Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
 Matesa: audiencia pública. 
 El final del informe del señor Gil Robles  :   
 Sus argumentos se encaminaron a demostrar que, aun en la hipótesis de la acusación, su patrocinado no cometió delito. 
 ABC.    30/04/1975.  Página: 13-16. Páginas: 4. Párrafos: 34. 

EX FINAL DEL INFORME DEL SEÑOR GIL ROBLES

Sus argumentos se encaminaron a demostrar que, aun en la hipótesis de la acusación, su patrocinado no cometió delito

Dejábamos ayer a nuestras lectores, en éste nuestra ya larga narración del asunto Matesa, en el punto en el que el defensor le don Juan Vilá Reyes comenzaba su minuciosa argumentación. Que, como él dijo, iba a tener una doble misión. En primer término, tratar de describir punto por junto, lo que denominó calumnias contra Matesa; en segundo lugar, analizar, jurílicamente, que aun en la hipótesis mantenida por el Ministerio Público, los hechos llevados a cabo por su patrocinado y sus colaboradores no constituían delito alguno.

Tras hacer el obligado elogio, basado en la abundantísima prueba pericial celebrada en el juicio oral (elogio en el que también se detuvo con ciertas limitaciones el Ministerio Público en la sesión de la mañana) del telar Iwer, tras aludir a que el 31 de enero de 1974 existían en más de 40 países 689 empresas con 8.514 telares en funcionamiento, hizo hincapié el defensor en que con los telares Iwer hoy, cada día podía tejerse tela bastante como para confeccionar 89.000 trajes o. utilizando otro criterio, 180.000 metros de tapicería de automóviles de lujo. A este respecto, afirmó que aquella factoría que el señor García-Monco visitara en los Estados Unidos tiene vendida toda su producción nada menos que para la General Motors.

Esntro después a analizar un punto polémico, al que ya en estas crónicas nos hemos referido con anterioridad. ¿Qué es exportar? El señor Gil Robles entiende que existe exportación desde el momento en que un producto sale de nuestras fronteras. Y jurídicamente lo argumenta sosteniendo que, después del escándalo Matesa, cuando hubo necesidad de reimportar numerosos telares, la Dirección General de Aduanas exigió el pago de los correspondientes derechos por reimportación. ¿Cómo —se pregunta— se podían exigir estos derechos si antes no hubiera habido jurídicamente una exportación?

El tema siguiente lo dedica a otro de los puntos tratados por la acusación: Matesa incurrió en engaño y fraude, porque, en realidad, se vendía a sí misma, a través de sus filiales. Por lo pronto, afirma: de 689 empresas donde se utilizan telares Iwer, sólo 26 de entre ellas pueden ser calificadas de filiales. Pero es que, por otra parte, alegar que vender a una filial constituye un fraude, es. en el terreno del Derecho, una afirmación inadmisible. Alega —y con ello se extendió en otra parte de su informe con profusión— el concepto de personalidad jurídica que es realmente distinta la de la casa matriz y Ja de las filiales.

Pero dice más. Dice que este sistema de creación d« filiales en el extranjero es el único que permite el cumplimiento adecuado de una política exportadora idónea: la penetración de una técnica nacional en mercados exteriores. Así ha nacido el fenómeno, hoy umversalmente conocido y admitido, de la empresa multinacional. Tales son los casos, entre otros, de la Fiat —con participación en Seat—, de la Philips holandesa —con participación en una filial española—, de la Renault —con participación en Fasa—, de la A. E. G. alemana y más recientemente de la Ford.

Con ello se produce, y en este punto insiste el letrado, un cierto colonialismo económico, que Vilá Reyes quiso amortiguar precisamente llevando a cabo en el extranjero lo que grandes empresas foráneas pretenden hacer en España. Por admitirse en España este sistema de establecimiento de filiales, pagamos solamente en concepto de royalties al año del orden de los 15.000 millones de pesetas. Alude, con Ironía al respecto, a_ la frase del viejo político inglés Disraeli, que distinguía entre «la pequeña mentira, la gran mentira y la estadística».

