Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
 Audiencia pública. 
 El caso Matesa quedó en la mañana de ayer "visto para sentencia"  :   
 En la última sesión expusieron sus informes tres letrados defensores. 
 ABC.    01/05/1975.  Página: 13-14. Páginas: 2. Párrafos: 33. 

EL CASO MATESA QUEDO EN LA MAÑANA DE AYER «VISTO PARA SENTENCIA»

En la última sesión expusieron sus informes tres letrados defensores

Faltaba un minuto para las dos de la El señor Salcedo, presidente de la Sección Séptima d« la Audiencia

Provincia] de Madrid pronunció las palabras de ritual:

—Don Juan Vilá Reyes, ¿tiene usted algo que añadir en su defensa a lo dicho por su letrado?

Uno tras otro fueron contestando negativamente los procesados, y, a las dos en punto de la tarde, se levanta la sesión con un presidencial y rotundo: «el juicio oral ha terminado. Visto para sentencia.

Despejen». Así acababan las sesiones públicas que comenzaron el día 8 del corriente mes de abril.

El .inicio oral de Matesa ha terminado. Ahora sólo queda esperar que Dios ilumine a los señores magistrados y que éstos dicten la sentencia que, de antemano, anunciamos será justa.

UNOS INFORMES BRILLANTES

No pude acudir el martes, obligado por otros deberes, a las sesiones del juicio oral. Pero algunos compañeros, que siguen, día a dia su desarrollo, me hablaron ya por la noche mismo de la precisión y elegancia de concento de don José Antonio García Trevijano —y no Antonio como, por error, se dijo ayer—, defensor del señor Alonso Calleja; de su profundo análisis sobre la condición de funcionario público que, para la existencia del tipo delictivo del cohecho, se exige; de las escasas posibilidades que tuvo el señor Alonso Calleja, a lo largo de sus informes, en orden a modificar los criterios que regían en el Comité del Banco de Crédito Industrial para la concesión de préstamos a Matesa y, sobre todo, de cómo desmenuzó toda la prueba adversa, demostrando ante el Tribunal la realidad de toda una existencia de un profesional noble y limpio de mancha, cumplidor de su deber, y al que no puede, en modo alguno, ni en Derecho ni en equidad, acusársele de haber sido cohechado.

Antes había informado en su turno don Diego Mosquete. Su larga experiencia en el campo del Derecho Penal —el que esto firma fue, hace mas de 30 años, alumno suyo, cuando aquél era ayudante del inolvidable don Eugenio Coello Calón— se puso de manifiesto en su alegato. Sabemos de la profundidad de su análisis, de la precisión de su concepto y de lo incisivo de sus argumentos, que eran comentados por oíros compañeros, profesionales como él en las tareas de la defensa, en los pasillos de la Audiencia con el debido elogio a su brillante trabajo.

Pero, sobre todo, se me habló mucho del informe de don Felipe Ruiz de Velasco, admirable y apasionado abogado, probablemente uno de los hombres más preparados para el ejercicio forense de cuantos he conocido. Sin duda, no era ajena a esa circunstancia la consideración que movió al procesado señor Pellicer, también abogado, cuando le eligió como defensor. Felipe Ruiz de Velasco es un hombre de verbo fácil y arrollador; de argumento contundente, cuyo decir jamás roza ana silaba, y no se pierde en una disquisición y que es capaz, como lo fue en la noche del martes, de hacer la más brillante de tas piezas oratorias. No le preocupaba la pena que se pedía a su defendido: tres años de suspensión y una multa ridicula a imponer a un hombre ya jubilado. Pero le abrumaba la responsabilidad de defender la hombría de bien y el honor profesional de un compañero en el ejercicio de las tareas de la Abogacía, pues desde el año 1947 y, con Independencia de) trabajo que también desarrollaba como secretario del Banco de Crédito Industrial, vestía la toga con frecuencia,

Por eso su esmero fue grande y su éxito mucho. Analizó, punto por punto, cuáles eran las funciones propias del abogado Pellicer y sus funciones de secretario del Banco. Estudió, minuciosamente, los Estatutos de la entidad crediticia; mostró que no era función de SIL defendido la preparación de tos expedientes o su información en orden a la concesión de créditos. Por eso. dudó, con todo fundamento, de que pudiera montarse una acusación de cohecho sobre un hombre de honorabilidad tan probada en tantas otras ocasiones, como la del señor Pellicer. ¿Que a través de otro abogado de Barcelona, y por otros asuntos profesionales hubiera recibido de Matesa 20.000 pesetas en cuatro ocasiones? ¿No es más cierto, que el propio abogado catalán, señor Balaguer, ha confesado ante la Sala que fue por orden suya por lo que se le hicieron aquellas remesas que. en modo alguno, se relacionaban con pagos por servicios prestados a Matesa?

