Autor: Meliá Pericás, Josep. 
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 Ya.    11/11/1972.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 3. 

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Josep Meliá dice en "A B C":

"Me atengo a los hechos. A tres fechas claves en la historia de la España contemporánea: 3 de julio de

1969, aprobación unánime por el pleno del Consejo Nacional del estatuto de las asociaciones; 21 de mayo

de 1970, informe del señor Fernández-Miranda a la Comisión Permanente del Consejo Nacional; 22 de

mayo de 1970, luz verde del Gobierno para la remisión a la Alta Cámara de un nuevo anteproyecto

asociativo. Estos son los datos objetivos con los que el político debe intentar comprender lo que pasa en

su entorno. Descarto, en consecuencia, todas las declaraciones públicas, incluidas las de varios ministros

del actual Gobierno, por considerar que pueden reflejar meras opiniones particulares o un intento de in-

fluir en la conciencia decisoria. Pero creo que aun así, los hechos son suficientemente expresivos como

para requerir una explicación más reposada. El señor Fernández-Miranda se ha limitado a decir que el

camino emprendido "no pudo ser seguido porque el asociacionismo ha sido torpemente manoseado". Creo

que la responsabilidad contenida en esta frase merecería una consideración más serena y profunda.

¿Cabe una manipulación desordenada en el asociacionismo que no ha llegado a ser realidad? Mucho me

temo que un análisis en profundidad de los temores que el tema suscita sería poco grato para el poder, el

rango y la autoridad moral de la ley. Es posible, en ésta como en cualquier otra materia, que hayan podido

existir excesos y responsabilidades. Pero cuando la norma no ha sido promulgada, y por tanto no ha

podido ser incumplida ni traicionada, no cabe que se imputen tales culpas a la sociedad. Las asociaciones

nunca han pasado de ser un proyecto. No ha cabido otro manoseo posible, por tanto, que el muy proble-

mático de las intenciones. Mas, ¿qué pensaríamos, los que sostenemos el imperio de la legalidad, de una

ley que duda de su propia fuerza ordenadora hasta el punto de interrumpir su andadura para atender a

las intenciones torcidas de una parte del cuerpo social? Con criterios como éste no sería posible el

gobierno de los pueblos. Siempre, por principio, cabe qué exista una tendencia a deformar el espíritu de

una ley. Por ello la norma debe prevenir los posibles excesos y contravenciones, articular un mecanismo

sancionador, establecer unas garantías que pongan a la comunidad al abrigo de los posibles atropellos.

Todo esto forma parte del correcto entendimiento del derecho, del equilibrio y la prudencia de las que

debe hacer gala el gobernante. Lo incomprensible es que en base a las posibles irregularidades de un

pequeño sector de la vida nacional se deje de impulsar un proyecto que se estimaba conveniente para los

intereses colectivos.

Si ha existido rectificación, y sobre todo si es de carácter definitivo, dígase de manera expresa, dense

razones convincentes."

 

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