Autor: Benito García, Lorenzo R.. 
   Francia no facilita la extradición de los presuntos asesinos de Carrero Blanco     
 
 ABC.     Páginas: 3. Párrafos: 11. 

A los pocos días del criminal atentado, la Policía identificó a los seis presuntos autores del

mismo.

LA negativa del Gobierno francés, no por sorprendente menos esperada (ni en su fondo ni en su

´forma) a acceder a la solicitud española de extradición de los presuntos autores del asesinato del

almirante don Luis Carrero Blanco y de Jas otras dos personas que le acompañaban en aquella

mañana aciaga del 20 dé diciembre de 1973; sujetos éstos también ´implicados, -alguno de ellos,

en el atentado asimismo terrorista de la calle del Correo, de Madríd, en el que igualmente hubo

nada menos que once víctimas; refugiados todos ellos a renglón seguido en Francia, donde

públicamente hacen alarde de sus crímenes, celebran ruedes de Prensa, publican libros y

declaraciones, etcétera, etcétera; petición de extradición fundada y hecha en forma y reiterada

dos veces, con resultado infructuosa, por las autoridades españolas, no ha podido por menos de

producir una profunda decepción y hasta casi diriamos la indignación de la opinión pública

española, del pueblo español, especialmente de ´los que, como1 el autor de estas lineas, en su

condición entonces de comisario general de Investigación Criminal, tanto esfuerzo, interés y celo

pusimos en 3a investigación y esclarecimiento de aquel triste suceso, ´en el que, como antes

decíamos, perdieron de manera ignominiosa la vida aquel insigne caballero y gobernante que fue

don Luis Carrero Blanco y los dos heroicos y leales funcionarios policiales que le escoltaban,

hasta ese fatídico día en que, convertido el coche, por mano criminal, en un ataúd común, se

cerro violentamente para los tres la noche infinita.

UN ERROR POLÍTICO DE FRANCIA

y esa indignación nuestra nace no ya del simple ´hecho de las razones más o menos legales o

válidas que el Gobierno francés puede invocar o pretextar en respaldo de su negativa actitud.

Razones que, desgraciadamente, como luego comentaremos, quizá tenga, siempre,

naturalmente, que se quiera re-

´"" las cosas hasta ese extremo y dar prevalencia a la interpretación extricta y literal de un

Tratado o de una ley, con olvido de otros criterios y principios, asimismo válidos y jurídicos, de

defensa de la sociedad y de Justicia superior, que igualmente deben jugar y tenerse en cuenta a

la hora de interpretar, no solo «por su letra sino conforme a su espíritu, un Tratado o una

disposición legal, de_ acuerdo con el Derecho consuetudinario y la doctrina universal sobre

extradición. Sino que esta indignación nace porque tal actitud, tai negativa a concedemos la ex-

tradición solicitada, la consideramos moralmente una iniquidad y hasta politicamente un error,

incluso para la misma Francia, ya que su política exterior de apertura hacia afuera y de buenas

relaciones con todos ios países, especialmente los vecinos (aunque uno de ellos sea España),

como, desde su acceso ai Poder vienen preconizando Giscard d´Estaing y sus correligionarios, ha

de quedar evidentemente dañada para )o sucesivo, ai menos con respecto a nosotros, los

españoles. Por otra parte, no parece que «la carta de la extricta legalidad» que, por las razones

políticas que sean, pretende jugar el Gobierno francés en el caso que nos ocupa, contribuya ni

poco ni mucho a solucionar sus graves problemas internos actuales, ni a favorecer su política de

pacto e integración de tes izquierdas (socialistas y comunistas, que a su vez luchan entre sí) con

las diversas ramas de) «gaullismo» y la derecha conservadora, cuya parece ser vista desde aquí,

la estrategia política «giscardiana» del momento, aunque ello no constituya en el fondo más que

pactar con Satanás para echar luego al demonio. Y de ser ello así, y yo, personalmente, creo que

sí, es posible que esto lo «vean» también los franceses de a píe, esa «mayoría silenciosa» (yo

diría callada, prudente y (hasta medrosa) que existe en todas partes, constituida por gentes de

buena fe y cuyos juicios son certeros e irrebatibles. Ño. La actitud o postura de las autoridades

francesas, en el caso español que nos ocupa, denegando la extradición y subsir guíente entrega

a las autoridades españolas de tales sujetos, aunque trate de escudarse en una interpretación

estrictamente legalista de un antiquísimo Tratado o de una ley, no es, a nuestro modo de ver, ni

acertada, ni conveoiemte ni justa, pues «desconoce», entiendo yo, además de la doctrina

universal y de otros principios y otras nuevas concepciones al respecto, el principio de reci-

procidad.

(Nuestra vigente ley de extradición, a la que luego aludiremos, establece la obligatoriedad por

nuestra parte de conceder la extradición de refugiados extranjeros en nuestro país por atentados

a un jefe de Estado o miembros de su Gobierno) Y desconoce también el principio de analogía.