Ciertamente, el entonces ministro de Comercio, señor García-Moncó, ha afirmado ante la Sala que si Matesa hubiera solicitado las pertinentes autorizaciones para invertir fuera de España, éstas le hubieran sido concedidas. Pero —añade el señor Gil Robles— muy claramente dejó establecido el señor García-Moncó que dicha autorización le hubiera sido concedida, pero no le hubiera sido facilitado dinero alguno para llevar a efecto aquellas inversiones. Por eso, concluye. Juan Vilá Reyes tuvo que actuar como actuó.

Y lo que hizo —sigue diciendo su defensor— puede que fuera ilícito ayer, pero es perfectamente lícito hoy. Se refiere, al respecto, a la Orden Ministerial de 16 de julio de 1971, que autoriza las exportaciones «en consignación» de productos industriales; concepto éste de «en consignación» diametralmente opuesto al de contrato en firme, sobre el que basa prácticamente su acusación el Ministerio Público. Y termina este punto de su disertación con la cita del decreto de 1 de marzo de 1973, que dice autoriza las inversiones en el extranjero sin previa autorización.

De la necesidad de importar sostiene que apenas es necesario hablar. Desde el I Plan de Desarrollo, pasando por la tendencia preconizada desde las más altas esferas, hasta las indicaciones que la propia

Prensa ha hecho a! respecto —y cita opiniones de ABO, «Madrid», «Nuevo Diario» y «El Europeo»,

entre otras—, todos están conformes en que en los finales del siglo XX la exportación es pieza básica en la política económica de un país moderno.

LAS DOS CULPAS DE VILÁ REYES

En definitiva las dos grandes culpas de Vilá Reyes pueden reducirse a las siguientes:

1. No acordarse de que la Ley va siempre detrás de la realidad, y respetar su espíritu y no la letra.

«Creyó demasiado y se adelantó a su tiempo.» Son sus palabras.

2. Querer hacer las cosas en grande: «Vilá Reyes pecó en su deseo de hacer las cosas muy pronto y muy bien.»

Combate también la afirmación, que alguna, vez se ha hecho, de que Vilá Reyes hubiera engañado también en lo referente a investigación. Para el "señor Gil Robles la investigación llevada a cabo por Matesa no sólo no era ficticia, sino modélica. Quienes afirman que por la Inexistencia de obreros con sus monos manchados de grasa se podía deducir que en Matesa no se trabajaba son pura y simplemente ignorantes. Ignorantes, en primer término, de qué es un telar sin lanzadera, pero ignorantes, sobre todo, de la necesidad, previa a toda realización industrial, de profundizar en la investigación en la que España está tan retrasada, como lo demuestra que de cada 100.000 unidades de cuenta los Estados Unidos dediquen 105 a investigación y España tan sólo ocho. Todo lo cual produce un déficit en nuestra balanza comercial del orden de los 400.000 millones de pesetas.

EL TESTIMONIO DE DON VÍCTOR CASTRO

Por eso el testimonio —continúa el señor Gil Robles— del general don Víctor Castro, al que personalmente respeta, pero cuyas opiniones combate, carece de todo valor.

El entonces director general de Aduanas es para Gil Robles un hombre sin formación empresarial de ninguna clase. Alaba su hoja de servicios como militar, pero su único puesto empresarial, el estar al frente del parque de automóviles del Ejército, es lo que en la técnica militar se denomina puesto o función «logística», de preparación de materiales para su distribución a efectos de combate. Empresarialmiente la tarea —dice el señor Gil Robles— está encomendada a los ingenieros de Armamento, que añade, yo creé en 1935.