Por eso, la defensa que el señor Ruiz de Velasco hizo del señor Pellicer fue algo más que la de un simple procesado. Fue poner todo su fuego, toda su noble pasión en la defensa de tantos profesionales que, en los tiempos difíciles que para la Abogacía corren hoy, se ven forzados a completar sus ingresos acudiendo a sistemas de cobro de trabajos profesionales por iguala o teniendo que caer en ese desastroso mal nacional que se conoce bajo el nombre de pluriempleo.

Si algún comentario prevalecía sobre otros, en la mañana de ayer, en los pasillos de la Audiencia, era el del elogio y el agradecimiento de cuantos abogados allí nos encontrábamos, ante el rumor que aún guardaban las paredes de la casa, de las palabras con las que el señor Ruiz de Velasco, al defender al abogado Pellicer. defendía a toda una noble profesión.

LA ULTIMA SESIÓN

A las once menos cuarto de´la mañana comenzó ayer la sesión, con la que se pondría fin a tan largo juicio oral. Muchas veces he ponderado, en estas mismas columnas, la agudeza de ingenio, la profundidad de conocimientos jurídicos, la verdadera universalidad en la extensión de los saberes, que adornan la personalidad del decano señor Gella. Hoy lo ha probado hasta extremos inverosímiles, Don Fausto es ya un hombre de edad, padecía un» ciara afonía que le había hecho preocuparse hasta el extremo, me confesaba, de no haber podido conciliar el sueño la noche anterior por la posible dificultad que esa ligera enfermedad, terror de los abogados, pudiera, suponer para la defensa del señor Leyra. Pero, al igual que el señor Gil Robles, como si se tratara de dos muchachos recién salidos de la Facultad, sacando fuerzas de donde fuere, el caso es que don Fausto Vicente y Gella ha pronunciado ante la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid un informe que, me consto, ha dejado atónitos y agradecidos a cuantos le han escuchado.

UN PUNTO CLAVE

Basó su defensa en un punto clave, cuya sola consideración, a juicio del que esto firma, bastaría para la obtención de la sentencia solicitada por el defensor: al señor Leyra se le acusa de haber recibido como dádiva un talón de 500.000 pesetas librado por don Juan Vilá Reyes. Pues bien, toda la investigación sumarial minuciosamente practicada, sin reserva alguna por razón de secreto bancario, ha puesto de manifiesto que. efectivamente, don Manuel Leyra cobró un talón de 500.000 pesetas. Pero que, el talón que libró don Juan Vilá Reyes llevaba fecha 14 de febrero de 1966, y el talón que cobró eJ señor Leyra fue hecho efectivo el día 11 del mismo mes y año. es decir, tres días antes de emitirse aquél que constituye, en la versión fiscal, la dádiva en la que se integra el cohecho.

Punto este nítido y claro como la luz y que, repito, bastaría para considerar suficientemente acreditada la tesis exculpa-toria. Pero ello no le parecía suficiente a su defensor. Explicó hasta el más mínimo detalle el origen del talón, cómo procedía de un hermano del procesado, cuál era la causa y el fin que al mismo se dio.. Destruyó la prueba que en contra del señor Leyra había pretendido montarse a lo largo del sumario; analizó lo inverosímil —«gaseoso» fue el calificativo empleado por e! señor Gella— del testimonio del señor Torrellas, deshizo, en fin, loa argumentos acusadores.

