Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Las conclusiones del fiscal     
 
 ABC.    25/04/1975.  Página: 11-12. Páginas: 2. Párrafos: 17. 

ABC. VIERNES 25 DE ABRIL DE 1975. PAG. 12.

AUDIENCIA PUBLÍCA

LAS CONCLUSIONES DEL FISCAL

No me siento con fuerza bastante como para encabezar con mis propias palabras la cronica de hoy.

Necesito de la ayuda de maestros y a uno de ellos voy a acudir inmediatamente. Porque, ante el hecho de la presentacion por el señor abogado fiscal de sus conclusiones definitivas, en las que pide graves penas para los encaridados en el asunto Matesa, lo primero que quiere y debo llevar al animo de los lectores es la excelsitud de una profesión —la abogacia— que se encauza en todo proceso en funcion de la contradiccion entre dos hombres, defensores de tesis opuestas, pero indispensables colaboradores, sustentadores mas bien, de la Justicia con mayusculas. En el proceso penal, uno de esos hombres es el defensor, el otro es el fiscal. Abogado fiscal, para ser más exactos, pues es esa su verdadera denominacion, y que por ello participa de la grandeza y de la servidumbre de esta apasionante profesion, a la que muchos, yo entre ellos, hemos dedicado nuestra vida.

El maestro al que antes me he referido es el profesor Antonio Hernandez Gil. Acaba de dar a luz un libro del que me ocuparé en su momento. Se llama «El abogado y el razonamiento juridico. En sus primeras paginas escribe: Mientras hay numerosas tecnicas cientificas (o ciencias tecnificadas), que en su ampliacion practica cuenta de modo exclusivo el conocimiento y la actividad del que las ejerce, el quehacerse del abogado no es nunca separable por completo de su personalidad. Alberga nuestra profesion un alto grado de humanismo. Por humanismo entiendo a este respecto, sobre todo, conciencia moral e implicacion personal. Entre el papel correspondiente a la parte y el del abogado hay una distancia, una separacion. La parte encarna el problema: el abogado le afronta con vistas a una solucion.

Sin embargo, el abogado, pese a esa diferencia de papeles, se implica en el caso. No cabe una absoluta asepsia. Si bien el derecho a la defensa es una de las grandes prerrogativas humanas, el abogado, dejando a salvo hipotesis extremas que puedan imponer el sacrificio, no es un incondicional servidor de cualquier interes. Sin fe en algunas posibilidades de defensa, aunque sean limitadas e incluso extremas, no puede arrostrarse la tarea. Ello no quiere decir que el abogado se decida a interveneir en funcion de un frio cálculo de probabilidades y menos con las miras puestas sólo en la segundad del éxito.»

Y más adelante: En el abogado «importa sobre todo el espíritu de trabajo, el cuidado atento, la reflexión cautelosa, el sentido del deber, una pasión que no rompa en mil pedazos la ecuanimidad. Y, sobre todo, cuenta la capacidad de darse. El abogado se sublima a través de la entrega a los demás. De la entrega y el sometimiento a la contienda. "Otro" es quien nos necesita. "Otro" es también el que se opone. "Otro" es el que juzga y decide.»

Las conclusiones del abogado fiscal en el asunto Matesa —a las que sustancialmente se adhirió el abogado del Estado— responden, a mi juicio, a esa concepción que queda reflejada. El es el defensor de una parte: la sociedad, y de la confrontación de sus tesis con las de la defensa saldrá la verdad que recoja en su día la sentencia. Cumple así el fiscal con un papel indispensable, muchas veces ingrato, pero nobilísimo. Y a esta idea responden, a mi juicio, sus conclusiones definitivas. Lo primero que Importa aclarar es que, pese a la cuantía de las penas solicitadas por el Ministerio Público, conviene no olvidar, como el propio fiscal aduce, que a los autores y cómplices de los delitos de estafa y falsedad les es de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, cuya regla segunda establece que «el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo, por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predieho que no podrá exceder de treinta años».

Siendo esto así, el procesado don Juan Vilá Reyes el máximo de pena que tendría que cumplir sería el de veintisiete años; don Fernando Vilá Reyes, don Luis Banquells Coll y don Antonio Trius Pascual, nueve años cada uno, y los demás encartados las solicitadas en dicho escrito de conclusiones provisionales. No las cifras exorbitante que circulan por ahí debidas a un no profundo conocimiento de nuestra legislación.

Pero penas que se cumplirán si las Impusiere la sentencia, y eso está por ver. Hoy voy a fijarme tan sólo en un resumen del alegato de la acusación,

Porque ¿cuáles son los hechos y cuál es la calificación jurídica del fiscal? El largo escrito del Ministerio Público comienza con una descripción de qué es y cómo funcionaba Matesa. Distingue dos planos directivos: en lugar preeminente don Juan Vilá Reyes, y en un segundo término los departamentos comerciales y financieros equiparados a vicepresidencias y «1 presidente adjunto (los señores Trius, Banquells y don Fernando Vilá Reyes).