Se detiene unos breves instantes en deshacer la expresión, también vertida por el general Castro, de lo que éste llamaba «derroche de Matesa». Alude a un estudio monográfico sobre Suecia, en el que de sus 107 páginas tan sólo seis se dedican al estudio de la geografía de aquella región y el resto a los problemas industriales y comerciales. Documento que no está unido al sumario,. pero que ofrece a la Sala por sí, para mejor proveer, considera conveniente su inclusión, y posa a continuación al examen de otro de los puntos, también muy debatido: la comisión por don Juan Vilá Reyes, en su condición de presidente de Matesa, de diversos delitos monetarios.

Se han destacado aquí, afirma el letrado, las características que más pueden llamar la atención a la mentalidad imaginativa del español; las salidas en maletas, o en sacos de mallo, los automóviles repletos de billetes nuevos. Pero es ya un tema zanjado. Mi defendido —dice— cumplió, en parte, la condena que le fue impuesta y en el resto fue indultado. Pero, con todo, nos interesa su proyección en el presente proceso penal. Por lo pronto —sostiene—, que el delito monetario es un delito artificial (no formal —dice—, afirmación que hago para no incurrir en las iras del Ministerio Fiscal). La ley de 1939, creadora del Juzgado de Delitos Monetarios, fue una ley circunstancia^ y de guerra. Hoy ya carece de toda Justificación. El delito monetario es un delito que lo_ es en España, quizá también en los países de detrás del telón de acero, pero no en la mayoría de los restantes países civilizados. Cuando el Ministerio Fiscal —añade^— habla de las limitaciones d« extracción de divisas que imponen los Gobiernos de estos últimos países, se refiere a meras normas de carácter administrativo. En definitiva, el Juzgado de Delitos Monetarios, que a lo largo de su actuación ha entendido en más de 100.000 casos, estaba desempañado en la época en que actuó el señor Vilá Reyes por un hombre de gran rectitud e integridad. Más aún, por un hombre que se caracterizaba por su dureza. Pues bien, en el primer expediente seguido a don Juan Vilá Reyes, habiendo podido imponer una sanción diez veces superior a la defraudación cometida, la redujo a un décimo de ésta, y ni aun siquiera en el segundo expediente impuso la sanción mínima prevista en la ley. Y eso no fue misericordia —dice Gil Robles—, no fue mero capricho: fue justicia. Justicia que se explica y argumenta en párrafos que lee de la primera y de la segunda sentencia, en las que se habla de la gran labor y gran servicio a España que la función exportadora de las empresas del señor Vilá Reyes estaban desarrollando.

Pero lo más importante de todo es que el señor Vilá Reyes no ha distraído en beneficio propio ni un sólo céntimo de aquel conjunto de divisas que, ilegalmente, evadió de territorio español. Todo el numerario fue a parar a las filiales de Matesa y a la Holding, en la que se integraba. Creó activos, pero cuando llegó el momento los puso a disposición de las autoridades españolas. Creó riqueza para Matesa, pero cuando no pudo continuar su tarea, y no por culpa propia, la puso a disposición del Estado. No se quedó con nada.

Hace una breve referencia a la alusión que el Ministerio Público hiciera acerca del capital social de Matesa. Para el señor Gil Robles es un tema especialmente doloroso, porque significa ignorar que la ultima ampliación de capital, de hasta 600 millones de pesetas, fue real, como son reales las escrituras públicas, que aún no inscritas en el Registro Mercantil supusieron desembolsos ciertos de la cifra antes citada.

La razón de no haber llegado al Registro esa cifra de capital, que por otra parte sólo tiene efectos respecto de terceros, no era otra que la pretensión, muy lógica, de Matesa de acogerse a las exiviciones tributarias beneficiadoras de las Inversiones hechas en Navarra.

También se duele de las afirmaciones vertidas ante la Sala sobre el mal ambiente que Matesa, se dice tenía, entre la Banca privada. Alude al testimonio del que fuera ministro de Hacienda y gobernador del Banco de España, al tiempo que presidente del Instituto de Crédito a Medió y Largo Plazo, don Mariano Navarro Rubio. sobre la preferencia que es lógico se produzca, por razones puramente economicas, en la Banca española a prestar sus capitales a empresarios españoles a más corto plazo y mas alto interés, mejor que a exportadores siempre a mas largo plazo e interés más bajo.