Pero donde el alcance del informe de don Fausto Vicente y Gella alcanzó verdadera altura .jurídica fue en la magnífica exposición que hizo en orden a las condiciones o requisitos exigidos por la ley para la existencia del delito de cohecho. Distingue, con la mejor doctrina, entre cohecho genuino o propio y cohecho asimilado o impropio. Examina el concepto penal de funcionario, y demuestra cómo su defendido nunca ejerció funciones públicas, ni tampoco manejó fondos de esa naturaleza. «La función pública —dice— empieza allí donde la función laboral deja de ser privada.» Por eso, los funcionarios tienen un fuero propio. Por eso, la función pública es algo más que un trabajo: constituye lo que el vulgo llama una carrera, y en realidad es una familia. Pues bien, los funcionarios, ya que se les quiere llamar así, del Banco de Crédito Industrial no ingresaban en una carrera, no tenían la consideración de funcionarios públicos. El funcionario público de alguna manera siempre «impone». Los funcionarios del Banco sólo «tratan» con cuentes. El Banco de Crédito Industrial, por mucho que se insista en su carácter de Banco nacionalizado, no impone una conducta al administrado sólo trata con sus- clientes.

Al final del informe del señor Gella. tras aludir a la más rigurosa doctrina penalista italiana sobre el particular, fue un espléndido florón de retórica jurídica. Dijo: «Señores magistrados: En un país puede fracasar la política, puede fracasar la Administración, pero lo que no puede fracasar es la Justicia, porque es por ella por la que los pueblos alcanzan su verdadera salud moral. Y aquí, si vosotros hacéis. como haréis, que triunfe la Justicia, acuñaréis la más noble imagen de España.»

EL SUMARIO DE LAS GRANDES MAGNITUDFS

Toma la palabra renglon seguido el letrado don Leopoldo Torres, defensor de don Juan Vindel, Es el último de las que hablan en defensa de los presuntos autores de cohecho, lo que, como dice el abogado, tiene inconvenientes y ventajas. Lo primero, porque se ha dicho y» todo. Lo segundo, porque se encuentra con su defensa prácticamente hecha, y aún multiplicada, por los saberes de quienes le han Precedido en el uso de la palabra y cura Competencia reconoce.

Subraya a continuación que el presenté sumario, que muy bien pudiera ser llamado el «sumario de tas grandes magnitudes» (por el número de miles de millones de pesetas barajado, por la personalidad de los que en él se han visto envueltos, por el número de folios, etc.), es para él un sumario de mínimas proporciones. Porque ¿de qué se acusa al señor Vindel? ¿De algo que él mismo, sin que nadie le forzara a ello, confesó mucho antes de que se iniciara la instrucción sumarial? Percibir durante tres o cuatro años 12,000 pesetas mensuales, como remuneración en trabajos de horas extras prestados a Matesa, no para modificar o alterar nada, no para Agilizar —no era su competencia— expedientes, sino simplemente para facilitar la agilización de esos mismos expedientes, El señor Vindel no tenia ni poderes, ni aun siquiera firma de correspondencia. Era un mero recopilador de documentación. Y Vindel, que se enteró de su procesamiento una mañana leyendo ABC, ha tenido que soportar cinco años de esté largo proceso, como un protagonista más del más importante asunto que, hasta la fecha, se ha visto en una Sala de Justicia española. Cuando en SÍ mismo es asunto más propio de un juicio de faltas en Juzgado Municipal.

Abunda, a continuación, en los argumentos, que reitera, de los letrados que le han precedido en el uso de la palabra. Afirma «rué el concepto de funcionario público del artículo 119-3.º del Código Penal, no admite interpretaciones extensivas; que no hay en las funciones del señor Vindel «aquella apariencia de poder i responsabilidad» que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia d» 8 de noviembre de 1868) exige para que a alguien se le considere funcionario público. Pero, sobre todo, insiste en la ausencia de dolo específico, porque Vindel nunca tuvo conocimiento de la ilicitud del acto que realizaba, ni malicia alguna. Su buena fe ha sido incluso proclamada por quien fuera director del Banco de Crédito Industrial, señor Robatto, quien, al declarar ante la Sala, afirmó: «No recuerdo si le autoricé para que hiciera ese trabajo extra, pero si me hubiera solicitado permiso no se lo hubiera negado.»

Por todas estas razones, solicita la libre absolución de su defendido.

LA DEFENSA DE MATESA

Pasado el mediodía comenzaba otro de los brillantísimo* informes que nos ha sido dado escuchar en esta larga jornada forense. Don Marcial Fernandez Montes, quien, muy a última hora, se hizo cargo de la. defensa de Matesa y de tu Administración judicial, en orden a la responsabilidad civil que le es reclamada a aquélla por el fiscal y el abogado del Estado, comenzó su disertación con un elogio a los compañeros de su despacho, sin loe cuales, dice, él no hubiera podido informar en la mañana de hoy.

