Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Matesa: comentarios a la sentencia (I)     
 
 ABC.    14/05/1975.  Página: 13-14. Páginas: 2. Párrafos: 28. 

AUDIENCIA PUBLICA

MATESA: COMENTARIOS A LA SENTENCIA

Voy a tratar de explicar a los lectores algunas de las peculiaridades de la sentencia dictada en el proceso seguido contra don Juan Vilá Reyes y demás encartados en el asunto Matesa, cuya parte dispositiva o fallo dimos a conocer en anteriores ediciones.

Quiero dejar ante todo muy claro que estos últimos artículos sólo tienen función explicativa ateniéndome en un todo a las exposiciones y argumentos que se dan, explícita o implícitamente, en el propio texto de la resolución que, por ser susceptibles de recurso, aún no es firme. No voy a criticarla, ni a elogiarla. Mi tarea tratará de limitarse´ a intentar responder a las preguntas que el común de los lectores no versados en Derecho puedan hacerse ante la noticia escueta del fallo condenatorio.

Toda sentencia penal es, en su más esquemática esencia, comparable a un silogismo. En la premisa primera se establece por el Tribunal la narración de unos hechos que, a la vista de la prueba practicada al Tribunal sentenciador, considera acreditados. Es lo que en la práctica forense se conoce con el nombre de «resultando de hechos probados» de gran importancia porque de su adecuada redacción dependen en gran parte las posibilidades que luego existan en orden al recurso de casación según explicaremos.

La segunda premisa es de índole típicamente legal. Se citan los preceptos punitivos que se consideran aplicables al caso, se examinan los requisitos que la Ley exige para la existencia del delito y los juzgadores realizan la función de «subsumir» en los supuestos de hecho previstos en la norma, los hechos que han declarado probados.

Tras ello viene el fallo, que es la conclusión del silogismo: si los hechos son constitutivos, reúnen todas y cada una de las características, de los delitos previstos en la Ley, se han de aplicar las penas señaladas en ella. En otro caso, se absuelve a los procesados.

La sentencia dictada por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 7 de mayo, tiene 104 páginas. Son sus autores los ilustrísimos señores don José María Salcedo Ortega, don José Arnal Fiestas y don Luis Hernández Santonja. Ponente este último.

Tratar de resumir en las columnas de un periódico una. resolución judicial de esta entidad, me parece dificilísimo, y hasta diría que improcedente, cuando, contra la misma, caben los recursos de casación —y aun de revisión— que la Ley autoriza y los letrados defensores, públicamente, han manifestado su intención de preparar e interponer el primero de aquéllos, y en su doble vertiente de recurso de casación, por infracción de Ley y recurso de casación por quebrantamiento de alguna de las formalidades esenciales del juicio. No hay que destacar tampoco la posibilidad de que los partes acusadoras, el fiscal y el abogado del Estado, recurran contra la sentencia, pues algunas de sus peticiones, contenidas en sus respectivos escritos de conclusiones definitivas, han sido desestimadas.

Pero sí creo de interés para el lector, como queda dicho, explicar alguno de los pormenores más salientes de la resolución que comento, porque, suponiéndole quizá versado en Derecho, es posible que con la sola lectura del fallo se escape de su exacta comprensión.

1. ¿Por qué dos delitos de estafa y no cuatro?

El lector que haya seguido los crónicas judiciales aparecidas en la Prensa a lo largo de los días de celebración del juicio oral recordará que el fiscal y el abogado del Estado entendían que los hechos imputados a don Juan Vilá Reyes, en concepto d« autor, y a don Fernando Vilá Reyes, don Luis Banquells Coll y don Antonio Trius Pascual, en el de cómplices, eran constitutivos de cuatro delitos de estafa.

Para la representación del Ministerio Público, a cuyas conclusiones en este punto se adhirió el abogado del Estado, existían esas cuatro figuras delictivas, porque por cuatro procedimientos distintos se había indebidamente lucrado el autor con la complicidad de otros tres encartados, mediando el engaño en las cuatro ocasiones o circunstancias siguientes:

1." En las defraudaciones cometidas en la obtención de los llamados créditos C-l, de posfinanciación pura, con pedidos en firme. Estos créditos tienen por finalidad la movilización de la parte aplazada del precio de la maquinaria vendida en los mercados exteriores y en la mecánica de su concesión estaban sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos que, con ánimo de lucro y con engaño, habían sido transgredidos por los procesados en su respectiva acción participativa. Así, estos créditos exigían la presentación oficial del contrato o pedido en firme suscrito por el importador, con expresión de su filiación, objeto cierto del contrato y precio real convenido; forma y plazos para el pago; conocimiento de embarque o carta de Porte; cesión a;l Banco de las letras de cambio representativas de la parte aplazada de la operación financiada en comisión de cobro y como garantía pignoraticia y póliza de seguro.

