Se rebaja la sanción impuesta a "Gaceta Universitaria". 
 El tema de las asociaciones, en una sentencia del Supremo     
 
 Informaciones.    06/07/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

SE REBAJA LA SANCIÓN IMPUESTA A «GACETA UNIVERSITARIA»

El tema de las asociaciones, en una sentencia del Supremo

MADRID, 6. (INFORMACIONES.) — El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por el

director de la publicación «Gaceta Universitaria» contra una sanción de 200.000 pesetas de multa

impuesta por el Consejo de ministros, al considerar que había cometido una infracción muy grave de la

ley de Prensa. El Tribunal Supremo estima que sólo existe falta grave, y no muy grave, y anula por

consiguiente la multa de 200.000 pesetas, ordenando que se devuelva el expediente a Información y

Turismo para que fije nueva sanción, de acuerdo con la nueva calificación de la falta, como falta grave

simplemente.

Motivó el expediente y la sanción el número de "Gaceta Universitaria" correspondiente al mes de enero

de 1972. En dicho número se publicaba una entrevista con don Raúl Morodo, doctor en Derecho y

profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas. La entrevista

se titulaba: "Raúl Morodo. El país tiene necesidad imperativa de la democracia". Y se afirmaba la

imperativa necesidad que el país tiene de una democracia cuyo carácter y significación son extraños a

nuestro sistema de representación orgánica. En la entrevista se contenía una apología, directamente

aplicada a España, de los partidos políticas, estimándolos insustituibles para la participación democrática

en el proceso político, y cuya ausencia viene a calificarse de "vacío político".

Se estimó constitutiva la entrevista de una infracción muy grave de la ley de Prensa, en lo que se refiere al

debido respeto a las Leyes Fundamentales del Reino. Al tratarse de infracción muy grave, se elevaron las

actuaciones al Consejo de ministros, que acordó imponer al director de "Gaceta Universitaria", don Juan

de Dios Mellado Morales, la citada multa de 200.000 pesetas.

Recurrió, en súplica, ante el propio Consejo de ministros, el señor Mellado Morales, y fue desestimado su

recurso. Formuló, entonces, recurso contencioso - administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue

dirigido por el abogado don José María García Sánchez.

El Supremo, en su sentencia, contiene interesantes razonamientos. Dice, en primer término, que en la

entrevista se expone "desde el natural punto de vista intelectual de la persona entrevistada, una serie de

teorías tanto respecto a la concepción del socialismo democrático, como a la instrumentación del mismo a

través de partidos políticos o asociaciones de igual clase, propugnadas estas últimas conforme a la

opinión del entrevistado, por sectores del régimen constituido en España". Hipotéticamente, se refiere a la

posibilidad de convivencia en un país del Mercado Común Europeo, como debe ser el nuestro, para lo

cual insiste en que nuestra patria debe contar con las instituciones políticas de los países europeos.

Esta exposición, dice el Supremo, se limita a una opinión subjetiva, desde lo que doctrinalmente pudiera

comprenderse en un tratado de Derecho Político. Pero no acierta a relacionar la actual situación española

con todos sus antecedentes, qué son totalmente distintos, histórica y socialmente pensando, del resto de

los países europeos. No puede sostenerse, dice el Supremo, como se hace en las declaraciones del

profesor entrevistado, que las frustraciones y reveses de tales países han ocurrido también en España, ya

que "lejos de ellos, en nuestra patria, la decadencia decimonónica y la del período anterior al Alzamiento

Nacional, han sido, tras éste, superadas con la institucionalización del Movimiento Nacional, que pervive

y se estructura por completo en sus Leyes Fundamentales".

El Supremo se extiende con citas concretas de nuestras Leyes Fundamentales en las posibilidades de

participación del pueblo en las tareas legislativas y en la función pública. Y declara expresamente la

sentencia que la Ley Orgánica del Movimiento y su Consejo Nacional, y el Estatuto Orgánico del

Movimiento afirman "la participación de todos los españoles en la tarea del Movimiento Nacional por

medio de la constitución de asociaciones, en el ámbito establecido en el régimen jurídico del Movimiento,

y la participación en las mismas". También hace referencia el Supremo al artículo 15 del Estatuto, según

el cual podrán constituirse asociaciones en el Movimiento, con el fin de contribuir a la formación de la

opinión en servicio de la unidad nacional y del bien común. Y recoge la sentencia que dichas asociaciones

"contribuirán a promover el legítimo contraste de pareceres, con plena libertad de la garantía de la

persona en orden a la posibilidad de un análisis crítico de las soluciones concretas del Gobierno, y la

formulación ordenada de medidas y programas que se orienten al servicio de la comunidad nacional".

Finaliza la sentencia diciendo que la mera exposición de teorías contrarias, que no suponen ni se plasman

en organización clandestina alguna, al tratarse de opiniones de carácter subjetivo, han de insertarse en una

infracción grave, pues pueden suponer un desacato o falta de acatamiento intelectual de las referidas

Leyes del Movimiento Nacional; pero no concurre el carácter muy grave, ya que no hay alteración del

orden público interior. Solamente, dice el Supremo, existe intencionalidad de deformar la opinión pública,

y en este sentido se ha manifestado la propia Administración en otros casos similares. Es pertinente, pues,

atemperar la calificación de la infracción, en aras de una legítima y conveniente equidad.

 

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