La medida puede alcanzar a 89 presos. 
 Ampliaciones sucesivas de la amnistía     
 
 El País.    15/10/1977.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

La medida puede alcanzar a 89 presos

Ampliaciones sucesivas de la amnistía

Ochenta y nueve presos políticos se encuentran en las cárceles españolas esperando la amnistía. De esta

cifra, 53 presos son miembros de los GRAPO, veintitrés de ETA, doce del FRAP, nueve del Partido-

Comunista de España —Internacional— (PCE-J), cuatro del Front d´Alliberament Cátala (FAC) y

dieciséis anarquistas (algunos de ellos, miembros de CNT). En esta, cifra no figuran incluidos los

dieciocho miembros de los GRAPO detenidos recientemente, ni los once fascistas implicados en e!

atentado a la revista El Papus. Tampoco aparecen incluidos los detenidos en relación con el asesinato de

Guernica. Es difícil señalar el número exacto de presos políticos que se verán beneficiados.

Esta ley de amnistía hace el número tres de las concedidas para delitos políticos desde la guerra civil. La

primera fue concedida el 23 de septiembre de 1939 y alcanzaba a las personas que habían delinquido en

defensa del Alzamiento Nacional, durante el período comprendido entre 14 de abril de 1931 y el l8 de

julio de 1936.

La amnistía concedida por real decreto-ley 10/1976 de 30 de julio alcanzaba a todos los delitos y faltas de

intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales, en

tanto no hubiesen puesto en peligro o lesionado la vida o integridad de las personas o el patrimonio

económico de la nación a través del contrabando monetario.

Posteriormente, el 14 de marzo de 1977, se promulgaron dos reales decretos-leyes, en virtud de los cuales

se disponía la ampliación de la amnistía concedida en julio de 1976, y un nuevo indulto general, en parte

complementario de aquélla y en parte relativo a los hechos delictivos que, sin haber sido amnistiados, se

hubieran cometido hasta el 15 de diciembre de 1976, fecha del referéndum. La ampliación de la amnistía

quedaba proyectada en dos sentidos: por un lado, se extendía a todos los delitos y faltas de

intencionalidad política y de opinión que hubieren «puesto en peligro» la vida o la integridad de las

personas o el patrimonio nacional a través del contrabando monetario, con lo que sólo quedaban

excluidos de las medidas de gracia los comportamientos que hubiesen causado muertes o lesiones o

atentado al patrimonio económico de la nación y, por otro, superando las dudas e interpretaciones

contradictorias que habían surgido respecto a la aplicación de la medida a la totalidad de los delitos contra

la seguridad del Estado y de los ejércitos, regulados en el Código de Justicia Militar, y los delitos de

terrorismo incorporados a aquél al determinarse la competencia de la jurisdicción ordinaria en el decreto

3/1977 de 4 de enero.

 

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