No falta una última alusión a la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución. Entidad, de la que dice, que era muy presta en cobrar pero muy difícil en pagar. Pero para el letrado defensor del señor Vila Reyes, fundamentando su argumentación en un informe del que fuera subsecretario general de Seguros, obrante al folio 3.073 de los autos, afirma las dificultades en que se encontró la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, a la que no le fue posible reasegurar aquellas operaciones con ninguna compañía extranjera.

Resumen de todo lo anterior, es que para el letrado señor Gil Robles, el asunto Matesa no es más que, desde un punto de vista jurídico, un pleito civil en orden al pago de indemnizaciones por parte de la compañía aseguradora.

Matesa llega, en efecto, en 1969 a una situación de «insolvencia transitoria» por no haber podido vender a tiempo «stock» de productos ya exportados y vendidos a filiales. Ante esta situación, Matesa se paso en contacto con el Banco de Crédito Industrial, y después da cuenta a las autoridades. El Banco, consciente de que tiene que ayudar a Matesa, arbitra medios, otorga créditos globales y da adelantos, que por cierto no solamente se hicieron en el caso y para ayudar a Matesa, ya que en otros supuestos se otorgaron igualmente a otras empresas como Pegaso, Barreiros. etcétera.

INCAUTACIÓN o ESCÁNDALO

Y cuando todo ello se ve que no da el resultado apetecido, el señor Vilá Reyes, en lugar de huir, ofrece en garantía todos los haberes de Matesa. El tema llega a nivel ministerial y es entonces cuando se plantea el dilema de la incautación o el escándalo. Frente a la opinión de los entonces ministros de Comercio, Hacienda y del gobernador del Banco de España, a los más altos niveles se descarta la incautación y se elige el segundo camino.

Comienza con ello la última parte del Informe del letrado. Analiza la inexistencia de las características propias de todo: y cada uno de los elementos de los delito; de estafa. No hay engaño, porque las autoridades a los más altos niveles conocían la realidad de Matesa, conocían la necesidad y la existencia de filiales en el extranjero, sabían que Matesa vendía a estas filiales, quienes a su vez lo hacían a los «destinatarios finales». En resumen, si el señor VHá Reyes, que se sienta en el banquillo, es responsable, son muchas las personas que, al menos en concepto de cómplices o de encubridores, deberían hacerlo junto a ¿1.

No se explica como el Ministerio Fiscal en su largo escrito de conclusiones, primero provisionales y luego definitivas, cita hasta cinco tipos de irregularidades, y los califica luego tan sólo como cuatro delitos de estafa (esta explicación la había dado, a mi Juicio, con claridad, el Ministerio Público en el transcurso de la mañana). Pero —continúa el señor Gil Robles— con todo es absolutamente imposible sostener la existencia de tales irregularidades que, aunque formalmente y a los solos efectos administrativos bordearon la Ley, no incurrían en ningún tipo delictivo de los previstos y penados en nuestro Código Penal.

Así ocurría con los llamados contratos en firme. Cuando el exportador quiere vender un producto, la legislación, vigente hasta 1969, le exigía que se dirigiera al importador y que éste le firmara un contrato en firme. Lo cual era dificilísimo de lograr porque es a partir de ese momento, con el importador que ya se encuentra atado, cuando el exportador empieza la larga carrera de éste, que ya desde la, obtención del crédito para financiar el producto que v» a construir, la construcción de éste, obtención del seguro y la salida de España y so puesta a disposición de aquel que hacía ya mucho tiempo había firmado el contrato en firme. Así —dice— es muy difícil vender en el extranjero, sobre todo si se tiene en cuenta que España es probablemente, el único país que respeta las normas internacionales de ventas a plazos, por lo que está en inferioridad de condiciones respecto de otros países, muy señaladamente Japón, que en lugar de los cinco años internacionalmente admitidos, llega a conceder plazos de hasta ocho. Por eso, el concepto de contrato en firme, es un concepto que no responde a la literalidad de las palabras. Para el señor Gil Robles, jurídicamente, se trata de un contrato imposible. al que solo se le puede hacer posible mediante la inserción de unas denominadas cláusulas acordes con la realidad, pero Disconformes con la letra, bien que no con el espíritu, de la Ley. En otras palabras: el contrato o pedido en firme lo único que no puede ser es un contrato, porque en él. por el proceso mismo de su formación, falta el elemental equilibrio de las prestaciones, lo cual de consuno rechaza el Derecho, cada día más proclive en el campa del Derecho Mercantil Internacional a la admisión de la «cláusula rebus síc stantibus». Un contrato de imposible cumplimiento.

