Asociaciones, futuro y desarrollo económico     
 
 ABC.    21/02/1971.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC. DOMINGO 21 DE FEBRERO DE 1971.

ASOCIACIONES, FUTURO Y DESARROLLO ECONÓMICO

En contra de lo que ocurrió en el de 1970, de expectativas frustradas, este año de 1971 sí parece que,

efectivamente, ya a ser el año de las asociaciones políticas. Infinidad de voces se han alzado ya en apoyo

de esta fórmula española, que daría cauce a la diversidad de criterios y contrastes en que siempre se han

realizado las democracias: las de antes y las de ahora, con independencia de sus respectivos sistemas. El

tema del asociacionismo está en la calle; pero es necesario, y urgente, el paso hacia su

institucionalización. Que la calle, el pueblo, esté en las asociaciones. Valiéndose de ellas para realizar

todo el potencial de libertad y transparencia que el sistema ofrece.

En el curso de un acto público recientemente celebrado se llegó a afirmar que las asociaciones políticas,

en cuanto capaces de movilizar toda la asistencia pública que en su día precisará la Monarquía, son de

todo punto necesarias; además, de modo perentorio. Suscribimos la afirmación en su totalidad. Pero

añadiríamos otra de nuestra parte: la plenitud democrática del sistema surgido del 18 de Julio es

necesaria, en tanto que garantía de asistencias populares al relevo en la Jefatura del Estado y en cuanto

condición esencial de la Monarquía misma. La exigencia de las asociaciones es doble: instrumental, para

el acceso sin sobresaltos a la reinstauración monárquica; fundamental, para que no se desvirtúe la función

histórica de la Corona. Infinitamente más decisivo resulta para el futuro del país y a los efectos que

consideramos una plenitud en el desarrollo político, actuadas en su totalidad las posibilidades

democráticas y de representación del régimen, que un desarrollo económico que permita la ocupación de

las más altas cotas de bienestar inscritas en el conjunto de nuestras potencialidades nacionales. Sin

minusvalorar este último objetivo debemos, sin embargo, insistir en la supeditación suya a la plenitud y

autenticidad de las instituciones.

No se nos escapa el hecho, indiscutible, de que las altas tasas de bienestar alivian la rigidez, sangran el

dramatismo y atemperan las tensiones políticas en el seno de una comunidad nacional. Pero ello no debe

llevarse más allá del límite debido. Los medios y los fines siempre mantendrán entre sí su relación

jerárquica; los unos, subordinados a los otros. Y jamás el virtuosismo en la correcta utilización de los

medios debe eclipsar su sentido finalista. Pugna contra la razón, cuando no contra la moral, la hipótesis de

que los instrumentos fueran capaces de autoasignarse objetivos y fines.

La estrategia, que precisa de la intendencia, no debe nunca confundirse con ésta. Tampoco debe ser la

intendencia, en sus problemas internos, freno o entorpecimiento del ritmo con que debe ser atendido y

resuelto el conjunto de fines que componen el acceso al objetivo final. Y siendo por necesidad la

estrategia política española en la década de los setenta, la de consolidar las instituciones de convivencia

surgidas del Alzamiento Nacional—desplegando en su totalidad el abanico de posibilidades democráticas

que contiene—, no cabe posponer la realización de tal empeño por causa de una inoportuna y excesiva

atención a problemas, si concurrentes no sustanciales, de intendencia.

Con el nombramiento de Don Juan Carlos como sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado, la

continuidad del Régimen entró, de modo formal, en un momento que cabe llamar como de «paso de

esclusa». El trance sucesorio se definirá por una discontinuidad personal en la cúspide del Estado, por un

hiato político, a cuya salida se habrá cumplido la expectativa monárquica constitucionalmente instituida.

Y ante este trance se nos aparece como indiscutible la necesidad de que todos los recursos de

representación política, todos los contenidos de democracia, se encuentren plenamente desarrollados. No

debe quedar para la Monarquía la tarea de fletar y probar vehículos ideológicos constitucionales—

asociaciones políticas—, pues ello corresponde al ahora. La continuidad requiere como contenido una

plenitud democrática entre el antes y el después. No se puede poner sobre la Corona la carga del

continuismo, de una democracia infradesarrollada; ni tampoco exigirle luego, con riesgo de que se

malentienda en ello una discontinuidad, que desarrolle a sus expensas la pluralidad política nacional.

El tema de las asociaciones es cosa tan vital para el futuro del país que, en verdad, resulta difícil

comprender cómo no ha recibido todavía la atención toda que merece: cómo, si no operando ya, no ha

recibido al menos del Gobierno la absoluta prioridad, siquiera en su programa. El énfasis en el desarrollo

económico, ciertamente, ha privado sobre el que se debió poner en el desarrollo político. La intendencia

ha ido por delante en un tiempo que era y es de descubierta.

Tan enjundioso, complejo y grave es el problema que excede de los alcances de uno o varios comentarios

editoriales. Habría, por ejemplo, que detenerse también en consideraciones tales como la de hasta qué

punto, en términos de pura estrategia económica, no sería más conveniente que la política fuera por

delante y la intendencia cerrando la marcha. En la conquista de las altas tasas de bienestar no son los más

importantes los factores susceptibles de ser medidos y contados, sino aquellos otros, cualitativos, que

escapan de la estadística y la computadora como el agua del cesto.

Sully, ministro de Enrique IV el Bearnés, le dijo un día al Rey: «Señor, dadme una buena política y os

daré una economía sana.»

 

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