Autor: Izquierdo Ferigüela, Antonio. 
   Víctima de agresión; víctima de incompetencias     
 
 El Alcázar.    21/05/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 3. 

LA VERDAD INDISCRETA

VICTIMA DE AGRESIÓN; VICTIMA DE INCOMPETENCIAS

EN el mismo periódica que relata los pormenores del secuestro de don Javier Y barra; el comunicado de

la ETA —rama BOU (ico militar— por el que se reivindica e) asesinato del policía don Manuel Orceda

de la Cruz; la jornada de terror en San Sebastián, con transeúntes heridos y locales desalojados; en el

mismo periódico, insisto, puede leerse la noticia de «Cifra», techada en Bilbao, en la que se da cuenta de

que «merced a indultos particulares» han sido excarcelados cuatro terroristas. Se trata de José María

Yarza Echeniqne, condenado a ciento cincuenta y cinco años de cárcel, José Agustín Achega Aguirre,

Carlos Aguirre Echarry e Iñaki Hernández Lasa. La información es escueta y de ella se obtienen los datos

referidos a la «particularidad» del indulto, y la condena que pesaba sobre el primero de los acusados, pero

nada se dice de los delitos que motivaron esas condenas o esos encarcelamientos previos en el caso de

quienes no habían sido juzgados todavía.

El ejercicio de la gracia, del indulto, del perdón en suma, resulta siempre saludable. No se trata, pues, de

poner peros a una posición de generosidad, sino de analizar con rigor si se trata efectivamente de una

actitud de generosidad o de una actitud de debilidad. Lo uno y lo otro resultan incompatibles Los Estados

pueden ser magnánimos si basan la generosidad en su fortaleza. Se es generoso cuando se puede superar,

en Derecho, las causas que originan los delitos. Cuando el brazo de la justicia no queda desasistido. De lo

contrario y en el mejor de los casos, el Estado opera bajo la presión o la coacción de los delincuentes. Si

quedase superada la situación de «normalidad conflictiva» de la que a diario se reciben noticias, la

excarcelación, el indulto e incluso la amnistía pudieran resultar razonables y fortalecer aún más las raíces

populares del Estado. Pero si esas excarcelaciones se producen en el fragor de la metralla, a la sombra de

la muerte de ios servidores del Orden Público o bajo el imperio del terror, esa generosidad no daría

ningún fruto.

Más allá de entrar en el análisis político que impulsa la «particularidad» de esta forma de perdón

individualizado o en favor de determinadas organizaciones, se me ocurre pensar en los límites de una

tolerancia que nada resuelve. Invito a mis pacientes y fieles lectores a que repasen la nómina delictiva que

se registra en España durante el último año. Que comparen esa escalada de salvaje terrorismo disfrazado

de ideológico o político con las reiteradas pruebas de bondad ofrecidas por la política española, y, por

último, que juzguen a la luz de esos datos los avances que, en servicio de la convivencia pacífica y del

bien común, se han registrado en ese mismo tiempo. Yo lo he hecho así, minuciosamente y no he llegado

a ninguna terrible conclusión, sino a una conclusión sencilla: el Estado es víctima, por una parte, de la

agresión ininterrumpida, tenaz y violenta de quienes se muestran abiertamente enemigos de España; pero,

al mismo tiempo, pudiera ser víctima de la incompetencia política de algunos de sus servidores. De donde

se deduce que el Estado español no corre más que un riesgo serio y que tiene todavía la posibilidad de

enderezar su rumbo y salir adelante. No hay nada que inventar. La dimisión o el cese frente a la

incompetencia es una práctica que no está reñida con la democracia ni con la libertad, sino todo lo

contrario. Son, de alguna manera, su mejor garantía.

Antonio IZQUIERDO

 

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