Narra a continuación las dos clases de créditos que utilizó Matesa, en principio, para la exportación de sus telares con pedido en firme: los créditos a la exportación con pedido en firme sin previa financiación, también llamados créditos de postfinanciación pura (O-l), y los créditos a la exportación con pedido en firme o de prefinanciación, que comprenden también una segunda fase de postfinanciación cuando el bien construido es realmente exportado (C-4). Para la obtención de tales créditos se precisa aportar fotocopia del contrato celebrado por el exportador o de la documentación que acredite el pedido en firme.

Estas exigencias han sufrido, en la mayoría de los casos, dice el fiscal, una serie muy variada de inexactitudes e irregularidades manifiestas en el expediente de concesión tramitado ante el Banco de Crédito Industrial: adjuntar contratos de compraventa, aparentemnnte válidos, a sabiendas de que «1 acto traslativo no existía; incluir cláusulas o pactos adicionales que to desvirtuaban, etc. En relación con tos créditos de postfinanciación, las letras de cambio que preceptivamente debían acompañarse para su obtención, representaban, según dice el fiscal, un imaginario precio del que no respondían los aceptantes, ya que Matesa no consideraba la operación como real.

Habla el fiscal, asimismo, de la existencia de conocimientos de embarques ilegítimos y, en definitiva, resume todas las irregularidades en las siguientes:

1. Irregularidades consistentes en la inexistencia de un verdadero contrato traslativo de dominio perfecto y eficaz.

2. Irregularidades cifradas en aparecer como compradores extranjeros sociedades pertenecientes a Matesa, o en las que Matesa tenía una participación.

3, Irregularidades concretadas en figurar como adquirente extranjero sociedades filiales de Matesa destinadas a distribuir sus productos.

4, Irregularidad manifestada en la existencia de contratos en los que se fijaba un precio a los telares superior al verdadero, o por haberse presentado contratos cuyo objeto era numéricamente superior al real.

Todos estos hechos suponían, siempre según la versión fiscal, un conjunto de cuatro delitos de estafa y 417 de falsedad en documento mercantil, alcanzando la cantidad defraudada pendiente de reembolso a 8.993.442.982 pesetas.

Junto a ello, Matesa se ha beneficiado también del privilegio de la desgravación fiscal consistente en la devolución al exportador de los impuestos estatales indirectos y otros gravámenes, y por este concepto ha recibido indebidamente pesetas 590.400.829.

Respecto de los telares exportados y vendidos en firme, afirma que ascienden a 2.321, quedando en >stock> 8.315, de los que en 1970 han sido repatriados 4.058, destinándose a chatarra otros 300.

Explica despues el Ministerio Público el destino que Matesa ha dado a las sumas recibidas y resultantes de la desproporción que existe entre las que percibió, para financiar operaciones de exportación, y las invertidas con esos mismos fines, y se refiere a los delitos monetarios cometidos —ya juzgados en otra jurisdicción— por extracción fuera de España de las sumas de dinero necesarias, llamadas de autotransferencia, para atender a las cesiones de moneda extranjera al mercado español derivadas de los pagos aplazados en ventas simuladas a compradores extranjeros.

La parte final del escrito es la relativa a los restantes delitos de los que el fiscal acusa a don Luis Alonso Calleja, don José María Pellicer, don Manuel Leyra Cobeña y don Juan Vindel Miró. Al primero de ellos le acusa de un delito de cohecho del articulo 386 del Código Penal, y a los otros tres, de tres delitos de cohecho del artículo 390 del mismo cuerpo legal, de cuyos cuatro delitos de cohecho, en su versión del artículo 391, responde, en concepto de autor, don Juan Vilá Reyes.

A estas conclusiones ha llegado el Ministerio Público. Ahora toca conocer las correspondientes a las defensas. Vendrán luego, enseguida, quizá el próximo sábado a las 11 de la mañana, los informes orales. Y, por fin, la sentencia, con la que llegará a su fin esta primera fase del llamado proceso del siglo.—José Maria RUIZ GALLARDON.

Aclaración

En nuestra reseña de la última sesion vespertina del juicio se deslizó una erra ta, al recoger la declaración del testigo don Luis Bru Serrano al abosado seña Torres Boursault. defensor del procesado señor Vindel Miró. Dijo el testigo Que es pluriempleo no estaba prohibido por e Banco de Crédito Industrial; la errate ponía en labios del señor Bru que el pliriemipleo sí estaba prohibido.

Gustosamente salvamos este lapsus peticion del señor Bru y del propio letrado señor Torres Boursault.

 

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