La sentencia declara probado que los responsables, con unidad de propósito, han cometido entre otras las siguientes anomalías: presentación de contratos, aparentemente de venta en firme, a compradores extranjeros, en los que el acto traslativo de la maquinaria vendida no existía realmente, o en los que las transmisiones de propiedad estaba sometida a condiciones de tal trascendencia que las compraventas no tenían el carácter de contratos perfectos.

En otros casos las letras de cambio, representativas de la parte aplazada de la maquinaria exportada, Matesa entregaba al Banco letras aceptadas —en contra de lo dispuesto en las normas reguladoras— con pleno conocimiento de que no existía entre el librador y el librado una verdadera relación cambiaría derivada de válidos contratos de compraventa subyacentes, sino que tales efectos representaban, tan sólo, un imaginario precio que era necesario para que Matesa obtuviera la financiación consiguiente, simulación que hacía necesario que Matesa comunicara oportunamente a los aceptantes que las letras no respondían a una operación rea!.

Asimismo los conocimientos de embarque que desde el mes de enero de 1987 a julio de 1968 se confeccionaban en el Departamento de Exportaciones de Matesa eran ilegítimos, sustituyéndose en ellos algunos datos esenciales que figuraban en los conocimientos verdaderos, por otros que alteraban su contenido, etc.. etc.

Hay, pues, según el fiscal, en todos estos contratos del mismo tipo o género C-l, un primer delito de estafa.

2.´ En las defraudaciones llevadas a cabo en la obtención de créditos C-4 que se refieren a la modalidad de prefinanciación clásica, se cometió un segundo delito de estafa, según el fiscal. La legislación referente a este segundo tipo de créditos a la exportación tendía a facilitar necesidades de fabricación de maquinaria en base d« pedidos en firme, y que en muchos casos se extendían a su posterior conversión en posfinanciación.

En estos contratos también Matesa cometió irregularidades que se consideran delictivas. Así, la presentación de contratos de venta concertados con su filial distribuidora American Iwer Corporation, que fueron aceptados por el Banco en base a la solicitud de Matesa, fundada ésta en ranzones de beneficios fiscales que aspiraba a obtener en la zona de su jurisdicción, alegando que la empresa norteamericana. a su vez, tenía vendida la maquinaria a otros compradores, de los que presentaba asimismo los correspondientes contratos, lo que no resultó cierto, al encontrarse en SÉ mayoría los telares objeto de estos contratos en depósitos o «stock» situados en el extranjero. En otras ocasiones, para obtener la financiación y ocultando su personalidad, Matesa presentaba contratos de venta concertados con sus propias filiales en el extranjero, lo que, según la sentencia, implicaba un total riesgo en los reintegros de las cantidades prestadas, al carecer estas entidades, aparentemente compradoras. d« base real y patrimonio económico, y. finalmente, Matesa. para conseguir mavores cantidades de financiación, presentaba al Banco contratos en los que se fijaba a los telares un precio de venta superior al realmente concertado, o en los que se hacía figurar mayor número de máquinas a las realmente vendidas. Había, según el fiscal, una segunda estafa en el uso engañoso de este tipo de créditos C-4.

3. En la defraudación cometida por Matesa en la obtención de los créditos denominados C-3, concedidos para la constitución de «stocks» y de capital circulante, sin pedido en firme, existía, siempre según el Ministerio Público, un tercer delito de estafa. El fundamento para la concesión de créditos C-3 la constituía las exportaciones realizadas en el año anterior. En estos casos, Matesa daba como cifras de exportación cantidades irreales y obtenía por este procedimiento mayores sumas de dinero.

4.´ Por último, el Ministerio Público veía un cuarto delito de estafa en las cantidades que Matesa ha defraudado al erario público a través de la llamada desgravación fiscal, que, como se sabe, consiste en la devolución que la Hacienda española hace a| exportador de los impuestos estatales indirectos, exacciones fiscales, tasas y exacciones parafiscales que han gravado la mercancía exportada durante su fabricación y comercialización.

Como quiera que las liquidaciones por desgravacion concedidas a Matesa estaban fundadas en contratos viciados que determinaban exportaciones irreales o en las diferencias existentes entre los valores indicados en los contratos y los precios realmente facturados. Matesa ha recibido y se ha lucrado ilegítimamente, según la sentencia, por este concepto, en cantidades que superan los 590 millones de pesetas.

