a que figuraba en el proyecto del Gobierno.

Al defender lo que el sentir mayoritario de 1» comisión rechazaba, el señor Valencia se confesó

consciente de la impopularidad de su postura.

El procurador animó a sus compañeros a «no ceder a un fetichismo excesivo de un estado de Derecho» y

consideró demencial «admitir a una minoría ridícula pero perturbadora» entre los estudiantes de la

Universidad.

El señor Valencia Remón escuchó tímidas protestas cuando se refirió a la benignidad con que actúan, a su

juicio, los «directivos» de la Uní-versidad. cuya energía serla más eficaz que la presencia permanente de

la Policía en los «campus».

Los señores Peralta, Zu-biaur. Herrero Tejedor, Luce-na Conde. Martínez Estérue-las y hasta Utrera

Rabassa y la señorita Loring, expresaron críticas a las pretensiones de1 señor Valencia, a quien sólo

apoyó en la comisión el señor Vilalta Caralt. De ahí que, al final, el defensor del rigor recordara

amargamente estos versos de Campoamor: «Es más triste todavía/la soledad de dos en compañía».

DEFECTOS

La intervención de don Cruz Martínez Esteruelas compendió todas las objeciones Que al respecto se

podían Instrumentar. E] precepto suprimido pergeniaba —según dijo— tres defectos insalvables:

1. La generalización dé las competencias de la Adminis-•tración al no distinguir entre centros estatales y

privados.

2. La falta de coordinación entre el fin perseguido y el certificado, ya que los conceptos de orden

pzíblico y de buena conducta son distintos.

3. La incertidumbre de que el fin perseguido pueda ser adecuadamente apreciado por toda clase de

autoridades provinciales a la hora de enjuiciar.

«No se puede —continuó el señor Martínez Esteruelascondicionar por la acción d« una minoría los

derechos de la mayoría. La técnica del salvoconducto no parece buena en este caso. Por otra parte, montar

el sistema de garantías en relación con un precepto semejante sería muy difícil. Resultaría harto

problemático instrumentar recursos contencioso - administrativos contra certificados relativos a !.a

conducta.»

El rector de la Universidad de Salamanca, señor Lucena Conde, señaló la imprecisión que se advertía en

el texto del Gobierno, dado que en él se hablaba de «acceso a los centros» en los que se estime de interés

para la conservación del orden público la certificación reiterada; y centros, a secas, es un término confuso.

E" señor Lucena recordó que ya se fue suficientemente lejos en esta materia con el decreto que dispuso el

no acceso a la Universidad por el simple hecho de estar procesado.

A favor de un texto presentado por el señor Valencia Re-món en solicitud de «sanción accesoria» en

casos «muy cualificados» y consistente en la prohibición de acceso a los centros públicos por plazo no

superior a un año, votaren los señores Vilalta, Viola, Salas Pombo y Valero Bermejo.

Fueron muchos más los partidarios de rechazarlo y, en consecuencia, prosperó el texto de la ponencia,

con la supresión del párrafo discutido.

EL ARTICULO 43

El señor Esperabé, al abordarse el estudio del artículo 43, pidió que la propia Comisión de Gobernación

declarase su propia incompetencia para entender de asuntos, que deberían corresponder a la de Justicia.

El articulo 43 establece —y así fue aprobado— que «la declaración del estado de excepción llevará

consigo la inmediata constitución en Tribunales de urgencia de los órganos judiciales, que conforme a la

legislación vigente, tengan atribuido el conocimiento de los hechos comprendidos en el artículo segundo

de esta ley, que sean constitutivos de delito, salvo que la competencia corresponda a la jurisdicción

militar, que se regirá por su legislación específica».

El señor Espérate invocaba el artículo 29 del Reglamento de las Cortes, en virtud del cual ninguna

comisión podrá entender en asu n t os de la competencia de otra a no ser requerida por la competente para

una cue s ti ó n conexa, previa autorización del presidente de las Cortes.

El señor Salas Pompo, que como presidente de ía Comisión da Hacienda tuvo aue enfrentarse

recientemente con un caso de incompetencia de su propia Comisión, manifestó que quien tiene facultad

para decidir sobre el particular es el presidente de las Cortes, en virtud del articulo 15 del Reglamento,

que dice: «El presidente de las Cortes podrá confiar a la Comisión que estime conveniente el despacho de

aquellos asuntos que no sean de la competencia exclusiva de ninguna de ellas.»

El señor Esperabé insistió: La competencia de una comisión viene determinada por la propia naturaleza

de la materia.»

El señor Salas Pombo repli. có: «El señor Esperabé es un gladiador que aspira a morir-combatiendo. Es

absurdo negar al presidente la facultad de definir, señalar, marcar las competencia e interpretar el

Reglamento.»

El artículo 43 fue aprobado con el voto en contra de don Jesús Esperabé.

En torno al contenido del artículo 43, el señor Zubiaur, procurador familiar por Navarra, manifestó que el

IV Congreso Nacional de la Abogacía, inaugurado por el ministro de Justicia, había postulado en una de

sus conclusiones. por la supresión de jurisdicciones especiales, con la consiguiente desaparición del

Tribunal de Orden Público.

El procurador pidió la supresión del artículo 43, «que no añade nada nuevo — dijo — a la lev de 1959».

