Urgencia del asociacionismo     
 
 ABC.    10/01/1971.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

DOMINGO 10 DE ENERO DE 1971.

URGENCIA DEL ASOCIACIONISMO

Al comienzo de 1971 el tema del asociacionismo, que esperábamos fuese tema primordial del pasado año

(A B C, 19 de mayo y 4 de junio, 1970) parece, sin duda, ser cuestión orillada, marginada, aplazada «sine

die».

En su reciente discurso ante las Cortes, el vicepresidente del Gobierno le ha dedicado muy breves e

indirectas palabras:

«Nuestra unidad es la síntesis de la variedad, de la pluralidad, concepto básico que habrá de presidir las

normas que regulen las asociaciones de acción política.»

Nada más; prácticamente nada más, porque luego, cuando se refiere al desarrollo político inmediato,

menciona los proyectos de Ley Orgánica de la Justicia, de Ley Electoral, de Ley de Régimen Local,

incluso los estudios sobre Ley Orgánica del Consejo de Economía Nacional y del Tribunal de Cuentas del

Reino, entre los que serán remitidos a las Cortes, pero no hace referencia alguna al proyecto de ley

destinado a recular las asociaciones políticas. Pese a todo, el reconocimiento y regulación del

asociacionismo es una exigencia de las disposiciones legales vigentes, en las cuales ambos están previstos

y definidos. Y, además, es una exigencia cada día más urgente.

«Hay que responsabilizar a la sociedad en la intervención de todo aquello de lo que depende su presente y

su porvenir —escribíamos en uno de los comentarios citados, añadiendo—y hay que responsabilizarla a

través de un esquema representativo completo—incluyendo la licitud de actuación de las asociaciones—

antes de que la misma sociedad trate, por vías desordenadas e irresponsables, de ejercer este derecho

suyo.»

Derecho suyo, derecho de la sociedad, derecho de los hombres, porque no es derecho que el Estado,

construcción o institución jurídica para servir a la existencia y fines de la sociedad, otorgue o conceda a

ésta; sino derecho que la sociedad, por esencia, tiene y que, en último caso, sólo una situación de

emergencia, transitoria como tal, puede aconsejar que sea dejado en suspenso. Aunque, insistimos, este

derecho es de la sociedad, salvo que se aceptase una indefendible, antijurídica y opresora «estatolatría».

De hecho, y refiriéndonos ya a la pragmática política, la experiencia de cualquier país, en los tiempos

contemporáneos, enseña una muy grave lección: cuando se prohíben las asociaciones de acción política se

estimula la existencia y actuación de aquellas asociaciones o partidos políticos a los que no preocupa, ni

poco ni mucho, la prohibición o la actividad clandestina porque están dispuestos a vivir en ellas y en ellas

han nacido y han crecido.

Dicho más brevemente: la prohibición de la espontánea actividad y manifestación política de la

sociedad—con sus variados pareceres—favorece a los partidos comunistas, de cualquier acento o

tendencia. ¿Por qué? Porque la prohibición impedirá que se organicen, y convoquen, y tengan posibilidad

de réplica pública los partidos o asociaciones del frente contrario.

¿No basta, se preguntará, la réplica de un Estado, de un Gobierno, al comunismo? Un rápido repaso a los

acontecimientos políticos del mundo en los últimos setenta años no permite dar una respuesta afirmativa a

la pregunta. La réplica del Estado no basta; la réplica del Gobierno no basta.

Y no cabe argumentar que haya partidos comunistas en países donde la asociación política es totalmente

libre, porque también es posible preguntarse cuál sería el panorama político de dichos países si no

existieran partidos que se oponen al comunista.

Con toda seguridad, se sabe, en cambio, que en los países con Gobierno comunista no se admite ningún

otro partido; dato que dice mucho acerca de la efectividad de una réplica u oposición a solamente el nivel

de la espontaneidad política social.

No escribimos este comentario—por supuesto—a favor de una libertad indiscriminada de partidos

políticos. Hemos afirmado, hace pocos días, que no hay ilicitud en negar libertad a los enemigos de la

libertad. Es posible, y existe en varios países, una prohibición del partido comunista que no es

incompatible con el reconocimiento de un amplio asociacionismo político.

Resulta actualizada a la luz de estas consideraciones, y de acontecimientos provocados por tendencias

políticas de subversión que están en la mente de todos, la urgencia de reconocer y regular, en nuestro país,

el asociacionismo político.

Las opiniones, masivamente mayoritarias, a favor de las instituciones, del orden, de la Ley, de la

convivencia pacífica, están pidiendo cauces legales de pública organización y manifestación políticas.

España necesita las asociaciones, previstas en sus leyes fundamentales, para apoyar cívicamente todas las

acciones que reclama la represión, de la subversión.

Reconocido, con su correspondiente regulación, el asociacionismo sus consecuencias positivas superarán,

con mucho, a cualquier matiz de negatividad que produzca.

Y quedará aclarada—como escribimos en anterior ocasión—una distinción muy importante: la distinción

entre la permanencia institucional y constitucional del Estado y la actuación, por fuerza temporal, de un

determinado Gobierno.

 

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