Pero,- además, un contrato que con estas características últimamente señaladas, era conocido, tolerado y admitido por las autoridades. Así lo testimonió el señor Benzo que en el sumario dijo que la Compañía.

de Seguros de Crédito y Caución llegó a exigir no sólo la presentación de los contratos en firme suscrito entre Matesa y sus filiales, sino también los que se llamaron contratos «finales» establecidos entre las filiales y el destinatario último de la operación. Otro tanto puede deducirse del informe obrante al folio 1.401, de los interventores nombrados por el Estado.

La interpretación racional, pues, de las exigencias legales lleva necesariamente a la conclusión de que falta el requisito indispensable para la estafa, cual es el engaño por parte de1 presunto delincuente.

Y lo mismo cabe decir respecto de las provisiones "de fondos para pago de letras que hacía Matesa mediante el sistema de la evasión de capital. Si las letras de cambio que, debidamente aceptadas, debían servir de base para la concesión de créditos, tenían un plazo máximo de cinco años y la competencia ofrecía hasta ocho años para el pago, de alguna manera Matesa tenía que renovar aquellas letras y facilitar al comprador un plazo similar. De ahí esas cláusulas-o cartas adicionales que desvirtuaban el primitivo sentido literal del compromiso cambiario.

Se extiende en consideraciones en orden a la extensión y naturaleza de la red comercial mundial establecida por Matesa. Muy especialmente al depósito que American Iwer estableció en Charleston. Que era mucho más que un mere lugar de acopio y de «stock». AI establecer la legislación americana un gravamen suplementario del 14 por 100 sobre toda mercancía que se comprara directamente de un exportador extranjero, hubo necesidad de crear una empresa americana —American Iwer— que no estuviera sujeta a este gravamen. Empresa que no sólo recibía los telares de Matesa, sino que los montaba, los perfeccionaba, adaptándolos al gusto de los compradores americanos y, sobre todo, garantizaba una asistencia técnica que era absolutamente imprescindible si de verdad se quería continuar por el camino de la expansión comercial española en los mercados extranjeros.

Combate el punto de la falsedad de los conocimientos de embarque. Se extiende sobre la naturaleza de este tipo de_ documente, sus diversas clases, y hace hincapié en el llamado conocimiento de embarque «corrido», que permite que el buque que transporte la mercancía toque en muy distintos y diversos puertos.

Por último, también alude a la inconsistencia de la acusación, referente a que ha existido una defraudación del Estado por mayor percepción de cantidades en orden a la desgravación fiscal. Sabido es que el Gobierno, para fomentar la exportación, devuelve, una vez hechas estas al exportador, parte de los gravámenes interiores establecidos sobre los productos exportados. Pero el problema se presenta, sobre todo, en la determinación del precio real o coste real del producto sobre el que debe operar la desgravación. Para la defensa en aquel precio o coste, debe considerarse incluid» no sólo le parte correspondiente a lo invertido en investigación, sino también, y por expresa y explícita aplicación de lo dispuesto en la normativa vigente la parte correspondiente a ta creación de redes comerciales en el extranjero.

