Las cárceles en llamas     
 
 Arriba.    16/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LAS CÁRCELES EN LLAMAS

LA gravedad de la situación porque atraviesan las cárceles españolas es inocultable. Motines,

soflamas incendiarias, reivindicaciones de toda índole, ceses de funcionarios de distintos

niveles... todo ello se traduce en un exceso de noticias que contribuyen poco a clarificar las

¡deas al respecto. El tema dista mucho de ser resoluble con la alegre simplificación del indulto

general que reclama COPEL o con el mero restablecimiento del orden a toda costa.

Se entremezclan, en confusa maraña, problemas cuya superación no puede ser simultánea.

Hay, en primer término, hechos de grave rebeldía, incluso con riesgo de vidas, que afectan a la

respetabilidad del orden jurídico, lo que ninguna sociedad ordenada puede permitirse.

Existe luego la convicción de que nuestros establecimientos carcelarios sufren un régimen

incoherente con la nueva formulación democrática del país. No sólo se duda de la validez del

reglamento en vigor, sino que incluso parece que dista mucho de ser aplicado o lo es con

criterios ferozmente represivos.

Y como telón último del conflicto, áreas crecientes, de opinión señalan aspectos regresivos de

nuestras leyes penales, con la agravante de que subsiste una le y de Peligrosidad Social cuyos

fines fueron peligrosamente desviados de los que pretendiera, en los años treinta, la ley de

Vagos y Maleantes de Jiménez Asúa.

Se tratan, pues, de problemas de muy diferente nivel y complejidad de tratamiento. La

clemencia, que es siempre elogiable, no significa, por sí sola, resolución de los problemas,

aunque de su aplicación, razonable y discriminada, podrían mitigarse aspectos superados del

viejo sistema. Sin embargo, las medidas de gracia no pueden aparecer como abdicación de la

autoridad. Una vez más, es preciso poner de manifiesto que los presos políticos o de opinión y

los que están privados de libertad por hechos delictivos son temas absolutamente dispares.

La democratización política conlleva la desaparición de los llamados «delitos de opinión» y, en

sólita consecuencia, se traduce, mediante amnistía, en la liberación de los presos por tales

causas o de quienes hubieran delinquido por intencionalidad política. No cabe hablar de

amnistía para presos comunes, que lo están en virtud de la comisión de delitos codificados no

políticos, tras haber sido detenidos, juzgados y condenados.

A los presos comunes se aplican con cierta frecuencia, en las sociedades civilizadas, medidas

de gracia, que se traducen en reducción de penas e incluso, en algunos casos, en

excarcelaciones; pero estas medidas de gracia son discrecionales de la autoridad y en modo

alguno un derecho alegable por los penados.

No cabe, pues, la gracia en tanto no se restablezca el orden y la disciplina en los

establecimientos penitenciarios. Esto es una prioridad absoluta.

Ahora bien: tampoco se puede esperar para el estudio de las raíces del problema y para la

progresiva adopción de soluciones. El tiempo de espera, hasta la normal tramitación en el

Parlamento de una ley penitenciaria humana y progresista, no puede gravitar sobre las

espaldas de la población recluso. Procede, con carácter de urgencia, la adopción de medidas

provisionales, en orden a suprimir los aspectos más recusables del actual régimen de las

cárceles.

Como hace algunos días explicaba un conocido senador, al preso se le castiga a la privación

de libertad, pero no a pasar hambre, ni frío, ni a sufrir vejaciones contra su dignidad

humana.

 

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