Así, pues, para el fiscal y para el abogado del Estado eran cuatro distintos delitos de estafa. Sin embargo, la setencia sólo considera la existencia de dos únicos delitos, y ello porque entiende que existe un solo delito, pero continuado, constituido por todos los artificios engañosos utilizados por Matesa para obtener financiación a través de concesión de créditos C-l, C-4 y C-3 y, otro distinto, constituido por la obtención de las devoluciones que ñor desgravación fiscal se hicieron a Matesa.

La sentencia razona en sus considerandos esta simplificación de los delitos, y al respecto dice «ue sólo existe una dualidad de intenciones criminosas: una, la obtención de créditos, y otra, la devolución d« Cantidades por desgravaron fiscal, y que en ambas se dan los requisitos que los artículos 529, en relación con el número 1." fiel artículo 528, ambos del Código Penal, exigen para ]a existencia de] delita de estafa,

2. Pero ¿hubo, según la setencia, realmente estafa?, y en ese caso, ¿cuáles son los requisito? exigidos para estas estafas?

La. sentencia, los señala en el primero de sus considerandos. Son éstos: primero, la actividad engañosa desplegada por el agente con ánimo de lucro injusto, pro-pío o ajeno, determinante de un error en el sujeto pasivo, que le induce a realizar un acto de disposición patrimonial que le origina un perjuicio económico, y ello mediante cualquiera de los artificios, insidias o maquinaciones que se indican «ad exemplum» en el artículo 529, engaño que ha de reunir las condiciones de ser precedente o coetáneo al acto de desplazamiento patrimonial, y que ha de revestir los caracteres de adecuado y suficiente para inducir a error y mover la voluntad de ¡a víctima a la entrega de la cosa o a la realización de la prestación, que de otro modo no hubiera efectuado. Segundo, constituido por la defraudación, que debe ser efecto y consecuencia del medio engañoso utilizado, «nido en directa relación de casualidad con el elemento engañoso antes dicho. Y tercero, el requisito de marcado carácter subjetivo, representado por el ánimo de lucro injusto que induce a los culpables y que constituye ei dolo específico de la infracción penal.

La sentencia al respecto dice: «Estos elementos concurren en la conducta seguida por los sujetos activos, tanto en las relaciones mantenidas con el Banco de Crédito Industrial como con los organismos administrativos que concedieron la desgravación fiscal, porque cuando con anterioridad a la solicitud de ¡os créditos y a la petición de desgravación, según demuestra la prueba practicada, se simula un capital social inexistente por no haber sido desembolsado, dirigido tan sólo a aumentar la ficticia solvencia de la empresa, y a las peticiones de crédito se acompañan contratos de compraventa viciados por hallarse sujetos a cláusulas adicionales que varían su contenido, se ofrecen letras de cambio qne no responden realmente a negocios subyacentes, se presentan conocimientos de embarañe alterados, se hacen figurar como reales contratos suscritos con aparentes compradores extranjeros, que en el fondo constituyen sociedades pertenecientes a Matesa, en todo o en parte, o en los que figuran como adquirentes sociedades filiales, destinadas a distribuir sus productos, que carecen de patrimonio propio y que en la práctica eran insolventes, o se hacen figurar en las estipulaciones a Jos contratos incorporadas un mayor precio señalado a los telares que el verdadero, o mayor número de maquinas vendidas que las reales para conseguir una indebida y mayor financiación, es notorio qite con estos artificios se aparentan bienes y créditos, se simulan negociaciones imaginarias v con el antopago de los precios aplazados se prevalecen de otro engaño para asegurar el fraude». Todo lo cual, at permanecer oculto, indujo a los dirigentes del Banco de Crédito Industrial a error en la concesión de los préstamos qne se destinaron a finalidades distintas de las legales, en propio beneficio de los encartados, aue en sus diversas facetas enumera la resolución qne comentamos.

Y aunque fueron muchos los actos que en este sentido se llevaron a efecto, la naturaleza de los delitos continuados de estafa que presentan los dos grupos de infracciones penales sancionadas resulta, siempre según la sentencia, indudable al concurrir en los hechos calificados los cinco requisitos que la doctrina y la jurisprudencia requieren para la realidad cíe la continuidad delictiva, y que son:

1. Unidad de propósito desde el punto fle vista subjetivo.

2. Pluralidad de actos con ejecución fraccionada de designio único dosdfi el punto de vista objetivo.

3. Violación de un mismo tipo penal desde el punto de vista jurídico.

4. Identidad del sujeto activo desde el aspecto personal; y

5. Cumplimiento suficiente de las circunstancias de lugar y tiempo.—José María RUIZ GALLARDON.

 

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