Y si defiende a Matesa, lo hace porque entiende que es, son sus palabras, «una célula viva de la nación», la defiende para que perviva como unidad productora, para que no muera en este trance dramático del proceso. Porque Matesa es, ni más ni menos, que una empresa, concepto que merece toda puntualización y todo respeto. Hoy es el soporte vital de un grupo humano en el que trabajan 334 personas y colaboran otras 1.000 más.

Divide su informe en dos partea: la una, de carácter procesal; la otra, en la que examina aspectos sustantivos.

Para mí, donde la sabiduría juridica del señor Fernández Montes ha brillado a más altura ha sido en la primera parte de su informe, porque, al tratar de la responsabilidad civil que se quiere hacer caer sobre Matesa, el letrado defensor hila muy fino.

Se pregunta, ¿quién demanda a Matesa? ¥ responde: el fiscal y el abogado del Estado. Pero, añade a continuación, esta demanda se hace en concepto de responsabilidad jurídica, lo cual supone, a todos los efectos —y son trascendentales—, la existencia de un pleito civil dentro de un proceso penal. Es un pleito civil eu el que los actores quieren percibir la más alta cantidad pensable. Pero en el que no existen los trámites normales que las leyes de enjuiciar señalan para este tipo de procesos en el ordenamiento común: no hay demanda, contestación, réplica, súplica, prueba, conclusiones, etc... Y, sin embargo, la naturaleza de la acción civil (son palabras del actual presidente del Tribunal Supremo, don Valentín Silva Melero) es preciso fijarla con toda atención: «El problema de reparación es cuestión de carácter civil, exclusiva del Derecho de este tipo» y cita como opinión de «iure condendo» que «la acción civil en el proceso penal sólo debe ser ejercitada por el particular agraviado, debiendo abstenerse en la mayoría de los casos de hacerlo el Ministerio Público. Los nombres de otros tratadistas, los señores Saiz Jiménez, Gómez Orbaneja y Fenech la relación de sentencias de nuestro más Alto Tribunal —entre otras, las de 16 de marzo de 1951 y 21 de abril de 1957— exigen que, para la pertinencia de la acción civil en el proceso penal, se dé cumplimiento al requisito de la «rogación». Esto es que se pida oportuna y expresamente, y por los titulares perjudicados.

Todo ello comporta una serie de requisitos de carácter procesal, tanto de legitimación activa como pasiva, y al tiempo de momentos procesales oportunos para su ejercicio.

Pues bien, la acción de responsabilidad civil para el señor Fernández Montes se ha ejercitado inoportunamente, en período de conclusiones —en un caso provisionales, y en. otro definitivas— y, además, se fundamenta en nuestros textos jurídico».

NO HUBO UN TITULO LUCRATIVO

Cita, al efecto, lo que constituye a mi juicio el principal pivote de su defensa: cuando el articulo 108 del Código Penal admite la petición de responsabilidad civil, se refiere siempre a título lucrativo por haber participado el responsable en los efectos del delito. Y sostiene que en el caso de Matesa no hubo nunca un título lucrativo. Con base a una. sentencia dé 28 de noviembre de 1945, examina el concepto de titulo lucrativo como opuesto a título oneroso, siendo aquel el titulo en cuya virtud se reciban bienes «a exclusiva ventaja». El efecto traslativo del título lucrativa se agota en la recepción misma de bienes, sin contraprestación alguna, sin engendrar obligación de ningún tipo de devolver. No es, pues, dice el letrado, bastante con que haya una ganancia, tiene que ser una ganancia sin contraprestación.

Por eso critica las tesis del abogado del Estado y del fiscal, porque olvidan —dice— la diferencia existente entre enriquecimiento y título lucrativo. Y si el dinero se entregaba a titulo de préstamo por el Banco de Crédito Industrial, ese título, el préstamo, supone el nacimiento de ana correlativa obligación de devolver, lo qne hace que desaparezca la aplicabilidad de los preceptos que mencionados quedan.

Tampoco cabe hablar aquí de la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 22 del Código Penal. Ya una sentencia de 25 de noviembre de 1968 fundamenta esa responsabilidad subsidiaria en la «exigibilidad a terceros que requiere la previa existencia de una declaración provisoria de responsabilidad civil, que ha de hacerse en fase sumarial y en pieza separada. Declaración provisoria que, en todo caso, ha de ser motivada». Así lo establece, correlativamente, el artículo 616 de nuestra ley de Enjuiciamiento criminal.