Fue en este instante cuando se suspendió en la noche del 38, por segunda vez, la vista, para que el señor Gil Robles se pudiera tomar un nuevo descanso.

EN POCAS LÍNEAS PERPLEJIDAD

Hoy más que motivos para quedarse perplejos ante las sorprendentes cosas que suceden en España. La confusión política es el pan nuestro de cada día, pero no sola en la mente de los ciudadanos que desean vivir en pos —desde luego mayoritaríos—, sino incluso en los que intentan transgredir las leyes y provocar conflictos.

Al tiempo ente de moda proclamarse socialista y presumir de izquierdista, porque ahora existe una grey de españoles que han descubierto el marxismo como panacea universal y como consecuencia del vecino lusitanismo, sin haberse enterado de que aquel socialismo murió y no resucitó nunca más en ningún país de Europa.

Paralelamente abundan ciertos «politicos» que o no saben o no se dan cuenta de que una cosa es ir hacia la democracia y la libertad auténticas y otra hacia la revolución y la anarquía totales. Fraga Iríbarne dijo bien, antes de tomar el avión para Londres, que «por todas partes vemos leyes que no se cumplen, unciones sociales que actúan al revés, instituciones vacías de contenido que sólo quedan como apariciones engañosas y, al final, lo inevitable: aumento de la delincuencia, florecimiento del terrorismo, destrucción de la familia y de la escuela, etcétera"». Habría que añadir que la perplejidad se acentúa más cada día cuando se presencian ciertos actos públicos, se leen ciertas declaraciones, se escuchan ciertos discursos, y no sólo por los que dicen estar en la oposición, sino por algunos que están en el Poder, aunque no lo parezca.—ARGOS.

GIL ROBLES TERMINA SU INFORME

Como decíamos en nuestra «Ultima hora» de anoche, se reanudó el juicio oral cerca de las diez, y el letrado señor Gil Robles pasó a analizar cada uno de loe elementos que configuran los delitos de que se acusa a don Juan Vilá Reyes.

Base fundamental del delito de estafa es el engaño. Que no existe, porque todas las operaciones de Matesa fueron conocidas por el Banco de Crédito Industrial, por la compañía aseguradora, por el Instituto de Moneda, por altos funcionarios y hasta por ministros. Aduce en su apoyo varios folios del escrito de conclusiones provisionales del fiscal. La circunstancia de que en algunos casos las solicitudes de creditos no se correspondieran a operacioneS individualizadas no supone la existencia del engaño.

Tampoco existe el elemento propio de la estafa. del lucro, en beneficio del délincuente o de otro. Cree que en su exposición de hechos ya ha dejado sobradamente claro como el señor Vilá Reyes en lugar de huir al extranjero prefirió ponerse a disposición de la Justicia.

Tampoco existe el requisito del daño a tercero. Las pérdidas sufridas no son imputables al señor Vilá Reyes. De los datos traídos a la causa se deduce que si a través de la incautación por el Estado se hubiese entrado una liquidación prudente su activo hubiese permitido cubrir su pasivo, tanto el exigible como el no exigible.

Pero, entonces, surge una pregunta en todas las gargantas: ¿se ha perdido o no el dinero? Y si no se ha perdido, ¿dónde está? Responde el letrado: «Pues, sí; se han perdido muchos millones. Pero el responsable no es el señor Vilá Reyes, sino el Estado.»

DOS CAMINOS A ELEGIR

En efecto, en el ánimo del público está la idea de que «1 señor Vilá Reyes ha repartido con altas personalidades del régimen español las miles de pesetas obtenidas. Estas y otras suposiciones se hace la gente, pero la pérdida ha sido debida a que no se adoptaron las medidas rnecesarias para salvar a la empresa. Había dos caminos a elegir, el de la incautación o el del escándalo. El primero patrocinado por los ex ministros de Hacienda y de Comercio y el ex gobernador del Banco de España. También el administrador judicial delegado de Matesa afirmó que el elegir ese camino hubiese permitido no perder un céntimo y devolver a Matesa todo lo que debía. Incluso estuvo preparado un decreto para llevar a la práctica tal solución, Pero por motivos de naturaleza política se eligió el camino del escándalo. Se abandono, pues, un camino económico y jurídico previsto en nuestra legislacion y que era susceptible de salvar a Matesa. El camino que se eligió ha producido resoltados catastróficos, pero esta responsabilidad no se puede cargar sobre los hombros del señor Vila Reyes, sino exclusivamente sobre el Estado.»