(Francia tiene concertado con otros países Tratados en Jos que figura la llamada «cláusula de

atentado».)

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

Pero con ser grave y decepcionante, según juzgamos nosotros, la actitud del Gobierno francés en

este asunto, lo que produce verdadero asombro es el estilo, la forma de contestar aquél a nuestra

demanda de extradición, que se redujo á un «simple informe o nota verba!» comunicada a nuestro

embajador en París, denegando la extradición. Y digo que produce asombro por cuanto si. como

se deduce dé la refenrencia autorizada que comentamos, publicada hace unos días en la Prensa,

se cumplieron por las autoridades españolas todos los trámites judiciales internacionalmente

exiglbles, scHcitando en forma legal y escrita la deten´ ción preventiva, primero, y la extradición,

después, de diez subditos españoles refugiados en Francia, presuntos autores, juntamente con

otros individuos, de los dos asesinatos terroristas masivos a que aludimos, perpetrados en

España (por lo que compete a las autoridades judiciales españolas juzgar), todo ello después de

haberse acordado por la autoridad judicial de lo ordinario su procesamiento y dictado el

correspondiente auto motivado de prisión; parece obligado también que, sean cualesquiera las ra-

zones de más o menos fondo que las autoridades francesas puedan invocar en respaldo de su

negativa actitud, la contestación se formulará también en forma oficial, lega! y escrita, no a la

manera ligera y verbal en que se ha hecho, lo que constituye, a nuestro juicio, no ya solo una

falta de cortesía y de respeto al Gobierno y al pueblo español, a los que le duelen en lo más vivo

estos gestos un tanto despectivos (hasta nos parece que no debió aceptarse, ni siquiera

transitoriamente, por nuestros servicios diplomáticos en París, tal forma de contestación) sino1

que constituye, además, una flagrante conculcación de las normas y prácticas del Derecho

´Internacional, que regula las relaciones entre "Estados soberanos.

Pero intentamos analizar, siquiera someramente, las razones que invocan o que, a nuestro modo

de ver, puedan asistir a (as autoridades francesas para denegar la extradición de los individuos en

cuestión, conforme a las normas y principios del Derecho español, del francés y del Internacional.

LA POSICIÓN ESPAÑOLA

En efecto, nuestras autoridades judiciales, y por ende el Gobierno español, a través de sus

Ministerios de Exteriores y de Justicia, procede, a nuestro juicio, correctamente y conforme a

Derecho al solicitar de Jas autoridades francesas la extradición de diez sujetos españoles,

refugiados en Francia, que, señalados de manera indubitable por la Policía española, primero, y

confirmada ésta presunción policía!, tras otras comprobaciones, por la autoridad judicial, después,

son, efectivamente, los autores del asesinato, el 20 de diciembre de 1973, de tres personas, una

de ellas el almirante don Luis Carrero Blanco, figura centrad del atentado terrorista. a la sazón,

presidente def Gobierno español.

Como se comprobaría después, alguno de esos sujetos, juntamente con otros Que se revelaron

más tarde, forman asimismo parte de! «comando» que en el mes de septiembre siguiente,

ejecutó el atentado terrorista de la calle del Correo, de Madrid, en el que hubo once víctimas. En

total, catorce muertos y muchos heridos.

Los individuos cuestión, procesados por la autoridad judicial de lo ordinario y que figuran

definitivamente en ha demanda, son los siguientes, citados por apellidos y apodo o nombre de

guerra:

Beñaran Ordeñana, (a) «el Argala», que se fingió electricista para tender los cables en la calle de

Claudio Coello; Pérez Beotegui (a) «Wilson» y «el Inglés»; Larreategui Cuadra (a) «Atxulo» y «el

Carlos»; Zugarramurdi Cuadra (a) «Jesús»; Abaitua Gomeza (a) «Marking»,el pretendido escultor

que, bajo nombre supuesto, alquila, con opción de compra, el sótano de Claudio Coello, 104,

desde el que se excavó la galería subterránea en que se colocó el explosivo para practicar e)

atentado, y en cuya «obra» participó; Eízaguirre Santisteban (a) «Zigor»; Urriticoechea

Bengoechea (a) «Josu»; Lujúa Gorostiza (a) «Mikel», probable interlocutor en el vil libreto

«Operación Ogro», en que s* vanagloria de su «hazaña»; Azurmendi Badiota (a) «Mato», y

Mercedes Algorta. Posteriormente son también procesados e incorporados al sumario como

también partícipes en el atenta-do de la calle del Correo: Múgica Arregui, Antonio Duran, (a) «el

tanque» y Genoveva Forest, estos últimos detenidos en España.

