Amnistía, al fín     
 
 El País.    15/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Amnistía, al fin

EL CONGRESO y el Senado, las dos Cámaras que forman el Parlamento de la nueva España

democrática, han aprobado la tan esperada y deseada ley de Amnistía. Quedan atrás la torpeza del

Gobierno Arias y de su «indulto general» del mes de noviembre de 1975, así como las vacilaciones y

cortedades de la ley de Amnistía del primer Gobierno Suárez en julio de 1976 y de su posterior

ampliación en marzo de 1977. También las interrogantes sobre si eran o no necesarias e inevitables las

salvedades del texto conjunto del Gobierno y la Oposición. Pero hacia adelante ya no quedan argumentos

históricos, políticos o morales para considerar abierta la puerta hacia nuevas medidas de gracia del

carácter general y de la significación histórica como es una amnistía. De la desafortunada y entristecedora

intervención del portavoz de Alianza Popular, que con su abstención ha borrado de un plumazo ios

esfuerzos realizados por el señor Fraga durante las últimas semanas para modificar la imagen de su

partido, sólo se puede retener este grano de verdad: la amnistía no puede ser sino una medida excepcional

e irrepetible en la vida de una comunidad. Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones

libres han pasado la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias cometidas hasta

la aprobación de la ley de Reforma Política y los comicios de junio. Lo que ha quedado fuera de esa

medida, por muy lamentable que sea el hecho, no debe convertirse en justificación para no considerar

cancelada la batalla por la amnistía.

A partir de este momento, sólo las anunciadas reformas del Código Penal, de la ley de Orden Público, de

la ley de Peligrosidad Social y del Código de Justicia Militar pueden dar origen a la desaparición de

responsabilidades penales y a la extinción de las sanciones correspondientes. La reforma del Código

Penal de julio de 1976 despenalizó una serie de acciones —la asociación ilícita y la propaganda ilegal—

que perdieron su condición de figuras delictivas, tanto para el futuro como con carácter retroactivo. Es

presumible que las reformas del ordenamiento penal prometidas por el Gobierno produzcan el mismo

resultado respecto a otros delitos, que dejarían de serlo, o un aligeramiento de las penas para

determinados supuestos, del que se beneficiarían los presos sociales. Del alcance y propósitos de la

reforma del Código de Justicia Militar dependerá que puedan beneficiarse de la despenalización —lo que

resultaría altamente deseable— algunos de los casos dejados fuera de la amnistía.

Tampoco los indultos generales o particulares quedarán fuera de vigencia en la práctica jurídica del

futuro, al igual que ocurre en los demás países europeos, si bien es de desear que cese la viciosa

costumbre franquista de multiplicarlos (siempre ha complacido a los autócratas desautorizar, con su

clemencia arbitraria, a los jueces a quienes se obligaba a aplicar leyes represivas). Pero debe quedar claro

y fuera de interrogantes que la amnistía es una medida cualitativamente distinta a la despenalización por

reformas del ordenamiento penal y al indulto, que extingue las penas pero no la responsabilidad. Y que la

amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y

cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil —una

guerra entre hermanos— y una larga dictadura.

La España democrática debe, desde ahora, mirar hacia adelante, olvidar las responsabilidades y los

hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los cuarenta años de dictadura. La mirada hacia el pasado

sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir su

repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica; pero ésta debe servirle para

alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado.

 

< Volver