Después continuó la politización del asunto, al encargar, por acuerdo del Gobierno, su estudio a nna Comisión de las Cortes. La campaña de descrédito y de difamación para el señor Vilá Reyes no cesó un solo momento. Ello ocasionó la perdida total del prestigio de Matesa y del telar Iwer en el extranjero.

El cierre automático de los créditos y la imposibilidad total de descontar su papel. En estas condiciones no existe una sola empresa que pueda sobrevivir. Se produjo también la paralización de la empresa y la imposibilidad de cumplir los contratos de suministro que había concertado y, de prestar la asistencia técnica debida, dando pretexto o sirviendo de invitación a todos sus deudores, para que no pagasen a Matesa. Por otra parte, en la labor de llevar a cabo la recuperación de activos, se ha incurrido en fallos por parte de la Comisión Liquidadora de Créditos Oficiales a la Exportación, no ejecutando letras de compradores de Matesa

El señor Gil Robles se refirió seguidamente a la Compañía Española de Seguros de Credito y Caución, que tiene el monopolio del seguro de crédito a la exportación, habiendo cobrado una prima de cerca de 600 millones de pesetas,, sin pagar ninguno de los siniestros, después de haber aceptado asegurar las operaciones de Matesa, cuestionándose sobre si se había realizado o no debidamente el reaseguro o retrocesión a través de otra entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros, y destacando que no había podido efectuar ninguna retrocesión de excedentes de riesgos en instituciones extranjeras. Todo esto demuestra que nuestra legislación en la materia era imperfecta al no funcionar debidamente los organismos estatales en los que descansaba el sistema de financiación a. las exportaciones, por lo que la culpa debe recaer sobre el Estado y no sobre el señor Vilá Reyes.

Aludió asimismo a que entre te Comisión Liquidadora de Créditos a la Exportación y la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución se habían entablado 22 juicios, situación que calificó de escandalosa, puesto que obliga a cuantiosísimos gastos injustificados por tratarse de un organismo publico litigando contra una entidad paraestatal, Crédito y Caución, puesto que en ella tiene una participación mayoritaria el Estado a través del Banco Exterior de España y del Consorcio de Compensación de Seguros.

El presidente llamó la atención a la. defensa por entrar en materias que no son objeto del proceso.

UNIDAD DE PROPOSITO

Continúa el letrado diciendo que al no admitir la existencia del engaño, ni de los restantes requisitos de la estafa, no podía haber tal delito en ninguna forma, ni ton siquiera en la forma dé delito continuado. Sólo a efectos dialécticos, refuté la tesis del Ministerio Fiscal, de que existían varios delitos de estafa, con concurso de delitos, puesto que toda la actuación de Matesa fue precedida por una unidad de propósito, no apareciendo nunca el elemento de la discriminación de actuaciones base del concurso de delitos.

Negó el señor Gil Robles la comisión de los 417 delitos de falsedad del documento mercantil, que imputa el fiscal al señor Vilá Reyes, estableciendo una distinción entre lo que era documento falso, documento simulado y documento disimulado, y que sólo podía haber falsedad en el caso de que se produjesen modificaciones do carácter material que alterasen el contrato en sus elementos esenciales, y que en ninguno de los documentos de Matesa se han introducido modificaciones de esa naturaleza.

Por lo que se refiere a los conejos, manifestó que no habían sido probados ni uno sólo de los hechos constitutivos de estos delitos.