De estos tres individuos, la mayor parle de ellos con antecedentes policiales y judicíales por

graves hechos delictivos cometidos en España (atracos, terrorismo, etc.), cuyas fotografías se

publicaron en la Prensa y difundió Televisión Española a raíz del suceso de Claudio Coello, se

refugian en Francia, donde, «al igual que en el norte de España y sobre todo en Madrid (calle de

Mirlo, 1. piso 12, en el que permanecen y estudian y preparan, primero, ei -secuestro del

presidente y, después, el atentado, durante ocho largos meses»; General Perón, 25,´piso 13, tetra

B; Claudio Coello, 104; Alcorcen, etc.) tienen montado su cuartel general y desde donde, al igual

que Aya Zulaica, Pérez Revilla y otros, realizan incursiones a nuestro país, en «golpes» económi-

cos y de explosivos. Y en el país galo, a raíz de los hechos, hacen, como señalamos •antes,

publico alarde de sus fechorías, atribuyéndose, en cínico y torpe afán de notoriedad asesina, la

paternidad, triste paternidad, de los atentados. Por supuesto que esto no nacía falta que lo

hicieran, porque ya los conocíamos; pero es un detalle más que pone de manifiesto su morbosa

criminalidad y que nabrá que tener en cuenta a la hora de juzgar, si los franceses nos dejan que

tengamos ocasión para ello.

CRIMINALES COMUNES

criminalidad vulgar y común, decimos, sin que valgan en su disculpa motivos o fines políticos de

ninguna clase. ´Eso, para nosotros, no cuenta y, para los muertos, menos aún. «Los autores son

simplemente unos asesinos y como a tales hay que tratarlos».

El edificio de la calle Mirlo, 1, donde vivieron los terroristas de E.T.A. identificados por la Policía

como culpables del monstruoso atentado.

Desdeel sótano de esta finca de la calle Claudio Coello, 1O4, se perforó el túnel para colocar la

carga explosiva bajo la calzada.

Esta es la trayectoria que siguió el automóvil del presidente del Gobierno.

Pero sigamos. Al producirse el atentado del 20 de diciembre, en lo policial intervienen,

principalmente, entre otros servicios, los de lo Criminal de la Dirección General de Seguridad, con

su Gabinete de ta especialidad, que señalan desde los primeros momentos el cómo, el cuándo y

el quién en lo acontecido, lo que no resultaba fácil en tal ocasión dado el natural confusionismo

reinante en aquellos momentos y la absoluta carencia de pistas en las primeras horas de aquella

mañana desapacible y hosca, lluviosa y fría, en la que entre barro y escombros, coches

despanzurrados, cráteres abiertos, muertos y heridos, y cornisas y balcones amenazantes de

derrumbamiento, había, ante todo, que comprobar y probar que no se trataba de una simple

explosión de gas, ya que en aquella ocasión había opiniones para todos los gustos; y había que

comprobar que no se trataba tampoco de un explosivo .adherido al coche, sino de un criminal

atentado realizado mediante- un explosivo colocado en el subsuelo de la calle por donde habla de

pasar el presidente, accionando a distancia, como luego se comprobó. Eso en lo Policial. Y en

cuanto a lo Judicial, sólo interviene un Juzgado de lo ordinario.

SUBSTANCIACIÓN . POLÍTICA TENDENCIOSA Y PARCIAL

•Por tanto, ert lo que se refiere a la Policía, desde los primeros momentos interviene sólo, a al

menos principalmente, la Policía de lo Criminal, no ninguna otra Brigada específica de lo politico-

social. Sabemos que esto no prejuzga nada, pero, no obstante, es un detalle que desde los

comienzos se cuida; en primer lugar, porque así lo imponen las circunstancias, al estimarse e!

caso como una investigación sobre delito común, fuera cuales fueren Jos fines políticos que

movían a los asesinos o el carácter de jefe del gobierno de una de las víctimas; y, en segundo

término, con vistas también a una posible demanda de extradición que hubiera de formularse,

después, si aquellos lograban huir de nuestro país.

En cuanto a la substanciación, sólo interviene I a Jurisdicción Ordinaria, con exclusión de

cualquiera otra castrense, politica o especial, por lo que no puede dar lugar ai temor de que el

enjuiciamiento de tos hechos se dejase en manos de «jueces especiales o matantes políticos»,

como señaló en su día alguna Prensa francesa («Le Monde», de 2 y 3 de enero de este año, es

decir, «con mucha antelación a la primera solicitud de extradición», que, según la nota de

referencia que comentamos, lo fue e) día 23 de dicho mes de enero»); referencias periodísticas

éstas que ya co menzaron. ¡por señalar unos fines y una subtanciación política tendenciosa y

parcial del atentado, que posiblemente vino a reforzar 4a posterior actitud denegatoria del

Gobierno francés ante nuestra reclamación cíe extradición que, como antes decimos, se reitera

«•por dos veces», sin que por parte de las autoridades francesas se obtenga la menor

contestación. Hasta el 18 de noviembre último, en que se contesta en la forma verbal ya dicha.

Lorenzo R. BENITO GARCÍA

 

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