De esta manera —-concluyó— «no haremos ningún tipo de pronunciamientos a favor de la ratificación de

los Tribunales especiales».

El señor Herrero Tejedor replicó que con el artículo 43 se viene a suprimir un procedimiento especial,

pues lo que el proyecto pretende y la ponencia acepta es lo contrario de lo que reprocha el señor Zubiaur.

«No se pretende consagrar aquí la jurisdicción de orden público, sino deferir la competencia a quien en

cada momento la tenga atribuida por las leyes. Tengo que rechazar de plano las razones extemporáneas

contra el Tribunal de Orden Público, aunque no me corresponde entender en esta materia.»

Después de exponer una serie de datos y porcentajes, el señor Herrero Tejedor llegó a esta conclusión:

«El proceso >El proceso ordinario es el menos ordi rio de los procesos, pues sólo afecta al 7 por 100 de

todos los que se incoan en España.»

Por último manifestó que en garantía del justiciable, durante el estado de excepción se pretenden con este

proyecto que las cuestiones se diriman con celeridad. SI esta rapidez desaparece —terminó— no se

cumple lo que pretenden la ley de Orden Público en los estados de excepción.

ORDEN PUBLICO

Finalmente, al examinarse el artículo 46, el señor Merino, representante familiar malagueño, solicitó la

supresión de su segundo párrafo, que dice: «Los letrados no podrían excusarse de la defensa sin un

motivo personal y justo, sobre el que resolverá de plano el Tribunal o Tribunales que conociesen de las

actuaciones».

Naturalmente, el párrafo se refiere a los letrados en los procesos y juicios de orden público.

El tema es de candente actualidad. Durante este año, la incomparecencia de letrados a los juicios de orden

público ha representado un delicado asunto.

La Comisión de Gobernación todavía no se ha pronunciado con su voto en este punto. Don Baldomero

Palomares, abogado y consejero nacional por Granada, manifestó en favor del párrafo antes transcrito:

«Este texto respeta la postura de un tribunal respetabilísimo que se ve a expensas de personas que no

merecen el calificativo de profesionales. Si yo fuera miembro de esta Comisión votaría en contra de la

supresión del párrafo».

El señor Valencia Remón mostró su conformidad con lo expresado por don Baldo-m e r o Palomares. El

señor Herrero Tejedor se limitó a decir, aludiendo a este procurador: «Al mismo tiempo que se defiende a

los tribunales —que se defienden ello» mismos sin necesidad de ayuda— hay que defender también la

legalidad vigente».

El señor Merino intervino de nevo .para decir: «Esta texto constituye una amenaza innecesaria. Repetir

amenazas no es manera adecuada de mantener la autoridad. ¿Es que los tribunales no tienen ya facultades

sancionado-ras? íNo se sancionó a los letrados incomparecientes? No contemplemos aquí también el

orden público de los abogados».

El señor Rivas Guadilla, representante de los Colegios de Abogados (que, paradójicamente, no tiene voto

en esta Comisión), se mostró d9 acuerdo con don Fernando Herrero y don Rafael Merino El párrafo

segundo es inadecuado —dijo—. Y añadió´ «No olvidemos que recientemente se ha sancionado por

sentencia de la audiencia, bajo la acusación de desobediencia, a un letrado que se había negado a actuar

en un juicio de orden público».

OTROS TEXTOS APROBADOS

Artículo 24. 1. Los menores de dieciséis años deberán ser puestos a disposición de la jurisdicción tutelar

propia. Los comprendidos entre esta. edad y los dieciocho serán corregidos con atenuación cualificada, y

caso de imponérseles la responsabilidad personal supletoria en el establecimiento o institución que de-

signe la autoridad que impuso la sanción, lo sufrirán con separación de aquellas personas que representen

notorio peligro para, su moralidad.

2. Cuando se trate de menores de edad, mayores de dieciséis años, que se hallaren prostituidos o corran

grave riesgo de corromperse, deberán ser puestos a disposición de la jurisdicción competente para que,

aparte de cumplir la sanción que se les imponga, se provea a su tutela y rehabilitación.

ACTUACIÓNDE LOS TRIBUNALES DE URGENCIA

Articulo 44. Los ó r g a nos judiciales competentes, constituidos en Tribunales de urgencía, ajustarán su

actuación a las normas procesales ´Vigentes, con las siguientes especialidades:

a) Podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción, tanto par» llevar a cabo

actos de instrucción, como para la celebración de los juicios, previo acuerno que adoptarán, mediante

auto, bien de oficio o a petición del Ministerio Fiscal.

b) Las causas a que dé origen la comisión de hechos comprendidos en el articulo 2.º de esta

ley, que sean constitutivos de delito, tendrán prioridad sobre cualesquiera otras, y tanto para la

fase de instrucción como para la del juicio oral, serán hábiles todos los días y horas.

c) Se rechazará de plano el planteamiento de cuestiones de competencia o de conflictos

jurisdiccionales, salvo si procedieran de la jurisdicción militar.

d) Respecto a la medida de prisión provisional, se aplicará en estas causas lo dispuesto en la regla

cuarta del artículo 503 de la ley de Enjuiciamiento Criminal

e) No será necesaria la representación por medio da procurador.

24 de junio de 1971

 

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