Terminó sus palabras manifestando que había llevado la defensa del señor Vila Reyes hasta los últimos límites de su resistencia intelectual y moral, y con palabras emocionadas se refirió a. que la que se dictara no sería una sentencia definitiva, porque existían elementos probatorios que no habían sido llevados al sumario, lo cual, con independencia del recurso de casación, posibilitaría, en su día, el recurso de revisión. Terminó diciendo que, por encima de las formalidades procesales, hay una Justicia que está por encima de la humana, y que sobre esta sentencia habrá otra que nos alcanzará a todos, que tendremos que dar cuenta de nuestros actos algún día ante el Juez de vivos y muertos. En esta Justicia siempre la balanza caerá del lado de la misericordia.

INTERVIENE FERRER SAMA

A continuación, y en un informe mucho más técnico y reducido, tomó la palabra el letrado defensor de don Fernando Vilá Reyes, doctor Ferrer Sama. Necesariamente condicionado en su sistemática por lo que acaba de pronunciar el señor Gil Robles, y ello para evitar reiteraciones, y, sobre todo, porque siendo un defensor de una persona tachada de cómplice; es decir, de cooperador accesorio, si no hay autoría no puede haber complicidad. En la primera parto de su informe se refiere a la inexistencia de los delitos de que se acusa a don Juan Vilá Reyes, y específicamente dice que, como quiera que con respecto a don Fernando Vilá la imputación por presunta falsedad como cómplice en los mismos está amparada por el decreto de indulto, de todos conocido, sólo puede ocuparse de ese punto de manera muy superficial.

No así en lo que se refiere a la complicidad en la presunta estafa, y es aquí donde el doctor Ferrer Sama alcanza su gran altura y brillantez jurídica, propias dé su realizada competencia profesional. Sus constantes referencias a la Doctrina española y extranjera, sos análisis detenidos en orden a las tesis de la acusación sobre el concurso real de delito, son realmente piezas maestras dé la oratoria forense.

Dentro de la tipología de la estafa, siempre pon carácter subsidiario, también se rebate la tesis acusatoria en cuanto a la tipificación en el número uno del artículo 529 del Código Penal, porque los hechos de que se viene tratando mejor cabrían en el supuesto que contempla el 532 del mismo Cuerpo legal..

Pero el señor Ferrer Sama va más lejos y centra su informe en la demostración de la inexistencia de acto alguno imputable a don Fernanda Vilá Reyes, examinando que tanto en la coautoría (número tercero del artículo 14 del Código Penal) como en la complicidad (artículo 16) es necesaria la existencia de actos concretos en los que se deba asentar la acusación de cooperación al delito invocándose, a tal efecto, el artículo primero del texto punitivo fundamental.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES

Analiza minuciosamente las actividades y funciones de su defendido con relación a Matesa y a su filial American Iwer, y encuentra que en ninguna parte existen esos actos concretos. Subraya que él Ministerio Fiscal acusa a su patrocinado de cooperación. Pero con la cooperación no basta: hay que concretarla en actos anteriores o simultáneos al hacer delictivo del culpable; hay que establecer las acciones u omisiones voluntarias penadas por la ley. Y Fernando Vilá Reyes, accionista muy minoritario de Matesa, estuvo muy poco tiempo en España y siempre se le menciona de modo tangencial en los hechos sumariales.

¿Cómo cooperó, entonces? De ninguna manera. Recogiendo las últimas palabras del anterior defensor afirma que si don Juan Vilá Reyes pudo marchar al extranjero y no lo hizo, Fernando Vilá Reyes dio un paso más, porque al surgir el escándalo estaba fuera de España, pudo quedarse allí, y, sin embargo, vino a nuestro país para contribuir con su presencia a deshacer los perniciosos efectos de las graves acusaciones que sobre él y su familia se cernían.

Con un llamamiento a la conciencia de la Sala y a su grave responsabilidad, llegado el momento de dictar sentencia, termina su informe pasadas la una y media de la tarde.—José María RUIZ GALLARDON.

 

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