Con eso se está pretendiendo, dice el señor Fernández Montes, hacer equivalente este tipo de responsabilidad a la determinación exigida en el Derecho civil de la «causa petendi». Pues bien, no cabe sostener que en el presente proceso, pese a su volumen, se haya ejercitado, con los debidos requisitos de tiempo y forma, esa acción. Por ello, la sentencia que en su día se dicte podrá reservar las acciones que sean y a quienes les correspondan. Pero no podrá condenar, por los títulos que piden fiscal y abogado del Estado, subsidiariamente, a Matesa, ni en base del artículo 108, ni en función de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Penal. Pero es que hay más; es que hoy ya no se puede decir que el Banco de Crédito Industrial haya sido perjudicado. En virtud de una ley de 1971 y del decreto de 20 de enero de 1972, existe una «Comisión liquidadora de Créditos a la Exportación» que sería la única legitimada para percibir el daño sufrido. Y nadie ha actuado aquí en nombre de esa Comisión liquidadora. Por eso —añade— no puede en modo alguno condenarse a favor de quien ya no ostenta la titularidad del derecho a reclamar.

OCHO DETRACCIONES

Tí para el improbable supuesto —dice— de que esta tesis no fuere admitida, siempre se tropezará con la dificultad de que el quantum de la reclamación ni está determinado ni se puede determinar. Porque la reclamación total de 9.500 millones de pesetas, que se hace por las acusaciones, ha de sufrir, por lo menos, ocho detracciones: 1. El importe que para usos propios de parte del dinero hiciera para sí den Juan Vila Reyes.2. Los límites propios impuestos por el artículo 108. 3. Las cantidades que ya fueron reembolsadas al Banco de Crédito Industrial 4. Las letras de cambio que, con posterioridad, el propio Banco haya podido cobrar. 5. Las cantidades que también haya percibido en virtud de convenios de transacción. 6. El posible resultado favorable de los 22 pleitos que actualmente sigue contra la Compañía

Española de Seguros de Crédito y Caución, la antes citada Comisión liquidadora. 7. Los Intereses anticipados por préstamos no recibidos; y 8. El importe de aquellos préstamos que, por no haber vencido en la fecha actual, no deba-n ser reembolsados.

Por todo ello, termina esta su primera fase del informe, con otra cita Jurisprudencial (dictada en un asunto

en el que intervino el propio letrado defensor) de 5 de julio de 1873, y según la cual el Tribunal Supremo, minucioso siempre en esta materia de responsabilidad civil, al absolver a unos procesados y al" condenar a otros, no carga toda la responsabilidad sobre los condenados, sino que reserva para ulterior juicio de otra naturaleza la determinación de lo que, en este concepto, corresponda pagar a cada uno.

Y dedica dos palabras para agradecer al fiscal la alusión que, en su escrito de conclusiones definitivas, hace a la Compañía de Segaros de Crédito y Caución. El fiscal pide que reintegre la Compañía el importe total de lo que percibió en concepto de primas. ¿Cómo, se pregunta el letrado, es posible esta condena, en todo caso deducible de la que se quiere hacer extensiva a Matesa, si Crédito y Caución no es parte «su este proceso?

SOLICITA LA ABSOLUCIÓN

La segunda y última parte del informe del letrado de la Administración Judicial de Matesa es resumen o recopilación de lo que, en su día, dijeron cuantos letrados analizaron la inexistencia de delito. Si no hay delito no hay responsabilidad civil. Y abundando en los argumentos expresados por sus compañeros, perfila algunos conceptos y termina suplicando, con frases elocuentes y brillantes, se dicte la sentencia absolutoria que la Justicia y la normativa legal exigen.

Al terminar el juicio, sólo queda, como decíamos al principio de esta crónica, esperar una; sentencia que, sin duda, será objeto de comentario en estas propias páginas. Y llegado el momento de despedirme, pido perdón a cuantas personas, involuntariamente siempre, y más debido a mis deficiencias que a otra cosa, hubiera podido ofender o molestar en lo que he pretendido sea una crónica fiel, aunque resumida, del ya famoso proceso Matesa.— José María RUIZ GALLARDON.

 

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